Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128157
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -en el marco de una acción iniciada por Damián Alejandro Bucci y Sergio Salvador Filippo contra la Unión Tranviarios Automotor-, por la que se pretende se ordene la recepción de la lista de candidatos que integran los demandantes para participar en las elecciones a delegados y, en su caso, la nulidad del proceso electoral a llevarse a cabo en la sede de la empleadora, Autobuses Buenos Aires S.R.L. -líneas 540-553- se declaró incompetente y dispuso el archivo de las actuaciones (v. pronunciamiento de 5-X-2021).
Para así decidir, juzgó que se encontraba agotada su intervención con el otorgamiento de la medida cautelar decretada mediante resolución dictada el 9 de septiembre de 2021, alegando que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación es la autoridad de aplicación de la Ley de Asociaciones Sindicales, y, en su caso, la Justicia Nacional del Trabajo la competente para conocer en los recursos y acciones que regula la propia ley 23.551 para su control.
Asimismo, con apoyo en doctrina legal de esta Corte que individualiza, puntualizó que, por la naturaleza del planteo formulado, tendiente a que se dirima una controversia interna entre dos afiliados y una asociación sindical, el tópico resultaba ajeno a las facultades que tienen los jueces locales sobre la materia.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-X-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 29-X-2021).
En su presentación denuncia absurdo en la decisión del juzgador de origen, en tanto entiende que se aparta de las constancias de la causa al fundar su pronunciamiento en los argumentos que esgrimió la accionada, que en nada se condicen con los hechos de autos.
Por otro lado, alega que la demanda se inició con fundamento en los arts. 47 y 63 de la ley 23.551 y 1 de la ley 23.592, y que, sin embargo, la sentencia nada dice respecto de la ostensible discriminación que sufrieron ambos trabajadores al denunciar su exclusión de la contienda electoral, situación que entienden acreditada en forma suficiente como para ameritar su tratamiento y análisis.
Asimismo, manifiestan que no se trata de debatir sobre "la controversia interna entre un afiliado y su asociación sindical", sino de proteger y garantizar la defensa de la libertad sindical.
Por último, plantean que resulta contrario al principio protectorio obligar a los trabajadores a recurrir a la justicia nacional del trabajo, por cuanto impide el acceso irrestricto a la justicia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que para que el escrito por el que se interpone y funda la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial -esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley o doctrina legal- resulta indispensable que en ella se efectúe una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones centrales en las que se asienta el pronunciamiento judicial impugnado (causas L. 97.393, "Catoira", sent. de 14-IV-2010; L. 117.338, "Tognoni", sent. de 4-III-2015; L. 119.324, "Lartigue", resol. de 11-V-2016 y L. 125.479, "Blanco", resol. de 9-XII-2020).
III.2. Bajo tales premisas, se avizora la insuficiencia del embate traído.
En efecto, el reproche intentado desatiende el contenido esencial de la decisión a la que arribó el órgano judicial de origen, afincada -tal como se señaló supra- en el hecho en que el planteo traído por los accionantes, referido a irregularidades que denuncian en el acto de elección de delegados a llevarse a cabo en el seno de la empresa Autobuses Buenos Aires S.R.L., reviste las características de un conflicto intrasindical; y que, en ese marco, el planteo formulado -por su naturaleza- resultaba ajeno a las facultades que tienen los jueces locales sobre la materia, en tanto la propia ley 23.551 dispone que el Ministerio de Trabajo de la Nación resulta la autoridad de aplicación y, en su caso, la justicia nacional del trabajo la competente para el conocimiento de los recursos y acciones que ella regula.
De este modo, al soslayar controvertir el núcleo central del pronunciamiento, queda éste sin réplica alguna.
En tales condiciones, y conforme reiteradamente se ha declarado, resulta absolutamente insuficiente la impugnación que deja incólume la decisión -precisamente- por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 118.085, "Frias", resol. de 3-XII-2014; L. 117.213 "Liendro", resol. de 1-IV-2015; L. 119.656, "Riciutti", resol. de 1-VI-2016 y L. 124.050, "Rivero", resol. de 18-VIII-2020).
III.3. Por otro lado, en cuanto al reproche referido a la falta de análisis de la denuncia de discriminación sufrida por los trabajadores, con sustento en el art. 1 de la ley 23.592, corresponde indicar que reiteradamente ha resuelto esta Corte que la omisión de tratamiento de planteos o cuestiones resulta ajena al ámbito del recurso aquí examinado y propia del extraordinario de nulidad (causas L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018; L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020 y L. 127.101, "Muñoz", resol. de 13-X-2021).
III.4. En definitiva, se advierte entonces que la argumentación que contiene el recurso denota, en rigor, un discurso que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo en que el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 124.441, "Arias", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Para más, resta advertir que la invocada conculcación de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del remedio bajo examen, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que en autos no fueron acreditadas (causas L. 123.657, "Ortiz", resol. de 20-V-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia