Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128404
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por Fidel Carlos Medina y, en consecuencia, condenó solidariamente a Ingeniería y Constructora Alsina S.A. y a Ternium Argentina S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de salarios caídos por despido discriminatorio y daño moral, con más intereses calculados a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días (v. pronunciamiento de fecha 26-XI-2021).
En lo esencial, juzgó que, al momento del distracto -esto es, al 15 de agosto de 2019- el actor gozaba de la estabilidad conferida por el art. 48 de la ley 23.551, en virtud del mandato sindical que se extendía desde el 15 de noviembre de 2016 al 15 de noviembre de 2018, sin haberse verificado, en el caso, que la empleadora -continuadora de Bordigoni y Cía. S.R.L.- hubiera instado la exclusión judicial de esa garantía, vulnerando así la protección sindical de la que gozaba el señor Medina, habida cuenta que dispuso efectivizar un despido expresamente vedado por el artículo 52 de la ley citada.
II. Frente a dicho pronunciamiento, ambas codemandadas interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. escritos electrónicos de fecha 13-XII-2021 y 14-XII-2021). A su turno, el a quo declaró inadmisibles los remedios articulados por Ternium Argentina S.A. y concedió los incoados por Ingeniería y Constructora Alsina S.A., el de inaplicabilidad de ley, el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resoluciones de fecha 22-XII-2021 y 1-VII-2022).
III. Ingresando en el análisis de las dos únicas impugnaciones que deben ser examinadas por esta Corte, cabe aclarar que, no obstante que la vía extraordinaria de nulidad ha sido articulada en forma subsidiaria a la de inaplicabilidad de ley, el remedio cumple con el recaudo legal de fundamentación autónoma (arts. 279 y 297, CPCC; causas L. 121.863, "Asociación sindical de profesionales", resol. de 26-IX-2018; L. 122.191, "Merlo", resol. de 20-III-2019 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV.1. En dicho carril extraordinario de nulidad, el interesado denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Plantea, en primer lugar, que de la simple observación del fallo puede advertirse que el planteo esbozado por su parte, respecto de la inoponibilidad de la estabilidad sindical requerida, así como del alegado daño por supuesta discriminación y la extensión de la responsabilidad a los socios, no poseen asidero en los elementos fácticos de la demanda, ni fueron resueltos conforme a derecho. Al respecto, objeta la valoración del material probatorio por parte del a quo .
Luego, entiende que el sentenciante falló sobre cuestiones que no fueron debidamente introducidas por el actor, en violación al debido proceso legal, y exorbitando la esfera de competencia que le fuera impuesta por los términos de la demanda. En ese sentido, aduce vulnerados el principio de congruencia y diversas normas y garantías constitucionales.
IV.2. En primer lugar, cabe señalar que la senda prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
IV.3.a. En ese contexto, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del recurso extraordinario articulado da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Rios", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV.3.b. Luego, en virtud de los agravios que trae la impugnación, cabe señalar que los tópicos que la interesada denuncia preteridos han sido expresamente abordados y resueltos por el sentenciante de grado (v. páginas 14, 15, 16, 18 y 20 de la sentencia de fecha 26-XI-2021), no mediando infracción del art. 168 de la Constitución provincial cuando la cuestión que se dice omitida ha sido tratados por el juzgador de grado, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a dicha decisión (causas L. 94.294, "Milla", sent. de 28-IV-2010; L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015; L. 118.999, "Tallarico", resol. de 7-IX-2016 y L. 121.293, "Insúa", resol. de 29-VIII-2018).
Ello así, por cuanto resultan extrañas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, y propias del de inaplicabilidad de ley, las objeciones dirigidas a demostrar presuntos errores in iudicando (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.161, "Díaz", resol. de 19-II-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV.4. Del mismo modo ha dicho este Tribunal que los agravios relacionados con la vulneración del principio de congruencia resultan ajenos al remedio intentado cuando -como en el caso- se fundan en la eventual imputación de un error de juzgamiento (causas L. 122.646, "Marquez", resol. de 12-VI-2019; L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020 y L. 125.386, "Tito", resol. de 4-V-2021).
IV.5. Por otra parte, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.630, "Segcon S.A.", resol. de 18-IX-2019; L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
V. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la codemandada denuncia absurdo en la valoración de las constancias de la causa, considerando que el sentenciante no ponderó el hecho de que actor ostentaba el cargo de delegado sindical en el marco de la relación laboral que lo unía con Bordigoni y Cía. SRL, por lo que nunca pudo ser contratado por Ingeniería y Constructora Alsina S.A. sin que previamente se desvinculase de su antigua empleadora, pues así lo dispone el propio régimen de la industria de la construcción.
Además, alega que su parte procedió a contratar a Medina sin reconocer antigüedad alguna, tal y como surge del acuerdo al que se arribó con la representación sindical el 24 de abril de 2019, a través del cual se comprometía a incorporar al personal que había sido desvinculado, en el marco de la Ley 22.250, de la firma Bordigoni y Cía. SRL.
Por otro lado, impugna la tasa pasiva digital aplicada al caso de autos.
Finalmente, solicita la morigeración de las costas.
V.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021). Dicha hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021).
Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, en tanto el primero de los agravios remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias, ajenas al ámbito de la casación por la vía indicada (causas L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; L. 121.646, "Martínez Aquino", resol. de 5-XII-2018; L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020 y L. 126.724, "Prevot", resol. de 29-XI-2021).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas, L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 127.181, cit.).
Resta recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.631, "Vescio", resol. de 28-XII-2021).
V.2. Por otro lado, en lo relativo al agravio sobre la tasa de interés aplicada, en el pronunciamiento atacado el juzgador de origen dispuso la aplicación de la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia, esto es, la tasa pasiva en la indicada variante denominada "digital".
Al respecto, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016); L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016) y L.126.119, "Pezzutti" (resol. de 26-IV-2021).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
V.3. Finalmente, sobre el último de los agravios traídos, donde se solicita la morigeración de las costas, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, dado que el recurrente no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 94.682 "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016 y L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2022 21:07:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2022 09:03:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 09:49:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 15:59:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:20:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2022 12:14:48 hs. bajo el número RR-1075-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia