Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123959
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.959, "Iantorno, Marcelo Martín. Amparo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo y ordenado que la demandada se hiciera cargo del total del costo del tratamiento de hidroterapia pretendido por el amparista, ya fuera de manera directa o por medio del sistema de reintegro. Impuso las costas de ambas instancias al actor (v. sentencia electrónica de fecha 25-XI-2019).
El actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-XII-2019).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Marcelo Martín Iantorno promovió acción de amparo contra la Organización de Servicios Directos Empresarios, en adelante OSDE, con el objeto de obtener la cobertura del tratamiento de hidroterapia prescripto por su médico para aliviar la cervicalgia severa tensional que padece.
Relató que la demandada se hizo cargo del tratamiento por medio del sistema de reintegro hasta que, de manera intempestiva, le fue negada la mencionada prestación médica, razón por la cual efectuó el correspondiente reclamo administrativo, sin éxito.
La demandada, a su turno, repelió la demanda con base en que el tratamiento requerido por el amparista no integraba el Programa Médico Obligatorio.
Luego de que fuera rechazada la acción con fundamento en que la presentación judicial era extemporánea -por haber vencido el plazo previsto en el art. 5 de la ley 13.928- y que esta Corte revocara esa decisión (v. causa C. 121.852, sent. de 22-VIII-2018), se produjo la prueba ofrecida, incluida la pericia médica a fs. 425/433 y 498. La señora jueza de la instancia de origen dictó sentencia, haciendo lugar a la acción y disponiendo que las autoridades de OSDE, en un término no mayor de veinte días, autorizaran de forma inmediata, continua y permanente -salvo consideraciones médicas contrarias- la cobertura total del tratamiento de hidroterapia con los profesionales médicos elegidos, ya sea de forma directa o por el sistema de reintegro.
Este pronunciamiento fue apelado por la demandada (v. fs. 555/563 vta.).
I.2. Elevados los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, esta revocó la sentencia de grado anterior.
Para decidir de esa manera, señaló que la acción de amparo era procedente cuando el Estado o los particulares amenazaran o lesionaran el ejercicio de los derechos constitucionales, fueran estos individuales o colectivos, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; citó las causas A. 72.950, A. 70.324 y B. 65.640 de esta Suprema Corte. Consideró que en el caso no se cumplían los extremos antes mencionados y que había que tener en cuenta la relación contractual existente entre el accionante y el accionado.
Delineó el contenido de esa relación a través de los distintos planes que podía suscribir el usuario y sostuvo que la Administración Pública establecía estándares mínimos de cobertura a través del Programa Médico Obligatorio (PMO), el que se modificaba cuando la Administración consideraba conveniente incluir en el programa los avances que la ciencia médica iba produciendo.
Luego de resumir el criterio expuesto por la magistrada de grado anterior acerca de la protección de la salud amparada tanto por la Constitución nacional como por la provincial, así como por los tratados y leyes que reglamentaban el ejercicio de ese derecho a través de las obras sociales y las protecciones mínimas, concluyó que la regulación del sistema de salud no resultaba de libre interpretación para la judicatura.
Determinó, entonces, que no había ni arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta en la decisión de no otorgar el tratamiento de hidroterapia cuando le cubría al accionante el tratamiento terapéutico establecido en el contrato y contenido en el PMO.
Seguidamente, sostuvo que tampoco resultaba acertado que la sentencia de grado anterior dispusiera que el accionante estaba en un pie de desigualdad respecto de las personas con discapacidad que podían acceder al tratamiento de hidroterapia porque el criterio de igualdad debía ser considerado teniendo en cuenta categorías de personas con las mismas circunstancias, lo que no ocurría con el accionante, quien no había presentado certificado de discapacidad.
II. Se agravia el recurrente denunciando errónea aplicación de las leyes 23.660, 23.661 y 26.682; de las resoluciones 247/96, 939/00, 202/02 y 1.991/05 y de los arts. 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 12 y 20 de su par provincial. Asimismo, alega absurdo en la apreciación de la prueba y de los escritos constitutivos de la litis, además de violación de doctrina legal.
II.1. Señala que es absurda la decisión de la Cámara porque no ha tomado en cuenta que el actor hizo el tratamiento kinesiológico que la demandada puso a su disposición, que no tuvo un resultado satisfactorio y que por ese motivo un médico de la cartilla le aconsejó el tratamiento de hidroterapia que realizó en CMR HIDROTERAPIA en el año 2011. Agrega que el costo de esa práctica le fue reintegrado en su momento, como surge de los depósitos que OSDE realizó en su cuenta del Banco Francés, y que luego de manera intempestiva la demandada negó la cobertura de ese tratamiento por lo que entiende que la conducta de OSDE atenta contra la teoría de los actos propios. Cita doctrina de autor, las causas C. 100.580 y B. 61.279 y fallo de la Corte nacional en apoyo de su postura.
Destaca que el Tribunal de Alzada también incurre en absurdo cuando considera que no ha habido ilegalidad ni arbitrariedad manifiesta porque la demandada cubre el tratamiento terapéutico que contiene el Programa Médico Obligatorio y el contrato suscripto entre las partes. Señala que el sentenciante desconoce que de los escritos constitutivos del proceso surge que aquella reconoció la prestación y la abonó por el sistema de reintegro para luego suspender el pago, en franca violación del derecho a la salud del amparista.
II.2. Seguidamente considera errónea la interpretación que ha hecho la Cámara de las leyes 23.660, 23.661 y 26.682, así como de las resoluciones que regulan el Programa Médico Obligatorio y del derecho a la salud al sostener que estaba cubierto por ese programa (247/96, 939/00, 202/02 y 1.991/05), además de entender que ha desconocido los postulados elaborados por la Corte nacional en la materia, los que individualiza. Transcribe el art. 12 de la Constitución de la Provincia y hace referencia a los tratados internacionales con rango constitucional.
Resalta que es afiliado al "Plan abierto con sistema de reintegro" y que las leyes que reglamentan el "ejercicio" (sic) no son las que la Cámara enuncia en forma aislada y descontextualizada sino que existe un plexo normativo que debió ser aplicado en forma armónica y conteste a la jurisprudencia del fuero.
Entiende que la obligación principal de la obra social y las entidades de medicina privada es asegurar el ejercicio del derecho a la salud de los afiliados, garantizando el acceso a métodos y prestaciones destinados a ese fin, y que si la terapéutica reclamada no está en el Programa Médico Obligatorio ello no es óbice para no otorgarla, ya que pesa sobre la demandada la cobertura integral de sus afiliados cuando la terapia está fundada en las prescripciones médicas relativas a la condición particular del afiliado y en tanto no se vea comprometido el patrimonio de la obra social de un modo irrazonable. Agrega que el Programa Médico Obligatorio contiene las prestaciones mínimas que deben ser aseguradas, pero no es limitativo de otras pues la ley 23.661 establece el otorgamiento de prestaciones integrales que aseguren el mejor nivel y calidad de vida disponible. Cita fallos y recuerda que la Corte nacional ha dispuesto que la limitación en la cobertura debe ser entendida como un piso prestacional, estándar replicado por otras cámaras de apelación.
Pone de relieve que el Programa Médico Obligatorio ha sido ampliado de manera significativa a partir del dictado de leyes que incorporaron determinadas prestaciones y que la tecnología y la medicina avanzan rápidamente en el tratamiento de diversas enfermedades, por lo que la normativa que regula las prestaciones médicas a cargo de las obras sociales y las entidades de medicina privada resulta muchas veces atrasada e insuficiente, de lo que deriva que su contenido sea un piso básico. Cita fallo de la Corte nacional y doctrina de autor.
Destaca que ha quedado acreditado mediante la pericia médica que el actor padece de una enfermedad degenerativa de la columna cervical con máxima repercusión en nivel C5 y C6 y que los tratamientos que se indican en ese informe son los siguientes: kinesiología, medicación analgésica, glucocorticoides, collar cervical e hidroterapia. Agrega que el experto refiere que la elección del tratamiento será de acuerdo a la intensidad de la sintomatología, a la repercusión en la vida diaria del paciente y a la decisión del médico tratante.
Concluye que del juego armónico de las disposiciones legales contenidas en el art. 43 de la Constitución nacional, en los arts. 12 y 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, así como de las leyes 23.660 y 23.661 y las disposiciones reglamentarias del Programa Médico Obligatorio, corresponde afirmar que el tratamiento de hidroterapia resulta ser una terapia indicada para la patología que padece.
Afirma que debe hacerse lugar a la acción de amparo toda vez que las entidades de medicina privada por la ley 26.682 deben garantizar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas tendientes a la promoción, protección y recuperación de la salud para responder a una mejor calidad de vida como lo dispone la ley 23.661.
II.3. Seguidamente señala que la sentencia de la Cámara viola la autonomía personal del individuo, receptada en los arts. 19 y 33 de la Constitución nacional y 56 de la Constitución de la Provincia, derecho que en el campo de la medicina le permite a la persona elegir entre las distintas terapéuticas, sin olvidar que en bioética existe el principio de beneficencia para el paciente por la práctica terapéutica.
Reitera que el plan de salud fue ofrecido como superador y clasificado como abierto por lo que se puede elegir el prestador fuera de la cartilla, cuya cobertura se efectúa por el sistema de reintegro, lo que ha generado confianza y seguridad en el afiliado.
Transcribe los arts. 1 y 2 de la resolución 1.025/09 referidas a las modificaciones de las cartillas de los agentes del seguro de salud. Cita fallo de la Cámara federal en apoyo de su postura.
Señala que el costo de la sesión de hidroterapia no excede el de otras terapéuticas, haciendo referencia al criterio sustentado por esta Corte en la causa A. 71.671 respecto de las justificaciones económicas y financieras.
II.4. Pone de relieve que el fallo vulnera la ley 24.240. Hace referencia al art. 1.093 del Código Civil y Comercial y a la integralidad de la prestación de salud en base a un fallo de la Cámara Nacional Civil y doctrina de autor, destacando que el Tribunal de Alzada no aplicó las normas del derecho del consumidor que son de orden público.
II.5. Por último, si bien la hidroterapia está indicada para personas con discapacidad por la ley 24.901, ello no obsta a que sea una práctica beneficiosa para otras personas por su condición.
Resalta que esta Corte, en la causa A. 70.736, ha señalado que la doctrina emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene efectos vinculantes hacia los cuerpos jurisdiccionales inferiores tanto en temas federales como en los que no lo son.
III. Disiento con la opinión del señor Procurador General. A mi juicio, el recurso no prospera.
III.1. Es doctrina de esta Suprema Corte que una sentencia es absurda si hay un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Mas no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones o supuestos intentos similares alcanzan para configurar tal absurdo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva, para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; resultando indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. doctr. causas C. 120.989, "G., M. F.", sent. de 11-VIII-2020 y C. 102.945, "Spinadel", sent. de 5-III-2021).
En el caso, el recurrente se desentiende de los fundamentos centrales del pronunciamiento, esto es, de un lado, la falta de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el obrar de OSDE, que le brinda otras terapéuticas adecuadas para la patología que padece -de acuerdo a la cobertura prevista en el plan contratado por el actor y el PMO- y, del otro lado, que la negativa de la prestadora no vulnera el derecho a la igualdad.
En cuanto al primer argumento, la Cámara sostuvo que "La demandada le cubre un tratamiento terapéutico, conforme la patología que padece el accionante, establecido en el contrato entre las partes y contenido en el PMO, no existe ilegalidad o arbitrariedad ostensible en ello, la mera indicación del profesional médico no resulta fundamento suficiente, máxime cuando el tratamiento alternativo no resulta novedoso ni superador del que se le brinda" (pág. 6, sentencia electrónica de fecha 25-XI-2019).
En cuanto al segundo argumento, señaló el sentenciante que "Tampoco resulta acertado que la sentencia sostenga que si el demandante fuera una persona discapacitada [...] tendría acceso a la cobertura requerida, lo que a su juicio resulta violatorio de la igualdad ante la ley. Ello no es así, se sostiene que la igualdad ante la ley, es dable cuando se trata de ciudadanos que se encuentran en iguales circunstancias y es por ello que el legislador se encuentra habilitado a crear distintas categorías con distintos requisitos para cada una de ellas, de allí que a las personas con discapacidad les da un tratamiento diferente [...] y establece un catálogo de acciones positivas por parte del estado en beneficio de éstas. No se ha probado que el accionante posea el certificado de discapacidad, requisito necesario para acceder a otro tipo de prestaciones médicas en este caso..." y agregó "'Para que exista denegación de igualdad ante la ley no solo ha de existir discriminación, sino que, además, ella deberá ser arbitraria. No sucede así cuando el distingo se basa en la consideración de una diversidad de circunstancias que funda el distinto tratamiento normativo. Así, las distinciones establecidas en las normas resultan valederas en tanto no obedezcan a propósitos de injusta persecución o un indebido privilegio.' SCBA A 74281 RSD-91-19 S 29/05/2019, SCBA A 74240 RSD-86-19 S 22/05/2019, SCBA A 73959 RSD-122-18 S06/06/2018, SCBA A 73862 S 03/05/2018, SCBA A 73211 S 25/04/2018 y SCBA A 72862 S 18/10/2017".
Frente a esa decisión el recurrente despliega argumentos en base a fallos de la Corte nacional (CSJN causas A.182.XXXIV "Asociación Benghalensis", Fallos: 323:1339 y D.254.XLVII "Duich Dusan", Fallos: 337:471) y de esta Corte provincial que no son aplicables al caso bajo examen (causas C. 119.134, sent. de 19-II-2015; C. 99.322, sent. de 9-VI-2010; A. 70.165, sent. de 14-XII-2016; A. 73.575, sent. de 4-V-2016 y A. 69.164, sent. de 1-VI-2011) y con su prédica no logra demostrar el absurdo en la decisión de la Cámara porque -reitero- aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ello no es suficiente para tenerlo por absurdo, ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. causas C. 108.249, "Cuello", sent. de 9-VI-2010 y C. 116.947, "Krieger", sent. de 15-IV-2015).
Por otra parte, se desentiende del concepto de igualdad que el Tribunal de Alzada explica, en línea con precedentes de esta Corte, consistente en que el principio de igualdad -arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de la carta magna provincial- impone un trato igual a quienes se hallan en iguales circunstancias y, por tanto, el legislador tiene plenas facultades para crear categorías y efectuar distinciones en la medida en que ellas resulten razonables y no obedezcan a propósitos hostiles o persecutorios (conf. doctr. causas A. 70.155, "Instituto Médico Constituyentes S.A.", sent. de 23-XII-2013 e I. 70.281, "Suárez", sent. de 29-VIII-2018).
III.2. En lo que atañe al agravio allí abordado, vinculado a la pretendida infracción de los arts. 42 y 43 de la Constitución nacional y a lo dispuesto en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (capítulo VIIII de la pieza recursiva en tratamiento) y más allá de la indiscutible vocación de aplicación de este plexo normativo a la presente controversia (CSJN causas "Peña de Marques de Iraola", sent. de 16-IV-2002, Fallos: 325:677; "Cambiaso Peres de Nealon", sent. de 28-VIII-2007, Fallos: 330:3725; "R. V. de D. S.", sent. de 15-XII-1998, Fallos: 321:3493; e.o.), este tramo del embate no satisface la carga técnica de su debida fundamentación (art. 279, CPCC). Así, lejos de explicitar, como lo exige la citada norma adjetiva, en términos claros y concretos en qué consiste la violación o errónea aplicación denunciada, los desarrollos que porta el líbelo recursivo se detienen en una mera exposición abstracta en torno a los principios que consagran tales preceptos, mas en modo alguno se expone de qué modo ha operado el motivo de casación esgrimido ni en qué medida la recta aplicación de las normas reseñadas hubiera conducido a un pronunciamiento favorable a la pretensión esgrimida.
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas C. 95.758, sent. de 9-XII-2010; C. 101.569, sent. de 22-XII-2010; C. 94.540, sent. de 10-III-2011, C. 108.027, sent. de 11-V-2011; A. 72.392, "Bonomi", sent. de 16-III-2014; e.o.). Y si -como en la especie- la denuncia de infracción legal formulada por el recurrente no ha pasado del mero enunciado, no se ha satisfecho la carga del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial que exige al impugnante la demostración de la manera en que el pronunciamiento atacado conculca las garantías y derechos que alega (causas C. 98.091, "Gallego García", sent. de 15-IV-2009; C. 119.896, "Serial", sent. de 14-XII-2016; C. 118.885, "Del Pino", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
III.3. En lo relativo a las transgresiones a preceptos constitucionales, tiene dicho esta Corte que resulta estéril
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