Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75635
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se reenvían las actuaciones a la Cámara interviniente para que, con distinta composición, dicte un nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden en atención a la forma en que se decide la presente (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Kogan, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.635, "Giudice, Mirta Susana s/ Amparo".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la señora Mirta Giudice y condenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a la afiliación voluntaria (v. 149/154 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -presentado por vía electrónica el día 4 de octubre de 2018- el cual fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 158/159 vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 161) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la amparista, anuló la disposición 464/18, en cuanto rechazó la afiliación solicitada, ordenando al IOMA a ingresar a la señora Mirta Susana Giudice al sistema de cobertura médico asistencial, en calidad de afiliada voluntaria individual a partir de la notificación de la sentencia (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 1, 16, 17 y 17 bis, ley 13.928, texto según ley 14.192). Impuso las costas en ambas instancias a la demandada vencida (art. 19, ley 13.928, texto según ley 14.192) -ver fs. 149/154-.
Para así decidir, en lo que al recurso interesa, el Tribunal de Alzada tuvo en cuenta los fundamentos expuestos en los precedentes de ese tribunal, "Randazzo"; "Figueredo"; "Garicoits"; "Tizzio"; "Santana"; "Bruschini"; entre otros.
Consideró que el remedio procesal del amparo lucía, en este caso, como el procedimiento más adecuado para poner la situación jurídica en su quicio, sin que se justifique que, por un mero prurito formal se obligue a la afectada en sus derechos más esenciales a tramitar un pleito de conocimiento.
Señaló que no hay dudas que el derecho cuya protección pretende la recurrente, en tanto compromete la salud e integridad física de las personas (Fallos: 302:1284), tiene rango constitucional (art. 75 inc. 22) y está reconocido por convenciones internacionales (arts. 25 inc. 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 inc. 2 apdo. "d", Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ley 23.313).
Sostuvo que la decisión adoptada por el IOMA de rechazar la afiliación requerida con fundamento en la resolución 2.062/15 no se compadece con los valores axiológicos en juego (arts. 16, 33 y 75 inc. 19, 22 y 23, Const. nac.; XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1, Declaración Universal de Derechos Humanos; 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 36 incs. 5 y 8, Const. prov.).
Desestimó la alegación de la demandada respecto de que la urgencia invocada era inexistente por cuanto la actora ya tiene una cobertura social por ser afiliada a la Obra Social de Petroleros (OSPE). Expresó que, bajo las circunstancias del caso, la afiliación de la señora Giudice a otra obra social no integró la materia en discusión puesto que lo que se debatió fue la denegatoria a ingresar al sistema por la sola acreditación de una patología susceptible de ser encuadrada en la normativa de la demandada como enfermedad preexistente, según resolución 2.062/15, circunstancia que se erigió como el único obstáculo para su admisión.
Expresó que la normativa constitucional -art. 36 inc. 8 de la Constitución provincial- consagratoria del derecho a la salud, es operativa como fuente del correlativo deber de la Provincia de garantizar el acceso a todos sus habitantes, a los máximos estándares de salud, por lo que no es posible desconocer que el IOMA como entidad autárquica estatal sea ajena a dicha cláusula.
Interpretó que la negativa de la obra social con sustento en la preexistencia de una enfermedad incluida en la resolución 2.062/15, en el marco del principio de solidaridad en que se funda el objetivo de la institución demandada, resultaba insuficiente para rechazar la solicitud de la actora. En tal orden, consideró que era irrazonable la aplicación del precepto normativo invocado por la demandada, y en tal caso, convierte el obrar administrativo en una arbitraria violación de los derechos que asisten a la accionante.
Concluyó, entonces, que correspondía ordenar al IOMA la afiliación a la actora en tanto consideró que adoptar un temperamento contrario importaría la violación al derecho a la salud e integridad psicofísica del individuo y su calidad de vida; valores que hoy cuentan con especial protección en la Constitución reformada de 1994 (arts. 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Denuncia que la Cámara vulnera lo dispuesto en los arts. 16, 33, 42, 43, 4 inc. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; 20 inc. 2, 36 incs. 5 y 6 de la Constitución provincial; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 9 y concordantes de la ley 26.682; 1, 18 apartado "a" de la ley 6.982; 1 del decreto reglamentario 7.881/84; resoluciones 438/04 y 7.256 de IOMA; art. 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal de la Suprema Corte. Asimismo, denuncia absurdo en el razonamiento de la Cámara y en la valoración de las constancias obrantes en la causa.
Alega que la resolución 464/18 del IOMA por la cual se denegó la afiliación voluntaria a la señora Giudice, fue anulada por la Cámara en orden a razones jurisprudenciales, normativas y axiológicas.
Sin embargo, considera que el fundamento jurisprudencial que dio sustento a la decisión referidos a antecedentes citados por el a quo no le otorga suficiente sustento, pero fueron citados en circunstancias fácticas diferentes a las controvertidas en este caso, por lo cual asevera que las reglas allí aplicadas no pueden transitar válidamente de un asunto y otro, como según entiende pretendió la Cámara. Cita la doctrina legal de esta Corte en la causa A. 72.461, sentencia de 20-XI-2013.
Destaca que, en los precedentes citados por el Tribunal de Alzada, no se debate la misma circunstancia de que la actora cuenta con obra social -OSPE y PAMI, conforme las constancias obrantes a fs. 25/26- lo cual acreditaría la improcedencia de la acción en tanto no existe la situación de riesgo de salud, invocada por la amparista, ante la denegatoria del IOMA a acogerla bajo el régimen voluntario de afiliación.
Invoca la causa A. 74.943, "Attanasio", sentencia de 29-VIII-2018, en cuanto entiende que esta Corte tuvo oportunidad de revocar una decisión de la Cámara en un caso sustancialmente análogo al de marras, en el cual la amparista pretendía su incorporación al IOMA como afiliada voluntaria (denegada por presentar una enfermedad preexistente) y que también contaba con cobertura de otra obra social.
Denuncia, asimismo, absurdo en cuanto la Cámara considera que el acto denegatorio había vulnerado el derecho a la salud e integridad psicofísica de la actora, colocándola en la imperiosa necesidad de acudir a la vía expedita del amparo. Agrega que la conclusión a la que arribó el Tribunal de Alzada resulta inconciliable con las constancias de la causa.
Aduce también que en la sentencia los judicantes soslayan de modo inexcusable la consideración de la circunstancia de que la actora no solo se encuentra afiliada a OSPE, sino que, por estar jubilada también pertenece al PAMI extremo que se encuentra acreditado en las actuaciones y que no fue valorado.
Alega, en particular, que el hecho de que la actora se encuentre afiliada a otra obra social constituye una circunstancia que forma parte de la cuestión sometida a debate y que, según entiende, debió ser considerada positivamente por la Cámara, en lugar de recurrir a fundamentos dogmáticos y citas jurisprudenciales que no se corresponden con los hechos del caso.
En punto a las razones de orden normativo, expresa que el pronunciamiento impugnado desplazó la legislación aplicable a la relación entre IOMA y sus afiliados voluntarios, esto es, la ley 6.982, art. 1. apartado I de su decreto reglamentario 7.881/87, las resoluciones 438/04 y 7.256/09 (normas estatutarias que establecen las condiciones para el riesgo a la obra social y mantenimiento de su afiliación) y el art. 961 y concordantes del Código Civil y Comercial, que impone la observancia de la buena fe.
Esgrime que el fallo se apoya en la invocación genérica y dogmática de normas superiores de índole local e internacional, que están desvinculadas de la situación fáctica planteada. Sostiene que la Cámara le ha dado un alcance desmedido al derecho a la salud, sin atender que en nuestro sistema constitucional los derechos no son absolutos, sino que deben ser ejercidos de acuerdo con las leyes que los garantizan.
En orden a ello, cita fallos de la Corte nacional en los que se desestimaron acciones judiciales en las que se pretendía imponer a los organismos prestadores de servicios de salud una cobertura que excedía el respectivo marco legal.
Por otra parte, respecto a los fundamentos axiológicos utilizados por la Cámara la recurrente aduce que en el fallo se invocan motivos de justicia y equidad en forma dogmática; constituyendo el único sostén para resolver la cuestión y facilitando a los magistrados, en forma irregular, la posibilidad de usarlos ya sea para receptar la demanda como para rechazarla.
Advierte que se endilgó erróneamente al IOMA la calidad de garante del derecho a la salud de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, como si se tratara de un organismo provincial, cuando el custodio principal es el Estado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Más allá de la razón que pudiera asistir al recurrente en orden al vicio que endilga a la Cámara, en cuanto a la mera remisión que habría efectuado el voto de la mayoría a los precedentes de ese tribunal que se individualizan para fundar su decisión (v. fs. 181 vta.); cuestión a la que me he referido al pronunciarme en la causa A. 72.461 (sent. de 20-XI-2013); lo cierto es que el abordaje de esta temática se ve desplazado en la especie, al haber quedado sin ataque otros fundamentos del fallo en crisis que resultan suficientes para su sostenimiento, circunstancia que torna estéril un pronunciamiento al respecto (art. 279, CPCC).
En efecto, a más de aquella cita jurisprudencial a la que acabo de referirme, el a quo acudió a otro orden de razones que no fueron eficazmente rebatidas en el recurso en tratamiento, lo que sella la suerte adversa del intento revisor (art. 279, CPCC).
Por un lado, el recurso se hace fuerte a partir de la pretendida absurdidad de la conclusión del fallo relativa a la razón determinante del rechazo de la afiliación, dispuesta mediante resolución 464/18 (v. fs. 15).
Siempre en el discurso del impugnante, mientras la Cámara habría concluido que la denegatoria obedeció a la preexistencia de una enfermedad -osteopatía degenerativa benigna- contemplada en la resolución 2.062/15 (anexo IV), la recurrente endereza su defensa a acreditar que no existió riesgo en la salud de la señora Giudice por cuanto ya se encontraba afiliada a otras obras sociales (OSPE-PAMI) al momento en que se postuló ante el IOMA, por lo que el amparo sería improcedente debiendo canalizar la cuestión como una pretensión anulatoria ordinaria.
Más aún, la recurrente postula que la Cámara no hizo alusión alguna de la afiliación de la actora a PAMI, pero como puede observarse, el tribunal ponderó específicamente esta circunstancia a fs. 151, restándole incidencia en torno a la procedencia de la vía (v. fs. 151, segundo párrafo).
Con todo, en pasaje alguno se detiene el recurso en explicar por qué razón tal circunstancia habría de conducir a una consecuencia jurídica diversa a la adoptada en la sentencia que se impugna. Máxime si se tiene en cuenta que el argumento esbozado por la recurrente en esta parcela -que la actora tiene cobertura de salud por medio de otras entidades- no logra rebatir el fundamento central de la Cámara por el cual concluyó que dicha circunstancia no fue el motivo que dio sustento a la denegatoria y en consecuencia no integró la materia en discusión (art. 289, CPCC; causas A. 71.940, sent. de 8-VI-2014; C. 117.878, sent. de 1-IV-2015; A. 71.946, sent. de 30-III-2016 y conforme mi voto en la causa A. 74.943, "Attanasio", sent. de 29-VIII-2018).
III.2. Por otra parte, bajo el acápite "razones de orden normativo", el recurso endilga a la decisión recurrida un déficit motivacional consistente en haber prescindido de las disposiciones legales que cita (ley 6.892 y su dec. reglamentario 7.881/84; resols. 438/04 y 7.256/09; art. 1.198, Cód. Civ. -ley 340-), las que dice haber sido sustituidas por "la invocación genérica de razones de orden normativo relacionadas con los artículos 16, 33, 42, 43, 75 incisos 19, 22, 23 y concordantes, Constitución Nacional; XI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 20 inciso 2, 36 incisos 5 y 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires" tildando de dogmática dicha remisión al reputarlas "desvinculadas de la concreta situación fáctica que se ventila en estas actuaciones".
Esta argumentación no satisface la carga técnica que impone el art. 279 del ritual, de contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina que se repute violada o aplicada erróneamente en la sentencia, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error.
Es que la mera cita de los dispositivos legales que se reputan indebidamente desplazados viene desprovista de cualquier explicación tendiente a demostrar de qué manera la inteligencia de esas normas habría de conducir a una respuesta adversa al amparista, y fundamentalmente de aquella destinada a argumentar en qué medida dichos dispositivos neutralizarían las normas supralegales que dan sustento al fallo, de innegable vocación de aplicación al caso.
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -insisto, al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. C. 95.758, sent. de 9-XII-2010; C. 101.569, sent. de 22-XII-2010; C. 94.540, sent. de 10-III-2011; C. 108.027, sent. de 11-V-2011; A. 72.392, "Bonomi", sent. de 16-III-2014; e.o.).
IV. Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Coincido con la descripción de los hechos constitutivos de la causa a los que hace mención el señor Juez doctor Soria.
II. La presente controversia presenta aristas sustancialmente análogas a las que fueran materia de tratamiento al sentenciar la causa A. 74.943, "Attanasio, Mónica Adela", sentencia de 29-VIII-2018.
De ese modo y atento a la denuncia de la doctrina legal, efectuada por la recurrente entiendo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley satisface los recaudos de una adecuada fundamentación (art. 279, CPCC).
En efecto, el agravio que porta la impugnación deducida discurre de manera central en escasez argumental y ausencia de motivo bastante en el razonamiento que condujo al juzgador a desplazar el eje de la controversia, esto es, la aplicación de la resolución 2.062/15 del IOMA en cuanto a enfermedades preexistentes.
A ello debe añadirse la adecuada ponderación de la circunstancia que la amparista al tiempo de su solicitud al ente demandado contaba con cobertura médica de dos prestadores de salud y, a su vez, su incidencia sobre la idoneidad del carril procesal elegido.
En ese marco, se constata la denunciada fundamentación genérica en normas constitucionales en el fallo, carente de aptitud para marginar la norma de sujeción obligatoria en la que sustentó su defensa la agraviada.
En tales condiciones, corresponde hacer lugar al recurso en tratamiento, revocar la sentencia impugnada y reenviar las actuaciones a la Cámara interviniente para que, con distinta composición, dicte una nueva.
Con ese alcance, voto por la afirmativa .
Las costas se imponen por su orden en atención a la forma en que se decide la presente (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se reenvían las actuaciones a la Cámara interviniente para que, con distinta composición, dicte un nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden en atención a la forma en que se decide la presente (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia