Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124177
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.177, "Zanotti, Sonia Beatriz y otra contra Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Amparo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Pettigiani .
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de amparo y ordenó mantener como beneficiaria en el sistema de salud de la demandada a la coactora M. C. Impuso las costas de ambas instancias a la vencida (v. sent. electrónica de 22-VI-2020).
Se interpuso, por la accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14 de julio de 2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La señora Sonia Beatriz Zanotti y su hija mayor de edad M. C. promovieron acción de amparo contra Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. El objeto de la demanda consistió en que continuara M. C. como beneficiaria del sistema de salud que otorgaba la demandada -pues esa afiliación caducaba al cumplir esta última los 30 años- argumentando la petición de permanencia en la discapacidad auditiva congénita que padecía la hija de la escribana. Agregaron que por resolución 20.909, emitida por el Consejo Directivo el 2 de mayo de 2019, se dispuso la baja en la afiliación por haber cumplido la edad límite, carecer de incapacidad y no estar a cargo de su progenitora, de conformidad con lo que establecía la resolución 139/99 del 30 de abril de 1999.
Las actoras sostuvieron que con esa decisión se había desnaturalizado el acceso a la salud que aseguraba la ley 6.983, pues la señorita M. C. padecía de una "hipoacusia profunda neurosensorial bilateral congénita", motivo por el cual plantearon la inconstitucionalidad de la resolución 139/99 junto con el pedido de una medida cautelar cuyo objeto fue mantenerla en la afiliación hasta que se resolviera la cuestión de fondo (v. escrito electrónico de fecha 28 de junio de 2019).
La magistrada de origen admitió la medida asegurativa y se sometió a M. C. a la realización de una pericia psiquiátrica y psicológica cuyo resultado arrojó la ausencia de cuadro psicopatológico que afectara su capacidad intelectual.
Posteriormente, se corrió traslado de la pretensión. Se presentó la accionada repeliendo la medida cautelar ordenada y contestando demanda, en la que peticionó el rechazo de la acción. Basó sus argumentos en que la señorita M. C. no podía ser admitida entre los beneficiarios en razón de que había alcanzado los 30 años de edad y no poseía la incapacidad legal del 66%.
Se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia desestimando la declaración de inconstitucionalidad al encontrar que la resolución 139/99 no excedía los recaudos previstos en la ley 6.983. Asimismo, rechazó el amparo por no encontrar, en la resolución mencionada, ni la arbitrariedad ni la ilegalidad manifiesta que exigía la legislación (v. sent. de 3-III-2020; págs. 1/20).
Este pronunciamiento fue apelado por las actoras (v. escrito electrónico de fecha 13 de marzo de 2020), cuyo memorial fue repelido por la demandada (v. escrito electrónico de fecha 10 de marzo de 2020).
I.2. La Cámara revocó la sentencia de grado anterior y, por ende, hizo lugar al amparo ordenando a la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires que mantuviera y diera continuidad a la cobertura de la señorita M. C., en su condición de adherente, conforme lo disponían los arts. 57 inc. "c" de la ley 6.983 y 3 de su reglamento. Impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida (v. sent. de 22-VI-2020; págs. 1/16).
Comenzó el análisis de la cuestión sometida a revisión teniendo en cuenta las disposiciones de la ley que regía el caso y su reglamento como también que había quedado firme la constitucionalidad de la resolución 139/99.
Tuvo en vista el expediente administrativo n° 000754-502/2019 caratulado 11-4458 "Zanotti, Sonia Beatriz. Solicita continuidad de C. M. en la Caja de Seguridad Social en carácter de hija mayor de 30 discapacitada a cargo" del cual apreció las siguientes constancias: a) la nota de presentación de fecha 15 de febrero de 2019, en la cual se manifestó el próximo cumpleaños número 30 de la señorita M. C. y su condición de discapacitada auditiva; b) el dictamen de la Junta Médica de la Caja que le reconocía a la beneficiaria una incapacidad laborativa total y permanente del 45%, conforme los baremos del Sistema Integrado Previsional Argentino; c) el informe de la Asesoría Previsional de la Caja que aconsejaba denegar la solicitud por no alcanzar el 66% de la incapacidad legal y por ende no encuadrar en el supuesto del art. 57 inc. "c" de la ley 6.983; y d) el dictamen de la Comisión de Atención a la Salud cuya conclusión había sido coincidente con el anterior informe.
Luego reconoció que la Caja de Escribanos provincial era una persona jurídica de derecho público no estatal en conformidad con el art. 1 de la ley 6.983 y en los términos de la ley 12.172, señalando que, si bien no podía afirmarse que resultaba una obra social a la que aludía el art. 1 de la ley 23.660, reparó que en sí constituía un ente del sistema de seguridad social en los términos de los arts. 8 de la ley 23.473, 1 inc. "h" y 2 de la ley 23.660, 2 de la ley 23.661 y 2 de la ley 24.901, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Explicó la función de los entes de la seguridad social y su funcionamiento por medio de los aportes que recibían de los beneficiarios, lo que en autos se traducía en el aporte mensual que realizaba la señora Zanotti que efectuaba por sí y por su hija M.
Transcribió, luego, el texto del art. 57 de la ley 6.983 en su redacción actual y en la anterior, poniendo énfasis en que utilizaba un vocabulario propio de tiempos anteriores al dictado del Código Civil y Comercial de la Nación, señalando además que el Código de Vélez resultaba incompatible con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, a la vez que transcribió el art. 1 de esta última para mostrar las diferentes concepciones acerca de lo que se entendía por incapacidad.
Resaltó, también, que el nuevo ordenamiento civil había puesto al derecho argentino en la senda del modelo adoptado por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y por la Convención de Derecho de las Personas con Discapacidad, resaltando de esta última el art. 12 que reconocía la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y en todos los aspectos de la vida.
Agregó que en el Código Civil y Comercial se reconocía a las personas incapaces para hechos o actos precisos y que por otro lado en el art. 48 de la ley 24.241 se reconocía la incapacidad laborativa en el 66% al igual que en la ley 26.425. Consideró, entonces, que la determinación de la incapacidad del 45% que había realizado la Junta Médica de la Caja respecto de la actora M. C. era propia del sistema laboral y nada aportaba a los fines de determinar si aquella, en su condición de discapacitada, podía ser amparada por el sistema médico asistencial de la Caja demandada, de conformidad con el art. 57 inc. "c" de la ley 6.983.
Seguidamente analizó lo relativo a la exigencia de que la señorita M. C. estuviera a cargo de su madre, quien era la beneficiaria titular de la cobertura asistencial.
Explicó el concepto de discapacidad auditiva que contenía la disposición 82/15 anexo I del Ministerio de Salud y apreció que la hija de la escribana se desempeñaba como Martillera Pública y que se le había realizado un implante coclear, por lo que concluyó que esto último no le aumentaba la capacidad real que era, en definitiva, la que debía tenerse en cuenta a los fines de resolver el caso, de conformidad con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, emitida por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001.
El sentenciante, en su fundamentación, enfatizó que la ley 24.901 establecía el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad y disponía en su art. 6 que los entes obligados por ese régimen brindarían las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados; y que, en consonancia con lo dispuesto por los arts. 57 inc. "c" de la ley 6.983 y 3 inc. "b" de su reglamento, la Caja de Seguridad Social de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires debía mantener a la señorita M. C. como beneficiaria adherente en su calidad de "Hijo mayor discapacitado" de la señora Sonia Beatriz Zanotti.
A ello, agregó que no era un dato menor que se hubiese probado que la hija de la actora, en su vida profesional, era auxiliada por su señora tía, quien la asistía para la mejor comprensión debido al impedimento auditivo que la afectaba, destacando el hecho de que convivía con ella y con la escribana en la misma vivienda.
La Cámara, además, dejó sentado que desde el expediente administrativo las actoras sostuvieron la incapacidad como único y suficiente motivo para la continuidad de la cobertura solicitada; y que la solución a la que se había arribado estaba dentro de los límites fijados por el recurso.
II. Se agravia la recurrente denunciando la violación del art. 57 inc. "c" de la ley 6.983, así como de los arts. 163 inc. 6, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 5, 17, 18, 19, 125 y concordantes de la Constitución nacional y 20 inc. 2 y 40 de su par provincial. Además, alega absurdo y arbitrariedad.
II.1. Comienza su impugnación denunciando la ausencia de incapacidad, señalando que la Cámara le ha dado al vocablo "incapacitado" que contiene el inc. "c" del art. 57 de la ley 6.983 un sentido diferente al que tiene, al identificarlo con la noción de discapacidad. Rechaza el criterio del sentenciante referido a que esa legislación es anterior al Código Civil y Comercial para así dejar de lado la incapacidad legal del 66%.
Alega que la norma cuestionada es propia del derecho previsional y que se alteró su exégesis al cambiar la condición de incapacidad por la de discapacidad, para aplicar el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad de la ley 24.091 destinada a las obras sociales y a la medicina prepaga. Hace referencia al reconocimiento por parta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que los derechos y garantías consagrados constitucionalmente no son absolutos.
Insiste en que los conceptos "incapacidad" y "discapacidad" presentan notorias diferencias tanto en lo conceptual como en lo legislativo y resalta que, a diferencia de lo que sostiene la Cámara, la solución que propone no es consustancial con la visión teleológica que imparten los nuevos paradigmas del Código Civil y Comercial.
Afirman que la discapacidad no implica incapacidad ya que cuando esta es permanente lleva implícito el reconocimiento de discapacidad del sujeto; agrega que el régimen de la ley 6.983, en sus arts. 44, 49 y 57 inc. "c", demanda a los hijos mayores de edad la comprobación de una incapacidad superior al 66,66% en el aspecto laboral.
Señala que el mismo criterio es adoptado por otros regímenes, como PAMI (Programa de Atención Médica Integral), IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) y OSPJN (Obra Social del poder Judicial de la Nación), resaltando que la incapacidad de la joven M. C. es del 45% según los informes médicos obrantes en la causa, por lo que considera que la decisión del Tribunal de Alzada no es una derivación razonada de derecho vigente, pues sin declarar la inconstitucionalidad ha prescindido deliberadamente del texto legal y sin la debida justificación. Cita fallos de la Corte nacional en apoyo de esta última postura.
II.2. Pone énfasis, además, en que la señorita M. C. no está a cargo de la señora escribana pues se acreditó que ejercía activamente la profesión de martillera pública y llevaba adelante su propio negocio inmobiliario, circunstancias que considera suficientemente indiciarias para presumir la ausencia de la condición de "familiar a cargo" al tener su propia fuente de ingresos.
Señala que son dos las condiciones que establece el art. 57 inc. "c" de la ley 6.983: la incapacidad y el estar a cargo del afiliado titular; agrega que el certificado de discapacidad de la ley 22.431 no trae aparejado el reconocimiento de una incapacidad, pues con él se permite a la persona trabajar y conlleva diversos beneficios, fiscales, laborales, de fomento y en materia de salud le da derecho a obtener de la obra social o prepaga a la que se encuentra afiliada la cobertura del 100% de las prestaciones básicas para personas con discapacidad a las que alude la ley 24.091, motivo por el cual la decisión de la Cámara al considerar la discapacidad como incapacidad es absurda y violatoria de los arts. 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial, y que por ella está a cargo de su madre.
II.3. Repudia que se haya admitido la vía del amparo, pues niega que haya habido una acción u omisión de parte de la Caja que pudiera catalogarse de arbitraria o ilegítima.
Afirma que la decisión de la Cámara constituye una flagrante transgresión a las normas que establecen los requisitos de procedencia de la acción de amparo. Cita las causas A. 72.950 (sent. de 22-XI-2017) y A. 70.324 (sent. de 30-V-2012) en apoyo de su postura.
Agrega que no hubo ningún accionar ilegal cuando la decisión adoptada por la Caja lo ha sido en los precisos términos del art. 57 de la ley 6.983, motivo por el cual la acción no debe prosperar. Debió haberse articulado por otra vía más idónea.
II.4. Por último, denuncia el vicio del absurdo en que ha incurrido la Cámara al analizar los hechos y la prueba.
Destaca que a diferencia de lo que sostiene el Tribunal de Alzada las prestaciones de la Caja no se reducen solo a la salud, como las prepagas u obras sociales, sino que principalmente otorga jubilaciones y pensiones, subsidios por jubilación, fallecimiento, incapacidad, maternidad, nacimiento, adopción, celiaquía, fertilización asistida, préstamos, asignaciones familiares y turismo, entre otras, conforme surge de los arts. 26 y 57 de la ley 6.98.
Resalta que no se encuentra inscripta en el registro nacional de la ley 23.661, que por ello tiene grandes diferencias con las obras sociales, lo que impide aplicarse la analogía, y con las prepagas porque estas últimas persiguen un fin de lucro. Cita causa A. 72.462 (sent. de 20-X-2013) acerca de la fundamentación de las sentencias pues entiende que existe un déficit motivacional en el fallo que ataca lo que se suplió con la referencia genérica a los tratados internacionales. Sostiene que se resolvió de manera dogmática.
Pone de relieve que no se encuentra en riesgo el derecho a la salud de la amparista ya que cuenta con la cobertura que le brinda la Caja de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires a través del convenio con IOMA; y agrega que la Corte federal ha sostenido que el derecho a la salud y en especial la atención a las personas con discapacidad no son absolutos.
Afirma que la Cámara ha cambiado el eje de la discusión pues el debate está centrado en determinar si la actora cumple con los requisitos para mantenerse como beneficiaria del sistema de seguridad social, consagrado por la ley 6.983 y no en torno al sistema de la ley 24.901.
Señala, además, que se han quebrado las reglas que gobiernan la apreciación de las pruebas, pues para arribar a la conclusión sobre la existencia de dependencia económica de la señorita M. C. de su madre se ha prescindido de los informes periciales y del de la Caja de Martilleros que daban cuenta de lo contrario.
Reitera la falta de cumplimiento de los requisitos que exige la ley pues no existe incapacidad y tampoco se encuentra a cargo de la beneficiaria titular.
III. El recurso prospera.
Llega esta causa a estudio, en la que se debate si la señorita M. C. puede continuar siendo beneficiaria del sistema de salud que otorga la Caja de Previsión Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, a la que accedió por ser hija de la escribana Zanotti, también beneficiaria de la prestación médica. Está cuestionada la resolución 139/99, emitida por la Comisión Directiva de esa institución, por la que se limita la afiliación de los hijos de los escribanos hasta la edad de los 29 años, salvo que fueran discapacitados y estuvieran a cargo del beneficiario titular.
Este es el caso que se presenta aquí, en donde la madre de la joven M. C. -habiendo alcanzando esta última la edad de 30 años- solicitó a la Caja, mediante el pertinente expediente administrativo, la continuación de la afiliación de su primogénita alegando su discapacidad auditiva.
III.1. En primera instancia se admitió la acción de amparo, pero se desestimó la pretensión incoada por las actoras, pues se consideró que la joven M. no estaba a cargo de su madre al ejercer la profesión de martillera pública. En Cámara, si bien se confirmó la vía del amparo, se revocó la sentencia de grado anterior al admitir la continuación de la afiliación de la señorita M. C. en el sistema de salud de la demandada en razón de la discapacidad que padecía.
Mientras se sustancia la causa la joven continúa con la cobertura médica, en razón de la medida cautelar que le fue admitida con ese objeto.
III.2. Ingresando, entonces, a analizar los agravios de la Caja, encuentro que se desconforma por haberse admitido la acción de amparo como vía idónea para resolver la cuestión planteada por las actoras, al sostener que no hubo un comportamiento lesivo manifiesto de su parte y, eventualmente, debió accionarse por la vía idónea pertinente.
En este punto no encuentro que el embate sea de recibo, en razón de la insuficiencia que porta, pues su queja no presenta más que una escueta afirmación con la que confronta lo decidido sin superar el umbral técnico necesario para lograr en esta instancia la revocación del fallo.
Debe tenerse presente que esta Corte sostiene que es requisito ineludible de una adecuada deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, siendo insuficiente la que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos y citas legales sobre los que la misma se asienta (conf. doctr. causas C. 119.623, "Guevara", sent. de 25-IV-2018 y C. 122.664, "M.G. Postal S.R.L.", sent. de 15-IV-2020), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso del intento revisor.
III.3. Luego despliega su queja en torno al fundamento central de la decisión sobre dos planteos, uno referido a la resolución 139/99 y a la ley 6.893; y otro respecto de la ley 23.061.
Para el análisis de ambos cuestionamientos, comienzo por señalar que la ley 6.893 es una norma previsional y asistencial (del año 1964, texto reformado por la ley 12.172; modif. por las leyes 12.940, 13.918 y 13.997) que reconoció la existencia de la Caja de Previsión Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires (creada por la ley 5.015) como una persona jurídica de derecho público no estatal y en la que se reguló su funcionamiento. En el capítulo V "Subsidios" -arts. 57 a 59- y en el capítulo V BIS se permitió el otorgamiento de beneficios por asistencia médica y odontológica, nupcialidad, maternidad, nacimiento
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