Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74712
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la parte demandada por resultar vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 3 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.712 "Ortega, Cesar David s/Amparo".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -en lo que aquí interesa- confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 14 de la ordenanza municipal 22.065, ordenando la reactivación del trámite iniciado por el actor para la renovación de su licencia de conducir sin condicionamiento alguno (v. fs. 115/123).
Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 127/140), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 141.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 146) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El titular del Juzgado de Garantías n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la acción de amparo promovida por César David Ortega contra la Municipalidad de General Pueyrredón y declaró la inconstitucionalidad del art. 14 de la ordenanza 22.065. Consecuentemente, mandó a la comuna a iniciar el trámite de otorgamiento de la licencia de conducir del actor sin exigirle la cancelación y/o la regularización de la deuda por infracciones de tránsito que registra el amparista. Impuso las costas del proceso a la parte demandada (v. fs. 78/83).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, en lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, confirmó la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 14 de la ordenanza municipal 22.065 y ordenó la reactivación del trámite iniciado por el actor para la renovación de su licencia de conducir sin condicionamiento alguno.
Rechazó el planteo de la demandada mediante el cual pretendió diferenciar lo dispuesto por el art. 14 de la ordenanza municipal con la norma reputada inconstitucional en el precedente de ese tribunal, causa A-4549-DO1, "Del Campo", sentencia de 5-II-2015. Entendió que no cambia, en esencia, que la normativa comunal no exija el pago propiamente dicho de la multa sino la acreditación de la regularización de la deuda.
Consideró que la endeble argumentación de la apelante consistió en una mera disconformidad con lo resuelto en el grado sin portar fundamentos suficientes para modificar lo dispuesto por el a quo , ni tampoco permitió trazar una distinción gravitante para no hacer extensivo al caso, todas las consideraciones jurídicas que esa Cámara hiciera en la mencionada causa "Del Campo", confirmada por otros precedentes posteriores.
En concreto, la Cámara confirmó que luce ajustada a derecho la inconstitucionalidad de la norma referida, tal como el mismo tribunal argumentó en el precedente "Del Campo".
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Municipalidad demandada denuncia la violación de los arts. 5, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita. También acusa absurdo.
Aduce que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial.
Destaca que el a quo desconoce que la reglamentación tachada de inconstitucional tiene su razón de ser en el cumplimiento de la cláusula vigésima de la ley nacional 26.353 y que la medida impuesta es complementaria de otros mecanismos (informativo, educativo, e.o.).
Sostiene que el precepto legal adoptó lo establecido en la citada normativa nacional, que recepta el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscripto por la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias, que acuerdan jerarquía nacional a la expedición de las licencias de conducir. Señala que es pública y notoria la reducción de accidentes en rutas provinciales desde su implementación.
Expresa que el pago de una multa no convierte al infractor en hábil conductor o garantiza en forma automática la seguridad vial y que la razón de ser del art. 14 de la ordenanza municipal 22.065, es el cumplimiento de un compromiso ratificado por el Congreso nacional, que transformó la seguridad vial en una cuestión prioritaria de alcance para todo el país, por lo que no puede afirmarse que resulte irrazonable en los términos del art. 28 de la Constitución nacional.
Señala que la reglamentación practicada por el poder ejecutivo municipal no está alterando ningún derecho adquirido del amparista, sino que se identifica con el cumplimiento de un procedimiento que se le siguiera con todas las garantías del proceso en los juzgados de faltas municipales.
Aduce que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y debe ser decretada última ratio cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución nacional, circunstancia que no se da en autos. Por el contrario, la inconstitucionalidad confirmada por el Tribunal de Alzada no cumple tales extremos básicos ni se advierte violación de los derechos de transitar libremente y trabajar, analizados de manera sesgada por el resolutorio atacado.
No hay aquí, asevera, un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Municipalidad de General Pueyrredón, por cuanto la autoridad se limitó a exigir al amparista el cumplimiento de los recaudos exigidos por lo normado en el art. 14 de la ordenanza municipal 22.065; de su lado, aquella no precisó ni probó que los restantes carriles procesales no constituyeran remedios idóneos y eficaces para la protección de sus derechos.
Alega que la Cámara contradijo su propia postura, expresada en diversas causas, respecto a la improcedencia de la acción entablada y a la doctrina sentada por esta Corte en la causa B. 65.096, "Sagrario Casas", sentencia de 23-II-2005, entre otras, y que incurre en absurdo al efectuar un esfuerzo para demostrar la pertinencia del amparo como único instrumento eficaz que torne viable la pretensión entablada.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Desde la perspectiva de la cuestión de fondo planteada, el detenido análisis del contenido de la impugnación deducida permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación. Ello resulta en punto a dos cuestiones centrales que atañen a esa técnica, si se confrontan el recurso deducido con las normas que establecen los recaudos que éstos deben cumplir (art. 279 y concs., CPCC) en orden a una fundamentación precisa y clara de los agravios expuestos, como así también la de su posterior explicación.
La lectura del escrito de interposición del remedio extraordinario permite advertir, en este caso, que los argumentos que lo sustentan no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esa naturaleza y tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para convalidar su suficiencia.
El art. 279, en su segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción "deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error".
Sobre ello este Tribunal dijo que, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; A. 74.700, "López Jofre", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial- y la existencia de medios judiciales idóneos a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria impuesta como es el proceso de apremio.
Por el contrario, el recurrente para justificar la razonabilidad de la medida dispuesta por el precepto legal en cuestión alude a que la ley nacional 26.353 -a la cual adhiere nuestra ley provincial 13.927- recepta el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, el cual transformó a esta última como una cuestión prioritaria de alcance nacional y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad.
Mas no acredita con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito.
IV.2. Asimismo, el impugnante omite individualizar la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia que aduce erróneamente aplicada. Concretamente, se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar su aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico.
Este Tribunal tiene dicho que la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, "Consorcio de Propietarios Parque Aranda", sent. de 29-IV-2009 y C. 107.960, "Talavera", sent. de 5-IV-2013), aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación.
IV.3. Igual suerte ha de correr la denuncia de absurdo, el cual se configura mediante un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa.
Para que proceda este agravio es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016), recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
IV.4. En otro orden, la pieza recursiva se limita a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 5, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional-, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que aquellos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. causas Ac. 94.316, "F., E. A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
Idéntica insuficiencia porta el agravio vinculado con la violación del principio de separación de poderes y de la autonomía municipal.
IV.5. Tampoco merece acogida el argumento esbozado por la recurrente en relación a que el pago de las multas previo a la renovación de la licencia de conducir tiende a proteger la seguridad vial.
Es por ello, que al igual que en el agravio antecedente, resultan aplicables al presente caso, precedentes de esta Corte que expresan que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento impugnado.
Así, nuevamente, la impugnante -efectuando alegaciones genéricas e hipotéticas- no rebate los argumentos explicitados por el Tribunal de Alzada, por lo que deja incólume lo referido a que el pago de las multas por las infracciones cometidas por quien ha obrado con imprudencia en la conducción de un vehículo no lo torna por sí solo en un juicioso o hábil conductor y que es obligación de la parte demandada adoptar medios conducentes y razonables que mejor servirían para asegurar la prevención de la accidentalidad y garantizar la seguridad de las personas que interactúan en la cadena vehicular.
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o argumentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas Ac. 73.447, "Devalle", sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, "Quinteros Palacio", sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, "Farías", sent. de 19-III-2003 y C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014).
V. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código procesal, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la parte demandada por resultar vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia