Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 128198
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que el planteo abordado en el punto III.1. ha sido desestimado en casos análogos y el tratado en el punto III.2. resultó insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata declaró la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley 14.983 y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda deducida por Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires, ordenando al Poder Ejecutivo que deje sin efecto las intimaciones tributarias correspondientes al año 2018 emitidas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre los inmuebles y automotores que especificó, y cuya titularidad corresponde al legitimado activo. Asimismo, resolvió mantener la exención de los impuestos inmobiliario y automotor para el futuro (arts. 39, ley 23.551; Convenio 87, OIT; ley 13.758; 31, Const. nac.), y condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar la suma de pesos veinte mil en concepto de multa por prácticas desleales. Finalmente, impuso las costas a la parte demandada por revestir la condición de vencida (v. sent. de 17-IX-2021).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-X-2021), concedido mediante resolución de fecha 11 de noviembre de 2021.
En su presentación, denuncia absurdo y violación de las normas que cita, así como de los derechos del debido proceso y de defensa, y alega gravedad institucional.
En esencia, se agravia de la decisión de grado con arreglo a la cual declaró la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley 14.983, en cuanto -en lo relevante- derogó el inc. "p" del art. 177 y el inc. "l" del art. 243 del Código Fiscal, alegando que el sentenciante no cumplió con la carga de demostrar el modo en que la norma cuestionada colisiona o causa un gravamen a un derecho o garantía de orden constitucional.
Por otro lado, cuestiona la multa por práctica desleal, con sustento en que el tribunal no cumplió con la carga de establecer en el veredicto las cuestiones fácticas a partir de las cuales resolvió este tópico, por lo que la decisión se encuentra viciada de absurdo.
En ese sentido, señala que, más allá de las dogmáticas afirmaciones efectuadas por el órgano de origen, no existió, ni se acreditó en el caso, una intención culpable y/o dolosa por parte del Estado provincial, de intervenir o interferir en el normal funcionamiento del sindicato actor a través del dictado de la norma que se critica.
III.1. El recurso debe rechazarse, en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 122.939, "Sindicato Gráfico Platense", sent. de 9-XI-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 9-II-2021; L. 127.790, "Unión del Personal Civil de la Nación" y L. 123.260, "Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires", resols. de 21-X-2021), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley 14.983, mediante el cual se derogó el inc. "p" del art. 177 del Código Fiscal (t.o. 2011), condenando a la accionada "a dejar sin efecto las intimaciones tributarias correspondientes al año 2018" emitidas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre ciertos inmuebles que individualizó y que -sostuvo- eran de titularidad de la asociación sindical actora, así como el mantenimiento de la exención del impuesto inmobiliario para el futuro.
III.2. Por otro lado, en cuanto a la multa por práctica desleal, tampoco merece favorable acogida.
III.2.a. El a quo sostuvo, al respecto, que la actitud asumida por el Estado provincial, aboliendo mediante la ley 14.983 los beneficios impositivos que, por imperio del art. 39 de la ley 23.551, ostentaba la organización sindical demandante, palmariamente se adecuaba a las conductas típicas que estandariza la Ley de Asociaciones Sindicales en su art. 53 apartados "b" y "j".
En lo sustancial, entendió que, tal como lo había reclamado el sindicato accionante, la imposición de las cargas cuestionadas, materializada mediante la derogación de las exenciones vigentes durante más de tres décadas, interfería en el funcionamiento y administración de sus organizaciones y la interactuación con los afiliados y su núcleo familiar.
Señaló que el hecho de privar al demandante, sin justificación alguna, de una prerrogativa dispuesta con carácter general por ley del Congreso nacional, constituía un flagrante agravio a la libertad sindical, con el agravante de que dicha medida antisindical había provenido nada menos que del Estado (provincial), quien, en rigor, debía constituirse en garante de la observancia del orden jurídico.
Seguidamente, justipreció la multa respectiva con fundamento en lo establecido en la ley 25.212, considerando la gravedad de la conducta asumida por la demandada, la necesidad de prevenir la futura reiteración de actos antisindicales dentro de su ámbito y la capacidad económica de la misma.
III.2.b. El impugnante afirma que no estarían verificados los prepuestos para condenarla por práctica desleal, basándose en que las afirmaciones del tribunal resultaron dogmáticas y que no se había acreditado la intención de interferir en el normal funcionamiento del sindicato actor.
III.2.c. En ese contexto, se observa que las concretas razones que brindó el tribunal para considerar incursa a la demandada en dos de las conductas tipificadas en el art. 53 de la ley 23.551 no son refutadas por la impugnante.
Al respecto, cabe recordar que esta casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017; L. 123.154, "Argüello", resol. de 11-XII-2019 y L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020).
Por ello, la Suprema Corte
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que el planteo abordado en el punto III.1. ha sido desestimado en casos análogos y el tratado en el punto III.2. resultó insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia