Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75056
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la parte demandada por resultar vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 3 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.056, "Ferreyra Domínguez Ortíz, Ernesto Nicolás contra Municipalidad de Berazategui. Amparo".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la decisión del juez de grado y declaró la inconstitucionalidad del art. 10, inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 369/375).
Contra dicho pronunciamiento la codemandada Fiscalía de Estado, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 379/391), que fue concedido por la Cámara a fs. 393/394.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 398) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El Tribunal del Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó el amparo interpuesto por el actor. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el accionante y revocó el pronunciamiento de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad del art. 10, inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 369/375).
En tal sentido, el Tribunal de Alzada sostuvo que la reglamentación aludida, en cuanto exige el pago de la multa de manera ineludible para la renovación de la licencia de conductor, resulta violatoria del principio constitucional de razonabilidad (art. 28, Const. nac.), conduciendo -en definitiva- a una afectación al derecho a la libre circulación.
Consideró que tal exigencia no tiende a un objetivo vinculado con la seguridad vial, sino que posee un fin claramente recaudatorio que no se condice con el medio empleado.
Adujo que la disposición reglamentaria desconoce y restringe derechos que la ley reglamentada otorga, subvierte su espíritu y finalidad, contraría el principio de jerarquía normativa, configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo, e infringe el principio de razonabilidad, y resulta violatorio de las garantías relacionadas al trabajo y el ejercicio de actividad lícita y a la igualdad, así como también al núcleo protectorio de las libertades personales del art. 18 de la Constitución nacional.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el apoderado de la Fiscalía de Estado denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 1 y 8 de la ley 13.927; 10, inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09; cláusulas 3 y 10, ley 26.353; leyes 24.449, 26.363 y violación de los arts. 5, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional y de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte de Justicia referidas a los requisitos de procedencia para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal. También alega absurdo.
Expresa que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial. Con tal sentido, sostiene que el art. 10, inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, tiene su razón de ser en el cumplimiento de la cláusula vigésima de la ley nacional 26.353 y que la medida impuesta es complementaria de otros mecanismos.
En defensa del precepto legal alega que resulta una adaptación de lo establecido por la normativa nacional en cumplimiento de un compromiso ratificado por el Congreso nacional. Aduce que, aunque el pago de una multa no convierte al infractor en hábil conductor o garantiza en forma automática la seguridad vial, es pública y notoria la reducción de accidentes en rutas provinciales desde su implementación, de la que deriva su idoneidad y eficacia para tutelar un bien jurídico tan trascendental como es la seguridad vial.
Aduce que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y debe ser decretada cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución, circunstancia que no se da en autos. Afirma que, por el contrario, la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal de Alzada no cumple con aquellos extremos básicos, ni advierte violación de los derechos de transitar libremente y trabajar, analizados de manera sesgada por el resolutorio atacado.
No hay aquí, asevera, un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la autoridad se limitó a exigir a la amparista el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley provincial 13.927 y leyes nacionales 23.363 y 24.449 y, de su lado, aquella no precisó ni probó que los restantes carriles procesales no constituyeran remedios hábiles para la protección de sus derechos.
Por último, afirma que la ley nacional 26.353 no ha sido declarada inconstitucional, por lo que aduce que el art. 10, inc. 3 del decreto 532/09 tampoco podría serlo, pues cumple con lo establecido por la primera norma citada.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. El detenido análisis del contenido de la impugnación deducida permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación. Ello resulta en punto a dos cuestiones centrales que atañen a esa técnica, si se confrontan el recurso deducido con las normas que establecen los recaudos que estos deben cumplir (art. 279 y concs., CPCC) en orden a una fundamentación precisa y clara de los agravios expuestos, como así también la de su posterior explicación. La lectura del escrito de interposición del remedio extraordinario permite advertir, en este caso, que los argumentos que lo sustentan no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esa naturaleza y tampoco cumplen los extremos en rigor exigidos por la jurisprudencia de esta Suprema Corte para convalidar su suficiencia.
El art. 279, del Código Procesal Civil y Comercial, en su segunda parte dispone que el escrito de deducción deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error.
El escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley debe cumplir con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial-, y al señalar que existe un medio judicial mucho más idóneo a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria (el proceso de apremio).
Contra eso, resulta débil la argumentación que se limita a exponer que el precepto legal de mención tiene como cuestión prioritaria la seguridad vial y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad, desde que no acredita con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito.
III.2. Asimismo, el impugnante omite individualizar la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia que aduce erróneamente aplicada. Concretamente, se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar su aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico, pero omite considerar que los precedentes de otros órganos judiciales no resultan eficaces para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley, en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, "Consorcio de Propietarios Parque Aranda", sent. de 29-IV-2009 y C. 107.960, "Talavera", sent. de 5-IV-2013), aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación.
III.3. Igual suerte ha de correr la denuncia de absurdo.
Para que proceda este agravio, es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016), recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
III.4. En otro orden, la pieza recursiva se limita a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 17, 18 y 31 de la Constitución nacional-, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que aquéllos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. causas Ac. 94.316, "F., E.A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código procesal, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 289 in fine, CPCC)
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la parte demandada por resultar vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia