Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 133880
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada en cuanto desestimó in limine la demanda incoada y rechazó la medida cautelar solicitada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con nuevos jueces, proceda a sustanciar la acción deducida conforme lo indicado en el punto IV del voto emitido en primer término, aborde la pretensión cautelar y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 133.880, "Martinez, Osvaldo Roberto contra Municipalidad de Florencio Varela. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, rechazó in limine la acción de amparo sindical deducida, imponiendo las costas al amparista (v. sent. de fecha 6-XI-2024).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 25-XI-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, con anterioridad a la traba de la litis, declaró procesalmente inadmisible la acción de "amparo sindical" iniciada por el señor Osvaldo Roberto Martinez contra la Municipalidad de Florencio Varela; asimismo, rechazó la medida cautelar peticionada con el fin de obtener la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo hasta tanto se dicte sentencia definitiva (v. pronunciamiento de fecha 6-XI-2024).
Para así decidir, indicó en primer lugar que, mediante la acción de amparo sindical de autos, el actor peticionó la reinstalación a su puesto de trabajo con fundamento en la garantía de estabilidad que la ley 23.551 confiere a los representantes gremiales, y también, el dictado de una medida cautelar innovativa en procura de su reincorporación a sus tareas habituales por considerar violado su fuero gremial. Agregó, que sin perjuicio del encuadramiento inicial propuesto, el accionante introdujo en un capítulo de su demanda a la discriminación como causa de su cesantía en los términos de la ley 23.592, sosteniendo que fue motivada por su actividad gremial y reiterando la pretensión de reinstalación.
Continuando su análisis, señaló —en lo primordial— que para la procedencia del amparo sindical sustentado en la denuncia de violación a la libertad sindical se requiere que quien se atribuye la representación de intereses colectivos lo haga desde un lugar formalmente habilitado por la ley 23.551 a esos efectos, ya sea desde una asociación sindical con personería gremial o desde una asociación simplemente inscripta. Bajo ese razonamiento, estimó que si bien con la documentación acompañada se acreditó que el amparista prestaba tareas para la Municipalidad demandada y que formaba parte de una asociación de trabajadores municipales, surgía que el trámite de inscripción de esta última había sido iniciado, pero no se hallaba terminado, por ello, no resultaba de aplicación al caso, el llamado "fuero gremial".
Sentado lo anterior, sostuvo que existía un problema de tipo procesal para acceder al curso de la acción, en tanto el amparo sindical —dado su carácter excepcional— no sólo requiere la participación de una de aquellas asociaciones que reconoce la ley, sino que exige que los derechos que se reclaman no se encuentren amparados por ninguna otra vía judicial, extremo que no concurría en el caso, pues existían otras acciones para garantizar la libertar sindical y los derechos laborales del actor.
Adicionó, que tampoco soslayaba que la pretensión cautelar importaba no solo un adelanto de jurisdicción respecto de la acción principal, sino "uno más de los obstáculos para la procedencia del amparo, ya que existe para el supuesto la acción sumarísima de reinstalación".
Concluyó que la acción entablada resultaba procesalmente improponible.
II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 16, 18, 43 y 75 incs. 19 y 22 de la Constitución nacional; 11, 15, 20 inc. 2 y 39 incs. 2, 3 y 4 de la Constitución provincial; 3, 7 y 8 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 16, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; de los Convenios 87, 98, 111 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo; 1, 3, 4 y 47 de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592; 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 195, 230, 232, 321 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial; 2 inc. "b", 12, 32 y 33 de la ley 15.057 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 25-XI-2024).
Cuestiona que el tribunal de grado haya rechazado in limine la demanda sin siquiera conferir su traslado, en tanto sostiene —en esencia— que con ese proceder introdujo un control previo de admisibilidad, arbitrario y no previsto en el ordenamiento aplicable, vulnerando los arts. 2 inc. "b", 32 y 33 de la ley 15.057; 47 de la ley 23.551 y 1 de la ley 23.592.
Expresa que en virtud de los hechos que el a quo consideró acreditados —así, que el actor era trabajador municipal y que pertenecía a una asociación sindical de trabajadores municipales cuyo trámite de inscripción se encontraba iniciado—, debió sustanciar la acción de amparo entablada en los términos del art. 47 de la ley 23.551, ordenado el pertinente traslado y la producción de la prueba, bajo la obligación legal de garantizar el derecho a la libertad sindical que se denuncia conculcado.
Dice que el tribunal laboral también debió verificar si la cesantía denunciada se hallaba alcanzada por el art. 1 de la ley 23.592, conforme la protección contra el despido arbitrario y la garantía de tutela judicial continua y efectiva, y luego determinar el tipo de procedimiento correspondiente y ordenar —insiste— la debida sustanciación.
Alega que arbitrariamente se juzgó que la ausencia de terminación del trámite de inscripción gremial resulta insalvable a los fines de la viabilidad de la acción contemplada en el citado art. 47 de la ley sindical; asegura que ello no solo vulnera el contenido de dicho precepto al imponer una limitación o condición que no prevé, sino también a la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010) y L. 113.329", Auzoategui" (sent. de 20-VIII-2014).
Postula que la pretensión del tribunal de la instancia de dotar de condiciones especiales a la acción deducida sugiriendo la existencia de otras que podrían garantizar la libertad sindical y los derechos laborales del actor, atenta contra la letra de la ley 23.551, infringe normas procedimentales, se alza contra garantías constitucionales y emerge como denegatoria de justicia.
Controvierte los argumentos dados en el pronunciamiento para sustentar la procedencia de otros carriles para encausar el proceso. En particular, califica de absurdo e inatendible el fundamento dado para rechazar la medida cautelar peticionada, cuyo dictado, alega, permite el ordenamiento procesal y la doctrina legal que cita.
Denuncia que el órgano de grado incurrió en un error al considerar que el actor accionó por la vía específica de la tutela sindical regulada por el art. 48 de la ley 23.551 y no por la ley general, cuando resulta claro que se dedujo el amparo en los términos del art. 47 del referido cuerpo normativo.
Concluye que resulta evidente que el a quo aplicó sin decirlo el art. 8 de la ley 13.928 declarando procesalmente inadmisible la acción de amparo sindical, criterio que colisiona con el derecho de defensa, debido proceso y con la ley 15.057, además, con la doctrina sentada en las causas L. 116.783, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón" (sent. de 11-IX-2013) y L. 104.668, "Bravo" (sent. de 21-XII-2021).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ya he tenido oportunidad de señalar, incluso, en el marco del carril adjetivo previsto para el llamado "amparo sindical", que no encuentro que al tribunal de trabajo le esté vedada la facultad de disponer —en determinados supuestos— el rechazo in limine de la demanda (conf. arts. 11, 12, 31 y 89, ley 15.057 aplicable al caso; 34 inc. 5, 336 y 496, CPCC), solución a la que según el caso, puede arribar —agrego— con independencia del deber que contiene el art. 32 de la ley 15.057 orientado a hacer corregir los posibles errores u omisiones que pueda presentar la referida pieza procesal (v. mis votos en las causas L. 104.668, "Bravo", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.357 "Vera", sent. de 28-IX-2016).
Dable es recordar que "la sustanciación de las pretensiones articuladas por las partes, con constituir de común el trámite adecuado, con correlato en el principio de la bilateralidad de la audiencia, no puede considerarse esencial o insustituible" (conf. Morello-Sosa-Berizonce; "Códigos Procesales...", 2da. Edición reelaborada y ampliada, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, Tomo IV-B, 1990, pág. 117).
III.2. Sin dejar de ser ello cierto, en la especie el pronunciamiento debe ser revocado.
En efecto, rebasando todo examen de procedibilidad de la pretensión y —desde ya, aunque empleado el término por el a quo— alejado de la hipótesis de demanda "improponible", el diseño argumental desplegado inicialmente por el juzgador de grado para arribar a la solución en pugna, revela que el tratamiento de las cuestiones allí analizadas, referidas a la apuntada herramienta protectoria prevista en la ley 23.551 y a la eventual aplicación de las normas de la ley 23.592 a casos como el presente, debió ser objeto de un debate precedido de adecuada sustanciación.
Para más, el razonamiento plasmado en el pronunciamiento de grado, afincado en el estado en que se encontraría el trámite de inscripción de la asociación sindical a la que pertenece el actor y en aquella exigencia que anida en la existencia de otras vías judiciales, luce alejado de los concretos planteos que formuló el demandante en el plano individual, con sustento en su condición de trabajador y en la personal actividad sindical denunciada, todo ello, en el marco de la amplia tutela que contempla el mentado art. 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales y asimismo en la regulación que contiene el art. 1 de la ley 23.592. En parte, en lo tocante al segundo trazo argumental del fallo antes descripto, la lógica del tribunal de la instancia parece responder a la exigencia de los requisitos establecidos en la ley provincial 13.928 para la viabilidad de la acción común de amparo, algo impropio en el marco de la acción entablada en estas actuaciones (conf. causa L. 117.729, "Zimmerman", sent. de 12-XI-2014).
Y en este contexto, es al menos llamativo que en la resolución en crisis no se observe cita alguna del mentado art. 47 de la ley 23.551, y, antes bien, se haya entendido que el actor hubo de accionar "por la vía específica de la tutela sindical regulada por los arts. 48 y ccds." de la misma ley.
De suyo, y en concordancia con lo señalado por esta Suprema Corte en el precedente L. 116.783, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón" (sent. de 11-IX-2013), no es ocioso recordar que las acciones de amparo sindical dirigidas a obtener el cese de los comportamientos antisindicales con fundamento en el art. 47 de la ley 23.551, deben ser tramitadas ante "los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones" (art. 63, inc. "c", ley cit.), siendo que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la aptitud jurisdiccional para intervenir en procesos de esa índole corresponde a los tribunales del trabajo, toda vez que nos encontramos ante "acciones respecto de las cuales el régimen de las asociaciones sindicales establezca la competencia local" (art. 2 inc. "b", ley 15.057).
III.3. Con todo, resulta claro que, atendiendo a los planteos introducidos en la demanda, el debate debió estar precedido de adecuada sustanciación.
En fin, al desestimar in limine la demanda por los motivos que expuso, el tribunal de origen vulneró el art. 47 de la ley 23.551, se excedió en el ejercicio de sus atribuciones (art. 336, CPCC) y violó los arts. 32 y 33 de la ley 15.057, evidenciando un accionar reñido con las garantías que hacen al debido proceso (art. 18, Const. nac.).
III.4. Con lo hasta aquí señalado, debe dejarse sin efecto no sólo la decisión que rechazó la demanda, sino también aquella que denegó la medida cautelar peticionada, ésta última, ya con basamento en sucintas expresiones enlazadas con el análisis de la acción principal y no exentas de dogmatismo.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso traído y revocar la resolución de grado en cuanto en ella se desestimó in limine la demanda instaurada y se rechazó la medida cautelar solicitada. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, integrado con nuevos jueces, proceda a sustanciar la acción deducida con arreglo al trámite previsto para el proceso sumarísimo reglado por el art. 47 de la ley 23.551 (arts. 496, CPCC y 89, ley 15.057), aborde la pretensión cautelar y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al doctor Soria, con excepción de lo expuesto en el apartado III.1 de su voto, en tanto las consideraciones allí expuestas no resultan, a mi criterio, indispensables para resolver el recurso (sin perjuicio de ello, puede verse mi opinión sobre el punto en las causas L. 117.729, "Zimmerman", sent. de 12-XI-2014 y L. 119.357, "Vera", sent. de 28-IX-2016).
En efecto, lo relevante a mi modo de ver radica en que —como agudamente señala el ponente en el resto de su exposición— el tribunal de grado vulneró, entre otros preceptos, el art. 47 de la ley 23.551 al desestimar la demanda en la forma en que lo hizo.
Por los motivos expuestos, y reiterando mi sustancial aquiescencia con el doctor Soria, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada en cuanto desestimó in limine la demanda incoada y rechazó la medida cautelar solicitada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con nuevos jueces, proceda a sustanciar la acción deducida conforme lo indicado en el punto IV del voto emitido en primer término, aborde la pretensión cautelar y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/02/2026 15:16:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 13:33:14 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/02/2026 11:18:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2026 23:57:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2026 09:18:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/02/2026 10:00:58 hs. bajo el número RS-7-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia