Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125848
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.848, "Fernández, Julio Alberto contra Municipalidad de Necochea. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea rechazó íntegramente la pretensión deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. vered. de fecha 18-II-2020 y sent. de fecha 21-II-2020).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-IV-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda de amparo sindical promovida por el señor Julio Alberto Fernández contra la Municipalidad de Necochea, en cuanto le había reclamado a esta última -con sustento en el art. 47 de la ley 23.551- se lo restituya en el área de sector de tránsito y el pago de los mayores haberes correspondientes a dicho puesto (v. vered. de fecha 18-II-2020 y sent. de fecha 21-II-2020).
Para así resolver tuvo por demostrado que el actor formó parte de la comisión revisora de cuentas de la Asociación Trabajadores del Estado -Seccional Necochea- con mandato desde el 6-XI-2015 hasta el 5-XI-2019 (v. vered., primera cuestión).
Mediante la prueba pericial contable (v. informe de fecha 11-VII-2019) declaró probados los distintos traslados, categorías y lugares de trabajo donde el promotor del pleito hubo de prestar servicios para la accionada a partir de marzo de 2007 (mayordomía, tránsito municipal, limpieza y mantenimiento de polideportivo municipal; v. vered., segunda cuestión).
Constató que mediante decreto 2.099/08 de 1-XI-2008 el señor Fernández reingresó al sector de tránsito; luego -por resolución 457/13 de 27-III-2013- se lo trasladó al área bromatología e higiene municipal; y a través de la resolución 2.198 de 25-XI-2016 fue derivado a estacionamiento medido (v. vered., cuestión cit.).
Estimó probado que al momento de celebrarse la audiencia de vista de la causa (13-II-2020) el reclamante ya había sido reintegrado -a partir del 1-III-2019- a la dirección de tránsito (v. resol. 860/19, glosada a fs. 159; vered., tercera cuestión).
Juzgó que la pretensora no logró demostrar que el municipio demandado hubiera impedido u obstaculizado de manera alguna el ejercicio regular de sus derechos sindicales (v. vered., cuarta cuestión).
Luego, en la etapa de sentencia, destacó que la decisión patronal de trasladar al señor Fernández desde la dirección de tránsito (sector al que peticiona su reinstalación mediante la acción impetrada) al área higiene y bromatología se remonta al día 27-III-2013 (conf. resol. 457/13), esto es -remarcó el juzgador- dos años y cinco meses antes de iniciado su mandato sindical (vigente desde el 6-XI-2015 al 5-XI-2019).
Con pie en esto último, concluyó que resultaba "a todas luces evidente" que el traspaso referenciado en el párrafo anterior no guardó relación alguna con el posterior desempeño gremial del actor.
Respecto del traslado al sector estacionamiento medido (25-XI-2016), precisó que el reclamante no produjo prueba alguna tendiente a acreditar que tal medida hubiera impedido u obstaculizado el ejercicio regular de sus derechos sindicales (art. 47, ley 23.551).
Como corolario de lo antedicho, concluyó que la pretensión actoral tendiente a que se lo restituya al sector donde había laborado con "marcada antelación" al período de tutela sindical -dirección de tránsito- no podía prosperar.
Argumentó, para más, que habiéndose acreditado en la tercera cuestión del veredicto que el 1-III-2019 el señor Fernández fue reincorporado al puesto de trabajo que detentaba con anterioridad al 27-III-2013, el objeto principal del pleito había devenido abstracto.
Rechazó, también, el reclamo por supuestas diferencias de haberes derivadas de conceptos que habría dejado de percibir al ser afectado al sector higiene y bromatología.
Para decidir de este modo, reiteró que el traslado a este último destino operó con "marcada antelación" al período de tutela gremial del accionante; a lo que adunó que -conforme lo hubo de indicar el perito contador en su informe- desde el 12-XII-2017 al 28-II-2019 el amparista había gozado de licencia médica y por ese motivo -concluyó el a quo- no había generado horas extraordinarias. Añadió que tampoco se demostró que hubiera sufrido un menoscabo en su remuneración que afectase el libre ejercicio de la actividad gremial.
Remató tales argumentos señalando que todo reclamo judicial por diferencias remuneratorias de los agentes municipales debe canalizarse mediante acción por ante el fuero correspondiente.
Con todo, resolvió rechazar la acción de amparo sindical enderezada -en concreto- a que se restablezca al actor en el sector de tránsito municipal y se le abonen las diferencias requeridas.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); de los arts. 39 inc. 2 de la Constitución provincial; 1 de la ley 23.592; 47, 48, 53 y concordantes de la ley 23.551; 12, 39, 44 incs. 2 "c" y "d", 47 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 457, 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y de la doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia de la sentencia de grado por cuanto no consideró que la accionada se allanó -a criterio del quejoso- a la pretensión actoral.
Puntualiza, en este sentido, que en la audiencia de vista de la causa realizada el 13-II-2020 la demandada acompañó copia de la resolución 860/19 de 6-III-2019, mediante la cual el municipio dispuso reinstalar al actor en la dirección de tránsito a partir del 1-III-2019 (v. documento glosado a fs. 159).
Afirma que dicho acto administrativo implicó un reconocimiento del reclamo actoral, por lo que el tribunal debió hacer lugar a la acción de amparo sindical y ordenar el pago de las diferencias salariales requeridas.
II.2. Objeta la decisión en crisis por haber resuelto que la empleadora no impidió u obstaculizó en modo alguno el ejercicio del mandato gremial conferido al señor Fernández desde el 6-XI-2015.
Afirma que, contrariamente a ello, la persecución patronal y afectación de las garantías sindicales quedaron acreditadas mediante: a) la continua modificación de los lugares de trabajo del actor reconocida -advierte el quejoso- en el escrito de contestación de demanda, los expedientes administrativos internos acompañados por la accionada, el restablecimiento del señor Fernández en el sector de tránsito operado en marzo de 2019 por resolución 860/19 y la prueba pericial contable (v. presentación electrónica de 11-VII-2019); b) la rebaja salarial derivada de la falta de pago de determinados rubros (horas extraordinarias, tareas riesgosas), aspecto que entiende corroborado con base en la mencionada experticia y la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa. Destaca las declaraciones de Britos y Alvarengo.
II.3. Aduce que el juzgador no tuvo en cuenta el juramento prestado por el actor en los términos del art. 39 de la ley 11.653, con relación a la falta de exhibición por parte de la empleadora de la documentación que le fue solicitada por el perito contador.
Puntualiza que el experto en los puntos 4 y 5 de su informe expresó que se vio impedido de cumplimentar con lo solicitado por todo el período requerido por no habérsele mostrado las constancias pertinentes.
II.4. Añade que la falta de restablecimiento del actor a su puesto original como inspector de tránsito, con la consecuente merma salarial, constituyó una modificación a sus condiciones de trabajo vedada por el art. 48 de la ley 23.551.
II.5. Refuta la sentencia por haber resuelto que el cambio de las condiciones laborales del señor Fernández no tuvo relación alguna con su posterior desempeño en cargos gremiales.
Enfatiza que tal conclusión del fallo es incongruente, toda vez que el accionante cuestionó los sucesivos traslados y solicitó la restitución al puesto de inspector en la dirección de tránsito, con más el pago de las diferencias de haberes.
II.6. Alega que el fallo es incongruente en cuanto resolvió que la pretensión devino abstracta por haberse restituido al trabajador al sector de tránsito. Reitera que tal proceder de la accionada implicó un reconocimiento que dejó en evidencia la ilicitud del traslado y la veracidad del reclamo.
II.7. Aduce que el tribunal incurrió en absurdo y "falta de tratamiento" del reclamo por diferencias salarial aduciendo que era materia de otro fuero.
Afirma -contrariamente a ello- que el tribunal de trabajo es el órgano competente para resolver dicha cuestión. Refiere que lo decidido en este punto es violatorio de los principios de congruencia, bilateralidad y defensa en juicio; y de la doctrina legal que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. La facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015).
Con sujeción a tales límites corresponde examinar el caso.
III.1.b. Abordaré, en primer lugar y en forma conjunta los cuestionamientos encaminados a impugnar la decisión vinculada al rechazo del reclamo dirigido a obtener la reincorporación del actor en la dirección de tránsito municipal, para luego ingresar al examen de la alegación dirigida a controvertir la desestimación de las diferencias salariales, pretensiones ambas iniciadas -cabe poner de resalto- en el marco de la acción de amparo sindical prevista en el art. 47 de la ley 23.551.
III.2. Como surge del relato de los antecedentes que expuse en el primer punto de este voto, el a quo -tras analizar, en ejercicio de facultades que le son privativas, los escritos constitutivos del proceso y el material probatorio aportado por las partes- rechazó la acción promovida por el señor Fernández tendiente a que se lo reincorpore a la dirección de tránsito, en base a dos argumentos estructurales: a) que la decisión patronal de trasladar al actor desde dicho sector al área de higiene y bromatología -de fecha 27-III-2013, conforme resolución 457/13- se había producido dos años y cinco meses antes de que aquel iniciara su mandato sindical (vigente desde el 6-XI-2015 al 5-XI-2019). En este contexto -luego de apuntar que la modificación antes referenciada no pudo tener vinculación alguna con su posterior desempeño gremial- concluyó que el reclamo actoral tendiente a que se lo reincorpore al puesto de labor que había ocupado con "marcada antelación" al período de tutela previsto en la ley 23.551 no podía prosperar; b) que la empleadora procedió a reintegrar al amparista a partir del 1-III-2019 (conf. resol. 860/19; v. fs. 159 y acta de audiencia de vista de la causa) al lugar de trabajo que había detentado hasta el 27-III-2013 -sector de tránsito-; por lo que el objeto principal del pleito había devenido abstracto.
III.3. La impugnación resulta insuficiente para descalificar lo resuelto.
III.3.a. Ello así, a poco que se advierte que la crítica ensayada no alcanza a enervar las conclusiones esenciales del fallo, pues el interesado solo se limita a formular una versión paralela -y desencontrada- con la del juzgador respecto de los hechos y la apreciación de las pruebas arrimadas a la causa, sin lograr demostrar que hubiera existido una absurda apreciación de los elementos de juicio ponderados por el a quo, ni tampoco una errónea aplicación de los preceptos actuados en el fallo.
En rigor, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que llevó a los magistrados de grado a plasmar la decisión antes expuesta, el quejoso efectúa un nuevo análisis de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que reiteradamente se ha considerado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 97.814, "Billordo", sent. de 1-XII-2010; L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015 y L. 121.810, "Varga", sent. de 20-VII-2020).
III.3.b. Me refiero, concretamente, a las alegaciones que formula respecto del supuesto allanamiento de la demandada a la pretensión actora, a partir del cual -entiende- debió acogerse sin más la acción impetrada; la impugnación que ensaya respecto de la valoración de la prueba producida en la instancia de mérito -documental, pericial contable y testimonial- sobre cuya base entiende demostradas -desde su particular visión- la persecución patronal y la afectación a las garantías sindicales.
En este punto, no es ocioso memorar que la ponderación de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; e.o.).
III.3.c. Las manifestaciones que expone en orden a la supuesta falta de aplicación por parte del juzgador del art. 39 de la ley 11.653, la incongruencia que le endilga al fallo de origen, y la pretensa violación del art. 48 de la ley 23.551 que acusa en su réplica, tampoco resultan suficientes para conmover la decisión en crisis.
Ello así, por cuanto el compareciente no logra vincular tales alegaciones, con las concretas circunstancias debatidas y probadas en autos -detalladas más arriba- sobre cuya base el juzgador concluyó que la reinstalación del dependiente en la dirección de tránsito municipal peticionada por el accionante -en el específico marco de una acción de amparo sindical- no podía tener andamiaje.
En suma, los embates traídos resultan por completo insuficientes para atacar de modo frontal, concreto y eficaz los basamentos centrales del fallo el cual, por lo tanto, ha de permanecer firme.
III.4. En lo tocante a la réplica por conducto de la cual denuncia -esgrimiendo violación de los principios de congruencia, bilateralidad y defensa- la supuesta falta de tratamiento por parte del sentenciante del reclamo por diferencias salariales, tampoco es atendible.
III.4.a. Me afirmo en esa premisa, desde que el remedio procesal interpuesto no constituye la vía idónea para canalizar las denuncias vinculadas con la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas, pues tales impugnaciones son materia propia del recurso extraordinario de nulidad, que el impugnante se abstuvo de deducir (causas L. 116.765, "Policheni", sent. de 18-IX-2013; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; e.o.).
III.4.b. Sin perjuicio de ello, habré de señalar -para satisfacción del recurrente- que el tribunal se expidió específicamente sobre el punto que aduce preterido, precisando los argumentos al amparo de los cuales juzgó que el rubro del acápite no podía prosperar, a saber: a) que el traslado del actor al sector higiene y bromatología había operado con "marcada antelación" al período de tutela gremial del accionante; b) que conforme hubo de informar el perito contador en su dictamen el señor Fernández había gozado de licencia médica, por lo que mal pudo haber generado horas extraordinarias; c) que no se había demostrado que hubiera sufrido un menoscabo en su remuneración que afectase el libre ejercicio de su actividad gremial.
Tales fundamentos no son atacados por el recurrente en esta porción de la crítica, de modo que cobra virtualidad la doctrina de esta Corte que establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente si el interesado omite efectuar una réplica integral a las conclusiones que fundamentan el pronunciamiento, soslayando impugnar los argumentos esenciales del fallo recurrido (causas L. 102.600, "Di Dío", sent. de 2-XI-2011; L. 111.323, "Sánchez", sent. de 22-VIII-2012; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; e.o.).
Lo antedicho me exime de abordar las alegaciones vinculadas al hipotético quebrantamiento de los principios de congruencia, bilateralidad y defensa en juicio.
III.5. Finalmente, cabe señalar que si bien el compareciente individualiza la doctrina que alega vulnerada proveniente de las causas que indica (v. rec. apdos. II "a", "b" y "c"; IV "c"), no desarrolla argumentos idóneos tendientes a demostrar de qué modo el juzgador se habría apartado de las directrices que se desprenden de los precedentes invocados, observándose, por lo demás, que los presupuestos sobre los cuales se elaboró la jurisprudencia que enuncia violada no guardan similitud con los del caso en examen (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 118.756, "Stalldeker", sent. de 12-IV-2017 y L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018).
III.6. Firmes las definiciones centrales del fallo, sobre cuya base el tribunal de grado dispuso desestimar las pretensiones objeto de agravio, propongo que la decisión impugnada subsista incólume.
IV. De conformidad con los fundamentos expuestos corresponde rechazar el recurso deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:40:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:11:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:49:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:55:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 13:40:48 hs. bajo el número RS-122-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia