Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129803
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2, con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín hizo lugar a la demanda promovida por Sergio Adrián Amigo García y Martín Biagetti -integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales de la Salud Seccional Hospital Larcade- y condenó a la Municipalidad de San Miguel al cese del comportamiento antisindical, discriminatorio y persecutorio respecto de los actores, ordenando el pago de una multa por práctica desleal (arts. 53, 55, ley 23.551; v. veredicto y sentencia de 30-VIII-2022).
Para así decidir, juzgó acreditado, a partir del examen de la prueba producida en la causa, que en el mencionado nosocomio se llevaron a cabo las elecciones para integrar los cargos de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales de la Salud Seccional Hospital Larcadey.
Señaló también, que si bien el municipio impugnó el citado acto eleccionario, no existe constancia probatoria alguna que el interesado haya alegado la afectación de un interés legítimo que perturbe sus facultades de dirección y organización, ni que exista una resolución del Ministerio de Trabajo en sentido favorable a su planteo. En este contexto, consideró plenamente válidos los comicios efectuados, cuyos resultados fueron debidamente notificados a la comuna accionada.
Puntualizó, además, que la Seccional de la Asociación Sindical de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires Hospital Larcade de San Miguel cuenta con representatividad respecto de los profesionales de la salud del referido nosocomio y que los actores integrantes de la comisión directiva gozan de tutela sindical en los términos de los arts. 47 y 48 de la Ley 23.551.
Sentado ello, tras el examen de las constancias obrantes en autos, concluyó que el comportamiento de la demandada -obstaculizando la elección de autoridades- impidió el ejercicio de derechos emergentes de la libertad sindical de los actores.
En este contexto, entendió que nada podía justificar los actos injustificados e inadecuados que llevó adelante la demandada frente a los comicios sindicales, tales como, irrumpir en ellos abruptamente con fines intimidatorios, dar intervención policial con el fin de detenerlos, tomar las urnas de los votos con intención de llevarlas, encerrar a los trabajadores participantes y postulantes con personal de seguridad para controlarlos, actitudes y conductas de la patronal que el a quo calificó como antisindicales.
Asimismo, puso de resalto otras acciones de la demandada que obstaculizaron la actividad sindical de los accionantes tales como intentos de cambio en las condiciones de trabajo, descuentos injustificados en haberes e incentivos que se pagaban al personal, no otorgamiento del crédito horario para ejercer las funciones gremiales o citar a los demandantes en el marco de expedientes administrativos sin permitir tener acceso a las actuaciones en forma previa obligando a iniciar otras acciones a los fines de tomar vista.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 19-IX-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 30-IX-2022).
En su presentación, cita las normas que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, cuestiona la decisión en cuanto el a quo concluyó que la conducta atribuida a la accionada en la sentencia de origen importó un comportamiento antisindical tanto respecto a la supuesta obstaculización del acto eleccionario como a las demás circunstancias que indica.
Asimismo, señala que los accionantes no acreditaron la representatividad que se arrogaron ni su legitimación, puesto que -a su criterio- la asociación que dicen representar no posee ámbito de actuación en el Hospital Municipal Larcade.
III. El recurso no prospera.
III.1. Invirtiendo por razones metodológicas el orden de tratamiento de los agravios expuestos por el recurrente, cabe señalar que no resultan idóneas las alegaciones que porta el recurso en orden al cuestionamiento acerca de la representatividad de los accionantes y la aptitud de la vía elegida para canalizar su reclamo.
Es oportuno recordar que esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario impugnar en forma concreta, directa y eficaz las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; L. 119.914, "A., D. A", sent. de 22-VI-2020; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020).
Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar que las motivaciones expuestas en el fallo atacado luzcan apartadas de las constancias de la causa o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
Ello así pues la impugnante insiste en desplegar argumentos que revelan un enfoque que ya había sido sometido a consideración del tribunal de origen y resultó desechado en el fallo atacado. En efecto, estructurando su crítica a partir del modo como interpreta que debieron ser analizados los hechos y pruebas producidas en autos y de la interpretación que, a su juicio, debió efectuar el a quo sobre lo que fue materia de controversia, no logra evidenciar que las conclusiones de los magistrados de origen al determinar los hechos conducentes para la resolución del caso -en ejercicio de sus facultades privativas, tras el análisis de los escritos constitutivos de la litis y del material probatorio aportado por las partes- luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que hubieran transgredido los límites de la congruencia.
III.2. Luego, tampoco es de recibo el agravio vinculado al comportamiento antisindical que le fuera reprochado a la demandada.
Es sabido que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Asimismo, ha declarado esta Corte que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
En este marco, las alegaciones traídas en el recurso son insuficientes para modificar lo resuelto. En efecto, el embate de la recurrente se desentiende de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, y tan solo intenta un nuevo análisis de las circunstancias de la causa y del material probatorio según su propio y personal criterio valorativo.
Cabe recordar, en ese sentido, que reiteradamente esta Corte ha declarado que es insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir en forma concreta, directa y eficaz las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
De ese modo, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2023 21:39:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:13:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:24:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:52:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:59:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/12/2023 14:24:32 hs. bajo el número RR-1602-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia