Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-13064-DO1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación articulado por el doctor Mariano Pascual, y confirmar el pronunciamiento en crisis en cuanto fuera materia de agravios. Costas de alzada a la recurrente, atentos su condición de vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del C.C.A, texto según ley 14.437).
2Estese a la regulación de honorarios que se practica por separado.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-13064-DO1 "AMX ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CASTELLI S/ PRETENSIÓN ANULATORIA - OTROS JUICIOS ", con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín y Mora .
I. Con fecha 23-2-2026 el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial Dolores reguló los honorarios del apoderado de la parte actora, doctor Mariano Pascual, en la suma de siete (7) Jus (arts. 15 inc. "d", 16, 21, 22, 24, 28 y 44 inc. "a" de la ley 14.967), con más los aportes previsionales de ley (arts. 12 y 16 ley 6716, t.o. decreto 4771/95) e I.V.A. si correspondiere.
II. Recibidas las actuaciones en este Tribunal con fecha 17-7-2026, y puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso de apelación articulado por el doctor Pascual, por su propio derecho, con fecha 24-2-2026 y, en su caso, para dictar sentencia (cfr. res. del 18-9-2026), corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, dijo el señor Juez doctor Ucín
I.1. El juez de grado dictó resolución con el alcance indicado en los Antecedentes de este pronunciamiento.
Para decidir de ese modo, consideró que el objeto del proceso era susceptible de apreciación pecuniaria y, por tanto, correspondía regular los honorarios de los profesionales intervinientes a tenor de lo normado en el art. 44 inc. a) de la ley 14.967. En ese orden, indicó que la base regulatoria era el monto de la deuda determinada en el acto administrativo impugnado, de un millón setecientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve pesos ($1.758.789). Empero -según lo entendió- de emplearse tal parámetro de cálculo el justiprecio de la labor profesional caería por debajo del mínimo legal, y por ello fijó los honorarios del doctor Pascual en la suma de siete (7) Jus, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la ley arancelaria.
2. Disconforme, el doctor Pascual, por su propio derecho, articuló recurso de apelación (cfr. presentación del 24-2-2026).
Se agravió de la parcela de la resolución que determinó la base regulatoria según el monto consignado en el acto administrativo que determinó la deuda, según valores históricos. Sostuvo que, en tanto trascurrieron ocho años desde el inicio del presente proceso, correspondía practicar la regulación sobre el contenido económico actual del proceso, con la pertinente actualización del capital y sus accesorios. En ese sentido, adujo que el magistrado de grado pasó por alto la existencia de parámetros de actualización tales como tasas bancarias o índices de actualización de precios oficiales. También planteó que la decisión en crisis vulneró el principio de proporcionalidad, pues la consideración del valor histórico sin actualización no resultaba adecuada para retribuir la labor profesional que desarrolló desde el año 2018.
3. Sustanciado el memorial de agravios, la apoderada comunal solicitó el rechazo del recurso (cfr. réplica del 1-7-2025).
II. El recurso no prospera.
1. A fin de dar adecuada respuesta al interrogante planteado, corresponde relevar los siguientes antecedentes útiles:
(i) Con fecha 19-12-2018 la firma AMX Argentina S.A., representada por su apoderado, doctor Mariano Pascual, promovió pretensión anulatoria con el objeto de obtener un pronunciamiento jurisdiccional que declare la nulidad de la resolución n° 5/2018, y la resolución de fecha 6-8-2018, dictadas por la Municipalidad de Castelli, en cuanto impusieron a la Empresa el pago de la suma de $1.758.769,63 en concepto de capital e intereses adeudados respecto de la "Tasa por Verificación por el Emplazamiento de la Estructura y/o Elementos de Soporte de Antena y Equipos Complementarios".
(ii) Mediante sentencia del 2-5-2023 el juez de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por la firma AMX Argentina S.A. y, consecuentemente, declaró la nulidad de las resoluciones nº 5/2018 de fecha 22-05-2018 y s/n de fecha 06-08-2018, dictadas, por el Secretario de Ingresos Públicos y el Intendente de la Municipalidad de Castelli respectivamente.
(iii) El día 30-7-2024 esta Cámara rechazó el recurso de apelación articulado por la Municipalidad de Castelli y, por tanto, confirmó la sentencia de grado, en cuanto fue materia de agravios.
(iv) Devueltas las actuaciones a la instancia de origen, el doctor Pascual solicitó la regulación de sus honorarios por la labor desplegada en autos (cfr. presentación del 9-2-2026).
(v) Finalmente, con fecha 23-2-2026, el magistrado dictó la resolución en crisis.
2.1. No existiendo controversia en punto al contenido patrimonial de la presente acción, el planteo del recurrente exige determinar la pertinencia o no de actualizar la base de cálculo considerada por el magistrado anterior a los fines regulatorios, integrada por el importe reclamado por la Municipalidad de Castelli en concepto de Tasa por Verificación por el Emplazamiento de la Estructura y/o Soporte de Antenta y Equipos Complementarios con más sus intereses calculados al 25-4-2018, por la suma de $1.758.769,63 (cfr. notificación de fs. 14/vta.).
En ese orden, la cuestión a dilucidar presenta sustancial analogía con la examinada por este Tribunal en las causas C-8971-MP1 "3M Argentina" , sent. del 29-10-2020; C-7563-MP1 "Bardahl Lubricantes Argentina S.A." , sent. de 22-04-2021, en las que también intervino el letrado recurrente, no encontrando motivos que justifiquen un apartamiento del criterio allí establecido.
En la primera de ellas, la sentencia de grado, al hacer lugar a la demanda, dejó sin efecto el decreto municipal que determinó una deuda en concepto de derechos de publicidad y propaganda. Confirmada esa decisión por esta Cámara, el magistrado de la instancia aprobó la liquidación practicada por el interesado para conformar la base regulatoria del proceso, la comprendía el capital determinado por la Comuna en el acto administrativo anulado, con más los intereses calculados según la tasa más alta pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos en moneda nacional a 30 días, desde la fecha de la demanda hasta la de la liquidación.
Al resolver la apelación deducida contra tal decisión, este Tribunal dejó sin efecto la base regulatoria así determinada, con sustento en tres argumentos centrales: (i) la improcedencia de la aplicación analógica, al caso, de las pautas previstas en el art. 23 del decreto 8904/77 y ley 14.967, por no tratarse de un proceso cuyo objeto era el "cobro de sumas de dinero"; (ii) el carácter especulativo de la hipótesis según la cual, de haberse rechazado la pretensión anulatoria, el Municipio habría exigido el pago del capital determinado, con más sus intereses, y la ajenidad al objeto de la litis de cualquier reclamo dirigido a obtener una condena al pago de esos conceptos, incluidos los intereses devengados con posterioridad a la demanda; (iii) la aplicación de la doctrina sentada de la causa C-6192-DO1 "Gitanes S.R.L." (sent. de 30-03-2017), conforme a la cual, si el objeto del proceso fue la anulación del acto administrativo que determinó la deuda, el valor económico del litigio debía conformarse con el quantum de la deuda allí fijada en concepto de capital, con más los intereses calculados según la tasa prevista en el acto impugnado que se hubieran devengado hasta la fecha de su dictado. Ese criterio se mantuvo, sin modificaciones, en la citada causa C-7563-MP1 "Bardahl Lubricantes Argentina S.A." y, posteriormente, en la causa C-9071-MP1 "ADT Security" (sent. del 5-9-2023).
En el caso sub examine , el juez de la instancia de grado aplicó el reseñado temperamento al conformar la base regulatoria con el monto reclamado por el Municipio en concepto de capital e intereses a la fecha del dictado del acto administrativo en crisis.
Y, en tales condiciones, los sucintos argumentos ensayados por el recurrente, fundados en la desactualización del valor económico del proceso, no logran conmover el criterio que dimana de la doctrina de este Tribunal antes citada. Y ello, en tanto ese planteo no evidencia circunstancias sustanciales que distingan el caso de los precedentes citados, ni aporta razones que justifiquen la revisión de la solución allí establecida.
2.2. Establecida la base regulatoria que resulta aplicable, resta analizar el cuestionamiento formulado por el recurrente acerca de la escasa cuantía de sus emolumentos.
Este Tribunal ha tenido oportunidad de abordar en las causas D-3800-MP1 "Perticarari" (res. 23-12-2014), y C-5559-DO1 "Corral" ( sent. de 15-02-2018), la problemática que se genera en torno a regulaciones de honorarios profesionales, en procesos de contenido económico con bases regulatorias de escasa cuantía, cuando, al aplicar las escalas porcentuales previstas por la ley del arancel, el estipendio que surge de tal cálculo, sea en primera instancia, sea independientemente en alzada, perfora la retribución mínima fijada en el régimen arancelario y/o supera el 33% del monto adoptado como base regulatoria.
En tal sentido, y en casos como el presente, se ha consensuado que, frente a procesos susceptibles de apreciación económica con base regulatoria de escasa cuantía y cuando la aplicación de las escalas arancelarias regladas en la ley 14.967 [aplicable al caso según doct. S.C.B.A. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 08-11-2017] arrojen estipendios inferiores a la mínima remuneración profesional estatuida por el art. 22 del mentado ordenamiento, se juzgará ajustado a derecho si a los letrados de cada parte litigante se le reconoce por los trabajos de primera instancia un estipendio igual al mínimo de siete (7) JUS, con la salvedad que tal mínimo deberá distribuirse entre los letrados de una parte, en caso de que hayan actuado más de un patrocinante o apoderado, teniendo en cuenta el trabajo y etapas en que cada uno de ellos tuvo intervención (cfr. doc. esta Alzada causa C-7624-BB1 "Biscaychipy" , sent. del 25-04-2019; C-9183-MP1 "Telefónicas Móviles Argentina S.A." , res. del 06-07-2021 -por mayoría-; C-10204-MP1 "Plan Ovalo S.A." , sent. del 28-10-2021 -por mayoría-; C-8347-NE1 "Telecom Personal S.A" , sent. del 04-11-2021 -por mayoría-; C-10389-AZ1 "Swiss Medical S.A." , sent. del 08-02-2022; C-11736-MP1 "Credicoop Cooperativo Limitado" , sent. del 24-04-2022 -por mayoría-; C-15800-MP1E "Serrano", sent. del 16-10-2025, entre otras).
Bajo los parámetros indicados, corresponde destacar que el presente importa una base regulatoria de escasa cuantía ($1.758.769,63) sobre la que, de ser aplicada la escala porcentual del régimen arancelario, arrojaría estipendios profesionales por debajo del mínimo legal. De allí que corresponde confirmar los honorarios regulados al doctor Mariano Pascual en la suma de siete (7) Jus, ley 14.967, dispuesta en la instancia de grado.
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado por el doctor Mariano Pascual, y confirmar el pronunciamiento en crisis en cuanto fuera materia de agravios. Las costas de alzada deberían imponerse a la recurrente atentos su condición de vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del C.C.A, texto según ley 14.437).
A la cuestión planteada voto por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota a la cuestión planteada por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación articulado por el doctor Mariano Pascual, y confirmar el pronunciamiento en crisis en cuanto fuera materia de agravios. Costas de alzada a la recurrente, atentos su condición de vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del C.C.A, texto según ley 14.437).
2. Estese a la regulación de honorarios que se practica por separado.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente (cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA n° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21). Cumplido, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1011-2026
Fin de la sentencia