Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75623
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.623, "Telecom Personal SA c/Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/Amparo" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata acogió el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 152/156, revocó el pronunciamiento de primera instancia de fs. 135/141 e hizo lugar a la acción de amparo promovida. Impuso las costas de la instancia de grado y de la Alzada, a la demandada vencida, conforme arts. 19 y 25 de la ley 13.928 (v. fs. 169/177).
Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad de General Pueyrredón interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (conf. presentación electrónica de fecha 21 de septiembre de 2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 180.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 183) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la ordenanza fiscal 22.594/16 emanada del Concejo Deliberante del Municipio de General Pueyrredón, al no advertir en el caso concreto -regularización de cartelería publicitaria de la firma Telecom Personal S.A.- la vulneración a los arts. 14, 17, 18, 19 de la Constitución Nacional, 27 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, no hizo lugar a la acción de amparo presentada por la firma peticionaria contra el municipio, imponiendo las costas a la amparista en su condición de vencida (v. fs. 135/141).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, acogió el recurso de apelación deducido por la actora y revocó la sentencia de grado. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 14 de la ordenanza fiscal municipal 22.594/16 y ordenó la reactivación del trámite identificado como n° 42.107 iniciado por Telecom Personal S.A. en relación al elemento publicitario emplazado en su local comercial de la calle San Luis de la ciudad de Mar del Plata, prescindiendo de exigir a la firma peticionaria la cancelación en los términos de la referida norma -por ella declarada inconstitucional- de las deudas que eventualmente mantuviera frente al municipio.
II.1. Preliminarmente señaló que no se encontraba controvertido en autos que la Municipalidad demandada denegó la solicitud del trámite iniciado por Telecom Personal S.A. como "solicitud de permiso de publicidad" a fin de regularizar la cartelería publicitaria emplazada en un local situado en calle San Luis 1.864/1.868 de la ciudad de Mar del Plata sustentando su proceder en el hecho de que la firma solicitante registraría deudas frente a la comuna devengadas en concepto de "...tasa por homologación de acuerdo conciliatorio e infracciones que tramitan ante los distintos juzgados de faltas...", muchas de las cuales estarían siendo reclamadas judicialmente por vía de apremio.
Tampoco estaba discutido, expuso la Cámara, que la demandada basó su decisión en lo normado por el art. 14 de la ordenanza fiscal 22.594 en cuanto establece dicho precepto que "....ninguna dependencia municipal dará curso a tramitaciones cuyas partes interesadas y/o los respectivos bienes mantuvieran deudas fiscales exigibles con este Municipio, y/u obligaciones exigibles ante los Juzgados de Faltas del mismo, sin que previamente se acredite la cancelación y/o regularización de las mismas mediante la respectiva documentación...".
Ponderó que del informe acompañado por el Municipio demandado a fs. 110 y siguientes surgía que las supuestas obligaciones exigibles ante los Juzgados de Faltas, en razón de las cuales la Administración se negaría a dar trámite a la petición de la actora corresponderían a multas por violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor y por infracciones de tránsito, así como a tasas por actuaciones contravencionales conexas, constando también en el referido detalle acompañado por la Comuna que varios de tales conceptos habrían sido ya reclamados por vía de apremio.
II.2. Apuntado ello, el Tribunal de Alzada entendió que -a contrario a la posición sustentada por la jueza de grado-, le asistía razón a la apelante en su impugnación hacia la citada norma local, en tanto la limitación a sus derechos que ésta impone no patentizaría más que la adaptación de un medio inadecuado -por exceso- a los fines perseguidos por la reglamentación en juego, resultando tal proceder, por tanto, irrazonable y contrario a los límites que el orden constitucional impone al ejercicio de la potestad reglamentaria (conf. art. 28, Const. nac. y 144 inc. 2, Const. prov.).
Recordó, en tal sentido, que en la causa A-4549-DO1 "Del Campo", se había expedido sobre la invalidez constitucional del inc. 3 del art. 10 del decreto provincial 532/09 (Anexo II) en cuanto dicho precepto, en similar línea a la que sigue la norma en esta causa impugnada, condiciona el otorgamiento de la Licencia de Conducir a que el peticionario -entre otros requisitos- no registre deudas por infracciones de tránsito.
Destacó que, en la especie, lucía palmaria la limitación que, en su aplicación al caso concreto, el art. 14 de la ordenanza fiscal municipal 22.594, impondría al pleno goce por la actora de su propiedad y de su derecho a comerciar y ejercer industria lícita, siendo innecesaria cualquier otra prueba en punto a tal extremo más allá del propio hecho -incontrovertido en autos- de que se le estaría vedando a la sociedad demandada toda posibilidad de llevar adelante el trámite administrativo necesario para realizar en forma regular la publicidad inherente a su actividad comercial mediante los elementos de cartelería emplazados en el local que a tal fin explota.
Observó que la exigencia del requisito de contenido patrimonial que la norma local impugnada le impondría a la amparista, consistente en abonar o regularizar una supuesta deuda por multas derivadas de infracciones de tránsito y a la Ley de Defensa del Consumidor como condición para dar trámite a su "solicitud de permiso de publicidad", en manera alguna guardaría una relación apreciable como adecuada a los fines a los que apunta la normativa local que regula la publicidad en el ámbito del Municipio de General Pueyrredón, esto es, el "resguardo del ordenamiento físico, estético y paisajístico", "preservación de los valores culturales, patrimoniales e históricos" y la "seguridad" para los particulares y sus bienes (conf. art. 2, Código de Publicidad vigente, aprobado por ordenanza 22.920).
Consideró que se trata de cuestiones que transitan por andariveles paralelos entre los que no resulta posible establecer punto de conexión alguno, resultando así evidente la desproporción entre la imposición del mentado recaudo cuyo cumplimiento se exigiría a la firma actora por imperio del citado art. 14 de la ordenanza 22.594/16 y aquellos fines perseguidos por la reglamentación en el marco de la cual Telecom Personal S.A. peticionó la habilitación de sus elementos publicitarios.
Por otra parte, como contracara de lo anterior, destacó que tampoco podría apreciarse la limitación que el precepto local cuestionado impondría a la actora, ante su supuesta morosidad en el pago de los conceptos detallados por la comuna, como un medio razonable para procurar el ingreso de tales sumas al erario público municipal.
Sostuvo que, teniendo en vista que el art. 177 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58) pondría a disposición de la Administración un mecanismo idóneo para perseguir y percibir judicialmente de manera rápida y expedita -aunque sin desmedro de las garantías del debido proceso- las multas que aplica, como es el juicio de apremio, luce no menos que desproporcionado privar al administrado de su legítima potestad de peticionar ante sus autoridades, con el consecuente cercenamiento de los ya mencionados derechos reconocidos por el art. 14 de la Constitución nacional que en el caso tal proceder entrañaría, al solo fin de constreñirlo de esa manera a abonar las deudas originadas en presuntas infracciones que, en cualquier caso, no guardarían relación alguna con las normas que reglamentan aquellos derechos afectados.
En concreto, la Cámara afirmó la inconstitucionalidad de la norma referida, tal como el mismo tribunal argumentó en su precedente "Del Campo".
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Municipalidad demandada denuncia la violación de los arts. 5, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional, de la ley 26.353 y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita. También acusa absurdo (conf. presentación electrónica de fecha 21 de septiembre de 2018).
Luego de reseñar los antecedentes del caso, funda el recurso interpuesto (v. punto IV del escrito recursivo).
Aduce que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en la materia.
Sostiene que la Municipalidad de General Pueyrredón nunca nutrió la legalidad de la ordenanza fiscal que prohíbe la continuidad de trámites de habilitación con deuda pendiente como el único medio posible para asegurar su cobro.
Destaca que la Cámara desconoce que la reglamentación tachada de inconstitucional es complementaria de otros mecanismos que los mismos jueces reseñan como útiles para la consecución del valor (informativo, educativo, incentivo, entre otros).
Alega que el Tribunal de Alzada omitió realizar un análisis amplio e integral del plexo normativo imperante en materia fiscal, el que lógicamente concluyó con un resultado desapegado al ordenamiento jurídico y a los fines perseguidos por el Estado.
Expresa que el objetivo de la norma es que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y ello constituye al día de hoy una prioridad estatal.
Afirma que, en pos de la protección de dicho valor jurídico, se fijaron ciertos requisitos para la continuación de trámites de habilitación ante el municipio, los cuales no son otros que el establecido en el artículo tachado de inconstitucionalidad.
Señala que la reglamentación practicada por el poder ejecutivo municipal no está alterando ningún derecho adquirido de la amparista, sino que se identifica con el cumplimiento de un procedimiento que se le siguiera con todas las garantías del proceso tanto en los juzgados de faltas municipales, como algunos otros impulsados a través de apremios.
Aduce que tampoco se revela como irrazonable que se anteponga el desembolso de lo debido al Estado, cuando el pago es destinado a fines de interés público que tienen prioridad, por ello nada impide a que la comuna local haga uso de otros mecanismos que permitan hacerlas efectivas.
Sostiene que ello no se trata de una emboscada para facilitar la recaudación estatal, sino de una facultad legal que, además, resulta adecuada a las circunstancias y al particular momento político, social y cultural por el que atraviesa la ciudad de Mar del Plata en materia económica financiera.
Aduce que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y debe ser decretada última ratio cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución nacional, circunstancia que no se da en autos. Por el contrario, la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal de Alzada no cumple tales extremos básicos ni se advierte violación de los derechos de trabajar o ejercer industria lícita, analizados de manera sesgada por el resolutorio atacado.
No hay aquí, asevera, un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Municipalidad de General Pueyrredón, por cuanto la autoridad se limitó a exigir a la amparista el cumplimiento de los recaudos exigidos por lo normado en el art. 14 de la ordenanza fiscal municipal 22.594/16.
Señala que la inconstitucionalidad dictada resulta severísima y contrapuesta a los principios inspiradores de la ley, tendientes a bloquear trámites de los deudores de tasas, contribuciones y faltas, que con su accionar desaprensivo contribuyen a profundizar la crisis económica financiera del municipio.
Finalmente subraya que la ordenanza fiscal tal cual se encuentra promulgada, resulta ser una alternativa eficaz para tratar de modificar el actuar del contribuyente.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Desde la perspectiva de la cuestión de fondo planteada, el detenido análisis del contenido de la impugnación deducida permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación. Ello resulta en punto a dos cuestiones centrales que atañen a esa técnica, si se confrontan el recurso deducido con las normas que establecen los recaudos que éstos deben cumplir (art. 279 y concs., CPCC) en orden a una fundamentación precisa y clara de los agravios expuestos, como así también la de su posterior explicación.
La lectura del escrito de interposición del remedio extraordinario permite advertir, en este caso, que los argumentos que lo sustentan no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esa naturaleza y tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para convalidar su suficiencia.
El art. 279, en su segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción "deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error".
Sobre ello este Tribunal dijo que, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones- y la existencia de medios judiciales idóneos a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria impuesta como es el proceso de apremio.
Por el contrario, la recurrente para justificar la razonabilidad de la medida dispuesta por el precepto legal en cuestión, alude a que resulta ser una alternativa eficaz para tratar de modificar el actuar del contribuyente que, con su accionar desaprensivo, profundiza la crisis económica financiera del municipio.
Más no acredita con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas del supuesto incumplimiento del contribuyente.
IV.2. Respecto a la denunciada violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia referida a las causas B. 66.779, "Pérez", sentencia de 19-II-2015 y B. 67.885, "Delrieux", sentencia de 7-IX-1989, la recurrente omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos esos precedentes y cómo se relacionan con la supuesta actuación indebida de la Cámara (v. relato de la Municipalidad en el punto 3 de su recurso presentado electrónicamente). En rigor, no desarrolla el tópico en los términos requeridos por el ordenamiento procesal (conf. art. 279, CPCC).
A tal consideración agrego que, como es doctrina reiterada de este Tribunal, resulta inapropiada la cita de doctrina legal cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente invocado (conf. causas A. 68.808, "Maidana", sent. de 20-VI-2007; A. 68.817, "Bersani", sent. de 20-VI-2007; e.o.).
IV.3. Igual suerte ha de correr la denuncia de absurdo, el cual se configura mediante un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa.
Para que proceda este agravio es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016), recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
IV.4. En otro orden, la pieza recursiva se limita a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 5, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional-, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que aquéllos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. Ac. 94.316, "F., E. A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
Idéntica insuficiencia porta el agravio vinculado con la violación del principio de separación de poderes y de la autonomía municipal.
IV.5. Tampoco merece acogida el argumento esbozado por la recurrente en relación a que no se revela como irrazonable que se anteponga un bloqueo frente al desembolso de lo debido al Estado, cuando el pago es destinado a fines de interés público que tienen prioridad.
Del mismo modo que en el agravio antecedente, resultan aplicables precedentes de esta Corte que expresan que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento impugnado.
Así nuevamente la impugnante -efectuando alegaciones genéricas e hipotéticas- no rebate los argumentos explicitados por el Tribunal de Alzada, por lo que deja incólume lo referido a que el pago de las multas por las supuestas infracciones cometidas por la firma peticionaria, no resulta un medio razonable para procurar el ingreso de tales sumas al erario público municipal.
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o argumentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas Ac. 73.447, "Devalle", sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, "Quinteros Palacio", sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, "Farías", sent. de 19-III-2003 y C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014).
V. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código procesal, considero que el recurso extraordinario de inaplic
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