Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78097 P
A.78.097-P "SACOMANI, ALEJANDRO OMAR C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL S/ AMPARO"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces Torres, Carral y Kohan dijeron:
I. En autos -en el marco de una acción de amparo entablada por el señor Alejandro Omar Sacomani contra el Instituto de Previsión Social por la que solicita que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones n°4385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte y la resolución 12.652/14 emitida por la Fiscalía de Estado Provincial- la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó -por mayoría- la decisión de grado por la que se hizo lugar a la medida cautelar peticionada, así como también la que rechazó el planteo de incompetencia y desestimó el pedido de citación de tercero, ambos efectuados por la parte demandada (v. resol. de fecha 8-II-2022).
I.1. Para así decidir, en relación al planteo de incompetencia sostuvo -remitiendo a precedentes propios de análoga configuración- que no obsta a que la actuación provenga de una norma de orden nacional, pues, desde la noción funcional del obrar enjuiciado, bien puede interpretarse que las particularidades del caso, colocan a aquél que realiza el descuento como agente de la administración pública -IPS- y, en tal carácter, se halla alcanzada la contienda por el art. 17 bis de la ley de amparo.
Señaló, además, que tal criterio se halla sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resol. de 6-X-2015.
I.2. Ahora bien, para resolver en cuanto a la medida cautelar otorgada, entendió que -en el delimitado marco cognoscitivo propio de las diligencias cautelares- se encuentra presente en autos el requisito de verosimilitud en el derecho, citando el precedente propio “Colavita” (sent. del 16-VI-2020). Asimismo, respecto al peligro en la demora, sostuvo que cabe referir al carácter alimentario de los haberes comprometidos y sumado a la edad avanzada de la amparista, por lo que consideró suficientemente acreditada la necesidad del otorgamiento de la manda precautoria a fin de evitar consecuencias desfavorables, evidenciándose -de ese modo- la configuración del peligro en la demora.
I.3. Por último, para resolver en cuanto a la citación de la por entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como tercero en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial, entendió que no resulta ser uno de los supuestos que cabe considerar comprendidos como regla en el art. 16 de la ley 13.928 y puntualizó que en el presente litigio no se encontraría discutida la norma que regula el impuesto a las ganancias (ley 20.628), sino la actuación del ente previsional local en su rol de recaudador y la aplicación al caso de otras disposiciones que regulan el modo en que debe liquidarse el mencionado tributo.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley agraviándose tanto de la medida cautelar otorgada, como del rechazo de la excepción de incompetencia y la desestimación del pedido de citación de tercero (v. presentación de fecha 24-II-2022).
La denegatoria de aquél con sustento en la falta de definitividad de las decisiones relativas a la competencia y a medidas cautelares (v. resol. de 31-5-2022), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 9-VI-2022).
III. Encontrándose para resolver la admisibilidad del recurso de queja mencionado, la Cámara interviniente elevó mediante oficio electrónico las actuaciones principales en las que el 14 de noviembre de 2023 concediera -luego de la recepción, en fecha 10 de febrero de 2023, del oficio requiriendo autos principales que le fuera remitido por esta Suprema Corte- un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía -ahora- contra la sentencia definitiva de fecha 15 de diciembre de 2022 (v. present. elect. de fecha 30-XI-2023).
III.1. De tal modo -sin dejar de observar el incumplimiento en el que incurrió la Cámara, en clara contradicción con lo dispuesto en el art. 292, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, al continuar con el trámite del expediente luego de la recepción del oficio de requerimiento de autos principales- surgiendo de la compulsa de los trámites del expediente principal que en fecha 15 de diciembre de 2022 la Cámara interviniente confirmó la sentencia del juez de grado que hizo lugar a la acción de amparo intentada, corresponde declarar que el recurso de queja contra la denegatoria del de inaplicabilidad de ley devino abstracto respecto al agravio vinculado con la medida cautelar concedida en autos (doct. causas Q. 70.927, "Siderar SA", resol. de 23-XI-2011; Q 70.565, "Z., A.N.", sent. 7-VIII-2013; A. 79.106, "Bonomo" resol. de 15-XI-2024; e.o.).
III.2. Y subsistiendo el interés para recurrir respecto del restante agravio, corresponde pasar a su abordaje.
Así, respecto de la decisión que confirma el rechazo de la excepción de incompetencia planteada por la Fiscalía, cabe señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial (doctr. Ac. 101.201, "Gramajo", resol. de 19-X-2007; Q. 72.724, "San Andrés Golf Club", resol. de 23-XII-2013; Q. 73.746, "Centro Estudios Legales y Sociales", resol. de 15-VII-2015; C. 124.003, "Ecoplata SA", resol. de 6-VII-2020), denieguen la competencia federal (doctr. Ac. 99.807, "Paganti", resol. de 31-VIII-2007; Ac. 100.709, "Marchetti", resol. de 18-II-2009; Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003 cits.; Fallos 302:1626; 324:4469, entre otros) o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes y al hacerlo incida sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (doctr. causas Ac. 103.347, "Lagrotte", resol. de 23-IV-2008; Ac. 100.709, Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003, cits.).
De esta manera, se aprecia que el caso sub examine encuadra en uno de los supuestos excepcionales en que este Tribunal admitió la apertura de la vía extraordinaria en cuestiones de competencia, en cuanto a través del canal extraordinario de inaplicabilidad de ley se controvierte la denegatoria del fuero federal (doctr. causas Ac. 107.089, resol. de 17-VI-2009; C. 103.835, "Montanari", resol. de 20-III-2010; C. 118.983, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 3-VI-2015; Q. 78.360, "Lyall", resol. de 28-IV-2023).
En atención a lo expuesto, revistiendo carácter definitivo lo resuelto en el fallo sobre la incompetencia planteada y hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder -al respecto- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en fecha 24 de febrero de 2022 (arts. 278, 292, Cód. cit. y Acordada 4068).
IV. Pasando ahora a analizar la procedencia del referido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se advierte que no puede prosperar, atento a la insuficiencia que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. En la vía indicada la Fiscalía de Estado -reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de plantear la apelación- denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20.2, 39.3 y concordantes de la Constitución provincial; 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En sustancia, sostiene que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes.
De allí deriva -alega- que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asimismo, asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
IV.2. Al respecto, corresponde resaltar que la recurrente insiste en reiterar su posición sobre el tema, ya planteada en instancias anteriores, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla tanto por el juez de grado como por la Cámara de Apelación interviniente, quienes han considerado que en el caso bajo examen no se han impugnado actos ni normas emanados del Estado nacional, sino que se cuestiona la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con los preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Así, en los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la impugnante relacionados con la denegatoria de la excepción de incompetencia no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causas A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 76.840, "Barroso" y A. 76.759, "Bosnic", sents. de 21-XII-2022).
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
Por otra parte, cabe recordar que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
Por último, deviene ineficaz el agravio desarrollado por la demandada por el que sostiene que la Cámara, al resolver, desoyó la decisión adoptada en el caso "Méndez" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello en tanto que la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A.77.310 "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 5-IX-2022).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada el 24 de febrero de 2022 (cfr. art. 279, CPCC).
VI. Corresponde ahora abordar el tratamiento del recurso extraordinario deducido el 3 de febrero de 2023 contra la sentencia definitiva de autos.
VI.1. Al respecto, en lo que aquí es del caso resaltar por ser motivo de agravio en el remedio extraordinario incoado, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n°1 del Departamento Judicial de la La Plata hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida y, convirtiendo en definitiva la medida cautelar dictada, ordenó al IPS a liquidar el impuesto a las ganancias sobre los haberes jubilatorios que perciba el señor Sacomani, computando únicamente a tales fines el rubro "sueldo Básico" (v. sent. de fecha 28-VI-2022).
VI.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad confirmó dicha sentencia (v. sent. de fecha 15-XII-2022).
Para arribar a tal decisión, comenzó por rechazar la queja dirigida a cuestionar lo resuelto en torno a la aducida falta de legimitación pasiva del IPS. Ello así, por considerar -conforme a su propia doctrina- que la controversia suscitada no recae sobre un acto expreso ni tácito de la AFIP, sino en rigor sobre la conducta propia del agente de retención.
Luego, remitiendo al criterio sentado en precedentes propios de análoga configuración (a saber, las causas n° 24.273, "Servin", sentencia de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sentencia de 16-VI-2020 y 26.200, "Bosnic Bagatela", sentencia de 22-IX-2020; 26.380, "Barroso", sent. del 20-X-2020; 26.691, "Ricci", sent. del 1-XII-2020; 27.604, "Castillo" y 26.906, "Hitz", ambas sent. del 16-III-2021), puntualizó que allí se admitió la vía del amparo para analizar y resolver plataformas fácticas similares a la discutida en autos, relacionadas con la determinación de los conceptos que deben computarse como base imponible respecto de la retención del impuesto a las ganancias para determinados agentes pasivos.
En cuanto a los agravios vinculados a que el IPS sólo actúa como agente de retención, pero no forma parte de la relación jurídica sustancial, indicó que la controversia planteada no viene confinada por un acto -expreso ni tácito- de la AFIP, quien en todo caso podrá formular sus observaciones al contribuyente, sino por una conducta del organismo previsional, al cual se le reprocha interpretar el mandato legal ejercido sin considerar las variantes reglamentarias a las que debe sujeción.
Añadió que las resoluciones dictadas por esta Suprema Corte (nros. 4385/2000, 302/2016, 1141/2016 y 436/2019), en tanto establecen los conceptos que integran la base imponible para la retención del impuesto a las ganancias de sus agentes, resultan de aplicación tanto para los sujetos activos como para quienes se hallen en situación de pasividad.
Observó en tal sentido que las resoluciones citadas no contienen una restricción o exclusión de personas jubiladas como el actor, motivo por el cual interpretó que no corresponde limitar su alcance a quienes actualmente se desempeñan dentro del referido organismo constitucional.
Agregó que -a su entender- la conducta de la demandada vulnera la garantía de progresividad que rige en materia de seguridad social, consagrada por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
VI.3. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. electrónica de fecha 3-II-2023), el que fue concedido en fecha 14 de noviembre de 2023.
VI.3.a. Pasando a analizar la vía extraordinaria mencionada en el párrafo anterior, corresponde resaltar que en ella el Fisco provincial denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios- y de los arts. 4, 330, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20 inc. 2 y concordantes de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional.
Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
Observa que el marco normativo aplicable a la liquidación de retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales abonados por el IPS se integra "en forma general" por la ley 20.628, su decreto reglamentario 649/96 y la resolución general de AFIP n° 2.437.
Expone que en "...la normativa de la AFIP en su conjunto [...] no se hace ninguna referencia a los jubilados, ni al IPS como agente de retención". Predica que el art. 1, apartado 4 (sic) de la ley 27.346, modificatoria de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se limita a contemplar la situación de los agentes judiciales en actividad.
Destaca que tampoco media en el caso "...un expreso reconocimiento por parte de la AFIP, que habilite a limitar el cálculo del Impuesto a las Ganancias, solamente al sueldo básico, como sí ocurrió en otros casos en los cuales se acudió a la justicia federal a fin de que se restituyan derechos que se consideraban vulnerados demandando al verdadero sujeto sustancial de la relación tributaria -el Estado Nacional - AFIP- ('Szelagowski, Ricardo c/ Estado Nacional-Afip s/ Acción Declarativa de Certeza' causa S. 231. XLV. REX, sentencia del 28-IX-2010, en Fallos: 333:1841)".
Manifiesta que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes, so riesgo de quedar expuesto a reclamos e incluso multas por parte de la AFIP.
VI.3.a.1. Al igual que en las causas A. 76.131, "Servin", sentencia de 23-XII-2021; A. 76.758, "Perazzo"; A. 76.759, "Bosnic Bagatela" y A. 76.840, "Barroso", sentencias de 21-VII-2022, el recurso presentado no puede prosperar, en razón de su insuficiencia técnica (arg. art. 279, CPCC).
VI.3.a.2. En primer término, y tal como se indicara en las mencionadas actuaciones, corresponde desechar la denuncia de violación de preceptos legales que, si bien se indican como conculcados, no se detalla cómo se vincularían con la controversia examinada, tal el caso de los arts. 330 del Código Procesal Civil y Comercial y 22 de la ley 13.928.
Así, se pone en evidencia el inadecuado cumplimiento de las cargas técnicas propias del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues además de la precisión al señalar las disposiciones presuntamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el tribunal inferior, debe acompañarse un desarrollo argumental tendiente a demostrarlo (conf. doctr. art. 279, CPCC).
VI.3.a.3. Sentado lo anterior, he de expedirme sobre la denuncia de violación del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial, que regula los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo.
Al respecto, la impugnante
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