Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mercedes · Causa 32.717
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia de fecha 02/06/2021 (cód. n° 246802257007183377) en todo lo que fue materia de apelación y agravio por la parte actora.-
2Imponer las costas de ambas instancias por su orden, quedando sin efecto las regulaciones de honorarios.-4013 del 14/04/2021 y Ac. 4016 del 16/05/2021):
Ministerio Público Fiscal del Dpto. Moreno - Gral. Rodríguez:
SII - 32717 - ANASTASIO JULIAN ESTEBAN Y OTRO/A C/ CONSORCIO DE PROP.COUNTRY CLUB ATLETICO BCO.DE LA PCIA.DE BS.AS. S/ ACCION DECLARATIVA (TRAM. SUMARISIMO)
Nº orden 32.717 Juicio: ANASTASIO JULIAN ESTEBAN Y OTRO/A C/ CONSORCIO DE PROP.COUNTRY CLUB ATLETICO BCO.DE LA PCIA.DE BS.AS. S/ ACCION DECLARATIVA (TRAM. SUMARISIMO) Juzgado: de Primera Instancia en lo Civi y Comercial N° 3 - Dpto. Moreno - Gral. Rodríguez En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los ...TRECE... días del mes de octubre de 2021, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. TOMAS MARTIN ETCHEGARAY Y EMILIO ARMANDO IBARLUCIA en su carácter de Presidente de esta Excma. Cámara quién interviene en el presente en virtud de lo resuelto por el Ac. Extraordinario del (conf arts. 35 y 36 de la ley 5827; art. 4° del Ac. Extraordinario del 25/09/2008, publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SII-32717 , en los autos: “ANASTASIO JULIAN ESTEBAN Y OTRO/A C/ CONSORCIO DE PROP.COUNTRY CLUB ATLETICO BCO.DE LA PCIA.DE BS.AS. S/ ACCION DECLARATIVA (TRAM. SUMARISIMO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal.- PRIMERA CUESTION: ¿Corresponde declarar la incompetencia en razón de la materia?
SEGUNDA CUESTION: en caso negativo, ¿es procedente la acción intentada por vía del art. 322 del CPC?
TERCERA CUESTION: en su caso, ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?
CUARTA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Tomás Martín Etchegaray.-
A LA PRIMERA CUESTION: El Señor Juez Dr. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia dictada en fecha 02/06/2021 (cód. n° 246802257007183377), que rechaza la acción declarativa de certeza instaurada por el Sr. Julián Esteban Anastasio y la Sra. María Cristina Sole con costas a su cargo y regula los honorarios de los profesionales intervinientes, es apelada tanto por la parte accionante como por la Fiscalía de Estado Provincial (E.E. de fecha 7/6/2021 - 13:13:35 y del 10/6/2021 - 11:09:38 respectivamente; esta última solo por honorarios). Los accionantes fundaron el recurso a través del E.E. del 15/06/2021 - 11:48:25, existiendo réplica solamente de la Fiscalía de Estado Provincial (E.E. del 23/6/2021 - 11:15:10).-
II.- 1.- El Sr. Anastasio y la Sra. Sole de Anastasio promovieron acción declarativa de certeza contra el Consorcio de Propietarios del Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se determinara que no les era aplicable el decr.ley 8912/77 y su decreto reglamentario 9404/86 a la división parcelaria que pretendían. Su fundamento fue que dicho consorcio era de creación anterior a la vigencia de la normativa aludida.-
Relataron que eran propietarios de cuatro unidades funcionales en el country de marras adquiridas mediante boletos de compraventa, todos de fecha anterior a la entrada en vigencia del decr.ley 8912/77, parcelas que se encontraban unificadas bajo el número 2992, las que individualmente no alcanzaban la superficie mínima de 600 mts2 exigida por el art. 66 del decreto ley 8912/77. Dijeron que lo mismo ocurría con un elevado número de unidades funcionales del emprendimiento. Acompañaron copia certificada de escritura pública de fecha 07/12/1994. Afirmaron que su pretensión era escindir una de las cuatro unidades funcionales originarias, la que le fue negada por aplicación de la legislación antes referenciada. Citaron jurisprudencia de la CSJN sobre derechos adquiridos en relación a casos similares. Por otro lado apuntaron que cumplían con los requisitos de admisibilidad del art. 322 del CPC respecto de la vía intentada.- Dentro del marco del proceso sumarísimo dispuesto en la especie, los accionantes ampliaron la demanda, comentando sobre el anteproyecto del CCyCN donde se aconsejaba la derogación del tercero párrafo del art. 2075. Asimismo, expusieron que no era necesario plantear la inconstitucionalidad del art. 66 del decreto ley 8912/77 por cuanto el art. 103 establecía la inaplicabilidad de aquel a los conjuntos inmobiliarios ya existentes a la fecha de su entrada en vigencia.-
2. Contestó el respectivo traslado el Consorcio de Propietarios del Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires oponiendo defensa de falta de acción y a la postre el rechazo de la demanda. Dijo en primer lugar que la relación jurídica entre ambos era contractual y por ello sometida a la legislación vigente, y que por ello la demanda estaba mal dirigida, siendo autoridad de aplicación el Municipio de Moreno y la Provincia de Buenos Aires. Explicó que el consorcio se había constituido con anterioridad a la sanción del decr.ley 8.912/77 y por tal circunstancia se había respetado el derecho adquirido por los propietarios titulares de unidades funcionales con una superficie menor a los 600 mts2. Adunó que con la sanción de la aludida ley en Catastro Provincial no se admitieron las subdivisiones en lotes menores a dicha superficie.-
3. Los accionantes se manifestaron respecto de la falta de acción interpuesta y peticionaron ampliar la demanda contra el Municipio de Moreno y la Provincia de Buenos Aires representada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial.-
4. Luego de sucesivas tramitaciones se hizo lugar a la integración de la litis, contestando la demanda la Municipalidad de Moreno. Señaló inicialmente que por el reclamo de autos se había abierto el expediente administrativo Nro. 4078-190346-S-2017 (adunado por cuerda), en el cual quedó determinado que la autoridad de aplicación para una subdivisión parcelaria era la Provincia de Buenos Aires, por lo que planteó la excepción de falta de acción. Aseveró que dichas tramitaciones quedaban bajo el alcance del decr.ley 8912/77. Resaltó el dictamen de la Coordinación dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano donde se concluyó que la propuesta no era viable desde el punto de vista urbanístico, técnico y legal. Finalmente peticionó el rechazo de la demanda.-
5. Los actores contestaron la excepción introducida por el municipio y peticionaron la notificación a la Fiscalía de Estado en los términos del decr.ley 7543/6 modificado por ley 12.748. Esta última contestó finalmente la demanda resaltando que la pretensión actoral se limitaba a querer retrotraer, a su dimensión original, una de las cuatro UF con superficie inferior al límite establecido en el decr.ley 8912/77, parcela que ya no tenía. Con los elementos de autos advirtió que no se daban los requisitos de admisibilidad del art. 322 del CPC aduciendo que se contaba con otra vía más idónea para accionar, que sería la administrativa como camino indicado luego de lo actuado en el expte. administrativo municipal, del cual brotaba que ya no había falta de certeza. Explicitó que distinta sería la solución en el caso de no haberse practicado la unificación voluntaria de las parcela, y que por ello era errónea la interpretación de la doctrina de los derechos adquiridos que realizaban. Pidió el rechazo de la demanda.-
6. Se dispuso correr vista de las actuaciones al Agente Fiscal, la que cumplida se tuvo presente.-
III. En ese estado es que se dictó la sentencia ahora recurrida.- En primer lugar el juez puso de resalto la improcedencia de la vía elegida. Sostuvo que había fracasado la parte accionante en acreditar que no disponía de otro medio legal para dar finiquito a la alegada falta de certeza exigida. Destacó que fueron los actores los que habían iniciado el expediente administrativo ante el municipio de Moreno que les resultó adverso. Y que ello implicaba no solo que ya estaban en conocimiento de la posición de la parte demandada, sino que también determinaba la competencia contencioso administrativa. Dijo que la pretensión en estudio no podía ser utilizada como un medio para sortear los obstáculos procesales del procedimiento específico. Por otro lado compartió la opinión dada por el Ministerio Público Fiscal y valoró distintos elementos probatorios de autos. Encontró que la normativa resultaba “clara” en cuanto a su ámbito de aplicación. Así entendió que la convalidación del country en cuestión se obtuvo con posterioridad a la publicación del decr.ley 8912/77. Finalmente, remarcó que la impugnación constitucional excedía el marco de la presente acción y que resultaba innecesario expedirse sobre las excepciones planteadas por los demandados a la luz de los antes explicitado.-
IV.- 1.- En el memorial los accionantes plantean la revocación de lo decidido. Critican de entrada la coherencia interna de la sentencia recurrida, sindicando que la misma está edificada sobre la improcedencia tanto de la acción promovida como del propio reclamo a la luz del derecho sustantivo. Primeramente sostienen que yerra el a quo al negar la incertidumbre denunciada. Por otro lado, también sostienen la procedencia de la vía elegida, afirmando que el juez de grado dio curso al proceso y que dicha decisión no fue cuestionada por ninguno de los demandados. Cierran este agravio señalando que los presuntos incumplimientos de los recaudos formales aducidos en el fallo no fueron óbice para que se decidiera la cuestión de fondo, pormenor que tornaría abstractos --dicen-- los reproches antes aludidos. Critican a su vez la decisión sobre la aplicabilidad del decr.ley cuestionado, aseverando que de la prueba colectada y analizada en la sentencia, brotaría la aprobación del country con anterioridad a la vigencia de la legislación referida y citan jurisprudencia en su respaldo. Adunan que los dictámenes de los distintos organismos intervinientes no se encontrarían fundados. Sostienen que la solución dada padece de una “insalvable incongruencia” con el resto de las unidades del complejo urbanístico. Igualmente plantean que es viable en este proceso el planteo de inconstitucionalidad, para finalmente quejarse por la imposición de costas.-
2. En el responde la Fiscalía de Estado de la Pcia. de buenos Aires (E.E. del 23/6/2021), en primer lugar en lo tocante a la incertidumbre dice que no es tal. Remarca que dentro del principio de irretroactividad de las leyes hay que diferenciar la situación jurídica existente (que sería permanente) de las consecuencias de dicha relación, analizado ello en los términos de la letra del art. 7 del CCyCN. Sostiene que la norma no sería objeto de debate, y que los dictámenes cuestionados expresan con claridad que los propietarios deben ajustar y ejercer su derecho de propiedad conforme a la legislación vigente, la cual impide la creación de unidades funcionales en las dimensiones pretendidas por la actora.-
Respecto de la improcedencia de la vía elegida, reitera lo manifestado oportunamente en el sentido que debió continuarse el caso por la acción administrativa a los efectos de obtener una respuesta definitiva.- Añade que los actores pretenden vender un lote que ya no tienen contrariando el art. 7 CCyCN buscando aplicar una legislación que ya no existe, aduciendo que la UF que se pretende vender dejó de existir. Afirma que los apelantes se contradicen al perseguir la irretroactividad de la aplicación de la ley y al mismo tiempo buscan la autorización de subdivisión de una parcela retrotrayendo todo a su origen.-
Por último señala que la procedencia de inconstitucionalidad de una norma es de extremo cuidado y que el ataque a la normativa vigente es absolutamente genérico y desnutrido de un alegato sobre los hechos, circunstancias, y el derecho, limitándose a la cita jurisprudencial sin referir a su contenido ni relacionarlos con los hechos de autos.-
V. Luego de requeridos los autos físicos, se corrió vista a la Fiscalía de Cámaras del Dpto. Moreno – Gral. Rodríguez, la cual fue satisfecha con la postura favorable a la pretensión de los accionantes.-
Finalmente, atento la índole de la cuestión se dispuso que la misma debía resolverse con la formalidad del acuerdo, con suspensión de los términos que estaban corriendo (cfr.: resolución del 16/09/2021, cód. n° 240200371007326672).-
VI. Ante todo, cabe señalar que la CSJN, en su calidad de intérprete supremo y final de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (C.S.N., en Fallos 303:1769; 311:1644 también en J.A. 1991-I-85), tiene reiteradamente dicho que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y después, sólo en la medida que se adecúe a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (C.S.N., en Fallos 279:95; 286:45; 306:1056; 308:2230; 315:2754).- Asimismo, la competencia en razón de la materia es de orden público, no pudiendo alterarse ese principio o dejarse sin efecto por la voluntad de los particulares, debiendo los jueces velar por su estricto cumplimiento, aún de oficio (doct. art. 4 del CPC; SCBA, DJBA 123-379, 6/10/2010, "Juzgado de Garantías en lo Penal n. 2 San Isidro v. Juzgado Contencioso Administrativo n. 1 La Plata s/conflicto art. 161, inc. 2º, Const. provincial, en autos: 'D., M. v. Fisco Prov. Bs. As. s/medida autosatisfactiva'"; y 1/12/2010 "Necochea Entretenimientos SA v. Municipalidad de Necochea s/amparo - cuestión de competencia"; C. Junín, causa 18.675, DJBA 122-198, reseña doctrinaria; C. 1ª Mar del Plata, LL 115-79; DJBA 73-265; cita de MORELLO – SOSA - BERIZONCE; “Códigos procesales…”, CABA: Abeledo Perrot, La Plata: Librería Editora Platense, 2015, T. II; 4a ed., Cap. I “Competencia”, libro digital ISBN 978-950-20-2697-).-
Resumiendo, es deber del juez inhibirse de oficio si se halla condicionado a la circunstancias de resultar manifiesta de la propia demanda o de la ley, la falta de competencia.-
En un primer análisis entiendo que tal cuestión es la que ocurre en la especie. Es competencia del fuero en lo contencioso administrativo entender y resolver en las controversias suscitadas por la actuación o la omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución Provincial. En autos se está cuestionando la aplicación de la normativa provincial de tierras (decr.ley 8912/77) luego de efectuarse un reclamo administrativo ante la Municipalidad de Moreno (expte. n° 4078-190346-S-2017 que tengo a la vista), articulación que resulta eminentemente materia contencioso administrativa en los términos de los arts. 1, 2, 6, 12 y concs. de la ley 12008 (TO ley 13.101).-
Ahora bien, no puede este tribunal soslayar la clara doctrina de la S.C.B.A. sobre la oportunidad en que debe decretarse la incompetencia a favor del fuero contencioso administrativo, reafirmada en la resolución dictada en B 76384 el 02/09/2020 al decidir que una causa tramitada en el fuero civil y comercial debía continuar en el mismo y no pasar al fuero contencioso administrativo. Textualmente dijo: “Esta Corte ha sostenido que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida la misma, tanto las partes como el órgano jurisdiccional, se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, en cuanto lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrua Gonzalez", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.716, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", ambas resol. de 6-IX-2017; B. 75.025, "Barreyro", resol. de 29-VIII-2018; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 75.977, "Restelli", resol. de 11-IX-2019; B. 76.120, "Municipalidad de Quilmes", resol. 23-X-2019 y B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019)”.-
He transcripto el considerando pertinente íntegramente dado que la abundancia de precedentes citados y lo terminante de la doctrina del máximo tribunal provincial no dejan lugar a dudas en cuanto a que, dado el avance de la presente causa (llegada a esta instancia para resolver la apelación de la sentencia definitiva), no puede declararse la incompetencia y remitirse al fuero contencioso administrativo.-
VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la NEGATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a cómo ha quedado votada la cuestión anterior, corresponde que me aboque al tratamiento de la procedencia de la vía intentada por los accionantes.-
Conforme a lo dicho en el considerando anterior, en principio la vía idónea que debía seguir la parte actora era el agotamiento del reclamo administrativo y, ante su eventual rechazo, promover la acción contencioso administrativa (arts. 1, 2, 12 y cctes. ley 12.008). No obstante, debe partirse de la base de que el art. 322 del CPCC. establece como tercer requisito (o sea, además de la incertidumbre y la lesión actual) que el actor no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.-
Este último requisito hace, a mi juicio, que la característica de acción subsidiaria o residual – según la calificación de algunos autores - no debe llevar a pensar que siempre que exista otra vía posible no es procedente la acción declarativa. La norma es clara en cuanto a que esa vía – si existe – debe permitir poner término en forma inmediata al estado de incertidumbre. Es decir, se trata, como lo ha sostenido la jurisprudencia que comparto, de un requisito jurídico temporal (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 4/3/2010, "De La Riva David v. Caribe Mar Del Plata y otros s/ acción declarativa"; C. Nac. Civ., sala F, 19/8/1983, Der. 107-625). Como ha dicho la C. Nac. Com., Sala D, lo más importante es analizar si la acción declarativa será eficaz, como modo de implantar el imperio del derecho y la paz civil entre las partes, y desde ese punto de vista, la apreciación sobre la idoneidad de la vía declarativa no ha de depender tanto de un antecedente (cuál es la existencia de otro medio, al momento de origen del diferendo, como recurso para traerlo al tribunal), sino de la eficacia que ella pueda tener para reestablecer la concordia de los sujetos del pleito (5/8/1981, LL 1982-A-38) (fallos citados en MORELLO – SOSA – BERIZONCE; “Códigos procesales…”, CABA: Abeledo Perrot, La Plata: Librería Editora Platense, 2015, T. V; 4a ed., art. 322, libro digital: ISBN 978-950-20-2700-5; también sobre que no debe extremarse la exigencia de que no haya otra vía legal para no cercenar los derechos de los justiciables, ver: López Mesa, “Código procesal civil y comercial…”, T. III, 1a ed., CABA, La Ley, 2014, libro digital:
ISBN 978-987-03-2686-1).-
Ha de tenerse en cuenta también que el art. 322 establece que el juez, de oficio y como primera providencia, debe resolver si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolución que no es recurrible. Esta disposición debe compatibilizarse con el requisito de que la eficacia temporal de la “vía legal disponible”. Evidentemente no se compadece con el “ponerle término inmediatamente” que la resolución sobre la admisión o no de la vía sea recurrible o que el juez lo resuelva luego de producida la prueba al dictar la sentencia, ni mucho menos en la instancia de la apelación en la Cámara.- Destaco, por lo demás, que no surge del expediente administrativo agregado en autos que se hubiera dictado por el municipio una resolución definitiva sobre el reclamo del actor, ya que una cosa es que haya dictámenes de los departamentos internos y otra cosa es que haya resolución del órgano competente (en el caso, el Intendente municipal, decr.ley 8912/77, art. 65, y decr. reglamentarios 9404/86 y 27/98). Es cierto que cuando los actores dedujeron la acción todavía estaba en trámite el reclamo administrativo, pero adviértase que este fue iniciado el 26/03/17 y un año y medio después todavía estaba sin resolverse (la demanda fue interpuesta el 27/11/18). Si se tiene en cuenta que para deducir la acción contencioso administrativa debe agotarse la vía administrativa (por resolución o silencio, arts. 14, 16 y cc. de la ley 12.008), está claro que el requisito de la falta de eficacia temporal de otra vía legal disponible estaba cumplido.-
Destaco, además, que esta forma de interpretar el art. 322 del Cód. Procesal es la que mejor se compadece con la garantía de la tutela judicial efectiva prevista en el art. 15 de la Const. Provincial.-
Despejada la cuestión relativa al último requisito previsto en el art. 322, considero que los otros dos se dan en autos. En efecto, lo planteado por los actores implica la existencia de un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica. Ellos entienden que, habiendo nacido el Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires con anterioridad a la vigencia del decr.ley 8912/77, por aplicación del art. 103, el art. 66 – referido a las medidas mínimas que los lotes deben tener – no es aplicable, ya que el loteo fue efectuado antes con medidas inferiores. El Country Club en su momento contestó a los actores que ningún inconveniente tenía en acceder a lo pedido si la autoridad pública lo permitía (fs. 102 del expte. administrativo agregado). El municipio, sin descartarlo totalmente, hizo las consultas pertinentes al órgano administrativo competente de la provincia, el que emitió dictámenes, pero, como ya dije, no hubo una resolución definitiva. Por lo tanto, el estado de incertidumbre existía al promoverse la acción y subsiste.-
Con respecto a la jurisprudencia de la Suprema Corte provincial en cuanto a que la acción meramente declarativa de certeza no es procedente cuando se persigue que la norma en cuestión sea interpretada de un cierto modo (B 64.222 del 17/07/02, B 65.559 del 29/09/04, B 65.546 del 20/08/03, B 66.737 del 6/07/05), entiendo que no es el caso de autos. En primer lugar cabe señalar que resolver sobre la aplicabilidad o no de una norma requiere siempre de una previa interpretación. Es una trampa y convertiría siempre al art. 322 en letra muerta si se cercenara su procedencia so pretexto de que se esgrime una interpretación de la norma.-
En segundo lugar no discuten los actores la interpretación del art. 66 del decr.ley 8912/77 (cuyos textos, dicho sea de paso, son muy claros) sino su aplicabilidad al caso concreto de la subdivisión que pretenden hacer. O sea, se trata de un supuesto de subsunción de hechos en la norma jurídica sobre la base, por un lado, de la aplicación temporal de la norma (donde entra a tallar el art. 103 del dec.ley), y por otro lado, de la circunstancia particular de que la parcela que poseen es producto de la unificación de lotes provenientes del primigenio loteo del country club. La primera contestación del country club y la respuesta dubitativa del municipio son indicativas de que el estado de incertidumbre existe. Distinta, obviamente, es la solución de fondo del caso, que será luego tratada si mi voto a la presente cuestión es compartida.-
El segundo requisito del art. 322 salta a la vista: los actores quieren subdividir su propiedad para vender una parte de ella, y la incertidumbre al respecto es la causa de un perjuicio actual.-
Finalmente, descartado que pueda este tribunal a esta altura del proceso, declarar la incompetencia (resuelto al tratarse la cuestión anterior), advierto que todos los elementos necesarios obran en autos; no hay hechos controvertidos, se trata de cuestión de puro derecho.-
VOTO POR AFIRMATIVA.-
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Etchegaray, por iguales razones y fundamentos, que los emitidos por el Señor Juez preopinante, y con la misma salvedad, dio su voto también por la AFIRMATIVA.-
A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a cómo han quedado votadas las cuestiones precedentes, me adentraré a continuación en el tratamiento de la cuestión de fondo.-
I.- 1.- Liminarmente debo expresar que el a quo dispuso que resultaba innecesario expedirse sobre las excepciones planteadas por el consorcio y por la Municipalidad de Moreno. Nada he de expresar sobre ello atento a que dicha circunstancia llega incontrovertida a esta instancia (doct. Arts. 260 y 266 del CPC).-
2. Como dije más arriba (ap. II.A), los accionantes promovieron la presente acción declarativa con el objeto de lograr escindir, a su dimensión original, una de las cuatro unidades funcionales con superficie inferior al mínimo establecido en el decr.ley 8912/77. Estas unidades de su propiedad componen la parcela unificada bajo el número 2992 dentro del Consorcio de Propietarios del Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires.-
Con la declaración judicial pretendida buscan obtener la no aplicación del decr.ley 8912/77 (de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo) y su decreto reglamentario 9404/86. Esgrimen como fundamento que el consorcio de marras fue creado con anterioridad a la vigencia de dicha normativa. Reconocen que la parcela 627 a escindir (al igual que las otras tres) no alcanza la superficie mínima de 600 mts2 exigida por el art. 66 del referido decreto ley.-
Le asiste razón a los recurrentes cuando afirman que las cuatro unidades funcionales originarias (U.F. Nº 624, 625, 626 Y 627) fueron adquiridas primigeniamente antes de la vigencia del decr.ley 8912/77 (fecha de publicación: 28/10/1977) en las siguientes operaciones: a)- U.F. Nº 624 (ex lote 204, manzana 14) le fue vendido por boleto de C.V. a su original propietario en fecha 03/03/1977, quien se los cedió el 31/05/1983; b)- U.F. N° 625 (ex lote 205, manzana 14) que adquirieron de manera originaria por boleto de C.V. el 10/01/1977; c)- U.F. N° 626 (ex lote 206, manzana 14) vendido a su original propietario por boleto de C.V de fecha 01/10/1976, quien se los cedió el 16/03/1984; y d)- U.F. N° 627 (lote 207, manzana 14) vendido a su original propietario por boleto de C.V. el 28/07/1977, quien se los cedió el 29/01/1987 (cfr.: fs. 4/16).-
Lo descripto en el ap. precedente, también se encuentra constatado con la copia certificada de la escritura Nº 468 del 07/12/1994, pasada al Fº 1597 del Protocolo del escribano Elías Emilio Roffo, titular del Registro Público 1108 de CABA (fs. 17/25).-
Sin embargo, de la misma se desprende que el entonces Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires vendió a los cónyuges, bajo el régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal la unidad funcional N° 2992, con una superficie total de 1.979 m2, según plano 74-34-79 (ratificado en agosto de 1984) aprobado por la Dirección de Catastro Territorial el 11/11/87 (cfr.: fs. 17vta./18).-
Como hemos referenciado, de esta circunstancia se aferra la Fiscalía de Estado para decir que la subdivisión pretendida no es viable. Es decir, porque el lote que hoy pretende dividirse no es anterior a octubre de 1977 (entrada en vigencia del decr.ley 8912/77). En similares términos dictaminó la Dirección de Usos del Suelo y Ordenamiento Territorial de la Provincia en el expte. administrativo (fs. 48/49), (coincidente con la contestación del pedido de informes acompañado por la Fiscalía de Estado por EE de fecha 13/10/20, 12:12:08 pm).-
Los actores sostienen, por el contrario, que, como el country club nació con anterioridad a octubre de 1977, con un loteo realizado en una época en que no se exigían los 600 m2 de medida mínima – y de esa manera subsisten lotes menores hasta la actualidad -, no es aplicable el decr.ley 8912/77. Invocan al efecto el fallo de la Corte Suprema Nacional en los autos “Mapuche Country Club Asociación Civil c. López de Marsetti y otros”, del 18/09/90 (Fallos: 313:915), en el que descalificó por arbitrariedad una sentencia de la C.N.Civil que había resuelto que dicho decreto ley era aplicable al country pese a que había nacido con anterioridad.- De la lectura del fallo se advierte que resolvió una controversia muy distinta a la que motiva estas actuaciones.
En efecto, el country club pretendía cobrar a los accionados las expensas, pese a que habían sido dados de baja como socios, con el argumento de que seguían siendo propietarios de lotes en el égido del mismo. La Cámara hizo lugar al reclamo diciendo que era aplicable el art. 64 del decr.ley 8912/77 y su decreto reglamentario que establecían que los bienes comunes eran accesorios de los lotes de propiedad individual. La Corte dijo que ello no era posible dado que se afectaba el régimen constitutivo bajo el cual los demandados habían comprado su propiedad ya que no surgía del título respectivo que hubieran adquirido un derecho accesorio a la copropiedad de otros bienes ni constaba en el mismo el ingreso a entidad alguna, lo cual, además, no era obligatorio.- El caso de autos es distinto.
Los actores unificaron los cuatro lotes que originariamente habían sido loteados al nacer el club de campo con posterioridad a 1977, y nació una nueva parcela de 1.996 m2. La pregunta, entonces, es si la circunstancia de que el country naciera antes de la vigencia del decr.ley 8912/77 implicó la petrificación del régimen legal entonces existente para siempre, de forma tal que cualquier propietario de un lote mayor a 600 metros cuadrados podría subdividirlo (no está claro cuáles eran las medidas mínimas en esa época, pero suponiendo que hubieran sido 390 m2, el interrogante sería si podría subdividirse en dos un lote de 780 m2). En otras palabras, ¿debido a la fecha de su nacimiento el country del Club Banco Provincia quedó inmune a la aplicación de toda norma sobre uso del suelo y ordenamiento territorial que el legislador y las autoridades administrativas pudieran dictar en el futuro?; ¿quedó estancado en el régimen territorial de su nacimiento?
No parece razonable. Aunque, obviamente, no es lo mismo, es del caso hacer una comparación con las ciudades o centros urbanos.
Constantemente las autoridades competentes hacen modificaciones en el régimen de ordenamiento territorial (en un sistema democrático periódicamente elegimos representantes comunales y provinciales, que están legitimados para hacer modificaciones en la planificación territorial y urbanística, art. 1, 5 y 123 C.N., art. 192 Const. Prov., art. 27 decr.ley 6769/58 – L.O.M. -). Naturalmente no pueden avasallar las propiedades privadas (salvo expropiación por utilidad pública), de forma tal que tienen que respetar sus medidas y linderos, pero ello no quiere decir que no puedan establecer nuevas normas de zonificación, de manera que si alguien quiere subdividir su propiedad tenga que atenerse a ellas. Por consiguiente si un vecino ha unificado lotes (con aprobación administrativa), de ahí en más tendrá una nueva propiedad y deberá atenerse a la reglamentación existente al momento que desee hacer algo distinto con ella.-
No advierto razones para pensar que un club de campo no se rige por las mismas reglas. Precisamente están contemplados en el dec.ley 8912/77 de “ordenamiento territorial y uso del suelo” que le dedica un capítulo especial (Capítulo V), el decr. 9404/86, reglamentario de la ley, los llama “complejos urbanísticos o urbanizaciones especiales”, y el decr. 27/98, también reglamentario de la ley, los denomina “emprendimientos urbanísticos”. Asimismo, el art. 2705 del Código Civil y Comercial establece que todo lo relativo a las dimensiones y elementos urbanísticos de los conjuntos inmobiliarios se rigen por las normas administrativas de cada jurisdicción.-
Sostiene la parte actora – reiterando lo manifestado al ampliar la demanda a fs. 51 – que el último párrafo del art. 2705, en cuanto en establece que los conjuntos inmobiliarios deben adecuarse al régimen de propiedad horizontal que el código establece, es cuestionado por inconstitucional por la doctrina al punto que el proyecto de modificaciones elaborado por la comisión presidida por los Dres. Julio César Rivera y Ramón Daniel Pizarro propone su derogación. No veo, en principio que la norma indicada pueda ser tachada de inconstitucional (aclaro que, como dice el código comentado de infojus, es esperable el dictado de normas que establezcan un plazo y directivas jurídicas para la adecuación), siempre partiendo de la base de que la inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico y que quien se sienta afectado en sus derechos adquiridos debe demostrarlo. No obstante, cabe señalar que el párrafo mencionado se refiere a la adecuación de los conjuntos inmobiliarios donde existen derechos personales o coexistiendo derechos reales y personales, hipótesis muy distinta a la planteada en autos.-
Reitero, entonces, que los actores persiguen que se les reconozca un derecho adquirido sobre la base del parcelamiento del club de campo anterior a que ellos mismos unificaran sus lotes transformándolo en uno nuevo. Como dice la Fiscalía de Estado las parcelas originales dejaron de existir en 1994, de manera tal que cualquier modificación catastral que desee hacerse debe ser sobre la base de la situación fáctica actual bajo el régimen jurídico existente. No hay, por ende, afectación de derechos adquiridos.-
Por último, no se entiende lo manifestado en el cap. IV de la expresión de agravios sobre la acción declarativa como vía idónea para plantear la inconstitucionalidad, dado que, más allá de que así es – conforme jurisprudencia de la C.S.J.N., Fallos:310:142; 322:1616, entre otros -, los actores no cuestionan la validez constitucional del art. 66 del dec.ley 8912/77 sino su aplicabilidad – por razones temporales - a la propiedad inmobiliaria que detentan, lo cual es, obviamente, algo muy distinto a lo que ya me he referido.-
II. Los recurrentes se agravian de la imposición de costas por imperio del art. 68 del C.P.C.C., argumentando que la naturaleza y complejidad de los hechos denunciados justifica que, en caso de confirmarse la sentencia, sean distribuidas por su orden.-
Entiendo que la petición debe ser acogida dado que encuadra en el 2do. párrafo del art. 68. En efecto, como es señalado, el club de campo, a lo peticionado por el actor, dijo que, en principio, no se oponía y lo derivó a que hiciera el pedido ante el municipio, el que no se expidió en tiempo oportuno. Por otro lado, el caso constituye una cuestión novedosa de derecho y pudieron los actores sentirse con derecho. Por consiguiente, propicio que sean impuestas por su orden en ambas instancias (art. 68 2do. párr. y 274 C.P.C.C.), quedando sin efecto las regulaciones de honorarios, las que deberán practicarse nuevamente.-
III. En suma, oída la Fiscalía de Cámara del Dpto. Moreno Gral. Rodríguez, por todo lo dicho hasta acá, entiendo que corresponde confirmar el rechazo de la acción declarativa de certeza tal como lo dispuso la sentencia de grado, con imposición de las costas en ambas instancias por su orden.-
Mi voto es por la AFIRMATIVA.-
A LA MISMA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones, emitió su voto en el mismo sentido.-
A LA CUARTA CUESTION planteada, el Sr. Juez Dr. Ibarlucia dijo: En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Confirmar la sentencia de fecha 02/06/2021 (cód. n° 246802257007183377) en todo lo que fue materia de apelación y agravio por la parte actora.-
2°.- Imponer las costas de ambas instancias por su orden, quedando sin efecto las regulaciones de honorarios ASI LO VOTO.-
A LA MISMA CUARTA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto en el mismo sentido.-
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Mercedes, …13… de Octubre de 2021.-
Que conforme los términos del acuerdo que precede,
SE
1°.- Confirmar la sentencia de fecha 02/06/2021 (cód. n° 246802257007183377) en todo lo que fue materia de apelación y agravio por la parte actora.-
2°.- Imponer las costas de ambas instancias por su orden, quedando sin efecto las regulaciones de honorarios.-
4013 del 14/04/2021 y Ac. 4016 del 16/05/2021):
Ministerio Público Fiscal del Dpto. Moreno - Gral. Rodríguez:
Fin de la sentencia