Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74567
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la parte demandada por resultar vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 3 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.567 "García Choque, Víctor c/Dcción. Prov. Política y Seg. Vial s/Amparo".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, revocó el pronunciamiento de primera instancia, declaró procedente la acción de amparo deducida y la inaplicabilidad al caso del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 163/167).
Contra dicho pronunciamiento el apoderado de la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 174/185), el que fue concedido por la Cámara (v. fs. 187/188).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 196) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de primera instancia, declaró procedente la acción de amparo deducida y la inaplicabilidad al caso del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 163/167).
Para así resolver, el Tribunal de Alzada sostuvo que los fundamentos se sostienen en un doble orden de razones, de un lado, el referido a la grada jerárquica de la norma descalificada -art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09, de ejecución de la ley provincial 13.927-, que trasunta el exceso reglamentario incurrido, al establecer una exigencia imprevista en la preceptiva legal, trasvasando así el principio de supremacía jurídica.
Del otro, razonó sobre la propia condición para obtener la licencia, consistente en una circunstancia -tener el libre deuda de infracciones de tránsito- que no se ajusta a la finalidad esgrimida -seguridad vial, aptitud para conducir- para dotarla de cobertura jurídica ni encuentra sustento en la preceptiva reglamentada, quebrándose así la proporción que ha de guardar una restricción con el propósito que la justifique y el espíritu que la informe.
Sostuvo que la imprecisión y generalidad de la norma queda evidenciada, pues la pendencia de pago obsta al trámite de la renovación o concesión de la licencia de conducir, y desnuda un propósito que difiere notoriamente del que se predica por las demandadas, relativo a la salvaguarda de la seguridad vial, pues además de lo expuesto, no se advierte de qué modo ese bien quedaría a resguardo por el sólo hecho de haberse abonado la deuda, sin más.
Por último, señaló que la ruptura de la juridicidad se constata en atención a ambas razones, pues al nivel inferior de la previsión, que prescribe un requisito que supera la mera ejecución de la ley, se suma la alteración del espíritu de esta última, imponiendo un presupuesto que no guarda congruencia con la aptitud del peticionario o la seguridad de la actividad a desarrollar. Y deviene, por otra parte, en un impedimento insalvable e insuperable sin satisfacerse el pago en cuestión.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el apoderado de la Fiscalía de Estado denuncia errónea interpretación del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09 y violación de los arts. 5, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional y la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte de Justicia referidas a los requisitos de procedencia para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal (v. fs. 174/185). Alega absurdo.
Aduce que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial, que el art. 10 inc. 3 anexo II del decreto 532/09 tiene su razón de ser en el cumplimiento de la cláusula vigésima de la ley nacional 26.353 y que la medida impuesta es complementaria de otros mecanismos.
En defensa del precepto legal alega que resulta una adaptación de lo establecido por la normativa nacional en cumplimiento de un compromiso ratificado por el Congreso nacional, que aunque el pago de una multa no convierte al infractor en hábil conductor o garantiza en forma automática la seguridad vial, es pública y notoria la reducción de accidentes en rutas provinciales desde su implementación, que ello es parte de políticas idóneas y eficaces para tutelar un bien jurídico tan trascendental como es la seguridad vial, porque ello implica desconocer la problemática imperante en nuestro territorio, que la multa tiene un efecto, etcétera.
Aduce que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y debe ser decretada última ratio cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución nacional, circunstancia que no se da en autos. Por el contrario, la inconstitucionalidad confirmada por el Tribunal de Alzada no cumple tales extremos básicos ni se advierte violación de los derechos de transitar libremente y trabajar, analizados de manera sesgada por el resolutorio atacado.
No hay aquí, asevera, un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la autoridad se limitó a exigir a la amparista el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley provincial 13.927 y leyes nacionales 23.363 y 24.449; de su lado, aquella no precisó ni probó que los restantes carriles procesales no constituyeran remedios idóneos y eficaces para la protección de sus derechos.
Alega que la Cámara contradijo su propia postura, expresada en diversas causas, respecto a la improcedencia de la acción entablada y a la doctrina sentada por esta Corte en la causa B. 65.096, "Sagrario Casas", sent. de 23-II-2005 -entre otras- y que incurre en absurdo al efectuar un esfuerzo para demostrar la pertinencia del amparo como único instrumento eficaz que torne viable la pretensión entablada.
Por último, afirma que la ley nacional 26.353 no ha sido declarada inconstitucional, por lo que aduce que el art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09 tampoco podría serlo, pues cumple con lo establecido por la primera norma citada.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer término, y en lo referido a la improcedencia de la vía del amparo, la recurrente alega que no existió un acto manifiestamente arbitrario o ilegal, que la cuestión planteada debió canalizarse bajo las pretensiones que prevé el Código Contencioso Administrativo -arts. 1, 2 y 12- habiendo debido demostrar el actor que el amparo era el proceso más idóneo.
Sin embargo, sus argumentos carecen de entidad en razón de basarse en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes, en tanto omite atacar el fundamento sobre el cual se asienta el pronunciamiento impugnado en relación a la procedencia de la acción promovida.
En efecto, la sentencia no sólo descartó los cuestionamientos introducidos en la apelación, sino que, ponderando los derechos que la actora alega conculcados y a su ofensiva contra la constitucionalidad de la exigencia de cancelación de multas para tramitar licencia de conducir, concluyó en la procedencia de la vía usada.
Ninguna de sus razones ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida por este Tribunal para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, resultando insuficiente aquel que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento (conf. causas Ac. 39.671, "Estévez", sent. de 7-VI-1988; Ac. 55.498, "De Cunto", sent. de 26-IX-1995; Ac. 73.602, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-XI-2000; A. 71.535, "A., G. C.", sent. de 30-X-2013; e.o.).
En el caso, la recurrente sólo se limita a esbozar genéricamente que el accionante debió demostrar la idoneidad del amparo, pero omite indicar la falla del decisorio o las transgresiones que atribuye a los juzgadores. En definitiva, no pasan sus asertos de la mera enunciación (conf. causas Ac. 83.252, "Aguirre", sent. de 3-XII-2003 y A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014), cuando es sabido que resulta requisito de ineludible cumplimiento la crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido.
En cuanto a la mención de la doctrina legal de esta Suprema Corte que se alega conculcada, cabe señalar que resulta inapropiada la cita de aquella cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente invocado (conf. causas Ac. 76.777, "Cooperativa Agrícola Ltda. La Victoria", sent. de 28-III-2001; Ac. 76.888, "Cabrejas de Aló", sent. de 19-II-2002; Ac. 84.617, "Carpignano", sent. de 5-V-2004; A. 68.808, "Maidana"; A. 68.817, "Bersani Ledesma", sent. de 20-VI-2007; e.o.).
Este aspecto del planteo resulta, entonces, insuficiente (art. 279, CPCC).
III.2. Analizando ahora la cuestión de fondo, un detenido análisis de la impugnación deducida permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación. Ello se revela en dos cuestiones centrales: en primer lugar, los argumentos que sustentan el recurso no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esta naturaleza y, en segunda instancia, tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para su recepción.
El art. 279, en su segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción "deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error".
Sobre ello, este Tribunal dijo que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley debe cumplir con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial-, y al señalar que existe un medio judicial mucho más idóneo a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria (el proceso de apremio).
Contra eso, resulta débil la argumentación que se limita a exponer que el precepto legal en cuestión tiene como cuestión prioritaria la seguridad vial y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad, desde que no acredita con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito.
III.3. Asimismo, el impugnante omite individualizar la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia que aduce erróneamente aplicada. Concretamente, se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar su aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico a ser usada por los jueces, pero omite considerar que los precedentes de otros órganos judiciales no resultan eficaces para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, "Consorcio de Propietarios Parque Aranda", sent. de 29-IV-2009 y C. 107.960, "Talavera", sent. de 5-IV-2013), aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación.
III.4. Igual suerte ha de correr la denuncia de absurdo. El mismo se configura cuando se incurre en un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa.
Para que proceda este agravio, es necesario demostrar que lo concluido por el Tribunal es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016), recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
III.5. En otro orden, la pieza recursiva se limita a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 17, 18 y 31 de la Constitución nacional-, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que aquéllos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. Causas Ac. 94.316, "F., E. A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código procesal, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la parte demandada por resultar vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia