Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126000
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaIntimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el depósito a la orden de la Cámara que dictó la decisión impugnada, de la suma de ochocientos noventa y cinco mil quinientos pesos ($895.500), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (cuarto párrafo, art. 280 cit., texto según ley 14.141 y Acordada 4100/2023). En tal sentido, se oficiará a dicha cámara remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial y la notificación al impugnante de la referida apertura. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
C. 126.600 "(18.642) NAVARRO ROCÍO NAHIR Y OTROS C/ CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LINIERS S/ AMPARO"
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la acción de amparo promovida por Rocío Nahir Navarro, Agostina Potenza, Claudio Magno, Daniela Alexandra Heredia, Ema Carmen Brunetti, Héctor Ariel Reyna, Hernán Javier Gutiérrez, Matías Cocciadiferro, Miguel Ángel Gutiérrez, Milton Brian Belondi, Nicolás Adrián Gaitán, Francisco José Scaravaglione, Rubén Daniel Osikovsky, Rubén Héctor Belondi y Sebastián Pezzola contra el Club Social y Deportivo Liniers, por no encontrar acreditados los actos u omisiones de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta por parte de esa institución que violen o restrinjan derechos de raigambre constitucional de los accionantes (v. sent. de fecha 24-IV-2023).
A su turno la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental revocó el pronunciamiento haciendo lugar a la acción y exhortando a la demandada a que reciba las solicitudes de afiliación de los actores y evalúe dichas peticiones -conforme los requisitos y condiciones de asociación dispuestos por el estatuto vigente a la época de interposición de la demanda- y, de ser aceptadas, disponga que la calidad de socio lo sea retroactiva hasta el momento de la deducción de esa petición con todos los derechos deportivos, sociales y políticos que puedan ejercerse dentro de dicha entidad (v. sent. de 8-V-2023).
Frente a ello, el legitimado pasivo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-V-2023), el que fue concedido (v. resol. de fecha 16-V-2023).
II. Pasando a revisar las condiciones de admisibilidad de la vía articulada, teniendo en consideración los cuestionamientos desplegados en el canal extraordinario bajo estudio, el valor del agravio debe considerarse como de monto indeterminado a los fines de los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, y la parte recurrente debe satisfacer el depósito mínimo previsto en el mentado art. 280, conforme a lo establecido por la ley 14.141 y Ac. 4100/23, vigentes al momento de interposición del recurso que se considera (conf. doctr. causas C. 117.241, "Banco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-IV-2013; C. 119.033, "Montecchiari", resol. de 29-X-2014 y C. 120.411, "Fuentes", resol. de 22-XII-2015).
Corresponde señalar que el impugnante, demandado en autos, no se encuentra eximido de efectuarlo, desde que no está incluido en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el mencionado art. 280 del ordenamiento procesal local, y porque dicha carga económica no es el impuesto, sellado de actuación ni la Tasa por Servicios Judiciales a los que se refiere el art. 20 de la ley 13.928, citado por el Tribunal de Alzada al conceder esta vía impugnativa (conf. doctr. causas A. 70.755, "Lizziero", resol. de 5-V-2010; A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles", resol. de 29-VI-2011; A. 74.721, "Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano", resol. de 25-X-2017).
Por su parte, y en relación al planteo de inconstitucionalidad -formulado por el recurrente- en punto a la referida carga (v. apart. II, últ. párr., del escrito de 11-V-2023), este Tribunal tiene dicho, reiteradamente, que tal exigencia no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-X-2016; C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017 y C. 123.625, "De los Santos", resol. de 11-III-2020).
También se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio ni de la igualdad ante la ley (conf. doctr. Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022 y C. 120.941, cits.).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 92.929, "V., M.", resol. de 20-IV-2005; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Asimismo, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Finalmente, y en relación a lo expuesto, deviene atingente recordar que las disposiciones procesales permiten al impugnante, en el supuesto de verdadera falta de recursos, demostrar judicialmente su situación y litigar sin carga pecuniaria en materia de gastos causídicos y así poder acudir a la instancia extraordinaria obviando la carga procesal mencionada (conf. doctr. causas C. 111.432, "Vidal Roca", resol. de 2-3-2011; C. 116.486, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-10-2012; C. 120.411, "Fuentes", resol. de 30-3-2016 y C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 13-IX-2017), opción que, según se observa, en el caso no se ha utilizado.
En consecuencia de lo hasta aquí expuesto, y encontrándose incumplido el referido recaudo, corresponde intimar a la parte interesada para que en el término de cinco días acredite ante esta sede el depósito de ochocientos noventa y cinco mil quinientos pesos ($ 895.500), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (cuarto párrafo, art. 280, CPCC, texto según ley 14.141 y Acordada 4100/2023).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Toda vez que quien recurre es la parte demandada, no se configura un supuesto como los que inspiraron mi voto en otros precedentes (A. 70.571, "Asociac. por los derechos civiles", resol. de 29-VI-2011; Q. 73.886, "Martin", resol. de 28-IX-2016; A. 74.721, "Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano", resols. de 25-X-2017 y de 18-IV-2018 y C. 120.411, "Fuentes", resol. de 14-VI-2017); y en consecuencia adhiero al voto de mis estimados colegas.
El señor Juez doctor Torres dijo:
En este caso, en que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es interpuesto por la accionada, adhiero al voto de la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el depósito a la orden de la Cámara que dictó la decisión impugnada, de la suma de ochocientos noventa y cinco mil quinientos pesos ($895.500), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (cuarto párrafo, art. 280 cit., texto según ley 14.141 y Acordada 4100/2023). En tal sentido, se oficiará a dicha cámara remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial y la notificación al impugnante de la referida apertura. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:53:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 13:37:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 15:46:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:45:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:02:42 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:56:50 hs. bajo el número RR-404-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia