Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 139665
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la demanda incoada por la señora Mirta Gladys García contra la Provincia de Buenos Aires, en cuanto procuraba el cobro de liquidación final, rubros indemnizatorios derivados del despido invocado y salarios caídos (v. pronunciamiento de fecha 30-XII-2025).
Para así decidir, señaló que ambas partes fueron contestes en que el día 26 de febrero de 2018 suscribieron un acuerdo de desvinculación en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, conviniéndose el pago a la trabajadora de una suma en concepto de gratificación extraordinaria con más la liquidación final con motivo del cese. Empero, juzgó que la accionante no logró acreditar que dicha desvinculación hubiese configurado como alega- un despido encubierto, ni que haya existido un vicio en su voluntad al momento de celebrar el mentado acuerdo extintivo.
Agregó que, en tal contexto, no obsta el carácter de delegada sindical de la trabajadora o la supuesta falta de inicio de un proceso de exclusión de tutela sindical, en tanto la previsión del art. 52 de la ley 23.551 invocada en sustento de la pretensión sólo hace referencia a casos de decisión unilateral por parte del empleador.
Ello así, rechazó la demanda en su totalidad e impuso las costas a la parte actora con el beneficio de gratuidad que -señaló- le concede la ley del fuero.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 16-II-2026), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. de fecha 3-III-2026).
II.1. Denuncia que la sentencia atacada realiza un incorrecto encuadre jurídico por cuanto enmarca al acuerdo extintivo de la relación laboral bajo la figura del mutuo acuerdo establecido en el art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando conforme se desprende del mismo, de lo denunciado en la demanda y de la prueba rendida que aquel respondió a un acuerdo transaccional celebrado en los términos del art. 15 de la citada ley.
En dicha línea, postula que el juzgador violó el principio sentado en el art. 9 del mismo cuerpo legal, en tanto -sostiene- ante la duda, debió optar por la aplicación de la norma que imponga mayores requisitos para la extinción de una relación laboral por las partes como lo es el aludido art. 15, máxime cuando la actora detentaba un cargo gremial con tutela sindical vigente al momento de la disolución del vínculo.
En este marco, denuncia absurdo en la apreciación de la prueba producida, en particular la testimonial, toda vez que -según alega- los testimonios recibidos comprobaron la presión ejercida por la demandada para la suscripción del acuerdo de desvinculación.
II.2. Asimismo, se agravia de la imposición de costas a la actora vencida por resultar contraria a lo establecido en el art. 24 de la ley 15.057.
Alega que en el caso concurren circunstancias objetivas que demuestran la existencia de una causa razonable para litigar, por lo que solicita la exención de las costas a la accionante o su imposición a la demandada.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria representado por el monto reclamado en la demanda con más el importe de las costas de cuya imposición también se agravia- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según resolución 1.840/2024, sin que obste a ello lo expuesto en la presentación en estudio (v. apdo. II), en tanto constituyen meras apreciaciones del recurrente. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto adjetivo (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
A continuación, y a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante en su escrito, es preciso afirmar que no se encuentra involucrada como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
En este contexto, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación, no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatibles con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causa L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX-2024).
III.2. De suyo, entonces, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.3. Bajo tales premisas, la exclusión de dicha hipótesis se impone nítida desde que la interesada prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021, L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y L.133.118, "Montenegro", resol. de 12-V-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:33:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 14:42:01 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:02:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:49:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:23:57 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:08:13 hs. bajo el número RR-2084-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia