Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123366
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aceptar la excusación planteada (arts. 17, inc. 7°, CPCC.) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"TOLOSA PAZ VICTORIA C/ ELEPRINT SA Y OTROS S/ AMPARO"
La Plata, 17 de Julio de 2019.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Torres dijeron:
I. En la presente causa obra la excusación del señor Juez doctor Daniel Fernando Soria, fundada en la causal prevista en el art. 17 inc. 7° del Código Procesal Civil y Comercial, la que corresponde que sea aceptada.
II. La amparista deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley en razón de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. fs. 612/631 vta. y 606/608 vta.).
Aquí, en el marco de un proceso de amparo colectivo incoado por la señora Victoria Tolosa Paz contra las firmas ELEPRINT S.A., ECAS S.A., OCSA S.A. e INSA S.A., la Cámara interviniente confirmó la decisión del juez de origen que -a su turno- se inhibiera de conocer en las actuaciones, ordenando su remisión al fuero federal. Asimismo, el Tribunal de Alzada desestimó la medida de no innovar solicitada por la accionante (v. fs. 512/514 vta. y fs. 579/586).
III. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, propiedad, defensa del consumidor y la vulneración del sistema republicano de gobierno (arts 1, 5, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 41, 42, 43, 75 inc 22, 116, 117, 121 y 123 Const. Nac.; 8, 23 y 25, CADH; v. fs. 614 vta., 616 y vta., 620/621 vta., 623/624, 625 y 630/631).
III.1. Sostiene que la sentencia en crisis ponderó -dogmáticamente, según su punto de vista- que no se acreditó el absurdo denunciado y que los embates dirigidos a atacar la improcedencia de la medida cautelar constituían una cuestión de hecho y prueba ajena a su ámbito. Asevera que, contrariamente a lo expuesto, en la vía recursiva local se demostró que el a quo se había apartado del derecho invocado y las constancias de la causa (v. fs. 621 vta./622 vta. y 626 vta./628 vta.).
En tal sentido, aduce que en el remedio local se argumentó -suficientemente, de acuerdo con su modo de ver- la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que sustentarían la admisión de la mentada medida cautelar. Asimismo, allí se explicó que la Ordenanza municipal 7811 prohíbe de modo explícito el tipo de construcciones como la de autos y -además- coloca en cabeza del Concejo Deliberante de La Plata -y no del Estado Nacional- la facultad de autorizar obras sobre el espacio público municipal y apertura de calles (v. fs. 622 vta. y 626 vta./629).
Agrega que esta Suprema Corte, al igual que la instancia anterior en grado, se apartó de la norma legal aplicable al caso y soslayó evaluar la cautelar solicitada como ambiental, con base en el principio precautorio y preventivo. Cita, en apoyo de su postura, los fallos de Corte Suprema nacional que entiende aplicables al caso (v. fs. 622 vta./623).
III.2. Cuestiona, por otro lado, que este Tribunal confirmara -también dogmáticamente, a su entender- la competencia federal. Así, aduce que se omitió examinar los planteos introducidos referidos a que la Nación carece de interés legítimo en autos -por no ser parte en la presente controversia- y se prescindió del examen de la normativa local involucrada, quitándole entidad a las ordenanzas y leyes provinciales locales (v. fs. 625/626 vta.).
Y expone que lo aquí resuelto implica suprimir la autonomía municipal y los poderes no delegados de las provincias, al quedar sujetos a la decisión de un funcionario nacional, quien sin autorización del Congreso podría pavimentar cualquier territorio municipal, configurando una agresión al ejido comunal y la destrucción del patrimonio cultural y ambiental con carácter de irreversible (v. fs. 622/623 y 626 y vta.).
Así, indica que las decisiones dictadas en autos no contemplan los fundamentos referidos al daño irreparable y la gravedad institucional que el caso posee, dado que el perjuicio excede al interés de las partes y resulta manifiesta la falta de oportunidad útil posterior para la tutela del bien colectivo que se deja destruir (v. fs. 624 vta./625 y 631 vta.).
III.3. Finalmente, alega exceso de rigor formal en relación a la insuficiencia decretada en cuanto a la doctrina legal de la Suprema Corte que se reputó violada en el remedio local. En ese aspecto, invoca que en los procesos vinculados a la preservación del entorno es imprescindible analizar la cuestión a la luz de la Constitución nacional, su par provincial, la ley 11.723 y la Ley General del Ambiente 25.675. Por el contrario, denuncia que la Cámara sólo aplicó lo normado en el código de rito local a efectos de resolver la cautelar, aún cuando se trataba de un amparo ambiental y de consumo en su calidad de usuaria (v. fs. 629 y vta.).
IV.1 Liminarmente, cabe recordar que el recurso extraordinario federal es una vía excepcional en razón de los motivos especiales que lo habilitan (art. 14, ley 48 y su doctrina). No resulta -entonces- admisible dicho remedio cuando se lo articula contra decisiones que no son susceptibles de ser revisadas a través de este medio particular de impugnación.
Así, los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no autorizan -en principio- la apertura del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48, excepto que concurran circunstancias excepcionales, tales como la denegatoria del fuero federal, la efectiva privación de justicia o la generación de un perjuicio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior (CSJN, Fallos: 341:573; 326:1198, 1663 y 1871; 328:785 y 2622; 329:5648; 331:1712).
En el sub lite , en el que se declaró la incompetencia de la justicia local para entender respecto del presente proceso amparo, no se advierte que se coloque a la parte recurrente en una situación de privación de justicia que afecte -en forma directa e inmediata- la defensa en juicio, pues no se le cercena su posibilidad de acceder a ser escuchada por la magistratura (federal, en la especie).
Por otro lado, corresponde señalar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación de derecho procesal local (en el caso, el análisis de la procedencia de la medida cautelar efectuado por el a quo , así como la suficiencia del remedio local para rebatir esa decisión, art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405).
En razón de ello, en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos expuestos por la recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente -como tal- para habilitar la vía intentada (arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la denuncia de arbitrariedad basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- posean entidad para dar sustento a la presencia de una hipótesis de carácter especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, cabe tener en cuenta que -según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación- la mentada doctrina exhibe un carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 325:2192; 329:2206; 3761; 330:133; entre otros).
Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493). En ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren -como se adelantó- satisfechos en la especie.
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts 1, 5, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 41, 42, 43, 75 inc 22, 116, 117, 121 y 123, Const. Nac.; 8, 23 y 25, CADH; v. fs. 616 y vta., 620/621 vta., 623/624, 625 y 630/631), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; entre otros).
IV.4. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 614 vta., 616 vta., 623 y vta. y 631 vta.).
En virtud de lo expuesto, corresponde denegar el recurso extraordinario federal interpuesto, imponiendo las costas por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
El señor Juez doctor Negri dijo:
I. Adhiero al punto I del voto que abre la decisión.
II. Coincido con los colegas que me preceden en que las cuestiones planteadas por la recurrente no autorizan -en principio- la apertura del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48, por lo que corresponde denegar la vía federal intentada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Aceptar la excusación planteada (arts. 17, inc. 7°, CPCC.) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153, CPCCBA) y devuélvase sin más trámite.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
EDUARDO ABEL FERNANDEZ
Subsecretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia