Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127214
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que interesa, rechazó la demanda incoada por Héctor Maximiliano Coronel y otros contra Danone Argentina S.A. pues juzgó que no se había configurado un ejercicio abusivo del ius variandi por parte del empleador (art. 66, LCT; v. pronunciamiento del 27-XI-2020).
En ese orden, a partir de la valoración de las pruebas aportadas al proceso, el sentenciante concluyó que la empresa demandada había formulado oportuna reserva de modificar las condiciones de horario y jornada laboral implementadas a través del acuerdo suscripto con el Sindicato del Personal Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) desde el año 2006 y ratificadas en el año 2013, en virtud de las facultades de organización y dirección que le otorgan los arts. 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En ese contexto, consideró que la accionada había demostrado que, en atención a sus fines y necesidades, la caída de la producción y las ventas, sumado a la licencia del personal por la pandemia por COVID, no le era posible sostener cuatro turnos de trabajo -como lo preveía el acuerdo- sino tres conforme al sistema de horas semanales previsto en el CCT 2/88 aplicable a la actividad.
Señaló que la medida suponía abandonar un régimen en el que se pactaron condiciones superiores a las previstas en dicho convenio de trabajo -estando la empleadora facultada para hacerlo- y llevarlo precisamente dentro de los límites de lo allí establecido.
Al respecto, señaló que ello no importaba la afectación de derechos adquiridos de los trabajadores, pues las partes pueden modificar las condiciones del contrato de trabajo, mientras se mantengan -como en el caso- por encima de los pisos mínimos garantizados por la Constitución, las leyes y los convenios colectivos de trabajo aunque tal cambio importe para el trabajador una renuncia para el futuro, siempre que su consentimiento esté expresado por escrito, circunstancia acreditada y no negada por las partes.
Puntualizó entonces que en la especie no hubo una impropia utilización del ius variandi (art. 66, LCT, conf. ley 26.088) puesto que, además, la modificación se implementó en varios sectores de la planta, lo cual demuestra -expresó- que no estuvo direccionada a ciertos trabajadores en detrimento de otros.
II. Contra dicho pronunciamiento, los legitimados activos dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-XII-2020), concedidos por el a quo (v. resol. de 18-XII-2020), habiéndose conferido vista al Procurador General por el primero de ellos (v. dictamen del 24-IX-2021).
III.1. En el primero de los remedios interpuestos denuncian la omisión de cuestiones -a su criterio- esenciales sometidas a conocimiento del a quo .
En ese orden, se agravian del análisis efectuado en el fallo impugnado del acuerdo que es materia de debate en la presente causa. Así, alegan que el sentenciante no llevó a cabo un examen integral del convenio, sino sólo un análisis parcializado de algunas de sus cláusulas.
Asimismo, sostienen que la decisión de la patronal de modificar ciertas condiciones de trabajo afecta derechos adquiridos que resultaban más beneficiosos para los trabajadores.
III.2. El recurso no prospera.
Los agravios propuestos por los recurrentes no resultan atendibles por conducto del remedio en estudio pues, si bien se invoca la infracción del art. 168 de la Constitución provincial, los cuestionamientos desplegados resultan materia extraña al recurso extraordinario de nulidad.
Surge nítido que, en rigor, los interesados pretenden objetar el acierto jurídico de la decisión, invocando típicos errores de juzgamiento ajenos -como tales- al ámbito de actuación de esta vía de impugnación (causas L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020).
En efecto, el equivocado o insuficiente análisis de las circunstancias que aducen los interesados, configura, eventualmente, un yerro de esa naturaleza (causas L. 100.176, "Giustozzi", sent. de 21-III-2012; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016).
Por lo demás, cabe recordar que el art. 171 de la Constitución provincial sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aparezca sin otro sustento que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013; L. 117.169, "Giovini", sent. de 25-VI-2014 y L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. apartado VII del escrito recursivo), se individualizan las normas y la doctrina legal que consideran conculcadas.
En sustancia, bajo la denuncia de absurdo en la valoración de los elementos probatorios obrantes en la causa, cuestionan la interpretación de las cláusulas del acuerdo suscripto entre las partes y reprocha el alcance dado por el tribunal de origen al ius variandi ejercido por la patronal. Afirma que las modificaciones introducidas por el empleador afectan derechos adquiridos de los trabajadores, ocasionándoles un grave perjuicio.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019; L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019 y L. 120.771, "Derra", sent. de 19-IX-2019).
También es sabido que determinar si el empleador incurrió o no en uso abusivo de la facultad que le confiere el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo es una atribución privativa de los jueces de grado, salvo que se invoque y demuestre que han incurrido en absurdo (causas L. 113.258, "López", sent. de 5-VI-2013; L. 117.357, "Genetti", sent. de 8-X-2014 y L. 108.023, "Segui", sent. de 10-XII-2014).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
IV.4. Bajo tales premisas, se observa que los recurrentes no logran demostrar la existencia del vicio invocado.
En efecto, a partir de su propia apreciación de las constancias de la causa, y a través de la reiteración de ciertos planteos, se limitan a verificar el asunto desde su particular óptica, tratando de lograr ante esta sede judicial modificar el fallo, más sin evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado, pues los argumentos que exponen no logran descalificar las esenciales motivaciones que -a partir del análisis de los escritos constitutivos del proceso y el material probatorio- condujeron al tribunal a juzgar que el empleador estaba facultado para realizar las modificaciones introducidas en la modalidad de trabajo.
Ello, así pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, sólo exponen su oposición a tales conclusiones, a través de un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo, sistema impropio para patentizar el yerro denunciado (causas L. 109.399, "Gentili", sent. de 4-VII-2012; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015 y L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016).
Cabe recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar tal vicio invalidante. Es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E. ", sent. de 13-XI-2019; L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020) y que en el caso -como se anticipó- no logra ser acreditado por la impugnante.
En definitiva, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido pues no logra evidenciar que las motivaciones del fallo luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2021 15:21:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/11/2021 08:08:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2021 17:03:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2021 10:26:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2021 11:11:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/11/2021 13:40:44 hs. bajo el número RR-1504-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia