Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124177
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.177 "ZANOTTI SONIA BEATRIZ Y OTRO/A C/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ESCRIBANOS DE LA PCIA BS. AS. S/ AMPARO"
I. La parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que hizo lugar al de inaplicabilidad de ley articulado y, en consecuencia, revocó el fallo impugnado y confirmó el de primera instancia, con costas de todas las instancias a las actoras vencidas (arts. 68, 274 y 289, CPCC; v. sent. de 26-IV-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 1-VI-2021 y su archivo adjunto identificado como "REF 1.4.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente revocó la decisión del juez de primera instancia que, a su turno, había rechazado la acción de amparo, al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso. En consecuencia, ordenó mantener como beneficiaria en el sistema de salud de la demandada a la coactora M. C.. Finalmente, impuso las costas de ambas instancias a la vencida (v. sents. de 3-III-2020 y 22-VI-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, las impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 25 y 27 inc. "e" de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (v. págs. 1, 9/13, 15, 18 y 20/23, adjunto cit.).
II.2. Sostienen que en autos la cuestión federal surge en forma clara, en tanto se encuentran cuestionadas la inteligencia y aplicación de las leyes 22.431, 24.901, 23.660 y 26.378 y que la interpretación de esta Corte vulnera -según su modo de ver- los Tratados protectorios de los derechos de las personas con discapacidad, siendo suficientes para habilitar esta vía (v. págs. 3 y 9, adjunto cit.).
Al respecto, exponen que la sentencia en crisis, apartándose de la citada normativa que rige al caso y de las constancias objetivas de la causa, confundió los términos discapacidad e incapacidad y convalidó -sin dar fundamentos suficientes- la interpretación que hizo la instancia de origen, desconociendo que, al integrar la accionada el ámbito de los servicios generales de salud, la simple acreditación del certificado de discapacidad resultaba suficiente para obligarla a que continúe prestando el servicio de cobertura social. Ello, con la consecuente afectación de las garantías constitucionales mencionadas (v. págs. 9/17, adjunto cit.).
Y cuestionan, también, que este Tribunal, con apoyo en que la señorita C. está matriculada en el Colegio de Martilleros, haya ponderado -erróneamente, según su modo de ver- que el cuidado integral de su salud se encontraba cubierto a través del régimen que dicha entidad le brinda. Contrariamente a lo expuesto, aducen -por un lado- que el citado Colegio no cuenta con un sistema de salud propio y -por el otro- que la pérdida de la afiliación al Sistema de Salud que otorga la Caja de Escribanos pone en riesgo su posibilidad de escuchar por el mantenimiento constante que requiere el implante coclear (v. págs. 17/18 y 21/24, adjunto cit.).
II.3. Objetan, asimismo, que el fallo entienda que por estar matriculada y ejercer la profesión, la señorita C. no dependa económicamente de su madre y, en consecuencia, no cumpla con el requisito de ser persona incapaz a cargo de sus progenitores. Alegan que ello carece de motivación suficiente y se aparta de las constancias de la causa -puntualmente de aquellas que dan cuenta de que la joven se conduce en su vida profesional con el auxilio de su tía y de su condición tributaria (monotributo, categoría "A")-. Atenta, además, contra los fines y postulados de las normas convencionales que rigen la materia y causa un daño de imposible reparación ulterior (v. págs. 18/21, adjunto cit.).
II.4. Finalmente, citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN Fallos: 331:1449; 335:168; v. págs. 17 y 19, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 11-VI-2021), el mismo fue contestado por el apoderado de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Bs. As. (v. escrito electrónico de fecha 30-VI-2021).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho común, procesal y público local (en el sub lite , se controvierte la aplicación de la ley 6.983 y la valoración efectuada de las circunstancias fáctico-probatorias relacionadas con la condición de la coactora), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 2672; entre otros).
En el caso, no se observa que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por las impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. Por otro lado, se advierte que si bien las materias vinculadas con la interpretación de las normas de seguridad social y discapacidad pueden involucrar -en principio- cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48 (CSJN, Fallos: 341:919), lo cierto es no se advierte, en el presente, una aplicación contraria a los derechos de la amparista. Concretamente, para resolver este pleito se ha ponderado que la joven tiene cubierto el cuidado de su salud integral, no solo a través del régimen que le brinda el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires -en el que está colegiada como consecuencia del desempeño de su actividad profesional-, sino también por los estándares que ha fijado la Corte nacional a través de la asistencia pública provincial y nacional que le otorgan las leyes 24.901 y 24.452 (CSJN, Fallos: 324:3569) en cumplimiento de los tratados internacionales de rango constitucional, especialmente el incorporado por la ley 26.378, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. De allí que, los argumentos expuestos por las impugnantes no resultan -en principio- suficientes para demostrar la configuración de un caso federal (doctr. art. 15, ley 48).
IV.3. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de falta de fundamentación suficiente, irrazonable valoración del material probatorio y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que las recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo objetado y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para hacer lugar al recurso intentado por la contraria, dando su propia versión de la valoración de los hechos y la normativa que rige el caso (v. págs. 9/24, adjunto cit. y sent. en crisis).
IV.4. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 12, PIDESyC; 25 y 27 inc. "e", CDPD; 25, DUDH y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; v. págs. 1, 9/13, 15, 18 y 20/23, adjunto cit.) así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; C. 123.213, "Cutzarida Srl", resol. de 2-III-2021; C. 120.671, "Club De Regatas Bella Vista", resol. de 31-III-2021; C. 123.277, "Tornaroli", resol. de 4-V-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2021 21:27:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2021 09:05:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 09:14:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:07:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2021 11:14:25 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/11/2021 12:24:37 hs. bajo el número RR-872-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia