Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129754
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida por Cecilio Alejandro Soto contra Volkswagen Argentina S.A. mediante la cual pretendía el pago de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido. En cambio, la desestimó en cuanto perseguía, con sustento en las leyes 23.551 y 23.592, la nulidad del distracto dispuesto por la accionada y la reinstalación en su puesto de trabajo, así como el pago de los salarios caídos hasta la efectiva reincorporación y la reparación del daño moral derivado del carácter discriminatorio que atribuyó al despido (v. pronunciamiento de 2-VI-2022).
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor laboró para la demandada como técnico mecánico de mantenimiento en el sector planta de carrocería desde el día 29 de noviembre de 2011 hasta el día 14 de agosto de 2018, oportunidad en que la patronal le comunicó el despido invocando motivos de pérdida de producción y haber puesto en riesgo la seguridad de sus compañeros al ausentarse en forma injustificada y sin autorización de su puesto de trabajo los días 8 y 9 de agosto de 2018 por el lapso que indicó. Asimismo, concluyó que la parte demandada no había logrado acreditar los incumplimientos contractuales endilgados al actor y juzgó que la medida rescisoria adoptada por el principal resultaba injustificada.
Luego, señaló que el hecho de que el actor se dedicase a recolectar firmas para solicitar la restitución al régimen horario anterior y organizar reuniones con compañeros de trabajo, aunque sin arrogarse calidad alguna dentro de la organización sindical de SMATA -sólo colaboraba con la lista opositora a la conducción del gremio-, no resultó suficientes a los fines de demostrar la "persecución" denunciada. Además, tuvo por demostrado, a través de la prueba informativa y testimonial, que el cambio horario operado en la terminal automotriz, que había afectado a gran parte del personal, fue convenido y consensuado entre los trabajadores, la comisión interna de reclamos, el sindicato SMATA y la propia empresa. Asimismo, puntualizó que las suspensiones de personal a las que se hizo referencia en el escrito de demanda afectaron a un total de setecientos trabajadores y no sólo a Soto.
Por todo lo expuesto, concluyó que la decisión de la empresa de extinguir el vínculo no encubría un motivo discriminatorio hacia el demandante.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 7-VII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 2-VIII-2022).
En su presentación individualiza las normas que considera transgredidas en el fallo atacado.
Cuestiona que el tribunal hubiera rechazado el reclamo por despido discriminatorio.
Afirma que es evidente el absurdo de lo resuelto y la contradicción que revela el fallo pues el actor fue despedido como consecuencia del trato discriminatorio motivado por su actividad sindical, existiendo indicios suficientes y razonables de la conducta atribuida a la demandada que no fueron analizados como tales por el a quo .
En ese contexto, sostiene que el sentenciante adjudicó erróneamente al accionante la carga de demostrar la existencia de la discriminación alegada. En apoyo de su postura, señala que el fallo transgrede la doctrina legal que emana de los precedentes que identifica.
Como consecuencia de lo argumentado, peticiona se revoque la sentencia dictada y se ordene la reincorporación del actor, con más el pago de los daños y perjuicios reclamados.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, así como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen facultades privativas de los jueces de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2.a. Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado pues a partir de su propia apreciación de las constancias de la causa, se limita a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, sobre la base de una disímil apreciación de los hechos y las pruebas ponderadas en el fallo, sin lograr desvirtuar el análisis que condujo al tribunal de origen a concluir respecto a la inexistencia de elementos que permitieran vislumbrar el trato discriminatorio que el trabajador dijo haber sufrido. En efecto, el interesado tan sólo pretende poner de manifiesto la configuración de una serie de indicios que -en su opinión- deberían haber llevado al juzgador a poner en cabeza de la accionada la carga de demostrar la inexistencia de los actos discriminatorios denunciados en la demanda.
De ese modo, las argumentaciones traídas transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado, resultando por ello de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
Por lo demás, la sola divergencia que expresa el interesado acerca de la idoneidad y aptitud probatoria de las declaraciones testimoniales, sumada a la personal apreciación del valor que debió asignarse a la prueba que indica -elementos que el tribunal evaluó, aunque con un alcance distinto al pretendido por el accionante- resulta inhábil para demostrar la existencia del vicio de absurdo.
III.2.b. En ese marco, igualmente inatendible se exhibe la crítica acerca de la indebida atribución de la carga probatoria.
Ello, pues el recurrente estructura la réplica a partir de considerar que en el caso fueron demostrados suficientes indicios de la actividad desplegada por el trabajador que -desde su punto de vista- motivó la alegada discriminación y concluyó en la cesantía, premisa ésta que el a quo juzgó no verificada, en una conclusión que -según lo expresado en los párrafos anteriores- debe permanecer firme.
III.2.c. En definitiva, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019; L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2023 11:18:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2023 12:27:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:16:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 18:10:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/03/2023 10:52:09 hs. bajo el número RR-247-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia