Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 2171/2177 vta. por el Sr. Defensor oficial del condenado HUGO ARIEL ANCHORDOQUI ANULANDO la sanción impuesta por las razones ut supra vertidas en virtud de los considerandos de la presente.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:026 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 25 de JUNIO de 2015 AUTOS: "ANCHORDOQUI HUGO ARIEL Y RUIZ ROBERTO CARLOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO AGRAVADO DOBLEMENTE EN CONCURSO REAL CON ROBO" Expte. Nº A-890/14/TSJ En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil quince, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Mauricio Daniel Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia de la Dra. Clara Salazar, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "ANCHORDOQUI HUGO ARIEL Y RUIZ ROBERTO CARLOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO AGRAVADO DOBLEMENTE EN CONCURSO REAL CON ROBO" Expte. Nº A-890/14/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 2167/2168 vta. confirmó la sanción disciplinaria impuesta por las autoridades del Servicio Penitenciario Federal -Unidad 15 de la ciudad de Rio Gallegos- mediante disposición interna Nº 320/13 (U15), respecto del interno Hugo Ariel Anchordoqui, en cuanto a los diez (10) días de separación del resto de la población. Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el condenado HUGO ARIEL ANCHORDOQUI, quien se encuentra asistido por el Sr. Defensor General Dr. Domingo N. Fernández, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 2167/2168, el recurrente imputa el fallo "...por la manifiesta omisión respecto al tratamiento de un recurso penal, invalidando así la naturaleza de dicho instrumento, máxime teniendo en cuenta que el mismo fue entablado respecto a una persona privada de libertad. Por permitir se propaguen los efectos de una sanción no firme, provocando así una doble afectación a mi defendido (denegación posterior de salidas transitorias). Por denegar el acceso a la justicia al no resolver sobre el fondo del cuestión (sic), lo cual también causa un daño irreparable a mi defendido. Por la violación a los plazos razonables en clara afectación al debido proceso. Por la total falta de fundamentación en el resolutorio que se ataca al ignorar el tratamiento sobre el plazo razonable convalidando así los procedimientos del Servicio Penitenciario Federal. Por convalidar los montos impuestos en la sanción administrativa ante la manifiesta desproporción entre la pena y el hecho imputado. Por la implícita convalidación de los sistemas ilegales de detención en 'aislamiento'...".- El día 07 de abril de 2015 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 2475/2476).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 2481, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 2485/2486, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Defensor ratificó el recurso de casación presentado a fs. 2171/2177 vta. agregando que "...solicita se haga lugar al recurso en contra el resolutorio de la Cámara, la cual convalidó una ilegítima sanción que impuso el Servicio Penitenciario. En la sanción aplicada, se violó la defensa en juicio, el asesoramiento previo, la comunicación dentro de las seis horas a la Cámara. Pese a todas las irregularidades la Cámara convalidó la sanción. Que al ser sometido a buzón de aislamiento se violaron todos los tratados internacionales en cuanto a trato cruel. Que la sanción modifica las condiciones de progresividad, la Corte en "Romero Cacharane" dice que debe ser revisada judicialmente. Se han cercenado todos los derechos de mi pupilo de debido proceso y defensa en juicio. La Cámara confirma porque no le quedaba otra salida ya que mi pupilo ya había cumplido la sanción. Que de esta forma todas las sanciones impuestas por la penitenciaria se tornarían abstractas. La sanción impuesta no guarda proporcionalidad con la conducta imputada. Solicito se haga lugar al recurso. Se ha violado el plazo razonable, también se ha hecho un doble agravamiento ya que se perjudicó las salidas transitorias, pese a todo la Cámara lo convalidó al procedimiento...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...atento al tiempo transcurrido de la sanción en nada va a cambiar lo decidido. La resolución de la Cámara es correcta ya que hace expresamente a la ley 24660, Anchordoqui reconoció la tenencia del celular. Que esta cuestión se debió resolver mediante un habeas corpus. Por lo tanto la resolución de Cámara es ajustada a derecho y pido se confirme...".-
Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 2171/2177 vta. por la defensa del condenado HUGO ARIEL ANCHORDOQUI? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 2171/2177 vta. por la defensa de HUGO ARIEL ANCHORDOQUI?. A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.-
En este sentido, la doctrina es unánime en señalar que el mayor progreso que trajo aparejada la sanción del Código Procesal Penal de la Nación y de la ley 24660 está dado en la judicialización de la etapa de ejecución penal, como consecuencia de los principios de legalidad y razonabilidad, propios del Estado de Derecho. Esta judicialización implica que los jueces son aquellos que deben controlar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales de los condenados en el ámbito carcelario y de todas las decisiones de la etapa de ejecución que implican una flexibilización de la pena Estas deben ser tomadas en un proceso en el que se respeten las garantías del procedimiento penal. (Salt, Marcos, "Comentario a la nueva Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, en Nueva doctrina penal, 1996-B, pág. 675 y ss. y Tribunal de Ejecución ¿Algo nuevo en la ejecución de las penas? en El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis crítico, del Puerto Editores, 1993, pág. 275 y ss; Freixas, Eugenio, Observaciones sobre la nueva Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad, pág. 196 y ss.; Mapelli Caffarena, Borja, Ejecución y proceso penal, pág- 57 y ss. estos dos últimos publicados en "Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos humanos", Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997).- De este modo, el derecho se manifiesta en la posibilidad de intervenir en el proceso (es necesario que los condenados tengan participación en la construcción de las decisiones que se tomen), de ser oído antes de que se tomen las decisiones (que exprese sus argumentos y razones) y presentar y rebatir las pruebas (que pueda proponer medidas de prueba para sostener su posición y efectuar observaciones sobre los demás elementos probatorios incorporados al legajo). Sobre esta última cuestión, es necesario garantizar que los internos tengan la posibilidad de opinar críticamente sobre los elementos existentes y proponer pruebas (cfr. mutatis mutandi, Salt, Marcos).- Las consideraciones efectuadas en el punto anterior deben ser aplicadas también en el régimen disciplinario penitenciario. "La ley 24660, al regular esta materia, mejoró sensiblemente el régimen disciplinario anterior, no sólo previendo estos principios fundamentales sino también articulando un sistema que resguarda en forma más adecuada el derecho de defensa del interno ante aquella potestad disciplinaria (Cesano, Jose Daniel: un estudio sobre las sanciones disciplinarias penitenciarias).-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, que, prevé: "...Las sanciones disciplinarias que se adopten en los lugares de privación de libertad, así como los procedimientos disciplinarios, deberán estar sujetas a control judicial y estar previamente establecidas en las leyes, y no podrán contravenir las normas del derecho internacional de los derechos humanos..." Comisión IDH, resol. n° 1/08, "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas", Ppio. XXII, sobre "Régimen disciplinario", ap. nº 1 - sobre "Sanciones disciplinarias".- En igual sentido se estableció que: "La determinación de las sanciones o medidas disciplinarias y el control de su ejecución estarán a cargo de las autoridades competentes, quienes actuarán en toda circunstancia conforme a los principios del debido proceso legal, respetando los derechos humanos y las garantías básicas de las personas privadas de libertad, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos".Comisión IDH, resol. n° 1/08, "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas", Ppio.
XXII, sobre "Régimen disciplinario", ap. nº 2 - sobre "Debido proceso legal". En los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, la ONU, declaró en el principio número 5, que: "...Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas...".
Las Naciones Unidas, por su parte, en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,( adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31/07/1957 y 2076 (LXII) de 13/05/1977. establece -regla 30-, que : "1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa.
La autoridad competente procederá a un examen completo del caso. 3) En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de un intérprete". La Corte Suprema de Justicia también se expresó conforme la normativa internacional, expresando que: las decisiones del Servicio Penitenciario que afectan la modalidad de la ejecución de una pena están sometidas al control del juez de ejecución, y de la Cámara Nacional de Casación Penal -y eventualmente, de la propia Corte-. El fundamento es que los reclusos tienen el derecho constitucional a exigir que los jueces controlen toda la etapa de ejecución de la pena y a apelar las decisiones que implican una alteración en su modo de ejecución.
Este derecho a la protección judicial es necesario para asegurar que se respeten durante la detención todos los demás derechos fundamentales (CSJN, "Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ejecución", Fallos 327:388, 09/03/2004).- De este modo, la Corte resolvió que el derecho a la revisión judicial no comprende solamente la condena sino también todas aquellas resoluciones que sean importantes. La Corte consideró que una alteración en el modo de ejecución de la pena -como es el cumplimiento de parte de la condena en una celda de aislamiento- constituye una modificación cuantitativa o cualitativa de la pena que se le impuso al condenado, que justifica la revisión judicial para controlar su legalidad y proporcionalidad.
De esta manera, se evita que la pena impuesta al condenado en un proceso rodeado de todas las garantías pueda ser alterada por decisión de las autoridades penitenciarias. La Corte sostiene que esto es inadmisible porque el derecho de defensa en juicio -de la que se deriva el derecho a la revisión judicial- asiste al condenado hasta que se agote su pena.- La Corte al definir el principio de legalidad, ha señalado que: "...toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca..." CSJN, "Cimadamore, Esio B. s/ Recurso Extraordinario", Fallos 191:245, 19/11/1941.
No existen razones aceptables para considerar que esta definición del principio de legalidad no abarca también la etapa de ejecución de la pena.- Precisamente relacionado a los principios de legalidad y control judicial en la etapa de ejecución, en el cual se coloca al preso como sujeto de todos los derechos previstos en la Constitución Nacional, nuestro cimero Tribunal ya se había proclamado en ese sentido, en el caso "Dessy", el Tribunal expresó que "...El ingreso a una prisión, en tal calidad, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional". "Los prisioneros son, no obstante ello, 'personas' titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso...".- II.2.).- Que teniendo en cuenta los lineamientos de mención corresponde analizar el caso en estudio.-
En este sentido con fecha 07 de junio del año 2013, siendo aproximadamente las 10 horas, al llevarse a cabo una requisa de rutina en el pabellón Nº 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 15 de esta ciudad, se procedió a incautar un teléfono celular el cual sería propiedad del interno Hugo Ariel Anchordoqui.-
A raíz de la mencionada requisa el interno Hugo Ariel Anchordoqui si bien habría desistido de comunicarse telefónicamente con su defensor; lo cierto es que mediante acta solicitó mantener una entrevista con su defensor oficial (fs. 2138).-
También corresponde destacar dentro de este contexto que la defensa oficial de Hugo Ariel Anchordoqui anotició a la Excma. Cámara del procedimiento que se estaba llevando a cabo en la Unidad Penitenciaria, solicitando su debida participación y proponiendo a la autoridad judicial dejar sin efecto la sanción preventiva.-
A mayor abundamiento sobre el tema, la defensa en el mencionado escrito (fs. 2172/2177), se agravia por el aislamiento provisional de Hugo Ariel Anchordoqui, el cual había sido dispuesto por el director de la Unidad Penitenciaria Nº 15 en una celda correspondiente al pabellón de seguridad.-
Como se puede apreciar, la sanción ha sido impuesta en forma mediata sin llevarse a cabo un debido procedimiento (art. 18 CN), sin contar el prevenido con asesoramiento legal y sin posibilidad de efectuar un descargo -el cual recién se concreta tres días más tarde con fecha 10 de junio-, estando en la misma situación de aislamiento y de indefensión.-
Continuando con el caso, una vez anoticiada la defensa oficial de la sanción impuesta -diez días de aislamiento en la celda de mención-, la defensa apela la sanción, solicitando entre otras medidas, se ordene el traslado de su asistido a celdas comunes toda vez que con la sanción impuesta se estaban afectando garantías constitucionales.-
A esta altura es oportuno tener en cuenta el voto del Dr. Fayt en el precedente "Romero Cacharane", antes mencionado, en donde el magistrado hace alusión a dos cuestiones fundamentales en el proceso de sanciones disciplinarias.-
En efecto, por un lado destaca que deviene necesario el control judicial de las sanciones toda vez que éstas afectan la progresividad prevista por la ley 24.660; y por otro lado, en cuanto al aislamiento -más conocido como buzones-, sería una sanción dentro de una sanción.-
A los efectos ilustrativos cabe traer a colación lo manifestado por el distinguido jurista "...La sanción aplicada en el sub lite -aislamiento ininterrumpido...- altera, sin lugar a dudas, la pena determinada en la sentencia, pues 'la circunstancia de que se someta a un aislamiento a una persona que se encuentra privada de libertad no puede ocultar su carácter de privación de libertad, debido a que el bien jurídico libertad es perfectamente mensurable' ... En efecto, se trata del castigo de mayor gravedad del sistema sancionador penitenciario e implica -a diferencia de otros- no sólo un claro empeoramiento en las condiciones de ejecución de la condena, afectando todo el sistema de derechos del interno (alteración cualitativa de la pena), sino que repercute necesariamente en el régimen de progresividad penitenciario (alteración cuantitativa de la pena). Ello es así, en tanto su aplicación incide en las calificaciones de conducta y de concepto del interno, lo que a su vez y según el caso, influye en la incorporación al régimen de semilibertad, la concesión de las salidas transitorias, en el otorgamiento de la libertad condicional y en el régimen de libertad asistida...".- Resulta evidente que la sanción impuesta afectó el régimen de progresividad de Hugo Ariel Anchordoqui toda vez que coetaneamente al solicitar su incorporación al régimen de semilibertad, no obstante la apelación de la sanción por parte de la defensa oficial, la Excma. Cámara denegó el beneficio en base a los informes de la Unidad Penitenciaria en donde se tenía en cuenta la sanción impuesta a Anchordoqui.-
Por lo demás, cabe resaltar de dicha resolución que la Excma. Cámara meritúa que "...las sanciones impuestas y apeladas son resorte de la autoridad policial, considerando esta Excma. Cámara que las mismas se ajustan a lo dispuesto en la Ley 24.660 y decreto 18/97 19 inc. E) por haber infringido la norma prescripta en el art. 18 inc. C) de la normativa prescripta....".-
Atento a lo expuesto, le asiste razón al señor defensor oficial toda vez que lo analizado por la Excma. Cámara Criminal, carece de todo fundamento legal, contrariando los principios esenciales del debido proceso, legalidad y culpabilidad, con una clara afectación al derecho de defensa -material y técnica-, omitiéndose el derecho de ser oído por un juez imparcial y al de revisar la decisión (doble conforme) en forma oportuna.-
Debe quedar claro, que la ejecución de la pena privativa de la libertad, conforme al art. 3 de la ley 24.660, se encuentra rigurosamente sometida a un control judicial efectivo; por lo tanto jamás resulta ser resorte exclusivo de la autoridad policial.-
En síntesis, los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia, referidos a las condiciones de detención y al debido resguardo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, resultan ser plenamente operativos, tornando desde esta óptica arbitrario al pronunciamiento, toda vez que se omitió en forma eficaz, un debido control de la decisión adoptada por la autoridad administrativa.
II.3.-) En este apartado resta por analizar lo argüido por la defensa referente a que las sanciones de aislamiento afectan garantías constitucionales toda vez que agravan las condiciones de detención.-
En este sentido, resulta conveniente insistir en el análisis efectuado por el Dr. Fayt en el cual aseveraba que el carácter especial que reviste la sanción de aislamiento como privación de la libertad dentro de una situación de privación de la libertad preexistente implica una modificación en las condiciones de detención de tal entidad que requiere sin lugar a dudas que su aplicación se enmarque en un proceso celosamente respetuoso de los principios de derecho penal con jerarquía constitucional. Asimismo, la aplicación de tan severa medida modifica sustancialmente el contenido de la pena -que en modo alguno culmina con el dictado de la sentencia condenatoria- y por tal razón la imposibilidad de su revisión resulta irrazonable...".- En concordancia con lo resuelto por nuestro Cimero Tribunal, la CIDH, en el principio XXII, punto 3ª, de los "Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas" aprobado por resolución Nº 1/109 dispone que "...se prohibirá, por disposición de la ley, las medidas o sanciones de aislamiento en celdas de castigos...".-
En sus pronunciamientos la mencionada Corte Internacional, ha señalado que tanto algunos de los elementos típicos del régimen penitenciario y ciertas condiciones de detención físicas constituyen en sí mismos, un trato cruel e inhumano y que por lo tanto, violan el art. 5 de la CIDH sobre el derecho a la integridad de la persona.-
En "Velazquez-Rodriguez c. Honduras" CIDH, 29/07/1988, Serie C, Nº 4 párr. 156, en donde se sostuvo que "...el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por si mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica moral de la persona y del derecho de todo detenido de respeto a la dignidad inherente al ser humano...".-
En síntesis la CIDH reconoció que el régimen de aislamiento ocasiona en quien lo padece, un sufrimiento psicológico y físico que puede contribuir a un trato constitutivo de tortura (Loayza-Tomayo c. Perú, párr. 58, Cantoral- Venavidez c. Perú, párr. 62 y 104).-
También se ha sostenido que el régimen penitenciario consiste en un tratamiento cuya finalidad esencial es la reforma y la readaptación social de los penados (Art. 1, ley 24.660) y que se contrarían dichas finalidades a través "...de los períodos prolongados de aislamiento las cuales no ayudan a la mencionada resocialización...".-
En el mismo sentido se afirmó que el aislamiento garantiza que se pueda ejercer sobre los condenados "...con el máximo de intensidad, un poder que no será contrarrestado por ninguna otra influencia... el aislamiento asegura el coloquio a solas entre el detenido y el poder que se ejerce sobre él..." (Foucault, M. "Vigilar y castigar", Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, 2006, pág. 240).-
En resumidas cuentas como bien lo sostienen Irastoza y Gadano, los funcionarios penitenciarios "...conciben al orden y la seguridad dentro del establecimiento carcelario no solo como un fin en sí mismo sino que representa la razón de ser de la ejecución, que existe una sobrevaloración de la disciplina que puede llevar a la autoridad penitenciaria a extralimitarse incurriendo en arbitrariedades. Esa misma concepción de seguridad y orden traerán como consecuencia inmediata la afectación de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad (art. 28 CN). La urgencia no puede justificar la ejecución de una sanción, por ejemplo de 15 días de aislamiento en celda individual, porque está sujeta al riesgo de la fiabilidad inherente a las decisiones humanas. Se intenta justificar la ejecución inmediata de las sanciones disciplinarias en la necesidad de mantener el orden y la seguridad en el establecimiento de detención, principios que están sobrevalorados..." (Irastoza-Gadano, "Algunas cuestiones procesales sobre la aplicación de las sanciones disciplinarias en el ámbito penitenciario", Asociación de pensamiento penal, pág. 4 y ss., Infojus, Derecho Penal "Determinación judicial de la pena" Ejecución de la pena).- Como se puede apreciar, atento al elevado grado de discrecionalidad que tienen las autoridades penitenciarias en la aplicación de las sanciones disciplinarias, deviene necesario un control efectivo por parte de los magistrados, tal cual como lo prescribe el art. 3 de la ley 24.660; omitir la revisión en forma oportuna, torna arbitrario su posterior convalidación.-
Finalmente corresponde aclarar que este Tribunal Superior de Justicia, por razones de estricta seguridad -objetivamente comprobadas-, no cuestiona la facultad del Director de la Unidad Penitenciaria para que pueda disponer aislar a un detenido, en correctas condiciones, sin afectarse actividades colectivas, tales como laborales, educativas, visitas. Pero además, siempre sometidas a un estricto control judicial.-
III-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 2171/2177 vta. por la defensa técnica, en favor de HUGO ARIEL ANCHORDOQUI, correspondiendo anularse la sanción impuesta toda vez que se afectó el debido proceso legal, la revisabilidad judicial de la sanción y la defensa en juicio del condenado, y que si bien fue oportunamente cumplida, en caso de mantenerse la valdez de la sanción, la misma afecta el regimen de progresividad (salidas transitorias, regimen de semi libertad).- Para finalizar, si bien es cierto que han transcurrido prácticamente dos años de la sanción impuesta, devenia necesario que este T.S.J. fije las pautas que rigen en el proceso de la ejecución de las condenas privativas de libertad conforme los postulados constitucionales (art. 18 y 75 inc. 22 CN).-
Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACIENDO LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 2171/2177 vta. por el Sr. Defensor oficial del condenado HUGO ARIEL ANCHORDOQUI ANULANDO la sanción impuesta por las razones ut supra vertidas en virtud de los considerandos de la presente.-
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Clara Salazar –Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariano-Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2019S.151 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:026 FOLIO Nº: 164/169 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia