Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.025, "Blatte, Héctor Alfredo contra Cerraduras y Laminación SAIC. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. sent. de 14-VI-2023).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-VII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 19-X-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por Héctor Alfredo Blatte contra Cerraduras y Laminación SAIC, por la que pretendía —se dijo—, previa declaración de nulidad del despido directo, la reinstalación en su puesto de trabajo, el cobro de una suma de dinero en concepto de "salarios caídos y daño moral" derivado del carácter discriminatorio que le atribuyó a la extinción, así como la condena por práctica desleal (v. sent. de 14-VI-2023).
Para así decidir, en lo que constituyó su opinión mayoritaria, juzgó reconocido en el veredicto que el actor laboró para la accionada, cumpliendo tareas como "oficial especializado", ello, desde el día 2 de agosto de 1993 hasta el 11 de noviembre de 2022, fecha en la que el vínculo se disolvió por el despido efectuado por la demandada.
Consideró que en el escrito de demanda se expuso que el actor fue despedido por una represalia antisindical al haber organizado con la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica perteneciente a la seccional de Morón el reclamo de regularización de los trabajadores contratados como eventuales y, además, por ser precandidato a un nuevo mandato en la elección de los delegados "que se estaba organizando" (v. vered., pág. 9). Precisó que ello fue negado por la contraria, encontrándose entonces a cargo del accionante la prueba de sus afirmaciones.
Indicó al respecto que, sin desconocer que, en materia de despidos discriminatorios y lesivos de derechos fundamentales, muchas veces las reglas tradicionales de la distribución de la carga probatoria han de ceder, en el caso, el interesado no aportó indicios razonables ni pruebas que brinden la suficiente convicción de la existencia del hecho de la discriminación.
Luego de considerar acreditado que el demandante fue delegado gremial, habiendo terminado su último mandato el 14 de noviembre de 2019 y contando con tutela sindical en los términos del art. 48 de la ley 23.551 hasta el 14 de noviembre del 2020, se ocupó de valorar la prueba rendida y —en lo cardinal— juzgó que no se logró acreditar que al momento del distracto el actor desarrollara actividad gremial alguna
Finalmente, respecto al invocado carácter de precandidato a delegado gremial señaló que sin perjuicio que ello no quedó acreditado, este no cuenta con tutela jurídica.
Concluyó que no se probó tampoco la práctica desleal denunciada, y seguidamente —descartando la configuración de la conducta endilgada en la demanda a la empleadora—, que el despido no fue discriminatorio.
Ya en la sentencia, dispuso el rechazo de la acción incoada por la cual se persiguiera la declaración de nulidad del despido por discriminatorio con fundamento en el art. 1 de la ley 23.592, así como el reclamo de "salarios caídos y daño moral" y la multa por práctica desleal fundada en el art. 53, incs. "e", "g" y "j" de la ley 23.551 (v. sent., pág. 6).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad (v. presentación electrónica de fecha 4-VII-2023).
Afirma que el órgano de grado transgredió el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues omitió considerar "...la acción del actor en la manifestación llevada a cabo por el sindicato en las puertas del establecimiento de la demandada" (rec., pág. 29), cuestión —a su criterio— esencial.
III. En armonía con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 19-X-2023), el recurso no puede prosperar.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.2. Bajo la denuncia de transgresión del mencionado art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo argumentado por el recurrente lejos de evidenciar la preterición de una cuestión esencial, remite a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajeno al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.401, "Marino", resol. de 21-X-2022; L. 127.674, "Geri", resol. de 15-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 130.046, "Beron", resol. de 29-V-2023; e.o.).
Son aplicables aquellas directrices del Tribunal que indican que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se pretende cuestionar el acierto jurídico del fallo (causa L. 101.672, "Jaime", sent. de 4-V-2011), o bien, las que enseñan que no se verifica infracción a la mentada norma de la Constitución bonaerense si las omisiones que se denuncian no constituyen cuestiones esenciales, sino meros argumentos desarrollados por la parte en apoyo de su posición (causas L. 90.267, "Lazarte", sent. de 15-VI-2011; L. 103.160, "Macías", sent. de 2-V-2013; L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024 y L. 129.247, "López", sent. de 3-VI-2024).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en lo esencial, la parte actora denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 16, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 161 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 47 de la ley 11.653; 4, 5, 23, 31, 47 y 52 de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592; 163 incs. 5 y 6 y 278 a 297 del Código Procesal Civil y Comercial; asimismo, de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 4-VII-2023).
I.1. Al individualizar concretamente cuales serían los yerros que a su entender tornarían procedente el recurso, afirma liminarmente el quejoso que el órgano de grado —a través del voto mayoritario— apreció absurda y arbitrariamente la prueba documental, informativa y testimonial.
Postula que el sentenciante incurrió en error al reconocer que el demandante fue delegado gremial por tres mandatos, cuando surge de la prueba informativa que detalla que lo fue por cinco períodos consecutivos desde el año 2014 hasta el año 2019.
Objeta que en el fallo se haya sostenido que el hecho de que en el recibo de sueldo valorado figuren horas de permiso gremial solo puede tomarse como un error de la empresa, pues afirma que dicho documento pertenece a la primera quincena de marzo y que, además, la participación del actor en el proceso electoral sindical surge acreditada con la prueba documental, informativa y con la declaración de los tres testigos propuestos por la empresa, tal como reconoce expresamente el voto en minoría.
Alega que, al prescindir analizar la cuestión referida a los contratos irregulares de la empleadora denunciados en la demanda, la sentencia no se muestra atenta a la pretensión jurídica, mostrando no solo parcialidad en los votos que conformaron la mayoría del acuerdo sino además violación al principio de congruencia.
Cuestiona que el juzgador de la instancia haya considerado vigentes los mandatos de los delegados Torchio, Gómez y Salas, cuando —dice— según el informe de la Unión Obrera Metalúrgica aquellos fueron prorrogados por la normativa de la emergencia sanitaria y vencieron en marzo de 2022.
I.2. Denuncia que lo resuelto en la sentencia impugnada vulnera la doctrina legal sentada en las causas L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010) y L. 126.767, "Ávalos" (sent. de 5-XII-2022), en razón de la contradicción existente —según afirma— entre los requerimientos que esta Suprema Corte tuvo en cuenta en los mencionados precedentes para confirmar la nulidad del despido discriminatorio, y los que ponderó —por mayoría— el aquí sentenciante; toda vez que —en lo primordial— sostiene que los requisitos que se ponderaron en estas actuaciones se relacionan con la tutela contemplada en el art. 52 de la ley 23.551, pero no con lo normado en el art. 47 del mismo cuerpo legal ni en la ley 23.592.
I.3. Sostiene que el fallo vulnera garantías constitucionales y contenidas en instrumentos internacionales sobre derechos humanos fundamentales, en especial, al principio de libertad sindical.
II. El recurso no puede prosperar.
II.1.a. Es sabido que establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituye una cuestión de índole fáctica reservada a la instancia ordinaria y marginada de la casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 124.198, "Díaz", sent. de 19-IX-2022 y L. 129.247, "López", sent. de 3-VI-2024).
Y en cuanto a este grave vicio, también es conocida la jurisprudencia de este Tribunal que indica que su verificación requiere la configuración en el pronunciamiento de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 126.306, "Amarante", sent. de 30-X-2023; L. 127.794, "Pellegrini", sent. de 23-XI-2023 y L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024).
II.1.b. El interesado no acredita la concurrencia del absurdo.
Desentendiéndose de la línea reflexiva y de la labor valorativa que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión que impugna, el interesado tan solo propone un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su propio y personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 124.849, "López", sent. de 22-II-2021; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022.; L. 129.247, cit.; e.o.).
II.1.b.i. Puede advertirse en relación con la crítica referida a la cantidad de mandatos gremiales del actor, que no explica el interesado de qué modo el supuesto equívoco que denuncia gravitaría en la solución del pleito abonando la tesis blandida en la demanda, siendo que —como se postula en el escrito introductorio— el a quo consideró acreditado que el accionante culminó su último mandato el día 14 de noviembre de 2019, contando con tutela sindical según el art. 48 de la ley 23.551, hasta el 14 de noviembre de 2020.
II.1.b.ii. Tampoco se revela idóneo el cuestionamiento a la conclusión del órgano de origen que consideró que las horas de permiso gremial otorgadas en el recibo de sueldo adunado por la parte reclamante fueron producto de un error de la empleadora al liquidar el salario.
Ocupa indicar que, en el fallo, el tribunal de grado —siempre en su opinión mayoritaria— luego de analizar —primordialmente— la prueba testimonial, consideró evidenciado que el demandante —en el contexto de los hechos ventilados en la causa— no desarrolló ni desplegó en el ámbito de su trabajo y frente a sus compañeros, actividad gremial. Precisó, que no obstaba a ello "...el crédito horario que tuviera [....] ya que lo hizo como fiscal y por el tiempo que duró el comicio, no ejerciendo en dicho momento representación gremial alguna, ni como delegado ni como candidato..." (vered., segunda cuestión). Posteriormente, indicó que el "ítem" denominado "Horas Permiso Gremial (Código 0151)" obrante en el recibo correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2022, considerando que no revestía el carácter de delegado sindical, había sido producto de un error del responsable en practicar las liquidaciones de los haberes (v. vered., segunda cuestión).
En rigor, surge del pronunciamiento impugnado que, más allá de lo que sostuvo en relación con el mentado recibo, el a quo juzgó acreditada la participación del actor en el proceso eleccionario llevado a cabo en el año 2022, que es el dato fáctico que busca poner de relieve el recurrente. Sin embargo, en el razonamiento del tribunal, dicha circunstancia, al no ser un delegado sindical —ni actuar en aquella oportunidad como tal—, no tenía la virtualidad de modificar la medular conclusión a la que hubo de arribar.
En este contexto, no se avizora que las esenciales motivaciones del pronunciamiento impugnado hayan sido objeto de un embate eficaz y directo, recaudo de suyo insoslayable a los fines pretendidos (causas L. 104.897, "Serra", sent. de 13-VII-2011 y L. 119.143, "Correa", sent. de 29-III-2017).
II.1.b.iii. En cuanto a la prueba testimonial, gravitante en la resolución del litigio por el tribunal de la instancia, cabe recordar que su valoración queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de apreciación en conciencia, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024); y en este sentido, las alegaciones del compareciente acerca de las declaraciones brindadas en autos, han de permanecen en el plano de su mera disconformidad y disentimiento personal.
II.1.b.iv. En lo tocante a la objeción referida a los mandatos de los delegados Torchio, Gómez y Salas, no se avizora que lo dicho por el recurrente, hipotéticamente, tenga el vigor para neutralizar las conclusiones medulares del pronunciamiento, esto es: de dar por tierra con aquella construcción apontocada en la ya mencionada falta de acreditación del accionante de su actividad gremial.
II.2. Por otro lado, debe desestimarse el agravio en el que se alega la violación del principio de congruencia en su vinculación con la prescindencia "de analizar el tema de los contratos irregulares" que se le atribuye al tribunal (v. rec., pág. 23).
II.2.a Esta Corte ha declarado reiteradamente que el análisis de los escritos constitutivos de la litis constituye una facultad privativa de los jueces de grado, que solo puede ser revisada en la instancia extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe el absurdo (causas L. 120.596, "Duhagon", sent. de 6-VI-2018; L. 122.223, "Góngora", sent. de 22-XII-2020 y L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021). En ese entendimiento, ha señalado que los agravios relativos a la violación del principio de la congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los citados escritos, deben ser acompañados de la denuncia y demostración de la configuración de aquel extremo vicio valorativo en esta concreta labor jurisdiccional (causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 124.779, "Muise", sent. de 1-IV-2022; L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024; e.o.).
II.2.b. En el medio de impugnación en examen no se encuentra cumplida aquella carga, pues, dejando a un lado la denuncia de absurdo ceñida a la apreciación de la prueba, ningún argumento contiene con la finalidad de evidenciar la posible configuración del mentado vicio en la exégesis que respecto del escrito de demanda desplegó el órgano jurisdiccional a la hora de juzgar la controversia. La señalada deficiencia sella el rechazo de este tramo de la crítica, pues esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 127.849, "Tumini" y L. 126.591, "D'Onofrio", sents. de 27-III-2023; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024).
II.3. Cabe agregar que, ante el fracaso de los cuestionamientos tratados en los párrafos que anteceden, en nada varía la suerte del recurso lo argumentado con apoyo en los precedentes L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010) y L. 126.767, "Ávalos" (sent. de 5-XII-2022), elaborados bajo distintas plataformas que la que exhibe el sub examine .
III.4. Con lo hasta aquí señalado, sin que ello implique expedirse sobre el mérito de lo decidido, lo resuelto por el tribunal del trabajo ha de permanecer incólume ante la falta de habilidad de los agravios traídos.
III.5. Finalmente, se impone puntualizar que la invocación de quebranto de garantías constitucionales carece de andamiento, pues ello derivaría —eventualmente— de la previa acreditación de la infracción de las normas legales alegadas (causas L. 92.430, "Galarza", sent. de 20-VIII-2008; L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018 y L. 127.427, "Cingolani", sent. de 23-XI-2023), lo que —como se ha visto— no se verificó en la especie.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:01:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2024 15:10:59 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2024 17:04:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 10:04:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 12:26:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 13:22:40 hs. bajo el número RS-113-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia