Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131222
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por el señor Héctor Carlos Andrés contra Roemmers S.A. en cuanto perseguía el cobro de diferencias salariales y la indemnización por daño moral (v. pronunciamiento de 7-VII-2023).
En efecto, el sentenciante desestimó la pretensión del actor a través de la cual reclamaba que el descuento que le efectuó su empleadora de la remuneración del mes de junio de 2020 resultaba ilegitimo y que obedecía a una campaña persecutoria por parte del empleador en virtud de los reclamos de índole gremial que había realizado el trabajador.
Para así decidir, juzgó acreditado -a través del examen de los elementos probatorios obrantes en autos- que la patronal efectuó el mentado descuento como consecuencia de una merma en las visitas que realizaba el actor como agente de propaganda médica y que, en definitiva, redundaron en el pago de un menor monto de comisiones.
Por lo expuesto, concluyó que esa disminución en los haberes del accionante no aparecía como irrazonable dentro de las facultades de dirección y organización de la empresa y que respondía a parámetros objetivos fundados en la dedicación laboral (arts. 64, 65, 66 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo).
Asimismo, rechazó el reclamo por daño moral con fundamento en la discriminación y persecución gremial denunciada por el trabajador, el cual -remarcó el juzgador- no resultó lo suficientemente claro el planteo introducido en el escrito de inicio.
II. Contra dicha decisión, el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 3-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 14-VIII-2023).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado. En sustancia, y bajo la denuncia de absurdo y violación del principio de congruencia, objeta el análisis de las constancias de la causa llevado a cabo por el juzgador para desestimar la acción deducida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el importe reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia el interesado- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 126.696, "Aguirre", resol. de 11-VI-2021).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021).
III.2.a. En este contexto, no concurre en el caso la excepción prevista en la ley adjetiva local, pues el planteo que formula el recurrente, orientado, esencialmente, a intentar demostrar el vicio de absurdo en el razonamiento del tribunal de origen al tiempo de ponderar determinadas constancias de la causa, remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas -por definición- al estrecho marco cognitivo en el que es examinado el recurso (causas L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018; L. 120.349, "Rosales", sent. de 27-III-2019; L. 124.198, "Díaz", sent. de 19-IX-2022).
III.2.b. A lo expuesto, corresponde añadir que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 27-V-2020; L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021).
III.2.c. Por otro lado, resta agregar que tampoco se observa la concurrencia del supuesto habilitante previsto en el citado art. 55 en cuanto se invoca la eventual infracción del principio de congruencia, asunto detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 120.649, "Escuela Manuel Belgrano S.R.L", sent. de 17-IV-2019 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020).
III.2.d. A mayor abundamiento, cabe recordar que la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte. No constituye doctrina legal, en los términos del citado precepto, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
III.3. Finalmente, y sin perjuicio del examen del remedio traído en el marco del presente carril de excepción, se impone señalar que los argumentos y disquisiciones que formula el recurrente vinculados a un eventual inicio de un proceso de exclusión de tutela sindical del actor, constituyen el fruto de una reflexión tardía que no pueden ser atendidos en esta instancia extraordinaria, en la medida que no han sido introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (v. demanda de fecha 18-III-2021; causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en apartado III.2.c.- que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2024 09:28:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 10:19:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 09:16:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:10:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:24:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:18:46 hs. bajo el número RR-366-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia