Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 2-75499-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada, rechazando la excepción de prescripción de la acción de escrituración opuesta por la Municipalidad de Tandil, por carecer de legitimación a ese efecto; con costas de ambas instancias a su cargo.
2Hacer lugar a la demanda incidental de escrituración promovida por la parte accionante, y condenar a la titular registral demandada -Tandil Inversora Financiera S.A.- a otorgar en favor de los actores, Javier Eduardo Andrada y Viviana Esther Andrada , herederos declarados de su padre comprador, José Eduardo Andrada, la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de estas actuaciones, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza este pronunciamiento. Ello, bajo apercibimiento de que, si la obligada no cumpliere dentro del plazo fijado, el Juez de primera instancia suscribirá la escritura por ella y a su costa; pudiendo el magistrado, además, ordenar las medidas complementarias que correspondan.
3Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 265 y 278 LCQ; arts. 31 y 51 Ley 14.927).
Causa nº: 2-75499-2026
" ANDRADA JAVIER EDUARDO Y OTRO/A C/ TANDIL INVERSORA SACIFIMAG S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los diecinueve días del mes de noviembre del año Dos Mil Veintiséis, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Marcos Federico García Etchegoyen, Dra. María Inés Longobardi y Dr. Víctor Mario Peralta Reyes , con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados "Andrada Javier Eduardo y otro/a c/ Tandil Inversora SACIFIMAG s/ Incidente concurso/quiebra (excepto verificación)" (Causa n° 75.499). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó el siguiente orden de votación: Dr. Peralta Reyes, Dra. Longobardi y Dr. García Etchegoyen.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª - ¿Es procedente el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva del 05/03/26?
2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN , el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I. 1. Javier Eduardo Andrada y Viviana Esther Andrada , en su calidad de herederos declarados de su padre, José Eduardo Andrada, fallecido el 20/10/94, así como de cesionarios de los derechos hereditarios de la cónyuge de éste, María Esther Nusrala, promovieron incidente de escrituración en el proceso falencial " Tandil Inversora Financiera S.A. s/Quiebra ", con relación al inmueble identificado como Circunscripción I, Sección E, Chacra 150, Manzana 150-L, Parcela 4, del Barrio "Villa del Lago" de la ciudad de Tandil, que dicha fallida habría vendido al causante, por Boleto de Compraventa del 24/4/68 .
Adujeron los actores que la posesión fue entregada a su padre a los 90 días de suscribir el boleto (cf. cláusula tercera); y que desde entonces se encuentra en su posesión. Invocaron el art. 1930 CCCN, y refirieron haber ejercitado numerosos actos posesorios, como el amojonamiento, desmalezamiento y cercado del predio.
2. Corrido traslado al síndico de la quiebra, el Contador Público Adelqui Acosta, éste sostuvo, en lo que aquí importa, que dado que se ha acreditado qué José Eduardo Andrada compró el lote en cuestión, y canceló las cuotas pactadas, se dan las condiciones para considerar el boleto oponible a la quiebra, conforme art. el 1185 y ccs. del Código Civil y el art. 146, 2° párrafo de la Ley 24.422, debiendo procederse a la escrituración del terreno.
Por su parte, la demanda fue contestada por la Municipalidad de Tandil , mediante presentación del 5/2/2024 , en su condición de tercera interesada , con arreglo a lo decidido por este Tribunal en la sentencia dictada el 12/7/2022 , en los mencionados autos " Tandil Inversora Financiera S.A. s/Quiebra " (causa n° 68.248) . Afirmó el Municipio que un boleto de compraventa no prueba la posesión; que el Sr. Andrada José Eduardo nunca adquirió la posesión material del inmueble; y que los accionantes no probaron actos posesorios. Agregó que conforme el relevamiento realizado por el propio Municipio, el inmueble se encuentra aun en situación de baldío, por lo que se encuentra incluido en la Ordenanza 16.897/2020 que declaró de utilidad pública su adquisición.
En lo que respecta al pago, alegó que la libreta con la que se pretende acreditar el pago de las 120 mensualidades, es insuficiente al efecto por su falta de precisión y claridad. Opuso, a su vez, la prescripción de la acción de escrituración, argumentando que, al no haber demostrado actos posesorios, se operó la extinción de la acción en los términos del art. 4023 C.C., dado que transcurrieron más de 10 años desde la celebración del boleto de compraventa. Sostuvo que la acción se encontraría prescripta aun aplicando el Código Civil y Comercial, que fija el plazo genérico de 5 años.
Conferido traslado de la prescripción opuesta, contestó la parte actora el 28/02/2024 solicitando su rechazo, y cuestionando la legitimación de la Municipalidad de Tandil, interviniente en autos como tercero, para plantear la prescripción de la acción para escriturar.
II. La sentencia apelada del 5/3/26 , comenzó por destacar la aplicabilidad al caso del derogado Código Civil, recordando la obligación de escriturar emergente del artículo 1185 C.C., así como la legitimación que poseería la Municipalidad de Tandil para oponer la antedicha excepción de prescripción, acorde, según entendió, a lo resuelto por este Tribunal por sentencia del 12/7/22.
En relación con la excepción de prescripción, recordó que el dies a quo de la prescripción ocurre cuando la obligación se hace exigible; y destacó que en la cláusula tercera, las partes acordaron que el adquiriente tomaría la posesión material del bien dentro de los 90 días de la fecha del boleto; y que en la cláusula siguiente, pactaron que sería el adquirente quien abonaría los impuestos a partir de la posesión.
A ello añadió que la prescripción de la acción de escrituración se interrumpe si el adquirente detenta la posesión del inmueble, en cuanto ello implica un reconocimiento tácito y continuado de la subsistencia de la compraventa; y que, conforme la cláusula tercera del boleto, la acción de quedó expedita el 24/07/68.
En ese marco, estimó que "de los medios probatorios obrantes en autos no surge que la compradora hubiera tomado efectivamente la posesión del inmueble , pues véase que de ninguno de los medios probatorios surge que se hubiera comportado como dueños. Por el contrario, en las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia celebrada el 04/07/2024, la Sra. Victoria Deguer ex Directora de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tandil refirió que al hacer un relevamiento de los terrenos ubicados en Villa del Lago, estos en su mayoría estaban baldíos (Min. 04:18). Asimismo, al ser preguntada si recuerda cómo se encontraba el lote objeto de autos refirió que el inmueble Parcela 4 "estaría baldío, sin abrir y sin calles abiertas" (ver min 05:01)." Agregó que "no existen elementos probatorios que permitan demostrar que el Sr. José Eduardo Andrada o sus sucesores hubieran realizado actos posesorios sobre el inmueble objeto de autos desde la firma del contrato; a guisa de ejemplo: pago de impuestos, o realización de mejoras, de tal forma que por esa vía se hubiera interrumpido el plazo de prescripción establecido en la normativa fondal." (sic).
Así es que consideró cumplido el plazo de prescripción de la acción de escrituración, rechazando así la pretensión incidental.
III. Interpuesto recurso de apelación con fecha 10/03/26, la parte accionante se agravia en su memorial del 19/3/26, de que se haya reconocido legitimación a la Municipalidad para oponer la prescripción de la acción. Ello pues entiende que tal planteo, excede la intervención como tercero que se le ha admitido en el proceso de quiebra, en tanto es un tercero extraño al vínculo contractual.
En segundo lugar, se agravian los actores de la valoración de la prueba efectuada por el a quo , esgrimiendo que no es cierto que no obre prueba de la posesión, desde que han traído constancias de pago hasta la fecha del impuesto inmobiliario. Plantean, además, que la prescripción en una acción de escrituración no puede estar basada en la inexistencia de actos materiales, por cuanto la posesión no se adquiere por la realización de tales actos, sino con la suscripción del boleto. A ello añaden que quien podía repeler la pretensión de escrituración era el síndico, mas éste se allanó; y que si bien el tercero puede plantear una excepción de prescripción, debe demostrar que él mismo interrumpió la prescripción, mediante la realización de actos posesorios. Sostienen así que la acción de escrituración del adquirente no prescribe mientras el enajenante respete su posesión; e insisten en que el Sr. Andrada tomó posesión del lote a los noventa días de la firma del boleto.
Argumentan que en el caso existen suficientes indicios de la posesión; como el pago de la totalidad del precio, pues de no haber entrado en posesión del lote no se hubiesen continuado abonando las cuotas. Alegan que el argumento de la Municipalidad en punto a que no se han abonado la totalidad de las tasas municipales, no empece a la posesión; y que de no contar con la posesión, su parte no habría iniciado sólo una demanda de escrituración, sino también una acción posesoria. Traen doctrina conforme la cual la tradición o recepción del precio por el vendedor, deben ser estimados como un reconocimiento tácito interruptivo de la prescripción; y recuerdan la presunción de continuidad de la posesión emergente del art. 1930 del Código Civil y Comercial. Traen a colación el precedente "Cetolini" de esta Sala (causa n° 65.233, sent. del 31/10/19) en el que se destacó que sería completamente inverosímil y contrario al principio de normalidad, que un comprador haya pagado todo el precio de un negocio inmobiliario, pero nunca haya tomado posesión del inmueble (cf. art. 1409 C.C.). Destacan que la prescripción de la acción de escrituración no puede fundamentarse en la ausencia de actos materiales, pues no se trata de un juicio de usucapión.
Seguidamente, se agravian del modo en que se valoró la prueba testimonial, por cuanto la ex Directora de Desarrollo Urbano fue imprecisa y abstracta al referir que los lotes "en su mayoría" estaban baldíos; y además, sus declaraciones deben valorarse considerando que era dependiente del Municipio. Subsidiariamente, se agravian de la imposición de costas, estimando que no debieron imponérsele las de la parte contraria, por haber accionado en base a una convicción razonable sobre el derecho invocado.
IV. Corrido el traslado de ley, contestó la Municipalidad por presentación del 6/4/26. Elevadas las actuaciones a esta Alzada, se corrieron las actuaciones en vista al Fiscal General, quien, con fecha 8/6/26, y tras un detenido análisis, aconsejó el acogimiento del recurso de apelación articulado. Con fecha 4/8/26 se resolvió que resultando definitiva la cuestión objeto de la apelación, ella debe resolverse con la formalidad del Acuerdo; por lo que, firme esa providencia, y practicado el sorteo de ley, las actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas.
V. La prescripción de la acción de escrituración. Ausencia de legitimación del Municipio para su planteo.
En primer término, pongo de relieve que acorde lo ha entendido este Tribunal en la causa n° 73846, "Escande Pablo c/ Tandil Inversora Financiera SA s/ Incidente Concurso/Quiebra" (sent. del 9/4/2026), la Municipalidad de Tandil , interviniente en autos como tercero, no se encuentra legitimada para oponer la mentada excepción de prescripción. Ello pues, como allí se destacó, la facultad de intervención que se reconoció a dicho ente gubernamental en la quiebra, así como en los incidentes de escrituración y demás procesos relacionados, se sustentó - conforme las razones otorgadas por el propio ente estatal al requerir su intervención - en la Ordenanza n° 16897/2020 , del 25/6/2020 , que en su artículo 1° declaró de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la Municipalidad, de diferentes inmuebles ubicados en la misma zona -entre los que se encuentra el de autos-, " mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal ".
Así es que, la participación como tercero que se admitió al Municipio, tuvo por finalidad, acorde la sentencia dictada por esta Sala el 12/7/2022 en el proceso principal de la quiebra, permitirle "adquirir un conocimiento cabal de la situación jurídica en que se encuentran los diversos inmuebles comprendidos en el área geográfica declarada de utilidad pública (.) porque será recién a partir de esa actuación procesal que podrá contar con un panorama certero de la problemática existente, y, sobre esta base, se encontrará en condiciones de diseñar las operatorias que mejor se adecuen al cumplimiento de la finalidad perseguida por la citada Ordenanza 16897/2020 " (cf. causa n° 68.248, correspondiente al proceso principal de quiebra, y lo destacado por esta Sala en la causa cit. "Escande", del 9/4/2026; en igual sentido, puede verse la causa nº 73.760, "Del Río Marta Ester c/ Tandil Inversora Financiera SA.", del 14/04/26).
Por lo demás, como también se subrayó en dicha causa "Escande", la Municipalidad interviniente carece de legitimación para plantear la prescripción, tanto en los términos del art. 3963 del Código Civil, como del actual 2534 del Código Civil y Comercial, pues no reviste la condición de "tercero interesado " a la que aluden dichos preceptos. Ello habida cuenta de que no resulta una posible perjudicada por la renuncia del síndico a oponer la prescripción, " pues le resulta absolutamente indistinto pagarle el precio del inmueble a Pablo Escande (en el caso, los actores de autos) -si la acción prospera- o a la quiebra de Tandil Inversora Financiera S.A. -en la hipótesis que la demanda fuera desestimada- ." (cf. esta Sala, causa cit. "Escande", del 9/4/2026; en igual sentido, causa cit. "Del Río"). Por razones de brevedad, me remito a las demás consideraciones vertidas por este Tribunal en dichas causas, las que son enteramente aplicables al presente caso.
Conforme lo dicho, propongo declarar la falta de legitimación de la Municipalidad de Tandil para plantear la prescripción de la pretensión de escrituración articulada; y, en consecuencia, revocar el decisorio apelado en cuanto admitió la referida excepción (arts. 1, 2, 3 y 7 CCCN; arts. 2534 y 3963 C.C.; arts. 163 inc. 5 y 384 CPCC).
Resuelto lo anterior, debe ponderarse si los verificantes de autos, reúnen los recaudos necesarios para la admisibilidad de su crédito en la quiebra; lo que requiere, además del recaudo general de la fecha cierta , la prueba del pago de al menos el 25% del valor del inmueble y la buena fe (cf. arts. 1185 bis C.C. y 146 LCQ; doct. art. 1171 CCCN). Esos recaudos, deben ser analizados por este Tribunal en cuanto importan a los presupuestos sustanciales de procedencia de la acción articulada (art. 163 inc. 6 CPCC), máxime en un proceso universal con pluralidad de intereses comprometidos como el de autos. Por lo demás, varias cuestiones relativas a ellos han sido aludidas por la Municipalidad interviniente ; lo que resulta adecuado a la función de contralor que esencialmente cabe adjudicarle, de acuerdo con lo recientemente entendido por esta Sala en las citadas causas "Escande" y "Del Río".
i) Fecha cierta
1. Como lo destacó esta Sala en "Del Río", el recaudo de la fecha cierta -expresamente contenido en el actual art. 1171 CCCN- , en el derogado Código Civil se consideraba emanado de los artículos 1034, 1035 y concordantes, en cuanto recaudo siempre necesario para la oponibilidad de instrumentos privados a terceros. Ello en consonancia con el criterio ratificado por la Suprema Corte en la causa C. 97.118, "Flamini, Andrés.", del 4/5/2011 ; y adoptado por esta Sala en las causas n° 40.957, "Cassou, Alejandra Beatriz.", del 28/08/02 y nº 61.655, "Rusconi, Rubén Santos.", del 7/3/2017 (cf. esta Sala, causa cit. "Del Río").
En el caso, tal como aconteció en "Del Río", si bien el boleto no posee fecha cierta , su fecha no ha sido desconocida ni por el síndico ni por la Municipalidad; y, dada la generalidad de operatorias como la de autos realizada por la fallida, ella puede tenerse por probada a partir del criterio de la "certidumbre fáctica", admitido por la Suprema Corte en la citada causa "Flamini" (al respecto puede verse de esta Sala la causa cit. "Rusconi"; cf. esta Sala, causa cit. "Del Río").
ii) Pago del 25% del precio
1. Por su parte, en lo concerniente al recaudo del pago de, al menos, el 25% valor del inmueble (arts. 146 LCQ y 1185 bis C.C.; doct. art. 1171 CCCN), destaco que en el caso, cabe tener por acreditado el pago del total del inmueble adquirido . Al contestar el traslado de la demanda, el Síndico de la quiebra refirió que "el examen del expediente realizado por esta Sindicatura conduce al suscripto a concluir que José Eduardo Andrada surge de las liquidaciones de cobranzas que ha sido comprador del lote en cuestión y que también se acredita que se han cancelado las cuotas que indica el boleto de compraventa del terreno citado, por lo que esta Sindicatura entiende que se dan las condiciones para considerar al boleto de compraventa como oponible a la quiebra según prescribe el art. 1185 y ccs. del Código Civil y art. 146 2° párrafo de la Ley 24.422.".
Sin perjuicio de la escasa explicación e identificación de la prueba invocada por el referido funcionario de la quiebra; y de que, como lo ha destacado este Tribunal, el dictamen del Síndico carece de fuera vinculante para el Juez falencial (arts. 146, párr. 2° y 274 de la Ley 24.522; cf. esta Sala, causa cit. "Del Río", y doctrina y jurisprudencia allí citadas), no advierto en autos (a diferencia de la causa recién citada) razones para apartarme del referido dictamen. Es que, en el caso, la parte actora ha traído prueba documental de la que puede extraerse el pago total de las 120 cuotas que surgen como acordadas conforme los términos de la cláusula segunda del boleto. En efecto, conforme las planillas de "Registro contable" que trajo la parte actora, todas las cuotas tienen su correspondiente recibo (salvo las número 6, 7 y 8, por la razón allí consignada, que cabe tener por cierta a partir de la ausencia de reserva en el recibo siguiente; cf. art. 746 CC).
2. No omito que sólo las primeras 58 cuotas, poseen un talonario que reúne los recaudos informativos clásicos de un recibo, pues desde la cuota 59 hasta la 120, la prueba del pago estaría dada por la sola estampa de un sello y firma, o únicamente un sello de la Inmobiliaria Vinelli ; inmobiliaria que comenzó a ocuparse de la venta de los lotes del Barrio "Villa del Lago" de Tandil, luego de la quiebra de la empresa fallida (cf. esta Sala, causa cit. "Escande").
Sin embargo, resulta extensible al caso lo entendido por esta Sala en la causa "Escande" en relación con la libreta de pagos que oficiaba de prueba en el supuesto fallado en aquella causa. En esa ocasión, esta Sala, para considerar acreditado el pago, tuvo en cuenta que "en la época en que se realizó la subasta judicial de los inmuebles de la fallida -año 1974-, la implementación de una libreta para dejar constancia de los pagos que debía realizar un elevado número de adquirentes, era la forma más utilizada por su gran practicidad; dado que se trataba de una importante cantidad de lotes de terreno y el precio de las operaciones se fraccionaba en múltiples cuotas que se extendían a lo largo de varios años. De esta manera, cada vez que el comprador abonaba una cuota, la firma enajenadora estampaba el sello receptor de pago en los diferentes casilleros de esa libreta de pagos, lo que servía de suficiente recibo. Es por ello que deben desestimarse los argumentos del municipio, donde sostiene que la libreta de pagos carece de "exactitud, precisión y claridad" (cf. esta Sala, causa cit. "Escande").
En el caso, dado que la operación de compraventa no fue realizada por la inmobiliaria en subasta pública, sino por la fallida antes de su declaración de quiebra, no se advierte esa misma libreta, sino las referidas planillas de "Registro Contable". No obstante, lo cierto es que en las planillas de autos, los sellos estampados por la referida inmobiliaria son, coincidentemente, a partir del año 1974, de manera que cabe presumir que la operatoria descripta en "Escande" para las ventas en subasta pública, fue extendida por la inmobiliaria a las operaciones de compraventa que había realizado in bonis la fallida (arts. 163 inc. 5 y 384 CPCC).
Dicho ello, tampoco omito que desde la cuota 22 a la 58 (inclusive) el importe consignado como abonado fue de $100, en vez de $10.000 . Si bien prima facie ello podría conducir a presumir la existencia de un pago parcial en tales períodos, lo que sucedió en realidad, es que a partir de enero de 1970, el peso "moneda nacional" fue reemplazado por el "peso ley 18.188", suprimiéndose dos ceros al valor del peso , de manera que por disposición legal, el importe nominal de las cuotas pendientes pasó de ser $10.000, a ser $100 (cf. Ley 18.188, arts. 1, 2 y 3; Decreto 7.250/69; en sentido concordante, pueden verse las aclaraciones del perito contador del 9/8/24).
3. Así es que, en suma, en el caso cabe tener por acreditada la cancelación total del precio pactado, de manera que se encuentra cumplido con holgura el recaudo relativo al pago mínimo del 25 % del valor del inmueble, necesario para la oponibilidad del boleto de compraventa a la quiebra (cf . arts. 1, 2, 3, 7 y doct. art. 1171 CCCN; arts. 1185 bis C.C. y 146 LCQ; y arts. 163 inc. 5, 375 y 384 CPCC).
iii) La buena fe
1. Corresponde ahora verificar si concurre el restante recaudo necesario para la oponibilidad del boleto a la quiebra; es decir, la buena fe al tiempo de adquirir el bien . Como la ha destacado esta Sala, dicho recaudo, aplicado a la índole de la controversia, importa, en términos generales, el " desconocimiento del comprador por boleto de la situación económica del vendedor, o sea de su estado falencial (conf. Mosset Iturraspe en "Código Civil", Dir. Alberto J. Bueres, Coord. Elena I. Highton, Ed. Hammurabi, 1998, Bs. As., T° 3 B, pág 678; en igual sentido, "Código Civil y Leyes Complementarias", Dir. Belluscio, Coord. Zannoni, Ed. Astrea, Bs. As., 1984, t. 5, pág. 846)." (cf. esta Sala, causa citada nº 61.655, "Rusconi", y causa cit. "Del Río"); lo que permite descartar, a su vez, que la compraventa hubiera sido concertada para sustraer fraudulentamente el inmueble de la garantía común de los acreedores.
A ese fin, cobra interés valorar la existencia de prueba en torno a la toma de posesión . Cabe aclarar que, como también lo ha destacado esta Sala, en el marco de una pretensión de escrituración, la posesión no interesa -a diferencia de lo que ocurre en materia de usucapión, e incluso de prescripción de la acción de escrituración- en cuanto modo de publicidad de la relación material con el inmueble, sino en cuanto elemento que hace nacer la presunción de buena fe del art. 2362 CCCN al tiempo de la adquisición (mantenida por el actual 1919 CCCN). En efecto, el art. 2362 CC determinaba que "todo poseedor tiene para sí la presunción de la buena fe de su posesión, hasta que se pruebe lo contrario, salvo los casos en que la mala fe se presuma" . En línea con lo dicho, ha destacado esta Sala que "la publicidad posesoria no es un recaudo que emane de los artículos 1185 bis o 146 LCQ, ni tampoco, vale destacar, del actual 1171 C.C.yC específico para el concurso o quiebra" (cf. esta Sala, causas cit. "Rusconi" y "Del Río").
2. Para considerar que la parte actora no acreditó la posesión del inmueble -aun cuando haya sido a los efectos de valorar la prescripción de la acción-, el sentenciante anterior consideró que "en la audiencia celebrada el 04/07/2024, la Sra. Victoria Deguer ex Directora de desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tandil refirió que al hacer un relevamiento de los terrenos ubicados en Villa del Lago, éstos en su mayoría estaban baldíos (Min. 04:18). Asimismo, al ser preguntada si recuerda cómo se encontraba el lote objeto de autos refirió que el inmueble Parcela 4 "estaría baldío, sin abrir y sin calles abiertas" (ver min 05:01)." Agregó que "no existen elementos probatorios que permitan demostrar que el Sr. José Eduardo Andrada o sus sucesores hubieran realizado actos posesorios sobre el inmueble objeto de autos desde la firma del contrato.".
3. Frente a ello, siguiendo el desarrollo efectuado por esta Sala en la causa "Escande", señalo que la toma de posesión del inmueble se desprende de diferentes indicios (arts. 163 inc. 5 CPCC).
En primer término, se desprende del hecho de que se haya tenido por acreditado que se abonó la totalidad del precio estipulado en el boleto de compraventa. Es que, como se recordó en el precedente "Escande", esta Sala tiene dicho que " del hecho comprobado de que el comprador pagó la totalidad del precio de la compraventa, se puede inferir -como algo normal y habitual- que el adquirente tomó posesión de la cosa vendida (art.901 del Código Civil). No resiste a la lógica más elemental, porque sería algo completamente inverosímil, que un comprador haya pagado todo el precio de un negocio inmobiliario (dividido en 120 cuotas), y nunca hubiera tomado posesión del inmueble vendido. Es obligación esencial del vendedor entregar la cosa vendida (art. 1409 del Código Civil), máxime cuando el comprador ha cumplido las obligaciones a su cargo. En definitiva, lo que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Código Civil), es que el adquirente haya recibido la posesión del inmueble, cuando el precio de la compraventa se encuentra íntegramente saldado . No pueden caber dudas de ello y aquí se ubica un indicio que resulta gravitante para la conformación del plexo probatorio (arts.163 inc.5 y 384 del Cód. Proc.)" (esta Sala, citada n° 65.233, "Cetolini" del 23/7/2020 y causa cit. "Escande"; el destacado se ha añadido) .
Al indicio anterior, y al igual que en la causa "Escande", se suman los comprobantes de pago del impuesto inmobiliario (ver informe de ARBA del 2/8/24 y consecuente constancia digital de deuda adjunta por la actora el 2/9/24, junto a múltiples comprobantes de pago de tal impuesto). Al respecto, tal como se hizo en "Escande", debe tenerse en cuenta lo expresado por el Fiscal General en su vista del 8/6/26, en punto a que abonar impuestos y tributos "revela el animus domini desde que la lógica indica que ninguna persona decide pagar tributos que recaen sobre cosas del patrimonio ajeno ". También debe considerarse, agregó el Fiscal, que según lo reglado en el Código Fiscal Provincial para el impuesto inmobiliario, ".los poseedores a título de dueño pagarán anualmente por los inmuebles situados en la Provincia" , por lo que, "de acuerdo con ello se debe interpretar la boleta del impuesto inmobiliario que la Provincia de Buenos Aires le extendió al Sr. Andrada y que (.) fue presentada en autos como prueba documental". Por eso es que, como se destacó en "Escande", vale subrayar el " accionar contradictorio del municipio , quien, por un lado, reconoció el carácter de poseedora de la Sra. Camilli de Escande -en lugar de la empresa fallida- al admitirla como contribuyente, y, por otro lado, le negó ese carácter en el presente proceso, intentando relegarla a la categoría de mera tenedora."
Y tal como también lo puso de relieve este Tribunal en la citada causa "Escande", otro indicio de la posesión invocada por la parte actora, se encuentra en la inexistencia de contradictores (art. 2383 del Código Civil). Ello pues "ni siquiera se ha alegado -ni mucho menos probado- que alguna otra persona haya realizado actos posesorios sobre el inmueble de autos, siendo decisivo el allanamiento de la Sindicatura a la pretensión del actor." (cf. esta Sala, causa cit. "Escande").
Así lo destacó también en esta causa el Fiscal de Cámaras, al señalar que '(.) Si no aparece un tercero contradictor de la posesión de Tandil Inversora/Sr. José Andrada, si la posesión del inmueble sólo está debatida entre esos dos sujetos, el reconocimiento de la posesión por parte del vendedor, luego de tantos años de infortunios, debe ser considerado como un elemento determinante en caso de duda o falta de comprobación fehaciente'.
3. En suma, a partir de los antedichos indicios, considero que cabe tener por demostrada la oportuna toma de posesión de inmueble por parte del Sr. José Eduardo Andrada, de manera que cabe presumir su buena fe como comprador por boleto (art. 2362 CC) , y tener por verificado, en consecuencia, este recaudo necesario para la oponibilidad del boleto de compraventa a la quiebra (cf. arts. 1185 bis y 2362 C.C. y 146 LCQ; doct. art. 1171 CCCN; arts.163 inc.5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
En suma, propongo dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Municipalidad, por considerar que dicho tercero no se encuentra legitimado para formular tal planteo; y hacer lugar a la demanda de escrituración promovida por Javier Eduardo Andrada y Viviana Esther Andrada , condenando a la titular registral demandada -Tandil Inversora Financiera S.A.- a otorgar la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de estas actuaciones, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza este pronunciamiento. Ello, bajo apercibimiento de que si la obligada no cumpliere dentro del plazo fijado, el Juez de primera instancia suscribirá la escritura por ella y a su costa; pudiendo el magistrado, además, ordenar las medidas complementarias que correspondan. Asimismo, propongo imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 146, 273 inc. 9, 278 y ccs LCQ; arts. 1, 3, 5, 7, doct. arts. 1171 y 1919 CCCN; arts. 1185 bis y 2362, y doct. arts. 1034, 1035 y ccs. C.C; y arts. 68, 163 inc. 5, 354 inc. 1, 274, 375, 384, 456, 474 y 510 y ccs CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los señores Jueces, Dres. Longobardi y García Etchegoyen , votaron en idéntico sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN , el Señor Juez Dr. Peralta Reyes , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Revocar la sentencia apelada, rechazando la excepción de prescripción de la acción de escrituración opuesta por la Municipalidad de Tandil, por carecer de legitimación a ese efecto; con costas de ambas instancias a su cargo. 2) Hacer lugar a la demanda incidental de escrituración promovida por la parte accionante, y condenar a la titular registral demandada -Tandil Inversora Financiera S.A.- a otorgar en favor de los actores, Javier Eduardo Andrada y Viviana Esther Andrada , herederos declarados de su padre comprador, José Eduardo Andrada, la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de estas actuaciones, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza este pronunciamiento. Ello, bajo apercibimiento de que, si la obligada no cumpliere dentro del plazo fijado, el Juez de primera instancia suscribirá la escritura por ella y a su costa; pudiendo el magistrado, además, ordenar las medidas complementarias que correspondan. 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 265 y 278 LCQ; arts. 31 y 51 Ley 14.927).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los señores Jueces, Dres. Longobardi y García Etchegoyen, votaron en idéntico sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 19 de noviembre de 2026.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) Revocar la sentencia apelada, rechazando la excepción de prescripción de la acción de escrituración opuesta por la Municipalidad de Tandil, por carecer de legitimación a ese efecto; con costas de ambas instancias a su cargo. 2) Hacer lugar a la demanda incidental de escrituración promovida por la parte accionante, y condenar a la titular registral demandada -Tandil Inversora Financiera S.A.- a otorgar en favor de los actores, Javier Eduardo Andrada y Viviana Esther Andrada , herederos declarados de su padre comprador, José Eduardo Andrada, la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de estas actuaciones, dentro del plazo de treinta días de adquirir firmeza este pronunciamiento. Ello, bajo apercibimiento de que, si la obligada no cumpliere dentro del plazo fijado, el Juez de primera instancia suscribirá la escritura por ella y a su costa; pudiendo el magistrado, además, ordenar las medidas complementarias que correspondan. 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 265 y 278 LCQ; arts. 31 y 51 Ley 14.927). Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA ETCHEGOYEN Marcos Federico - JUEZ
Funcionario firmante: LONGOBARDI María Inés - JUEZ
Funcionario firmante: CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 256-2026
Fin de la sentencia