Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128401
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, desestimó la demanda promovida por Julio Alberto Marino contra la Municipalidad del Partido de la Costa, por la que pretendía el cobro de la indemnización por violación de estabilidad sindical contemplada en el art. 52 de la ley 23.551, la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos. Asimismo, se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones respecto del reclamo de indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de 26-XI-2021).
Para así decidir, tuvo por no acreditado que, con anterioridad a la cesantía dispuesta por el principal, éste hubiera sido notificado, en los términos del art. 49 inc. b de la ley 23.551, de la elección y designación del actor como Secretario de Recreación y Deportes del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Costa, tampoco que hubiera conocido, por cualquier otro medio o motivo, su condición de representante gremial.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 14-XII-2021), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de 21-XII-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 29-IV-2022).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, el interesado denuncia que el sentenciante de origen omitió el análisis de una cuestión -a su juicio- esencial como lo es, la relativa al planteo efectuado por su parte respecto a que la demandada no brindó acceso a la normativa en la cual fundó la cesantía del trabajador (ordenanza municipal 4354/16) y que tal decisión configuró, entonces, el ejercicio de una vía de hecho carente de un marco normativo que la respalde, importando además la vulneración del derecho de defensa y la garantía del debido proceso consagrados en la Constitución nacional.
III.2. De conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.3. Los cuestionamientos desplegados en el remedio deducido no resultan atendibles pues se observa que -bajo el aparente reproche de omisa consideración de una cuestión esencial- la crítica está orientada, en rigor, a la imputación de eventuales errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno a la vía impugnativa intentada (causas L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el impugnante individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas en el fallo atacado.
En sustancia, controvierte la conclusión del sentenciante relativa a que no se acreditó el conocimiento del empleador de la designación del actor en algún cargo gremial o que desempeñara actividad sindical en forma previa a la cesantía. En tal sentido, mediante la denuncia de absurdo, refuta la valoración de la prueba documental, informativa y testimonial.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3. Cabe recordar que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los jueces de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
IV.4. Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
Ello así, pues no formula una réplica adecuada y eficaz a la esencial motivación sobre la cual se estructura la solución alcanzada por el a quo , esto es, que el municipio demandado, al momento del cese, desconocía la designación del trabajador como dirigente sindical; y tan sólo manifiesta su oposición a dicha definición a través de un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo que, lejos de evidenciar el absurdo invocado, únicamente pone en evidencia la pretensión de disputar al sentenciante su facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso (causas L. 119.469, "Sánchez", sent. de 29-VIII-2017; L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019; L. 127.100, "Cuturello", resol. de 7-X-2021).
De ese modo, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
Por lo demás, no mejora la suerte de la crítica la cita de los precedentes de este Tribunal que se invocan infringidos en el pronunciamiento objetado (v. apdo. V.b de la presentación), toda vez que el interesado limita la impugnación a su mera enunciación, soslayando efectuar un desarrollo argumental idóneo que evidencie en qué consistiría la infracción que denuncia. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha transgresión o yerro se habría producido (causas L. 119.619, "Pastene", sent. de 15-VIII-2018; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019; L. 120.532, "Espinosa", sent. de 17-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acá-pite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/10/2022 14:45:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:53:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 10:53:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:09:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:30:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:56:20 hs. bajo el número RR-1300-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia