Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135213
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo tratado en el punto III.2.b. ha sido insuficientemente fundado y los analizados en el punto III.2.c. han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 y 298 CPCC).
2Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea hizo lugar al amparo sindical interpuesto por los señores Mario Oscar Lastra y Maximiliano Enrique Merlo y, en consecuencia, ordenó al Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (U.A.T.R.E.) a reinstalar en sus cargos sindicales a los amparistas; dejar sin efecto las designaciones efectuadas de delegado normalizador y subdelegado normalizador en la Delegación Necochea, y remitir las actuaciones al Ministerio de Capital Humano de la Nación para que, en el marco competencial asignado por la Ley de Asociaciones Sindicales, efectúe la convocatoria a elecciones de Delegados regionales que ha omitido el Secretariado Nacional y a la que se encontraba obligado a la luz de los deberes que resultan de los arts. 58 inc. d y 68 del Estatuto de la U.A.T.R.E.. Asimismo, exhortó a la autoridad administrativa nacional a emitir el acto pertinente de invalidez de las Resoluciones internas SN 20/2022 y 067/2022 y de toda otra que contravenga lo resuelto en el presente pronunciamiento. Finalmente, condenó a la U.A.T.R.E. a abonarle a los amparistas Mario Oscar Lastra y Maximiliano Enrique Merlo las compensaciones mensuales adeudadas e intereses, en razón de sus respectivos cargos sindicales (v. vered. de fecha 18-II-2025 y sent. de fecha 27-II-2025).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 18-III-2025), los que fueron concedidos por el órgano de grado (v. resolución de fecha 9-IV-2025), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 19-VI-2025).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad interpuesto, con sustento en la infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, la accionada alega que el pronunciamiento de grado fue dictado con arreglo a "…parámetros establecidos en una ley derogada y sin efecto...", teniendo en cuenta que el tribunal a quo formuló el veredicto sobre los hechos el 18 de febrero de 2025, y se pronunció sobre el derecho aplicable a aquéllos luego de transcurrida una semana, esto es, el día 27 de febrero de 2025, proceder que, según manifiesta, refleja un claro apartamiento de la forma establecida por el art. 57 de la ley 15.057, vigente al momento de la emisión ambos actos procesales.
En este marco, sostiene que el reconocimiento de validez de alguno de dichos actos jurisdiccionales conllevaría ineludiblemente la invalidez del restante atento que si el deber de expedirse sobre las circunstancias fácticas del caso fue suprimido con motivo de la nueva legislación procesal del fuero laboral solo quedaría en pie la sentencia cuya anulación devendría inexorable en tanto que carecería de la valoración de los hechos contemplados en el inciso 4 del art. 57 de la ley 15.057.
Asimismo, sostiene que el veredicto y la sentencia carecen de elementos formales básicos, tales como la certificación del secretario que valide el orden de votación y la constancia de circulación del expediente entre los magistrados intervinientes.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. Liminarmente, cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023 y L. 132.551, "Goro", resol. de 12-V-2025).
Desde esa perspectiva, se observa que el contenido de los agravios que porta el remedio intentado resulta ajeno a las causales taxativamente definidas en las mandas constitucionales de mención para descalificar la validez formal del pronunciamiento atacado.
III.2.b. Además, de considerarse la operatividad del art. 57 de la ley 15.057 -Resol. SCBA 1.840/24-, no se pondera que la estructura formal del pronunciamiento de grado -todavía moldeado bajo el veredicto y la sentencia- comprometa la validez constitucional del fallo impugnado, y -menos aún- obstaculice el ejercicio de la competencia revisora extraordinaria que tiene encomendada esta Suprema Corte.
III.2.c. Por otra parte, corresponde memorar que esta Corte ha dicho que la alegación de que el tribunal a quo no respetó los plazos para el dictado del veredicto y la sentencia es impropia del recurso extraordinario de nulidad, pues no importa violación al art. 168 de la Constitución provincial que el fallo haya sido dictado fuera de término por el Tribunal de Trabajo, ya que los plazos procesales son fijados a las partes para plantear sus cuestiones y no a los tribunales para pronunciar sus sentencias (causas L. 58.941, "Silveyra", sent. de 12-VIII-1997; L. 72.786, "Fernández", sent. de 28-VIII-2002; L. 120.050, "Aquino", resol. de 8-XI-2017; L. 129.634, "Miller", resol. de 14-III-2023 y L. 132.486, "Sainz", resol. de 13-III-2025).
Sentado lo anterior, también resulta inatendible, a los fines invalidantes perseguidos por medio del presente remedio procesal, la denunciada ausencia de la certificación del actuario que registre tanto el orden resultante del sorteo como de la circulación del expediente entre los señores jueces integrantes del colegiado, irregularidades cuya eventual configuración lejos está de aparejar la nulidad del pronunciamiento impugnado (causas L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009; L. 119.305, "Díaz", sent. de 11-IV-2018 y L. 119.390, "López", sent. de 22-VI-2020; e.o.).
Por último, resta señalar que, más allá de la insuficiencia de la mera denuncia de infracción del art. 171 de la Carta local, huérfana de contenido argumental que le sirva de apoyo como acontece en el escrito de protesta, la decisión recaída en el fallo contiene respaldo en expresas disposiciones legales, circunstancia que abastece la manda constitucional de referencia cualquiera sea el acierto y desacierto de su aplicación al caso en juzgamiento (causas L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021; L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023 y L. 132.123, "Palmas", resol. de 13-III-2025).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la accionada alega que el fallo dictado en la instancia de origen constituye una clara vulneración de los principios fundamentales de la democracia sindical, al apartarse de la extensa doctrina legal establecida por esta Corte en la materia -que cita-, desconociendo el marco normativo aplicable y afectando el ejercicio legítimo de los derechos sindicales y la seguridad jurídica.
En ese sentido, sostiene que el tribunal que intervino no resultaba competente para resolver el fondo de la cuestión debatida por tratarse de un conflicto intrasindical, y que una vez resuelta la medida cautelar solicitada debió remitir la causa al Ministerio de Trabajo de Nación o, en su defecto, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. Ello así, desde que, sin perjuicio de otras consideraciones, las argumentaciones que formula la impugnante, dirigidas a objetar la competencia del tribunal de grado para decidir el fondo de la cuestión, en nada se asemejan a una crítica razonada del decisorio que se pretende atacar.
Más bien se observa que el cuestionamiento remite a situaciones previas al dictado de aquél, y, sabido es que esta Corte ha dicho reiteradamente que las infracciones relacionadas con presuntos defectos anteriores a la sentencia se encuentran preclusas y son ajenas, por tanto, al ámbito del recurso extraordinario (causas L. 84.541, "Gaztelu", sent. de 28-IX-2005; L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 96.489, "Fink", sent. de 2-IX-2009; L. 123.182, "Santin", resol. 11-III-2020 y L. 130.128, "Gómez", resol. de 1-VIII-2023).
En ese mismo sentido ha señalado que como consecuencia de la preclusión adquieren firmeza los actos realizados dentro del período o sección pertinente y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso (causas L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010; L. 107.391, "Rodríguez", sent. de 11-IX-2013 y L. 115.743, "Aalos", sent. de 11-IV-2018; e.o.).
IV.2.b. Así, en el caso, la interesada no opuso la excepción pertinente al momento de contestar la demanda, y si bien quedó sentado en el acta de la audiencia realizada con fecha 17 de marzo de 2023 que allí planteó que se trataba de un conflicto intrasindical y que la materia estaba vedada al tribunal en función de los arts. 1 y 2 de la ley 11.653, lo cierto es que luego sucedieron distintos actos procesales -como la apertura a prueba de las actuaciones y la producción de la misma-, posteriores al dictado de la medida cautelar, sin que hubiera manifestado oposición alguna al respecto.
IV.2.c. En ese marco, tampoco resulta atendible la doctrina legal citada, que entiende como vulnerada, en tanto ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 117.992, "Krochmal", resol. de 24-IX-2014; L. 120.447, "Ferrari", resol. de 13-XII-2017 y L. 130.787, "Fernández y Rosales", sent. de 23-VI-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo tratado en el punto III.2.b. ha sido insuficientemente fundado y los analizados en el punto III.2.c. han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 y 298 CPCC).
2. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acá-pite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:09:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:30:31 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:39:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:03:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:54:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:18:39 hs. bajo el número RR-1044-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia