Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124501
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte amparista (arts. 161 inc. 2°, Const. prov. y 38, ley 5.827).
C. 124501 "PEREYRA, MARIA ALEJANDRA S/ AMPARO"
I. La señora María Alejandra Pereyra promovió acción de amparo contra la administración Luis M. Fruttero e hijos S.R.L. y el Consorcio de Propietarios del Edificio Apolo XV -de Mar del Plata- solicitando se le entreguen las nuevas llaves de la cochera que -según denuncia- fueron cambiadas por el administrador en forma intempestiva y arbitraria. Ello, a fin de permitirle el ingreso, egreso y permanencia en la misma. Reseñó que, por ser discapacitada y tener dificultad para trasladarse, hace dos años que usa la cochera n° 31 -designada administrativamente como "L"- dado que le queda cerca de su departamento y nadie más la usa. Y aclaró que los demandados no son los propietarios y que cesará en su utilización cuando el real propietario -"Mint S.A."- se lo requiera. En ese marco, peticionó que cautelarmente se le entregue la llave respectiva (v. sistema Augusta, trámite "Demanda-se presenta", de fecha 30-VII-2020, PDF adjunto n° 2, págs. 1/19).
El Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mar del Plata que resultó sorteado (v. trámite cit., PDF n°3), rechazó in limine la acción en tanto entendió que la señora Pereyra carece de legitimación activa para reclamar pues sólo es titular de una unidad funcional en el edificio Apolo XV de la citada ciudad, pero no posee derecho alguno sobre la cochera n° 31 en cuestión. Por lo expuesto, declaró inadmisible la demanda (conf. arts. 2 y 8, ley 13.928; v. trámite "Resolución" de 10-VIII-2020).
La amparista interpuso recurso de apelación contra el citado pronunciamiento (v. "Recurso de apelación-deduce", de fechas 15-VIII-2020 y 18-VIII-2020 con PDF adjunto), el que fue concedido en los términos del art. 16 inc. 1 de la citada ley, ordenándose su elevación a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata (v. "Proveído" de 18-VIII-2020).
El citado órgano colegiado se declaró incompetente para conocer en el mentado recurso por cuanto sostuvo que, en el caso, no se ha impugnado un acto administrativo, particular o general, una omisión administrativa o una vía de hecho administrativa de la Provincia o de uno de los entes enumerados en el art. 166, quinto párrafo, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que habilite su intervención. Por ello, alegó que, no encontrándose involucrados ninguno de los supuestos a los que alude el art. 17 bis de la ley 13.928 -incorporado por ley 14.192-, el Tribunal de Alzada competente para conocer en el proceso es la Cámara del fuero respectivo donde tramitó el amparo, es decir, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata. En consecuencia, remitió los obrados a dicho Tribunal (v. "Resolución registrable", de 6-X-2020).
A su vez, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (v. "Pase a", de 19-X-2020) rehusó la competencia endilgada. En esa inteligencia, argumentó que la cuestión suscitada es ajena a la materia penal. Basó su decisión en la ley 13.928 y en las resoluciones 1358/06 y 1794/06 de esta Suprema Corte que fijan un régimen amplio de ingreso y asignación de las acciones de amparo, refiriéndose -exclusivamente- a la atribución inicial de las causas a los magistrados de primera instancia. Por el contrario, señaló que la presente contienda se planteó entre órganos judiciales de alzada. En apoyo a su parecer citó precedentes de este Tribunal que entendió atinentes y, alegó que corresponde conocer al fuero civil y comercial en función del criterio de especialidad que gobierna la etapa recursiva y que en virtud a la naturaleza de la pretensión deducida -enderezada a que los demandados entreguen a la señora María Alejandra Pereyra las llaves de ingreso a la cochera de un edificio-, concluyó que las actuaciones debían ser giradas a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental (v. "Resolución interlocutoria" de 3-XI-2020).
Recibidos (v. "Radicación en sala", de 11-XI-2020), la Sala II de la citada Cámara también rechazó la competencia atribuida. Sostuvo tal órgano que, si bien la normativa fija la competencia amplia de los magistrados -de todas las materias- para conocer en acciones de amparo, ello es sólo en relación a la primera instancia. Lo cierto es, continuó, que en las modificaciones introducidas por ley 14.192 a la ley de amparo provincial, el legislador sólo especificó el Tribunal de Alzada para entender cuando la materia fuera contencioso administrativa (art. 17 bis de la ley 13.298), no haciendo referencia a los restantes fueros. En apoyo a su parecer y con cita de antecedentes de esta Corte, entendió que, no tratándose de un caso gobernado por el referido art. 17 bis, los obrados debían reanudar su trámite por ante el órgano de segunda instancia que el art. 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial asigna como alzada del juzgado que previno, con independencia de una concreta especialización material de los jueces. De este modo, dio por configurada la contienda negativa y envió el expediente a esta Suprema Corte de Justicia (v. "Competencia-se resuelve" de 12-XI-2020).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Liminarmente, corresponde señalar que esta Suprema Corte ha resuelto con anterioridad que solo excepcionalmente y en atención a la índole de las cuestiones planteadas se decidieron competencias mediante la utilización de un criterio de especialización material, lo que no cabe predicar en la especie (doctr. causa B. 74.576, "M. M. I. y otros", resol. de 8-II-2017; B. 75.040, "Sanchez", resol de 20-XII-2017).
En consecuencia, corresponde declarar que en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de las controversias a las que mienta el art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-, para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827, es decir, que el recurso debe ser resuelto por el Tribunal de Alzada natural del juzgado de origen (conf. doctr. causas B. 73.124 "Loyacone" y B. 73.317 "Falamir", ambas resols. de 12-XI-2014; B. 73.558 "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.724, " Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 28-VI-2017; C. 122.736, "Tieri", resol. de 19-IX-2018; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; C. 124.179, "'Italiano", resol. de 2-IX-2020, e. o.).
Por tal razón, visto que en autos el Tribunal Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó in limine la presente acción de amparo (v. trámite "Resolución" de 10-VIII-2020), pronunciamiento que fue apelado por la actora (v. "Recurso de apelación-deduce", de fechas 15-VIII-2020 y 18-VIII-2020, con PDF adjunto), en virtud de la expresada regla, compete a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo departamento judicial abocarse al tratamiento del remedio (art. 38, ley 5.827; doctr. causas B. 73.558, C. 122.736 y C. 124.179 cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte amparista (arts. 161 inc. 2°, Const. prov. y 38, ley 5.827).
Regístrese. Hágase saber a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo y Civil y Comercial de la misma departamental lo que aquí se resuelve y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2020 16:45:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 11:22:32 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 12:46:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 14:59:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/12/2020 12:47:57 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia