Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124964
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (art. 278, CPCC); con costas.
C. 124.964 "AGUIRRE LIBRADA ALICIA C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTIN Y OTRO/A S/ AMPARO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de General San Martín, en el marco de un amparo iniciado por la señora Librada Alicia Aguirre contra el Municipio de San Martín y la Provincia de Buenos Aires, hizo lugar a la acción con costas a la demandada en su calidad de vencida y en lo que aquí interesa destacar reguló los honorarios de la doctora Angela Mabel Depaolini, patrocinante de la actora, en 20 jus arancelarios conforme al art. 20 bis de la ley 13.928 -art. incorporado por ley 15.016-, los arts. 22, 23, 51 de la ley 14.967 y el 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. sent. de 11-XII-2020).
A su turno, apelada la regulación por la letrada y por el fisco provincial, la Cámara de Apelación departamental elevó los estipendios a 50 jus con fundamento en los arts. 1, 14, 15, 16, 21, 49 y concordantes de la ley 14.967 (v. resol. de 31-III-2021).
Frente a dicha decisión, el apoderado de la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 27-IV-2021), el que fue concedido (v. pronunciamiento de 1-VI-2021).
II. Al respecto se aprecia que, en el sub lite , el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado, a tenor de lo expuesto en la vía impugnatoria bajo análisis, por los honorarios fijados por el Tribunal de Alzada (50 jus arancelarios; conf. doctr. causas C. 121.803, "Banco de la Provincia de Bs. As.", resol. de 13-IX-2017; C. 122.766, "Hastoy", resol. de 13-II-2019 y C. 123.642, "Israel Silicaro", resol. de 26-II-2020).
Así, el mismo no alcanza el mínimo legal establecido por el referido art. 278 del Código de forma -texto según ley 14.141 y Acordada 4.012/21- para acceder a la revisión en esta instancia por la vía intentada.
Por su parte, y con relación al invocado art. 31 bis del decreto ley 5.827 a fin de sortear el recaudo en tratamiento (v. escrito electrónico de 27-IV-2021, puntos II.c y VI), corresponde señalar que no se advierte que en el caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal diera trámite al recurso obviando tal limitación (conf. doctr. C. 122.525, "Avila", resol. de 19-XII-2018; C. 123.199, "Tarzetti", resol. de 25-IX-2019 y C. 124.377, "Arroyo", resol. de 8-VI-2021).
En cuanto a la alegada gravedad institucional, esta Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose aquí la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 119.622, "Serantes", resol. de 9-XII-2015 y C. 124.377, cit.; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en la impugnación.
Finalmente, sobre el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. punto II.c, escrito electrónico del 27-IV-2021), el mismo carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas limitando el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en los presentes - prima facie - la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que si bien se alega gravedad institucional, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018 y C. 124.377, cit.).
En consecuencia de todo lo expuesto, la vía de inaplicabilidad de ley intentada deviene inadmisible (art. 278 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (art. 278, CPCC); con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/07/2021 14:48:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/07/2021 18:43:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/07/2021 14:42:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2021 19:20:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2022 12:17:35 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/02/2022 12:51:45 hs. bajo el número RR-15-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia