Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76712 P
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 4068) y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
A.76.712-P "DELLA CROCCE JORGE NICOLAS C/ INSTITUTO PREVISION SOCIAL BUENOS AIRES S/ AMPARO"
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Carral y Kohan dijeron:
I. En autos, en el marco de una acción de amparo entablada por el señor Jorge Nicolás Della Crocce contra el Instituto de Previsión Social solicitando que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones Nº4385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte y la resolución N° 170/2014 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la decisión de grado y rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la parte demandada (v. resol. de 24-IX-2020).
Para así decidir, comenzó por señalar que la controversia no viene configurada por un acto, expreso ni tácito, de la administración federal de impuestos, sino que se encuentra directamente relacionada con la conducta del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de agente de retención del impuesto a las ganancias.
En ese contexto, sostuvo que no obsta a que la actuación provenga de una norma de orden nacional, pues, desde la noción funcional del obrar enjuiciado, bien puede interpretarse que las particularidades del caso, colocan a aquél que realiza el descuento como agente de la administración pública -IPS- y, en tal carácter, se halla alcanzada la contienda por el art. 17 bis de la ley de amparo.
Señaló, además, que tal criterio fue sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resol. de 6-X-2015.
Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 8-X-2020), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de 22-X-2020), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de fecha 30-X-2020).
II. Al respecto, cabe señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial (doctr. Ac. 101.201, "Gramajo", resol. de 19-X-2007; Q. 72.724, "San Andrés Golf Club", resol. de 23-XII-2013; Q. 73.746, "Centro Estudios Legales y Sociales", resol. de 15-VII-2015; C. 124.003, "Ecoplata SA", resol. de 6-VII-2020), denieguen la competencia federal (doctr. Ac. 99.807, "Paganti", resol. de 31-VIII-2007; Ac. 100.709, "Marchetti" resol. de 18-II-2009; Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003 cits.; Fallos 302:1626; 324:4469, entre otros) o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes y al hacerlo incida sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (doctr. causas Ac. 103.347, "Lagrotte", resol. de 23-IV-2008; Ac. 100.709, Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003, cits.).
Así, se aprecia que el caso sub examine encuadra en uno de los supuestos excepcionales en que este Tribunal admitió la apertura de la vía extraordinaria en cuestiones de competencia, en tanto a través de un recurso de inaplicabilidad de ley se controvierte la denegatoria del fuero federal (doctr. causas, Ac. 107.089, "Cristobo", resol. de 17-VI-2009; C. 103.835, "Montanari", resol. de 20-III-2010; C. 118.983,"Municipalidad de Quilmes", resol. de 3-VI-2015; Q. 78.360, "Lyall", resol. de 28-IV-2023).
En atención a lo expuesto, revistiendo carácter definitivo lo resuelto en el fallo sobre la incompetencia planteada y hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 292, Cód. cit. y Acordada 4068).
III. Requerida la radicación electrónica de los autos principales mediante oficio electrónico del 9 de febrero de 2023, esta se hizo efectiva el 16 de febrero de 2023. La compulsa de los trámites del expediente principal corrobora las circunstancias relatadas en el considerando anterior.
IV. Pasando a analizar la procedencia del referido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se advierte que no puede prosperar, atento a la insuficiencia que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
V.1. En la vía extraordinaria incoada, la Fiscalía de Estado -reiterando argumentos ya expuestos- denuncia violación o errónea aplicación de los artículos 230, 384 y concordantes del CPCC; de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20.2, 39.3 y concordantes de la Constitución provincial; 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En sustancia, sostiene que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes.
De allí deriva -alega- que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asimismo, asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
V.2. Al respecto, corresponde resaltar que la recurrente insiste en reiterar la postura que había asumido previamente, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla por la Cámara de Apelación interviniente, quien ha considerado que en el caso bajo examen no se han impugnado actos ni normas emanados del Estado nacional, sino que se cuestiona la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con los preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Así, en los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la recurrente y relacionados con la denegatoria de la excepción de incompetencia no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 76.840, "Barroso" y A. 76.759, "Bosnic", sents. de 21-XII-2022).
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
Por otra parte, cabe recordar que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
VI. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (cfr. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 4068) y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 20:10:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:06:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/02/2024 09:40:54 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/02/2024 11:41:44 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/02/2024 12:46:41 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/02/2024 12:48:12 hs. bajo el número RR-33-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia