Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128438
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
2Anular de oficio la decisión de fecha 12 de noviembre de 2021 y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
I. En el caso, María Adela Silveira, invocando su carácter de Secretaria de Asuntos Jurídicos del Sindicato Único de Profesionales Trabajadores y Técnicos del Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.-SUPTIIOMA), dedujo acción sumarísima en los términos del art. 52 de la ley 23.551 contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la que pretende su inmediata reinstalación en el empleo, el pago de los salarios caídos y la multa prevista en el Decreto n° 329/20, según Resolución n° 174/20 (v. presentación de 17-II-2021).
II. En este marco, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, haciendo lugar a la medida precautoria peticionada en el escrito liminar, ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.) a reincorporar en su puesto de trabajo habitual a la actora en el plazo que individualizó, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento (v. resolución de 12-XI-2021).
En lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, valorando el material probatorio aportado en la causa, en especial a partir de la prueba documental agregada por la legitimada activa (anexos 3, 4, 5, 8 y 11 al escrito de demanda) y la presentación de fecha 30 de abril de 2021, consideró acreditada la vinculación “ininterrumpida” de las partes y la notificación del carácter de representante sindical alegada en el escrito liminar.
III. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 21-XII-2021), cuya denegatoria motivada en la ausencia de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. pronunciamiento de 27-XII-2021), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de 1-II-2022).
En concreto, afirma que el auto que denegó el recurso extraordinario intentado, al omitir toda fundamentación por haber sido dictado de modo dogmático, carece de validez como acto jurisdiccional.
Con apoyo en las garantías constitucionales que individualiza, en especial la defensa en juicio y el debido proceso legal, alega que la decisión impugnada mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley produce un perjuicio irreparable, dadas las circunstancias particulares del sub discussio , entre las que destaca el anticipo de la solución del fondo del asunto en un acotado marco de debate y prueba, perpetuando la irregular situación de la actora generada por el desarrollo de una "prolongadísima" carrera administrativa en el I.O.M.A., con el exclusivo sostén de medidas cautelares infundadas.
Solicita se habilite la instancia de casación local, con cita expresa del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Laurenzo, Juan Manuel c. Unión Platense SRL s/amparo" (sent. de 4-VI-2020).
IV. La queja prospera.
Al respecto, corresponde señalar que si bien esta Suprema Corte tiene dicho que las decisiones relativas a medidas cautelares no poseen -por regla- naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 113.444, "Santucho", resol. de 10-III-2011; L. 116.920, "González Cabrera", resol. de 22-VIII-2012; L. 119.532, "Cardozo", resol. de 22-XII-2015; e.o.), también ha sostenido que si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, debe equiparársela a tal (causas L. 119.005, "Malizia" y L. 119.071 "Guerrero", resols. de 7-X-2015 y L. 127.416, "Seillant", resol. de 17-XI-2021; e.o.).
En el caso, conforme lo arriba señalado, la impugnante esgrimió, en prieta síntesis, que el tribunal de grado otorgó la cautela peticionada agotando en forma anticipada el objeto de la cuestión, sin mayor debate y prueba que el del proceso cautelar.
Así, la decisión atacada debe considerarse equiparable a definitiva, toda vez que los agravios desplegados por la demandada aportan argumentos aptos a los fines de evidenciar, que la decisión puesta en tela de juicio es susceptible de generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior (causa L. 127.416, cit.; Fallos: 343:341).
V. En atención a lo dicho, carece de virtualidad el análisis de los restantes agravios traídos en la queja que se provee.
VI. Ahora bien, establecido lo anterior, se impone memorar que es doctrina inveterada de este Tribunal, dictada en casos análogos al presente, que cuando la decisión bajo censura resuelve una cuestión esencial, y carece de la formalidad de acuerdo y voto individual de los magistrados intervinientes, tal circunstancia constituye transgresión a la cláusula del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuyo cumplimiento resulta ineludible, correspondiendo su anulación oficiosa (causas Ac. 63.667, "Avila", resol. de 2-IX-1997; Ac. 81.403, "Mielgo", resol. de 8-VIII-2001; Ac. 95.702, "Lambolla", resol. de 6-IX-2006; L. 124.021, "Ramirez", resol. de 11-III-2020 y L. 124.471, "Borda", resol. de 30-XI-2020; e.o.).
VII. Asimismo, cabe señalar que en nada obsta a la decisión, el hecho de que no se haya deducido contra el pronunciamiento de grado recurso extraordinario de nulidad, pues -como reiteradamente ha declarado este Tribunal- procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria aunque no medie denuncia de infracción a las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 79.354, "Valenzano", sent. de 1-IV-2004; L. 125.194 "Dobler", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.375 "Gutiérrez", resol. de 8-II-2021; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
2. Anular de oficio la decisión de fecha 12 de noviembre de 2021 y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:15:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2022 10:34:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2022 09:56:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:43:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:46:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:04:34 hs. bajo el número RR-731-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia