Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 133403
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 133.403, "Nievas, Eduardo Marcelo contra Dangelo Oscar Norberto. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la acción deducida imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 21-VIII-2024).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-IX-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Eduardo Marcelo Nievas contra el señor Oscar Norberto Dangelo, por la que pretendía —con sustento en los arts. 47 y 53 inc. "h" de la ley 23.551 y las previsiones de la ley 23.592— la reinstalación en su puesto de trabajo, el pago de los salarios caídos, un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del despido discriminatorio y la condena por práctica desleal y, subsidiariamente, el cobro de las sumas de dinero que adujo detalladas en el "...apartado liquidación...", con más la entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Para así resolver, en lo que resulta de interés, declaró no controvertido que entre las partes medió un contrato de trabajo iniciado el día 1 de marzo de 1995, que el actor se desempeñó como auxiliar de primera y que en el año 2014 fue electo delegado de personal. También determinó que, posteriormente, fue designado secretario gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) —seccional Junín—.
Puntualizó que este último cargo lo detentó hasta el día 11 de agosto de 2017, cuando la referida entidad gremial comunicó a la empleadora, mediante carta documento acompañada junto con el escrito de contestación de demanda, que el actor había renunciado por telegrama a todo cargo de representación dentro de esa seccional (v. CD 836783916). Al respecto, observó que, si bien no constaba en autos la referida dimisión, aquella comunicación —remitida por el gremio a la patronal— no resultó redargüida de falsa por el promotor del pleito, por lo que la tuvo por válida y auténtica.
En este escenario fáctico, sostuvo que la tutela sindical del dependiente había caducado de pleno derecho el día 11 de agosto de 2018, esto es, una vez vencido el año de estabilidad posterior a la fecha del cese del mandato, en línea con lo previsto por los arts. 48 y siguientes de la ley 23.551.
Destacó, asimismo, que no se verificó de parte de la entidad gremial ni del actor comunicación alguna a la empleadora tendiente a anoticiarle que el señor Nievas ejercería el denunciado cargo de colaborador gremial desde el día 1 de noviembre 2017 hasta el mes de marzo de 2019.
Bajo estos lindes, y con sustento en el art. 49 de la ley antes citada, juzgó que la tutela sindical del dependiente era inoponible al señor Dangelo en razón de que no le había sido notificado este último nombramiento, a lo que adunó la inexistencia en el expediente de indicio alguno tendiente a acreditar tal extremo.
Sostuvo que ello no surgía del informe acompañado el día 22 de setiembre de 2022 por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) —Seccional Junín—, a lo que adunó que la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa no aportó nada al respecto.
En el entramado descripto, concluyó el juzgador que habiendo renunciado el actor a todo cargo de representación gremial el 11 de agosto de 2017, debió reincorporarse a prestar servicios —y no lo hizo— dentro del término de treinta días de fenecido el mandato.
Así las cosas, estimó que la parte empleadora no estaba obligada a darle ocupación el día 16 de marzo de 2019, deviniendo, en consecuencia, infundada la intimación que le remitiera el dependiente con fecha 20 de marzo 2019, para que se le otorguen tareas, así como aquella comunicación posterior mediante la cual se consideró injuriado y despedido en forma indirecta.
Con todo, juzgó que el contrato de trabajo habido entre las partes se extinguió por abandono recíproco de la relación en los términos del art. 241 último párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 62, 63 y 244 de la Ley de Contrato de Trabajo; 48 de la ley 23.551; 34 inc. 4, 36 incs. 2 y 4, 47 y 393 del Código Procesal Civil y Comercial; y 12 de la ley 11.653.
II.1. Se agravia de la sentencia de grado en cuanto consideró válida la comunicación enviada por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina —seccional Junín— a la empleadora con fecha 11 de agosto de 2017, cuando su remitente, el señor Alberto Fiori, carecía de legitimidad para hacerlo. Esto último, asegura, según se desprende del acta acompañada con el escrito de demanda en la que consta la revocación en el cargo del nombrado.
Argumenta que la propia asociación gremial desconoció mediante pieza postal n° 2926438 de fecha 19 de marzo de 2019 que remitiera a la patronal, la supuesta representación invocada por el señor Fiori.
Siguiendo esa línea de razonamiento, expresa que no se puede redargüir de falso un documento que no existe, por lo que afirma que el tribunal efectuó una incorrecta interpretación de lo manifestado y documentado en el expediente, incurriendo en "mala fe procesal".
Sostiene que el órgano de la instancia de grado bien pudo instar —aun sin petición de parte— la producción de la prueba tendiente a acreditar la supuesta renuncia del accionante a su cargo gremial.
Alega que el juzgador incurrió en abuso del derecho al haber otorgado —reitera— valor probatorio a elementos de juicio inexistentes. En apoyo de esta argumentación cita doctrina y un precedente perteneciente a otra jurisdicción provincial.
II.2. Señala que no puede aplicarse un plazo de caducidad al ejercicio de un derecho.
En este sentido, insiste en que el señor Nievas continuó trabajando para el sindicato como colaborador gremial —figura utilizada, advierte, como consecuencia de que el gremio estaba intervenido—, extremo que entiende demostrado mediante la escritura pública adjunta al escrito de demanda, y que una vez que sus funciones concluyeron, encontrándose dentro del plazo del art. 48 de la ley 23.551, se presentó a retomar tareas, siendo despedido arbitrariamente por la empleadora.
Rebate la valoración de la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa en tanto —afirma— los deponentes fueron interrogados por hechos pasados con mucha anterioridad, a lo que añade que dicho medio de prueba no tiene mayor relevancia frente a otros.
II.3. Cuestiona la sentencia de mérito por haber resuelto que el contrato de trabajo se extinguió por abandono de la relación.
En este sentido, alega que el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo "...como el nuevo 265 de la LCT (ley 27.742/24)..." (v. rec., pág. 14) requieren para su configuración que el dependiente se ausente de manera intempestiva e injustificada de su puesto de trabajo, y la constitución en mora previa a su concreción, extremos que —asevera— no se verificaron en la especie.
Añade que la "...voluntad concurrente de las partes..." (v. rec., pág. 15) debe formalizarse mediante escritura pública o ante autoridad administrativa o judicial, lo cual —postula— no ocurrió en el caso. Señala que "...el art. 262 de la LCT prescribe los elementos configurativos..." y que ninguno se probó (v. rec., pág. 15).
Con todo, solicita se revoque el fallo de grado, haciéndose lugar a la demanda impetrada, con costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; e.o.), de modo que bajo esos lindes habré de examinar el remedio traído.
III.2.a. Sentado ello, se impone recordar que la valoración del material probatorio como la determinación de las condiciones fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y acredite absurdo (causas L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023 y L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A. ", sent. de 30-IV-2024).
Dicha línea directriz es de aplicación tanto en lo atingente a los recaudos necesarios para tener por configurados los requisitos que establece la ley 23.551 para gozar de la garantía de estabilidad sindical, como respecto a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la valoración del intercambio telegráfico, y la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo (causas L. 91.018, "Rojas", sent. de 21-V-2008; L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 130.787, "Fernández y Rosales", sent. de 23-VI-2025).
III.2.b. Bajo tales premisas, advierto que el recurrente omite denunciar la configuración del excepcional vicio invalidante en la ponderación probatoria llevada a cabo por el órgano de la instancia de grado; circunstancia que, de suyo, define el rechazo de la impugnación.
Es que, como es sabido, esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XI-2024).
III.3. Si bien lo expuesto puede resultar suficiente para sellar la suerte adversa del embate, aun en una mejor hipótesis para el recurrente, no es ocioso señalar que la impugnación bajo análisis se encuentra estructurada sobre la base de expresiones genéricas y desenfocadas de las definiciones centrales que sirvieron de sustento a la decisión del juzgador.
III.3.a. En efecto, las descontextualizadas manifestaciones que ensaya el compareciente en torno a la imposibilidad de "...redargüir de falsedad un documento que no existe..." (v. rec., pág. 4) —calificación que le atribuye a la pieza postal enviada por quien, alega, carece de legitimidad— no guardan correspondencia con los argumentos que fueron puestos a consideración del juzgador y que constituyeron el sustento de la demanda, en la que un eventual desarrollo en torno a la invalidez de la comunicación en debate bien pudo haber constituido un elemento relevante a la hora de analizar las restantes connotaciones del caso.
En tal sentido, y al solo influjo de la necesidad de replicar la inicial motivación que habilitó al juzgador a considerar concluido el mandato gremial de Nievas (esto es, la notificación formal de la renuncia a su cargo de delegado), modifica el enfoque desplegado en la etapa procesal oportuna, apoyando ahora su posición en la invalidez del anoticiamiento de su dimisión, lo cual, por resultar absolutamente novedoso y extemporáneo, no es eficaz a los fines de revertir las argumentaciones esenciales del fallo impugnado (causas L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 127.472, "Sosa", sent. de 20-IX-2023; L. 130.280, "Falco", sent. de 20-IX-2024; e.o.).
Siendo ello así, pierde vigor el embate destinado a cuestionar la definición del sentenciante asentada en que el interesado no promovió incidente tendiente a fulminar la validez de la mencionada carta documento identificada con el n° 836783916 acompañada al expediente junto con el escrito de contestación de la demanda.
III.3.b. En otro orden, el interesado omite impugnar idóneamente aquella conclusión sustentada en la inoponibilidad de la invocada tutela sindical del dependiente por no haberse podido constatar —ni siquiera indiciariamente— que el actor fuera designado colaborador gremial para el período comprendido entre el día 1 de noviembre de 2017 al mes de marzo 2019.
Resultan aplicables así las directrices de esta Suprema Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 127.053, "Mielnieczuk", sent. de 6-XII-2023; L. 128.647, "Hernández", sent. de 6-III-2024; e.o.).
III.3.c. Finalmente, con relación al embate orientado a cuestionar la consideración del juzgador de grado respecto de la configuración de la causal extintiva del contrato de trabajo por voluntad concurrente tácita de las partes, en los términos del art. 241 última parte de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., págs. 12/13), el quejoso se limita a formular erráticas manifestaciones que transitan desde los requisitos legales para que se configure la extinción por abandono de trabajo (art. 244, ley cit.), las formalidades impuestas por el primer párrafo de la primera de las normas mencionadas para instrumentar la finalización del vínculo por voluntad concurrente expresa —citando también "...el nuevo art. 265 de la LCT...", ver recurso, página 14 (norma, cabe advertir, derogada por la ley 24.522 y que ninguna relación guarda con la temática debatida en autos)—, para finalizar su derrotero con la alusión al art. 262 de dicho cuerpo normativo relativo al privilegio de los créditos laborales.
III.3.d. En fin, la marcada insuficiencia técnica de la impugnación al tiempo que define su rechazo, me exime de formular cualquier otro tipo de consideración (art. 279, CPCC).
III.4. Por último, y en atención a los términos que surgen del auto de concesión del recurso de fecha 20 de septiembre de 2024, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal —único—, cumplan con estrictez lo dispuesto por los arts. 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 82 de la ley 15.057 —aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario—.
IV. En virtud de lo expuesto debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/02/2026 15:16:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/02/2026 09:39:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 11:18:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:19:00 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 13:20:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/02/2026 13:35:25 hs. bajo el número RS-5-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia