Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74832
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la parte demandada vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 3 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.832, "Ball, Walter c/ Municip. Gral. Pueyrredon s/Amparo".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -en lo que aquí interesa- rechazó los recursos de apelación impetrados por la Municipalidad de General Pueyrredón -ver fs. 265/269- y por la Provincia de Buenos Aires -ver fs. 273/284- y, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado dictada a fs. 247/261 en cuanto hizo lugar a la acción de amparo promovida y ordenó a las codemandadas dar inicio al trámite de renovación de la licencia habilitante para conducir automóviles correspondiente al señor Ball (v. fs. 310/324).
Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 330/341), que fue concedido por la Cámara a fs. 343.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 348) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata -en lo que aquí interesa- decidió rechazar los recursos de apelación impetrados por la Municipalidad de General Pueyrredón -ver fs. 265/269- y por la Provincia de Buenos Aires -ver fs. 273/284- y, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado de fs. 247/261 en cuanto -en los puntos I y II del fallo- hizo lugar a la acción de amparo promovida y ordenó a las codemandadas dar inicio al trámite de renovación de la licencia habilitante para conducir automóviles correspondiente al señor Ball, e impuso las costas de la instancia de grado a las codemandadas en su objetiva calidad de vencidas.
Sostuvo que la norma impugnada, que impone el pago de las infracciones de modo ineludible para la entrega del duplicado de la licencia, vulnera principios de rango constitucional y que, si bien es cierto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del ordenamiento, la reglamentación aludida que exige el pago de la multa para la renovación de la licencia de conductor resulta violatoria del principio constitucional de razonabilidad (art. 28, Const. nac.), conduciendo -en definitiva- a una afectación del derecho a la libre circulación.
Consideró que lo señalado no se dirige a lograr la seguridad vial, sino que tiene afán claramente recaudatorio y que aquel propósito no se condice con el medio empleado, porque la administración cuenta con vías ejecutivas más apropiadas para su cobro rápido y eficaz (conf. art. 35 bis, ley 13.927, t.o. ley 14.393).
Adujo que la disposición reglamentaria desconoce o restringe derechos que la ley reglamentada otorga, subvierte su espíritu y finalidad, contraría el principio de jerarquía normativa, configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo, infringe el principio de razonabilidad, lleva a cabo una indebida discriminación en razón de la situación económica, sobrepasa la proporcionalidad de la punición, etcétera, circunstancias por las que declaró su invalidez e inaplicabilidad.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el apoderado de la Fiscalía de Estado denuncia errónea y arbitraria interpretación de la ley 26.353 y violación de los arts. 5, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional. También alega absurdo.
Aduce que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial, que el art. 10 inc. 3 anexo II del decreto 532/09 tiene su razón de ser en el cumplimiento de la cláusula vigésima de la ley nacional 26.353 y que la medida impuesta es complementaria de otros mecanismos.
En defensa del precepto legal alega que resulta una adaptación de lo establecido por la normativa nacional en cumplimiento de un compromiso ratificado por el Congreso nacional, que aunque el pago de una multa no convierte al infractor en hábil conductor o garantiza en forma automática la seguridad vial, es pública y notoria la reducción de accidentes en rutas provinciales desde su implementación, que ello es parte de políticas idóneas y eficaces para tutelar un bien jurídico tan trascendental como es la seguridad vial, porque ello implica desconocer la problemática imperante en nuestro territorio.
Aduce que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y debe ser decretada última ratio cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución nacional, circunstancia que no se da en autos. Por el contrario, la inconstitucionalidad confirmada por el Tribunal de Alzada no cumple tales extremos básicos ni se advierte violación de los derechos de transitar libremente y trabajar, analizados de manera sesgada por el resolutorio atacado.
No hay aquí, asevera, un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la autoridad se limitó a exigir a la amparista el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley provincial 13.927 y las leyes nacionales 23.363 y 24.449; de su lado, aquélla no precisó ni probó que los restantes carriles procesales no constituyeran remedios idóneos y eficaces para la protección de sus derechos.
Por último, afirma que la ley nacional 26.353 no ha sido declarada inconstitucional, por lo que aduce que el art. 10 inc. 3 del decreto 532/09 tampoco podría serlo, pues cumple con lo establecido por la primera norma citada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Un detenido análisis de la impugnación deducida permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación. Ello se revela en dos cuestiones centrales: en primer lugar, los argumentos que sustentan el recurso no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esta naturaleza y, en segunda instancia, tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para su recepción.
El art. 279 en su segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción "deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error".
Sobre ello este Tribunal dijo que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley debe cumplir con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial-, y al señalar que existe un medio judicial mucho más idóneo a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria (el proceso de apremio).
Contra tal decisión, resulta débil la argumentación que se limita a exponer que el precepto legal impugnado tiene como cuestión prioritaria la seguridad vial y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad, desde que no acredita con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito.
III.2. Asimismo, el impugnante se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar su aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico a ser usada por los jueces, pero omite considerar que los precedentes de otros órganos judiciales no resultan eficaces para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, "Consorcio de Propietarios Parque Aranda", sent. de 29-IV-2009 y C. 107.960, "Talavera", sent. de 5-IV-2013), aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III.3. Igual suerte ha de correr la denuncia de absurdo. Tal vicio se configura cuando se incurre en un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa.
Para que proceda el agravio basado en él, es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016), recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
III.4. En otro orden, la pieza recursiva se limita a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 17, 18 y 31 de la Constitución nacional-, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que aquéllos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. Ac. 94.316, "F., E. A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código procesal, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la parte demandada vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia