Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 33608-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSE RESUELVE admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por AMX Argentina SA y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, en los términos que surgen del considerando XII; con costas en el orden causado.
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
55363/2019; “AMX ARGENTINA SA TF 33608-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de julio de 2020. JSY Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 59/62 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución N° 53/13 (SDG OAM), e hizo lugar a la devolución de la suma de $364.584,96.-, en relación al DI N° 07 073 IC04 013382 U, con más los intereses del art. 811 del Código Aduanero, debiendo computarse los mismos a partir del 6/7/2007, hasta la fecha del efectivo pago, con costas al Fisco.
Para decidir de ese modo, precisó que la cuestión a resolver radicaba en determinar la procedencia de la devolución de los tributos solicitados por la actora, en concepto de Derechos de Importación, con relación al despacho de importación mencionado, oficializado el 23/1/2007, mediante la cual se había documentado la importación de terminales portátiles de telefonía celular, procedentes de México, declarando la PA8525.20.22.000Z, y efectuando el pago de los Derechos de Importación del 16%.
Puso de relieve que conforme constaba de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, el Decimoquinto Protocolo Adicional del ACE 6 (Argentina-México) vigente desde el 1/1/2007, dejaba sin efecto la preferencia arancelaria del 100% para la mercadería documentada en el DI motivo de autos, situación que había sido corregida por el Acta de Rectificación del 26/1/2007, que restituía la vigencia de la preferencia arancelaria del 100% desde la misma fecha de vigencia del Decimoquinto Protocolo Adicional al ACE6. Asimismo, indicó que ello implicaba que a la fecha del registro del DI, el 23/1/2007, la preferencia arancelaria no se encontraba vigente. En consecuencia, entendió que la actora no podía invocar ningún régimen preferencial, motivo por el cual en el DI había liquidado y pagado los derechos de importación (16%) por el régimen general.
Alta en sistema: 30/07/2020 Sin embargo, esgrimió que una vez que fue restituida la vigencia de la preferencia arancelaria del 100% para la mercadería documentada en el DI motivo de autos, y en tanto se encontraba acreditado el pago de los derechos de importación del 16% cuando la mercadería se encontraba sujeta a un arancel del 0%, correspondía hacer lugar a la devolución solicitada.
Finalmente, a los fines de la devolución por parte de la Aduana de lo abonado indebidamente, sostuvo que resultaba aplicable lo resuelto por la Corte Suprema en el precedente “Cencosud SA” del 15/5/2014, por lo que debía convertirse a pesos el importe de dólares liquidado en el despacho de importación por el tipo de cambio vigente a la fecha en que los referidos derechos de importación fueron pagados – conforme surgía de la Resolución apelada–, con más los intereses del art. 811 CA, hasta la fecha del efectivo pago.
II. Que a fs. 64 apela la parte actora, y expresa agravios a fs. 69/85, los cuales fueron contestados por el Fisco Nacional a fs. 95/100. Puntualiza que si bien, por un lado, la sentencia apelada revoca lo decidido por la Aduana a favor de su mandante, por el otro, ordena la devolución en pesos de la suma reclamada con la tasa de interés moratorio previsto en la Resolución ME N° 314/04 con sus modificatorias, en orden a lo establecido en el art. 811 CA. En primer lugar, se agravia que la devolución haya sido determinada en pesos, a valor histórico, cuando la deuda, al momento del pago, había sido determinada en dólares y transformada al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, por imperio de la Ley N° 23.905. En segundo lugar, para el hipotético y supuesto caso que se resolviera que la devolución debe hacerse en moneda nacional y a valor histórico, solicita que a los fines de preservar el capital de su mandante se aclare que la tasa del art. 811 CA, fijada para la aludida devolución, deba ser la misma a la que perciba el Estado Nacional cuanto actúa como acreedor (art. 794 CA), conforme una sana interpretación del artículo mencionado, o una tasa acorde como lo ha establecido la Alta en sistema: 30/07/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 55363/2019; “AMX ARGENTINA SA TF 33608-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
jurisprudencia, toda vez que no se ha utilizado la fórmula de los arts. 813 y 814 CA.
En lo que respecta al capital reclamado, aduce que a los fines de mantener incólume el capital, debe considerarse que los cargos cancelados, objeto de repetición, fueron notificados oportunamente en dólares, y que el importe pagado, fue calculado en dólares, incluyendo los intereses hasta el momento de su efectivo pago, razón por la cual corresponde ahora ordenar su devolución utilizando igual mecanismo de pago. En este orden de ideas, explica que debe ordenarse la devolución en pesos de forma tal que la actora perciba finalmente la cantidad de pesos necesaria para adquirir en el mercado de cambios igual cantidad de dólares que los pagados en su momento a la DGA, no como consecuencia de una repotenciación o actualización de la deuda, sino por aplicar igual mecanismo de cálculo que el utilizado por el Fisco al momento de determinar el tributo adeudado.
A su vez, considera que, tal como lo interpretó la Sala V del fuero, en el precedente “3 M Argentina – TFN 28.945-A c/ DGA”, la “determinación del quantum a devolver” en los casos de repeticiones también debería practicarse con el mecanismo previsto en el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905. Ello así, reconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al analizar el texto del art. 809 CA, ha concluido que esa norma exige a la Aduana devolver los importes “que hubiera percibido” y que, habiendo percibido pesos, debe devolver pesos, en principio a valor histórico y, sin embargo, destaca que ese elevado criterio jurisprudencial soslaya que la ley 23.905 modifica de manera asilada el Código Aduanero y que lo hizo en un momento en que las deudas en pesos y dólares eran equivalentes, siendo ambas obligaciones de dar sumas de dinero.
En tales condiciones, solicita que la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa “Cencosud SA” sea revisada a la luz de las Alta en sistema: 30/07/2020 disposiciones del Código Civil y Comercial, en particular, del art. 772, referido a la cuantificación de un valor, y del art. 390, que regula el instituto de la restitución consecuencia de la nulidad pronunciada por los jueces. En este sentido, alega que una solución contraria, implicaría un enriquecimiento indebido del Estado en los términos del art. 1794 y siguientes del Código Civil y Comercial, el cual, reitera, aparece suficientemente demostrado en la especie, dada la cuantía de los importes en juego como derivación de la nulidad decretada judicialmente respecto de la causa que habría justificado el reclamo de pago.
Por otro lado, en lo que respecta a la tasa de interés, destaca que las Resoluciones Nros. (MEOSP) 366/98, 1253/98, (ME) 110/02, 36/03, (MEP) 314/04 y 841/10 modificaron la tasa de interés que percibe el fisco por sus créditos de modo de adecuarla a las condiciones imperantes al tiempo de su sanción, pero ninguna de ellas tuvo en cuenta esas mismas condiciones para adecuar la tasa de interés que devengan los créditos de los administrados por los importes que deben serle devueltos por el Fisco, así como tampoco, establecieron tasas de interés distintas según cual fuera la moneda en que se expresara la deuda. Puntualiza que pese a las reconocidas condiciones económicas, la última resolución dictada –MEP 841/10– no modificó simétricamente la tasa de interés para los casos de devolución, manteniéndola en el 0,5% mensual fijado en el art. 3º de la Resolución N° 314/04.
Por otro lado, argumenta que la remisión que efectúa el art. 812 al art. 794 debe ser interpretada de modo integral, especialmente en referencia a “la misma tasa” y con relación a ello expone que el legislador optó por establecer en el art. 812 que en los supuestos previstos en el art. 811 “la tasa de interés será la que fije la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo previsto por el art. 794”. Expone que desde un análisis gramático el término “de conformidad” según la Real Academia Española implica “igualdad, correspondencia de una cosa con otra”, de modo que el legislador quiso dejar debidamente aclarado que la tasa de Alta en sistema: 30/07/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 55363/2019; “AMX ARGENTINA SA TF 33608-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
interés en materia de repeticiones sería “igual” a la que fijare la Secretaría de Hacienda para las deudas tributarias.
A su vez, sostiene que desde la perspectiva de la técnica legislativa, la redacción de los arts. 794 y 797 son idénticas, mientras que los arts. 812, 838 y 845 reenvían a lo dispuesto en el art. 794. En función de lo expuesto, considera que los arts. 812, 838 y 845 no delegan en la Secretaría de Hacienda la facultad de establecer la tasa de interés, como sí lo hace el art. 794 en materia de deudas tributarias, sino que aquellas normas solo remiten a lo dispuesto en el art. 794 a los efectos de que la tasa que fije aquel organismo en relación a las deudas tributarias sea también aplicable en los casos en que el deudor es el fisco y, por consiguiente, el Ministerio de Economía solo tiene facultades para establecer la tasa de interés a que se refiere el art. 794 del Código Aduanero, y esa tasa resulta directamente aplicable, por disposición legal expresa a las hipótesis previstas en los arts. 812, 838 y 845 toda vez que estas normas no autorizan a fijar una tasa diferenciada.
Por último, agrega que desde el punto de vista de los usos y las costumbres, con anterioridad al dictado de la Resolución N° 360/1996, la Secretaría de Hacienda y los organismos que la sucedieron, invariablemente establecieron el mismo interés para uno y otro supuesto, invocando únicamente las facultades de los arts. 794 y 797 del Código Aduanero.
III. Que, preliminarmente, es necesario advertir que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- Alta en sistema: 30/07/2020 SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
IV. Que a los efectos de determinar cómo debe liquidarse el monto que la AFIP- DGA debe restituir a la actora en concepto de derechos de importación que fueron determinados en dólares y pagados en pesos, a requerimiento de la demandada, mediante un acto administrativo que fue declarado nulo, resultan aplicables las consideraciones efectuadas por esta Sala en el precedente “Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 2.267/2018, del 30/8/2018.
En este orden de ideas, como allí se recordó, con relación a las cuestiones referidas al tipo de cambio y los términos en que debe calcularse la devolución de los tributos aduaneros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos C.1242.XLIX. REX, “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA”, del 15/5/2014, resolvió que la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues – de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. “Editorial Perfil S.A.”, del 12/8/2008–, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos en los términos del Decreto N° 214/02, añadiendo –a mayor abundamiento– que “el art. 809 del Código Aduanero –que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente– Alta en sistema: 30/07/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 55363/2019; “AMX ARGENTINA SA TF 33608-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
establece expresamente que la Aduana ‘devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos’. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares” (el destacado no corresponde al original).
V. Que al margen de destacar el esfuerzo argumental desplegado por la parte actora en la expresión de agravios, es menester tener presente que “si bien los fallos de la Corte Suprema no resultan obligatorios para casos análogos, la Sala tiene el deber moral de conformar sus decisiones a las del Alto Tribunal, por revestir éste el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia” (cfr. CSJN, Fallos: 303:1769; 311:1644 y 316:3191).
De allí deviene la conclusión de que carecen de fundamento las resoluciones de los tribunales inferiores que se aparten de ellos, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen el apartamiento de la doctrina sentada en ellos (CSJN, Fallos: 324:2379), o bien modifiquen la posición sentada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (CSJN, Fallos: 331:1664). Especialmente, cuando dicha posición haya sido –como en el caso– expresamente invocada por el apelante (CSJN, Fallos: 332:616). Pues, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (art. 116 de la Constitución Nacional y art. 14 de la ley 48) (CSJN, Fallos: 312:2007).
Por lo demás, las normas del Código Civil y Comercial, cuya vigencia es posterior al dictado del precedente “Cencosud SA”, no autorizan a esta alzada a revisar la doctrina sentada por el Alto Tribunal, insistiendo en la postura anterior, puesto que, en primer lugar, las disposiciones que se ocupan de legislar la repetición sólo serían de Alta en sistema: 30/07/2020 aplicación –por analogía– a la contienda aduanera si el Código Aduanero y su reglamentación no regularan ese instituto, puesto que tal como invariablemente lo ha sostenido la Corte “la primera fuente de exégesis de las leyes es su letra y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso, puesto que lo contrario importaría prescindir de su texto” (cfr. doctrina de CSJN, Fallos: 320:2145). En segundo término, aun prescindiendo de la pauta interpretativa anterior, cabe reparar en que las nuevas disposiciones no mejorarían la suerte de la parte actora, ya que el art. 1798 del CCyC, al establecer el alcance de la repetición, dispone que “obliga a restituir lo recibido, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir” mientras que el art. 759 reza que “En la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla”, ello es –en la inteligencia del fallo de la Corte Suprema–, el monto cancelado en pesos, como resultado de convertir la determinación tributaria en dólares para su cancelación en moneda de curso legal (arg. art. 20 de la Ley N° 23.905).
En la especie, no se encuentra controvertido que los derechos de importación abonados en demasía por la parte actora fueron determinados en dólares estadounidenses y luego convertidos a pesos para su cancelación al tipo de cambio señalado en el art. 20 de la Ley N° 23.905, esto es, en moneda de curso legal según la cotización anterior al día de pago.
VI. Que, de este modo, atendiendo a lo resuelto por la CSJN en el citado precedente de “Cencosud SA”, del 15/5/2014 –al cual se ha remitido en forma reiterada con posterioridad a su dictado (cfr. CSJN, CAF 16534/2013/CSl “Abbott Laboratories Argentina SA (TF 31. 514-A) c/ DGA”, del 15/3/2016; CAF 5581/2013/CSl “Free SA (TF 28.833-A) c/ DGA”, del 2/6/2015; CAF 37981/2013/CAl - CSl “Henkel Argentina SA y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 27/11/2014; Alta en sistema: 30/07/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 55363/2019; “AMX ARGENTINA SA TF 33608-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
CAF 7490/2013/CS1 “Coto CICSA (TF 29.090-A) c/ DGA y otro s/ Código Aduanero - ley 22.415” y CAF 37615/2013/CAI/CSl “Nidera S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, ambas del 28/10/2014; entre muchas otras)–, corresponde que este Tribunal se ajuste a lo allí decidido.
VII. Que, seguidamente, cabe expedirse respecto a la tasa de interés aplicable al caso. Al respecto, debe recordarse lo sostenido por esta Sala al resolver los precedentes “Thomas de Sudamérica SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37.527/2016, del 12/10/2017, y “Oleaginosa Moreno Hermanos SA” ya citado (doctrina reiterada en pronunciamientos más recientes, como en el precedente “Gallo, Alejandro Daniel c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 20.284/2018, del 21/05/2019) en los cuales se destacó el equilibrio que debe existir en la relación jurídico-tributaria, que a consideración de respetada doctrina encuentra a sus partes en pie de igualdad ante la ley, siendo entendida como una relación jurídica, propia de un Estado de Derecho, y no como una relación de poder (JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 1º Ed., Cangallo, Buenos Aires, 1983, págs. 370-374); y, ello no obstante, aun cuando la ley conceda privilegios al Fisco, éstos deben ajustarse a la Constitución Nacional, de lo que se deriva que el acrecentamiento de derechos no podrá resultar en caso alguno desmesurado, operando como valladar los principios recogidos por los artículos 28 y 33 de nuestra Carta Magna (cfr. VALDES COSTA, Ramón, Instituciones de Derecho Tributario, Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 292).
En este punto, ha de recordarse que las normas resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad, y los jueces deben inclinarse a aceptar la legitimidad si tienen la certeza de que expresan, con fidelidad, la conciencia jurídica y moral de la comunidad Alta en sistema: 30/07/2020 (CSJN, Fallos: 324:3345). Asimismo, el principio de razonabilidad – consagrado en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional– importa la exclusión de toda arbitrariedad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos, y obliga a dar a la ley –y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente– un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien pueda ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido (cfr. BIDART CAMPOS, Germán J., Derecho Constitucional, t. II, págs. 118-119; ésta Sala, in rebus: “Fernández Héctor F y otro c/EN –M Interior- PNA -Disp. 128/04- s/ Pers. Milit. y Civ. FFAA Y DE SEG.”, Causa Nº 40.838/06, del 15/11/2012, y “Forex Cambio SA (TF 27070-I) c/ D.G.I.”, Causa Nº 12.048/09, del 25/6/2010; Sala II, in re: “B.E.F.A. y otros c/ EN M Interior RSL 1372/08- CEPARE RSL 351/05 (EX 599279/05) y otro s/ proceso de conocimiento”, Causa Nº 14.600/09, del 26/12/2016; Sala IV, in re: “Frigorífico Paso de los Libres SA (TF 12.019-I) c/ D.G.I.”, del 31/10/1995).
VIII. Que, adentrándonos en el análisis de las normas en juego, observamos que la Resolución Nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción, en su citado art. 3º establece una tasa de interés del 0,50% mensual para los casos en que el Fisco debe reintegrar lo abonado en forma indebida por el contribuyente y, por otro lado, fija en su art. 1º los intereses resarcitorios en un 2% mensual. Vale destacar que este último porcentual fue elevado a 3% por la Resolución Nº 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, recientemente, la Resolución Nº 50/19 del Ministerio de Hacienda determinó que “la tasa de interés resarcitorio mensual prevista en el artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y en los artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificaciones), vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a uno coma dos (1,2) veces la tasa nominal anual Alta en sistema: 30/07/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 55363/2019; “AMX ARGENTINA SA TF 33608-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación Argentina vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”.
Las razones explicitadas en los considerandos de la Resolución Nº 314/04 para fijar aquellas tasas de interés descansan en la siguiente afirmación: “se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, en virtud de constatarse una baja de las tasas de intereses usuales para préstamos, con el objeto de no agravar la situación económico-financiera de los contribuyentes deudores en su relación con el fisco” (el destacado no corresponde al original). Resta aclarar que la resolución disminuyó los valores de las tasas de interés resarcitorio dispuesta por su predecesora –la Resolución Nº 36/03 del Ministerio de Economía–, 3%.
Asimismo, los fundamentos que cimientan el dictado de la Resolución Nº 841/2010, modificatoria de la Resolución Nº 314/04, mediante la cual –en lo que aquí interesa– se aumentó la tasa de interés resarcitorio de 2% a 3% mensual, y se mantuvo en 0,5% la aplicable a los casos de repetición y devolución de tributos por parte de la DGA y la DGI (arts. 3º y 4º, respectivamente), se encuentran en el siguiente párrafo que se extrae de sus considerandos: “Que se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos” (el destacado no corresponde al original).
A ello se agrega el considerando de la Resolución Nº 50/19, que estipula “[q]ue atento el tiempo transcurrido desde su última modificación, se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular la cancelación en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos Alta en sistema: 30/07/2020 financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos” (el destacado no corresponde al original).
Pues bien, de una simple lectura de los fundamentos reseñados se advierte sin demasiada dificultad que las modificaciones en la tasa relativa a los intereses resarcitorios que percibe la DGA y la DGI, en virtud de pagos en mora por parte de los contribuyentes, tiene un movimiento oscilante en consonancia con las condiciones económicas vigentes al momento del dictado de las resoluciones, mientras que la tasa que le corresponde a quien obtiene la repetición de un pago indebido ante dichas reparticiones, no obstante los cambios en las condiciones económicas generales del país, se mantiene incólume. En este sentido, es dable destacar que en los considerandos de las normas emanadas del Ministerio de Economía/Hacienda, tal diferencia de trato se encuentra desprovista de fundamento en el cual pueda apoyarse.
Resulta que, si bien el mero establecimiento de tasas de interés diferenciadas para los supuestos bajo estudio no logra afectar el principio de igualdad, por la de diversa índole en el interés que cada uno de éstos representan (cfr. CSJN, Fallos 308:283, in re: “Arcana Orazio”), la situación descripta pone en evidencia el absurdo de suponer que los cambios económicos producidos entre las resoluciones –que, al mismo tiempo, sirven de fundamento en el dictado de las mismas– afectan únicamente a la Administración Tributaria, cuando imperiosamente la totalidad de las partes involucradas en la relación tributaria son alcanzadas por las circunstancias generales de la economía del país, debido a que se encuentran incuestionablemente inmersos en ellas.
De este modo, y de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto, el sostenimiento de una tasa de interés tan exigua (6% anual), que se mantiene invariable ante los cambios económicos generales del país –reconocidos por las normas ministeriales– y más aún, al carecer de fundamento alguno que explique tal estabilidad, deviene irrazonable, puesto que, al no acompañar –ni siquiera proporcionalmente– aquel Alta en sistema: 30/07/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 55363/2019; “AMX ARGENTINA SA TF 33608-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cambio en la economía, menoscaba el crédito en cabeza del responsable que pagó en forma indebida, lesionando su derecho de propiedad. Sumado a ello, cabe advertir que sostener una tasa baladí e inconmovible frente a los cambios económicos del país crea una situación que tiende a desincentivar al organismo recaudador a resolver en forma ágil los pedidos y causas pendientes por devoluciones o repeticiones de tributos, lo que resiente aún más la razonabilidad de la norma.
Vale poner de resalto que, en sentido concordante, se han expedido las restantes Salas de esta Cámara (cfr. Sala I, in re: “Ortíz, Juan José (TF 45532-I) c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 22.122/2018, del 5/6/2018; Sala II, in re: “American Express Argentina SA c/ EN-AFIP DGI-s/ DGI”, Causa Nº 75.920/2014, del 27/4/2017; Sala IV, in re: “Maselis, Analía Edith c/DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 68.476/2018, del 12/3/2019; Sala V, in re: “OSRAM ARGENTINA SACI c/ EN-AFIP-DGI-Resol 30/11 s/ DGI”, Causa Nº 15.885/2011, del 15/8/2017); así como previamente lo hizo la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en los autos “Alubia S.A. c/ AFIP-DGI s/ ordinario”, Causa Nº 195/2012, del 6/3/13, decisión que, en relación con la tasa de interés aplicable, adquirió firmeza, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el recurso extraordinario deducido por el Fisco Nacional al sostener que éste “no logra refutar todos y cada uno de los fundamentos en que se sustenta la decisión apelada” (cfr. “Alubia S.A. c/ AFIP – Dirección General Impositiva s/ repetición”, Causa A.612.XLIX, del 4/11/2014).
IX. Que, tal como se adelantó, la solución que aquí se adopta tiene por antecedente los precedentes “Thomas de Sudamérica SA” y “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, ya citados, las cuales son producto de un nuevo estudio que se efectuó sobre la materia, lo que implicó el apartamiento de la doctrina sentada por esta Sala en precedentes anteriores (cfr. “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (TF 28490-I) c/ Alta en sistema: 30/07/2020 DGI”, Causa Nº 27.506/12, del 19/3/2013; “Macias Osvaldo (TF 32215-I) c/ DGI”, Causa Nº 53.380/2012, del 23/4/2013; “La Juciela S.A. (TF 32.505-I)”, Causa Nº 22.813/13, del 12/12/2013; “Filosa Alfredo Oscar TF 43069-I c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 30.995/2016, del 6/10/2016, entre muchos otros).
Por todo lo hasta aquí expuesto, se torna inaplicable la tasa de interés fijada en el art. 3º de la Resolución Nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción, correspondiendo estarse a la que se aplica a los réditos que devengan las deudas del Estado Nacional, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa registrada en Fallos: 315:158, in re “YPF c/ Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes s/ cobro de pesos”, del 3/3/1992, esto es, la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290 BCRA).
X. Que, al mismo tiempo, como lo ha expuesto esta Sala en pronunciamientos más recientes (cfr. “Veleda, Carlos Alberto c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa N° 68267/2018, del 7/11/2019; y “Lexmark International de Argentina INC TF 45452-I c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa N° 20.865/2019, del 19/12/2019) cabe tener presente que la Resolución Nº 598/19 (B.O. 18/7/2019) del Ministerio de Hacienda, entre otras medidas, derogó la Resolución Nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción (art. 9º); fijó nuevas tasas de interés resarcitorio y punitorio (arts. 1º, 2º y 3º) y –en lo que aquí interesa–, estableció que “… la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina Alta en sistema: 30/07/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 55363/2019; “AMX ARGENTINA SA TF 33608-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre. Cuando se trate de conceptos expresados en dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero coma veinte por ciento (0,20%) mensual” (art. 4º. El destacado no es del original).
En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 6º de la norma –que dispone que las tasas serán publicadas al inicio de cada trimestre calendario en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos–, el organismo publicó en su portal de internet la tasa de interés mensual correspondiente (https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/documentos/ TASAS-INTERES-GENERALES-Resolucion-598-19-MHA.pdf).
Por último, es importante destacar que la Resolución 598/19 entró en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, surtiendo efectos a partir del 1/8/19 (art. 10), y que “para la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de la fecha de entrada en vigencia de esta resolución, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos que éstos alcancen” (art. 8º).
XI. Que del compendio de lo señalado y analizado en los considerandos precedentes, se obtiene que los intereses que habrán de acceder a la suma cuya repetición el TFN hizo lugar, deberán ser liquidados de la siguiente manera: (i) desde el momento de formularse el reclamo hasta la entrada en vigencia de la Resolución Nº 598/19, aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290 BCRA); y (ii) a partir de la entrada en vigencia de aquella norma, aplicando la tasa efectiva mensual que publica la AFIP, en cumplimiento de la misma. Ello hasta el momento del efectivo pago.
Alta en sistema: 30/07/2020 XIII. Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta las particularidades y lo novedoso de la cuestión analizada, corresponde imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, CPCCN; esta Sala, in rebus: “Veleda” y “Lexmark International de Argentina”, ya citados).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por AMX Argentina SA y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, en los términos que surgen del considerando XII; con costas en el orden causado.
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Alta en sistema: 30/07/2020
Fin de la sentencia