Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127328
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.328, "Gutiérrez, Adrián Gustavo contra Municipalidad de Lincoln. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó íntegramente la acción, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 28-XII-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 8-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda promovida por Adrián Gustavo Gutiérrez contra la Municipalidad de Lincoln, en cuanto reclamaba -previa declaración de nulidad del despido- (i) la reinstalación en su puesto de trabajo, (ii) el pago de los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación y (iii) una suma equivalente al importe de las remuneraciones correspondientes al tiempo faltante del mandato y del año de estabilidad posterior, más el perjuicio material provocado por los haberes no cobrados durante la tramitación del proceso (v. pronunciamiento de fecha 28-XII-2020).
Consideró acreditada la designación del trabajador como delegado gremial por la Municipalidad de Lincoln a través de la Junta Electoral de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), pero no que hubiera sido notificada a la empleadora con anterioridad al cese de la relación laboral. Juzgó que el caso se trataba de una no renovación contractual como empleado de planta temporaria y que la misma no obedecía a un acto discriminatorio de la empleadora sino a una decisión administrativa, efectuada conforme las prerrogativas del poder público que les son conferidas a la autoridad contratante por el derecho administrativo.
Con apoyo en las definiciones expuestas, desestimó las pretensiones contenidas en la demanda.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 34 inc. 5, 384 y 415 del Código Procesal en lo Civil y Comercial; 14 bis y 18 de la Constitución nacional; 10 de la Ley de Contrato de Trabajo; 47, 48, 52 y concordantes de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592; 34 y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal de esta Suprema Corte que identifica (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2021).
Señala que se efectuó una absurda valoración de la prueba y se infringió el art. 49 de la ley 23.551, por cuanto no tuvo por acreditada la notificación a la empleadora de la designación del reclamante como dirigente sindical.
Manifiesta que se produjo prueba suficiente para tener por demostrado el pleno conocimiento de la designación por parte del municipio, así como también de su efectivo desempeño como sindicalista. Menciona el informe elaborado por el subsecretario de UPCN, donde se afirma que la comunicación fue efectuada, pero que la Municipalidad se negó a entregar copia con cargo. Asimismo, sostiene que, de las declaraciones testimoniales de Castellano, Rosas y Yamonico surge que Gutiérrez efectivamente ejerció actividad sindical en la Municipalidad demandada (v. rec., págs. 8/10).
Postula que la demandada no puede desconocer la realización de la asamblea de designación del actor como delegado gremial, cuando se llevó a cabo dentro del edificio de la propia Municipalidad de Lincoln.
Finalmente, manifiesta que se vulneró la doctrina de la Suprema Corte sentada en la causa L. 89.910, "Calvigioni" (sent. de 9-IV-2008) -entre otras que cita-, en la que se declaró que "... La acreditación de que se ha realizado la comunicación escrita puede válidamente dispensarse cuando de las circunstancias de hecho y prueba del juicio resulta el efectivo conocimiento por el empleador de la función sindical o política...". Argumenta que, en el presente caso, el órgano de grado exigió la prueba de un acto formal de notificación con entrega de constancia escrita, cuando de los hechos señalados se puede presumir que el empleador -al momento de finalizar el contrato de trabajo- estaba en pleno conocimiento de la designación de Gutiérrez en un cargo sindical y de su efectiva actividad gremial (v. rec., pág. 11).
III. El recurso no prospera.
III.1. En el veredicto, el tribunal determinó que el actor se desempeñó bajo la dependencia de la accionada en una relación de empleo público como personal temporario mensualizado desde el 24 de enero de 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2019.
Consideró probado que con fecha 9 de agosto de 2018 se oficializó el acto eleccionario y declaró a Gutiérrez como delegado electo en la Municipalidad de Lincoln por el término de dos años.
Sostuvo -por un lado- que en la causa no existía constancia que acreditara la notificación de la designación del delegado gremial y -por el otro- que tampoco se demostró la realización de actividades gremiales por parte de Gutiérrez.
Para así concluir, analizó las declaraciones testimoniales y manifestó que: a) la testigo Rosas sabía, a raíz de los dichos del actor, que este era delegado gremial y que las autoridades municipales tenían conocimiento de ello, pero que nunca había visto comunicación alguna de su elección al cargo; b) el señor Yamonico no era afiliado pero que sus compañeras le contaron que Gutiérrez realizaba reuniones para saber si algún trabajador necesitaba algo, sin embargo, no recordó el nombre de dichas compañeras y desconoció el nombre del gremio al que se encontraban afiliadas; c) el testigo Hernández tampoco era afiliado ni tenía conocimiento si Gutiérrez lo estaba y d) la declaración realizada por el señor Castellano a través de acta notarial no contribuyó a tener por acreditada la verosimilitud del derecho al momento de resolver la medida cautelar solicitada, ni tampoco fue reproducida ante la presencia de los magistrados al celebrar la audiencia de vista de la causa.
A partir de la valoración de la pericia contable, destacó que el 9 de agosto de 2018 el señor Gutiérrez fue elegido como delegado de la Municipalidad de Lincoln por el término de dos años; que el 30 de noviembre de 2019 fue dado de baja mientras se encontraba vigente su mandato; y que la única comunicación a la empleadora sobre dicha designación era del 9 de diciembre de 2019.
Concluyó que ninguna prueba se produjo para demostrar la notificación fehaciente al empleador, ni formar convicción respecto a que el actor hubiera realizado actividades gremiales de modo directo para los afiliados, o que existiera el consentimiento pleno de la comuna demandada a través de los jefes y directivos, que permitiera inferir su conocimiento. Agregó que tampoco se advertía la existencia de la discriminación denunciada.
Ya en sentencia, se detuvo a analizar el informe elaborado por UPCN a fs. 47, y advirtió que, si era cierto que la demandada se rehusó a dar constancia escrita de la recepción de la comunicación, el interesado debió emplear cualquier otro medio de notificación fehaciente, conforme lo previsto en el art. 49 de la ley 23.551.
Con apoyo en la doctrina de esta Corte, señaló que, si bien en los casos de relación de empleo público temporaria el trabajador no puede reclamar la reinstalación en su puesto laboral porque ello implicaría transformar a personal de planta transitoria en permanente, se puede contar con la protección sindical en los supuestos donde la Administración no se opone al momento de serle notificada de la postulación y posterior elección para el cargo gremial, lo que no ocurrió en autos, en tanto la comunicación ni siquiera fue demostrada.
En virtud de todo ello, rechazó la acción y juzgó que la no renovación contractual como empleado de planta temporaria resultó una decisión administrativa efectuada conforme a las prerrogativas del poder público que le son conferidas a la autoridad contratante por el derecho administrativo, sin indicios de ejercicio discriminatorio en perjuicio del trabajador.
III.2. Del relato efectuado, concluyo que el interesado no acierta al objetar la conclusión de grado por conducto de la cual se juzgó no acreditada la notificación a la empleadora de la designación del reclamante como dirigente sindical.
III.2.a. A partir de su subjetiva apreciación de las constancias de la causa, el compareciente se circunscribe a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, sobre la base de una disímil ponderación de los hechos y las pruebas meritados en el fallo, sin lograr desvirtuar el análisis que condujo al tribunal a descartar que la demandada tuviera conocimiento de la designación del actor como delegado de UPCN, ni su carácter de representante gremial ante la Municipalidad, o actividad relacionada con aquella.
El recurrente no controvierte de modo idóneo la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que llevó a los jueces a plasmar la decisión que impugna, pues solamente basa su intento revisor en la pretensión de disputarles el ejercicio de facultades privativas, realizando un nuevo examen de los hechos, de la prueba pericial y testimonial, según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que reiteradamente se ha declarado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; L. 111.695, "Villanueva", sent. de 8-IV-2015; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; e.o.).
Dicha anomalía no se configura ante cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 116.437, "Verdera", sent. de 4-VI-2014; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.2.b. Es doctrina legal de esta Corte -conforme alega el interesado al citar el precedente L. 89.910, "Calvigioni" (sent. de 9-IV-2008)- que la norma del art. 49 inc. "b" de la ley 23.551 no debe ser objeto de una lectura extremadamente lineal, por lo cual, la acreditación de que se realizó la comunicación escrita puede dispensarse si de las circunstancias de hecho y prueba resulta el efectivo conocimiento por el empleador de la función sindical o política (v. también causas L. 78.921, "Garayoa", sent. de 9-X-2003; L. 78.853, "Merlo", sent. de 7-VII-2004 y L. 90.361, "Avalos", sent. de 6-VI-2007, mencionadas en el recurso); es decir, si se acredita sin dejar duda que el empleador conocía la designación (por ejemplo, si al contestar la demanda no lo niega), el acto jurídico de nombramiento del delegado es técnicamente válido. Esto implica, -por lo dicho-, que el conocimiento del empleador tiene que estar debidamente probado, sin dejar incertidumbre al respecto.
Sin embargo, en el caso, el compareciente no invoca otras circunstancias que las analizadas por el tribunal de grado y, por ende, no aporta ningún otro elemento probatorio tendiente a corroborar la evocada comunicación, por lo que el planteo formulado debe ser rechazado.
La sola divergencia sobre el análisis efectuado respecto de las declaraciones testimoniales, sumada a la personal apreciación que expone en torno al contenido del informe de UPCN, resultan inhábiles para demostrar la existencia del vicio de absurdo.
Cabe precisar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; e.o.).
Corolario de lo expuesto, es que el interesado no logra acreditar el absurdo que invoca, ni el quebranto de la doctrina legal y las normas que dan sustento a su embate (art. 279, CPCC).
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:59:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/02/2022 09:53:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 09:59:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 14:13:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 14:34:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia