Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78431
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.431, "Sosa, Oscar Rodolfo c/ Municipalidad de Berisso s/ amparo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Maidana, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de esa ciudad, que hizo lugar a la acción de amparo promovida por el señor Oscar Rodolfo Sosa contra la Municipalidad de Berisso (v. sent. de fecha 28-VI-2022).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de nulidad y de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 14-VII-2022, 12:40:16 p.m., en el sistema Augusta), siendo concedido el primero y denegados los restantes (v. resol. de fecha 25-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 24-XI-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Municipalidad de Berisso (v. presentación electrónica de fecha 10-V-2022, 11:56:48 a.m., en el sistema Augusta) y confirmó la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios.
Para así resolver, señaló -en primer lugar- que la controversia exige juzgar la legalidad de la denegatoria tácita en la que incurrió el municipio demandado, considerando el pedido de información cursado por el amparista (v. nota dirigida al Intendente "Inicia expediente administrativo pidiendo suministro de información pública", ingresada con fecha 4-X-2021) y las previsiones del art. 7 de la ley 12.475 de acceso a los documentos administrativos, que establece que, transcurridos treinta (30) días sin que la autoridad se haya expedido, la solicitud se considerará denegada.
Luego, con cita del precedente de este Tribunal "Asociación por los Derechos Civiles" (causa A. 70.571, sent. de 29-XII-2014), rechazó el agravio relacionado con la legitimación del peticionante.
Sostuvo al respecto que la demanda exponía una situación de interés que, aun sin alcanzar la plataforma mínima requerida por el art. 1 de la ley 12.475, quedaba al amparo del mayor alcance que brinda el decreto 2.549/04, lo cual tornaba innecesario acudir a normas constitucionales.
Asimismo, bajo los parámetros que estipula el citado decreto, rechazó los agravios relacionados con la justificación de la omisión de proporcionar una respuesta por parte de la comuna ante la falta de pago de los llamados "derechos de oficina", así como también del plazo -a criterio del recurrente exiguo- de treinta días para el cumplimiento de la condena.
Mencionó los contornos en los cuales se asientan las obligaciones de las autoridades administrativas a la luz del mencionado decreto 2.549/04, las cuales -advirtió- excluyen la creación o producción de documentos.
Afirmó que el deber de publicidad de la Administración comunal y su correlato en el derecho a la información del actor -en su condición de ciudadano- exige de aquella una respuesta activa que indique los elementos que le han sido requeridos, con detalle del modo de acceso a cada uno y con prescindencia de lo predicado respecto de la disponibilidad de los datos atinentes a la ejecución presupuestaria.
En consecuencia, confirmó la decisión apelada, toda vez que, ante la falta de respuesta del municipio, encontró acreditada una infracción jurídica manifiesta al marco normativo aplicable al proceso.
Puntualizó que la afectación de derechos de terceros alegada por el municipio, circunstancia que -de verificarse- podría eximirlo de brindar el acceso a esa información, requería una respuesta en tal sentido que la comuna no supo brindar, amén de relacionarse solo con uno de los varios aspectos solicitados por la actora.
Impuso las costas a la demandada vencida (conf. art. 19, ley 13.928, texto según ley 14.192).
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Municipalidad de Berisso denuncia arbitrariedad en la sentencia, en el entendimiento de que la doctrina legal invocada en el voto del magistrado que inició el acuerdo no resulta aplicable al caso de autos, toda vez que los antecedentes de hecho de la causa A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles" (antes cit.), difieren a los del presente.
Indica que, si bien en ambas causas se encuentra en juego el derecho a la información, no puede afirmarse -como lo hizo el Tribunal de Alzada- que se trata de una denegatoria tácita (art. 7, ley 12.475), sino que, en el caso, una parte de la información requerida se encuentra publicada en el sitio web del municipio y otra compromete -a su criterio- los derechos y privacidad de terceros.
Aduce que para el caso de que la judicatura entienda lo contrario, la información requerida debería ser elaborada por diversas áreas municipales, circunstancia de la cual la releva la propia legislación.
Afirma que, en consecuencia, el municipio no incurrió en una omisión manifiesta que habilite la procedencia de la vía intentada (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov. y 1 y 2, ley 13.928).
Por otra parte, se agravia de la interpretación que el Tribunal de Alzada le ha dado al art. 1 del decreto 2.549/04, con relación a la norma de mayor jerarquía que reglamenta y que reconoce el derecho a quien manifieste un interés legítimo (art. 1, ley 12.475).
Alega asimismo una incorrecta interpretación del art. 12 inc. 4 de la Constitución provincial.
Advierte que el Tribunal de Alzada aplicó una norma reglamentaria dictada por el Poder Ejecutivo provincial que regula el derecho de acceso a documentos administrativos de naturaleza pública correspondientes a organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo su jurisdicción.
Destaca que los municipios no se encuentran obligados a conformarse a las disposiciones del decreto, mas sí quedan a todo efecto comprendidos bajo las disposiciones de la ley 12.475, que en su art. 1 exige un "interés legítimo" de quien requiera la información, condición que no satisface el amparista.
Por último, señala que el acatamiento de los tribunales inferiores a la doctrina legal de este Tribunal responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, lo cual no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, toda vez que -llegado el caso- pueden dejar a salvo sus opiniones personales.
III. El recurso extraordinario no prospera.
III.1. La recurrente alega arbitrariedad en la sentencia impugnada, toda vez que esta se funda, para considerar que la comuna ha incurrido en una denegatoria tácita de brindar la información requerida, en un precedente de este Tribunal (causa A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles", sent. de 29-XII-2014) que difiere de los presupuestos de hecho verificados en la presente (v. pto. V.ii. del recurso en tratamiento).
Al desarrollar este planteo, específicamente expone que el antecedente invocado por el magistrado que inició el acuerdo no resulta aplicable al caso, ya que en aquella oportunidad no se cuestionó la procedencia o naturaleza de la información solicitada, tal como ocurre en autos.
Precisa que la aquí actora solicitó, por un lado, información a la cual puede acceder cualquier persona, en tanto se encuentra publicada en la página web del municipio; y por otro, datos que las autoridades municipales consideraron que comprometían la privacidad y derechos de terceros, motivo por el cual no se los brindó.
En relación con el agravio en tratamiento, debo recordar que la mera denuncia de arbitrariedad no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, si no se demuestra que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo (causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 71.275, "C. L.", sent. de 28-XIII-2014; A. 71.581, "Barrios", sent. de 15-X-2014; A. 75.822, "Silvente", resol. de 11-III-2020; e.o.).
A su vez, el vicio de absurdo, en la forma en que ha sido delimitado por esta Suprema Corte de Justicia a lo largo del tiempo, se configura cuando el fallo incurre en un error palmario, grosero y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. causas Ac. 89.233, "Martínez", sent. de 6-VII-2005; Ac. 91.321, "García", sent. de 15-III-2006 y Ac. 94.916, "Mieres de García", sent. de 19-IX-2007).
En la especie, el recurrente no ha demostrado un vicio de las características señaladas, por cuanto se ha limitado a identificar un par de pretendidas características diferenciales de este pleito con relación al antecedente citado por la Cámara, que ni siquiera se relacionan con el aspecto que motivó que esta última acudiera a los conceptos allí vertidos, pues en puridad dicha referencia se asocia con la cuestión de la legitimación, mientras que aquí pretende impugnársela para discutir la efectiva disponibilidad de la información requerida, o bien el compromiso para la privacidad y los derechos de terceros que se desprendería del acogimiento íntegro de lo peticionado por el amparista.
Al respecto, cabe recordar que no logra evidenciar la existencia de absurdo quien se aparta de la línea reflexiva que llevó a los señores jueces de la Cámara a exponer la conclusión que se impugna, limitándose a efectuar un análisis de los hechos y de las constancias probatorias según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que reiteradamente se ha considerado impropio para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el vicio de absurdo (conf. causa A. 69.937, "Energy", sent. de 3-XI-2010 y sus citas).
En efecto, la exigencia de fundar adecuadamente un recurso extraordinario no queda cubierta con la sola invocación de una norma o del vicio de absurdo, si en esa operación no se efectúa la réplica adecuada y precisa de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene.
Ello pues, como tiene dicho este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario que omite cumplimentar la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la cual consiste en explicar claramente cómo se configuran en el caso dichas infracciones. El incumplimiento de este imperativo deja incólume -en la parcela considerada- la sentencia controvertida, déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causas A. 69.072, "Peralta", sent. de 31-VIII-2016; A. 71.301, "Arrachea", sent. de 31-VIII-2016; A. 73.936, "Ruggeri", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
III.2. Tampoco logra conmover lo decidido el agravio contrario a la legitimación de la recurrente que se apoya en la denuncia de errónea aplicación del art. 1 del anexo I del decreto 2.549/04.
Con independencia del verdadero alcance de este último precepto y de los fundamentos sobre el tópico que conformaron la mayoría en el Tribunal de Alzada, lo cierto es que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, esta Corte ha sostenido que no se requiere un interés especial o cualificado como legítimo para reclamar administrativa o judicialmente, en virtud del expreso reconocimiento del derecho a la información y a la comunicación y de la garantía de tutela judicial continua y efectiva y del acceso irrestricto a la justicia, que fluyen de los arts. 12 inc. 4 y 15 de la Constitución de la Provincia, entre otras razones (v. causas A. 70.571, cit.; A. 72.274, "Albaytero", sent. de 9-III-2016; A. 70.082, "Longarini", sent. de 29-III-2017; A. 73.314, "Gallinelli", sent. de 21-VI-2018; A. 74.654, "Asociación Civil Aletheia", sent. de 29-V-2019 e I. 73.783, "CEPIS", resol. de 23-II-2022).
Por otra parte, no constituye óbice al requerimiento del peticionante la inexistencia de una normativa municipal que regule la materia, pues el deber de informar posee raigambre constitucional y deberá cumplimentarse de conformidad al ámbito competencial inherente al organismo demandado.
En este sentido, el acceso a la información pública se muestra como un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la Administración. Esta característica se explica a partir de los propios cimientos del ejercicio del gobierno representativo: la representación democrática tiene carácter temporal y el ejercicio de funciones públicas en nombre de la representación otorgada por el pueblo soberano está abierta al refrendo o escrutinio de la población en cuyo nombre se gobierna (conf. art. 1, Const. nac.).
III.3. Respecto de la idoneidad del carril intentado, la recurrente insiste en la inviabilidad de la acción incoada, justificando su conducta en que parte de la información solicitada se encontraba publicada y en que otra requiere de una elaboración por parte de diversas áreas municipales, en caso de que se determine judicialmente que ella no afecta derechos de terceros.
Luego transcribe el voto en minoría del doctor Genoud en la causa "Asociación por los Derechos Civiles" (antes cit.) y concluye que el municipio no incurrió en arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta alguna.
En los términos planteados, el agravio carece de idoneidad impugnatoria, toda vez que -como en parte se anticipara- no logra poner de manifiesto que la decisión del Tribunal de Alzada resulte descalificable por padecer del vicio lógico de absurdo, limitándose a presentar su particular versión de los hechos y su propia interpretación de marco normativo.
En tal sentido, los escuetos agravios en los cuales la demandada intenta fundar el recurso extraordinario concedido lucen ineficaces en esta instancia, toda vez que no logran desvirtuar los argumentos esgrimidos por la Cámara en relación con la denegatoria tácita de acceso a información pública en la que incurrió el municipio ante el pedido del amparista.
IV. No se me escapa que, encontrándose los autos para resolver, la Municipalidad de Berisso se presentó denunciando como hecho nuevo el fallecimiento del actor y solicitó que se declarase abstracta la cuestión, en tanto la pretensión articulada se asentaba en la calidad de periodista de aquel y -por ende- se relacionaba con un derecho inherente a su persona, que no podría transmitirse a sus herederos (v. presentación electrónica de fecha 31-I-2024).
Con posterioridad, el letrado apoderado de la parte actora adjuntó certificado de defunción del señor Sosa, certificado de matrimonio de este con la señora Zulma del Carmen Herrera y poder otorgado por ella a fin de continuar el presente proceso judicial contra la Municipalidad de Berisso, lo que motivó que se tuviera al mencionado profesional por presentado en el nuevo carácter invocado y por acreditado el vínculo referido, sin perjuicio de la posibilidad de que el Tribunal requiriese en su oportunidad la correspondiente declaratoria de herederos (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2024, documentación adjunta y providencia de fecha 15-II-2024).
Sucede que acceder al planteo formulado por la comuna demandada para que se declare abstracta la cuestión planteada debido a que la sucesora del actor no reviste la calidad de periodista equivaldría a desconocer el amplio alcance de la legitimación en materia de acceso a la información pública, temática ya abordada en el punto III.2. de este voto, así como en los precedentes allí citados, adonde en mérito a la brevedad he de remitir.
En las condiciones expuestas, no advierto obstáculos para considerar a la acción objeto de autos entre aquellas transmisibles a los herederos desde la muerte del causante (conf. arts. 2.277 y 2.280, Cód. Civ. y Com.); más aún, una restricción como la pretendida por la demandada colisiona frontalmente con la amplitud de miras que es necesario preservar en esta clase de asuntos, en defensa de principios basales del sistema democrático y republicano, como la publicidad de los actos de gobierno, la transparencia y el control en el ejercicio de la función pública.
V. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los puntos traídos a consideración de esta instancia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la vencida (conf. arts. 19, ley 13.928 y 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Considero que le asiste la razón a la Municipalidad de Berisso cuando alega que la sentencia de la Cámara incurrió en una causal de arbitrariedad, al fundarse la mayoría concordante -exclusivamente- en un precedente que no era derechamente aplicable al caso.
I.2. Asimismo, atendiendo a la expresa intención de la sucesora del actor de continuar con el trámite de las actuaciones, descarto que la cuestión se haya tornado abstracta tras su fallecimiento. Lo expresado, en tanto que la Cámara -en el reenvío que habré de disponer para que mire nuevamente el asunto (v. infra pto. III)- puede llegar a entender que aquella cuenta -personalmente, en su simple condición de ciudadana o vecina del partido- con suficiente interés en acceder a la información pública denegada en autos, independientemente de la transmisión -o no- de algún derecho eventual o litigioso de quien en vida fuere su esposo. Por lo demás, la clausura de la instancia ya abierta al efecto implicaría, en los hechos, obligar a la interesada a transitar nuevamente por las mismas etapas -administrativa y judicial-, incurriendo en un rigorismo formal difícil de compatibilizar con garantías constitucionales que la asisten (art. 15, Const. prov.).
II.1. En lo medular, advierto que el voto del señor juez De Santis al que se plegó su colega con fundamentos adicionales, consideró " ... aplicable la exégesis de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, elaborada en la causa A. 70.571, pues cuanto deriva de la misma irradia a favor de la empresa de demanda, en cuanto ésta expone una situación de interés que aún sin alcanzar la plataforma mínima de protección del artículo 1 de la ley 12.475, queda al amparo del mayor alcance que brinda el decreto nº 2549/04 (art. 1 y ccs.) ". Añadiendo seguidamente que eso " ... es suficiente para exigir de la administración pública la conducta activa que establece el indicado reglamento (decreto 2549/04 cit.), sin que resulte necesario acudir a otro componente constitucional, pues cuanto establece y reclama el actor encuentra debida respuesta en el mencionado acto general " (v. sent. de cámara, pto. 2.a.; el destacado me pertenece).
Me permito recordar que en ese precedente -ciertamente ligado al derecho de acceso a la información pública- la asociación civil actora demandaba a la Dirección General de Cultura y Educación, entidad autárquica en la órbita del Poder Ejecutivo provincial. Como tal, indudablemente le cabían las disposiciones del decreto 2.549/04 (con
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.