Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2005/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 1350/1358 vta., y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1341/1346 vta., con costas a los recurrentes.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2005/15-TSJ Interlocutorio N°: 612.-
Actor: ANDRADA MIGUEL ANGEL Y OTROS Demandado: BTU S.A.
Objeto: S/ DEMANDA LABORAL Fecha: 04-07-2017 Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 612 FOLIO Nº 3516/3521 PROT. ELECT. TSS1008S.171
Río Gallegos, 04 de julio de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “ANDRADA MIGUEL AN-GEL Y OTROS C/ BTU S.A. S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº A-13.540/12 (A-2005/15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 1350/1358 vta., por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1341/1346 vta., por cuanto revoca parcialmente la sentencia de Primera Instancia. Esta última admitió la demanda, condenando al pago de las sumas de dinero correspondiente a la indemnización contemplada en el artículo 80 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo, en razón de la no entrega del certificado de trabajo previsto en la norma.- Los recurrentes se agravian al considerar que en la sentencia en crisis se ha producido la “violación de la ley y doctrina legal asentada por el TSJSC, conforme causa el artículo 3° inc.
A, ley 1687...” (cfr. foja 1351 vta.). Al respecto, sos-tiene que la Excma. Cámara “...no consideró (sic) bajo aspecto alguno... que existen diferencias claras y concretas, entre la obligación de la entrega de la documentación y la efectiva concreción de la obligación por el empleador de efectuar los aportes a los organismos de seguridad social; o sea, el mero reclamo del certificado no se constituye en una vía idónea para tramitar las exigencias del cumplimiento del régimen de la seguridad social. Para ello V.E., existen las instancias pertinentes ante los organismos recaudadores y las vías para tal fin para la percepción de los aportes.” (cfr. foja 1352). Añade a ello: “...no fue atendido por la Excma.
Cámara a los fines de descalificar la recurrida, que a fs. 1200, glosa informe IERIC, del cual surge claramente que el titular del CUIL 20-28701475-9, Pérez Carlos Ramiro, (CUIL que surge de instrumentos de Fs. 16/17/18), informa la oficiada que ‘...no se encuentra ningún trabajador inscripto en esta institución...’, lo que desde ya pone en situación, por lo menos incómoda (sic) a la accionada de autos, conforme instrumental librada por la misma y que glosa en autos, sin dejar de referenciar lo informado por UOCRA, en cuanto, CUIL 20-28701475-9, Pérez Carlos Ramiro, ‘...no registra datos como empleado del gremio de la construcción...no registra aportes de la Empresa BTU SA (cuit: 30-59223889-2)…’, lo que sin lugar a dudas con respecto a este ex dependiente, aquella librada por la accionada, sería apócrifa y/o por lo menos no se condice con la realidad que expresa la accionada...” (cfr. foja 1352 vta.).
Además sostiene: “Esta parte bajo aspecto alguno comparte el criterio ensayado por los opinantes de auto[s], en cuanto [a] poner a disposición del trabajador la documentación que reza [el] art. 80° LCT alcanza en satisfacción de obligación para así soslayar las (sic) responsabilidad sobre el particular de los empleadores, ya que con ello, no se corroboraría la cabal voluntad de entregarlo, (máxime que en el caso...el domicilio de la accionada es la CABA)...su no entrega en plazo de ley, hace de aplicación y derecho del trabajador la indemnización que establece [la] norma.” (cfr. foja 1353). Afirma que en la sentencia de marras “...afirmó que el no retiro de autos de los certificados, denota el no perjuicio a los trabajadores que accionaron por intermedio de esta, afirmación por cierto que asombra a esta parte; ya que de un repaso prolijo a lo normado por el art. 80 LCT, no requiere que la no entrega de la instrumental a la que se encuentra obligada... ocasione un perjuicio al trabajador para que sea procedente…” (cfr. foja 1354 vta.).
Insiste, en que “...la entrega de dicha documentación es una obligación de hacer del empleador, no sujeta a condición alguna ni a efecto derivado de ello al que se pueda amparar el empleador incumplidor...” (cfr. foja 1355). Agrega a ello que “Nada surge, a los fines de la consignación que se pretendió, que mis mandantes hubieran sido intimados -en su condición de acreedores- a conducta positiva alguna, bajo apercibimiento de consignación; requisito indispensable que la Subsecretaría de Trabajo de esta Provincia reclama a los fines de dar viabilidad a la consignación de instrumental; hecho de público y notorio...” (cfr. foja 1355 vta.). Considera “...que el razonamiento del Tribunal de Alzada, hubo de incurrir en una absoluta contradicción, al invertir y dar por válida (sic) la teoría de la remisión, doctrinariamente inaceptada, por aquella de la recepción, la cual al humilde entender de esta parte configura un supuesto de absurdo, cuando no, incurre en arbitrariedad manifiesta, poniendo en cabeza de los trabajadores conductas que la ley no impone y requisitos (perjuicios) que la norma no requiere en procedencia de reparación.” (cfr. foja 1357).
Solicita en definitiva, se revoque la resolución en crisis por las razones expuestas. Realiza reserva del caso federal (conf. foja 1358).- Declarado bien concedido el recurso de casación (conf. foja 1374 y vta.) y puestos los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- ninguna de ellas concurre a hacer uso de su derecho (conf. certificación foja 1378).-
Corrido el pertinente traslado al Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, el mismo emite su dictamen a fs. 1379/1381 sosteniendo que “…es dable advertir que el recurrente no ha logrado demostrar que el razonamiento que motiva la solución a la que arriba el a-quo presenta vicios o irregularidades de la entidad exigida para dar sustento al remedio casatorio [...] Yendo a la cuestión traída a dictamen, y no perdiendo de vista que las situaciones no se resuelven en los hechos con la nitidez que con mayor o menor éxito alcanzan en la norma, pero teniendo como principio rector la buena fe que debe guiar a ambas partes a lo largo de toda la relación laboral, es que considero que a los quejosos en este caso no les asiste razón, lo que significa que comparto el análisis que han llevado a cabo los Sres.
Jueces de Cámara respecto de la situación planteada en autos [...] el incumplimiento que da lugar al pago de la indemnización tarifada sólo se produce cuando el empleador no entrega la constancia o el certificado dentro de los plazos prescriptos por la ley. En el supuesto que nos convoca, y como bien dice el juez de Cámara, respecto de cada uno de los agraviados, las intimaciones a la empresa fueron contestadas de inmediato por el empleador, diciendo que los certificados referidos se encontraban a su disposición en el obrador, las mismas fueron hechas en los domicilios registrados por estos en la empresa, por lo que no obstante haber sido devueltas al remitente resultan válidas, no impidiendo tener por debidamente notificados a los mismos, ya que el domicilio con el que cuenta la empresa es válido hasta que se constituye otro y solo faltaba que el trabajador se hiciera presente en el obrador para retirarlo si este obraba de buena fe como debe hacerlo aún después de finalizada la relación laboral de conformidad con los principios generales del derecho del trabajo..., igualmente la demandada continuó haciendo gestiones para dar cumplimiento con la manda legal consignando las certificaciones en la delegación local de la Secretaría de Trabajo como consta a fs. 1002/1003 vta. [...] Lo hasta aquí expuesto me lleva a concluir que la Sentencia de Cámara, se encuentra ajustada a derecho, no surgiendo de la misma ni violación de la ley ni arbitrariedad conforme lo alegaran los recurrentes, siendo opinión de esta Fiscalía que el recurso de casación interpuesto por los actores no debe prosperar.” (cfr. fs. 1380/1381).- A foja 1382 se llaman autos para sentencia y a foja 1383 pasan los presentes a estudio.-
II. Que, conforme ha quedado articulada la cuestión extraordinaria por la recurrente, ésta se desarrolla en el carril del artículo 3º inciso “a”, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por estar vinculada a un defecto de interpretación y apreciación legal con relación a hechos, pruebas y constancias de la causa por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial; como así también violación de la doctrina legal de este Tribunal Superior.- Así, y como se adelantara ut supra la sentencia de la Excma. Cámara revoca parcialmente la de primera instancia que condenara al pago de la indemnización del articulo 80 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Debe recordarse que la citada norma dispone: “Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social - Certificado de trabajo […] Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor.
Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente...”.- Al respecto, este Tribunal ha expresado que el artículo citado: “…‘…impone al empleador cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa, el deber de entregar al trabajador un certificado de servicios que deberá contener el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y calificación profesional obtenida (confr. Grisolía, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tº I, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, págs. 661/671).
El artículo 45 de la ley 25345 agrega una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador el último año de la relación o durante el tiempo de la prestación de servicios si este fuere menor, para el caso que el empleador no cumpliere con la entrega de las constancias o el certificado dentro de los dos días hábiles de efectuado el requerimiento en forma fehaciente…En definitiva el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado es de 30 días contados desde la disolución del vínculo y la indemnización es debida si el empleador no entrega los certificados vencido el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la intimación, realizada luego de treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo (confr.
Grisolía, Julio Armando, ob. cit., pág. 672/674)?’ (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 533, Folio 2996/3004). Así, para que proceda la indemnización a favor del trabajador por la no entrega de la documentación del artículo 80 de la LCT, éste ‘…debe haber intimado en forma fehaciente requiriendo su entrega dentro del plazo de dos días hábiles, pero tal intimación sólo puede cursarse una vez que el empleador se encuentre en mora respecto de su obligación de entregar las certificaciones, lo que según la reglamentación (dec. 146/01, B.O., 13/02/01) ocurre a los treinta días de extinguido -por cualquier causa- el contrato de trabajo?’ (confr. Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, anotada y concordada, T° II, Buenos Aires, La Ley, 2007, pág. 1033).” (cfr.
Sentencia, Tomo XVII, Reg. Nº 579, Folio 3.303/3.311 y Reg. Nº 587, Folio Nº 3.360/3.367).- La cuestión a dilucidar en los presentes entonces, es si el empleador, cumplió o no con la obligación inserta en la normativa.-
En primer lugar, debe señalarse lo afirmado por la Excma. Cámara cuando afirma: “Debe advertirse que las certificaciones reclamadas no revestían en realidad ninguna urgencia ni necesidad para los actores, toda vez que habiéndose incorporado a estos actuados con la contestación de la demanda, ni siquiera solicitaron su desglose, el que fue ordenado recién por la sentenciante el 24/6/14, esto es, dos años después de la iniciación de estos actuados, por lo que no puede deducirse que hayan sido perjudicados por no tenerlos en su poder en el plazo legal, sino que están más cerca de un ejercicio abusivo del derecho en el marco del art. 80 LCT al reclamar la multa...” (cfr. foja 1344 y vta.).- Es de recalcar, que la omisión de hacer entrega de los certificados que indica la norma de marras es la que genera la indemnización prevista en la misma y no el actuar de los actores en el momento indicado por la Excma. Cámara.-
Es por ello que las argumentaciones ut supra mencionadas no tienen mayor asidero, debiendo analizarse solamente lo realizado por la demandada en concordancia con lo normado en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
III. Que, no obstante lo expuesto, este Tribunal Superior considera correcta la solución a la que arribara el ad-quem, en razón del acertado análisis realizado de las probanzas de autos.-
Así, para decidir como lo hizo, la Excma. Cámara se refiere a la situación de cada uno de los actores. En cuanto a Carlos Ramiro Pérez se señala: “...tengo en cuenta...que la intimación remitida el 28/4/12 (fs. 998) fue recibida el 3/5/12 y que al día siguiente la empleadora le remite la respuesta que glosa a fs. 999 indicando que se encuentra a su disposición en el obrador de la empresa. Dicha misiva se remite al domicilio de Moyano 421 que es el constituido en su legajo y el indicado en la intimación, pero no fue recibida como la anterior comunicación en dicho domicilio, por lo que se devolvieron al remitente (fs. 1000/1001 vta.).- Esta circunstancia no impide tener por debidamente notificado al trabajador de que las certificaciones requeridas se encuentran a su disposición, ya que el domicilio registrado en la empresa es válido hasta la constitución de otro nuevo, y sólo faltaba que el trabajador se hiciera presente en el obrador para retirarlo si este actuaba con buena fe, como debe hacer aún al finalizar la relación laboral de conformidad con los principios generales del derecho del trabajo...No obstante ello, la demandada continuó realizando gestiones para cumplimentar la manda legal consignando las certificaciones en la delegación local de la Secretaría de Trabajo como consta a fs. 1002/1003 vta.” (cfr. foja 1344 vta.).- Todo ello surge de las pruebas acompañanadas conforme fs. 886/1086.
A fs. 999, como se señala, dirigido al domicilio que se indicara en la carta documento que enviara pocos días antes el Sr. Carlos Ramiro Pérez, obra CD de la demandada donde se expresa: “En respuesta a su TCL 80778795, informo nuevamente a Ud. Que [el] certificado de Servicios (art. 80 LCT) se encuentra debidamente a su disposición. Por tal motivo, le reitero que podrá retirar el mismo...a partir del próximo (sic) Lunes 7 de Mayo de 2012, en nuestro obrador sito en Yacimiento El Cordón KM. 10 - Pico Truncado - Santa Cruz (sic). No obstante ello, además le haremos envío por correo de otra copia de la Certificación de Servicios a su domicilio particular” (cfr. foja 999). Efectivamente, a fs. 1010/1011 obra carta enviada al domicilio denunciado, a través de la empresa OCA, donde consta en sobre abierto, el certificado de servicios reclamado.
Dicha misiva fue devuelta. Luego, y como se ha señalado, se consignan los certificados en la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social.- Debe resaltarse, que dicho actuar de la demandada: envío de carta documento - envío del certificado vía correo OCA - consignación de los certificados; se repite en el caso de cada uno de los actores.-
Acierta sin duda el ad-quem al señalar: “Respecto del efectivo cumplimiento de la consignación de los certificados de trabajo en la Secretaría de Trabajo por parte de la empleadora, cabe tener presente que a más de constar en el oficio que se librara a la misma la firma y sello de recepción por parte de dicha oficina administrativa, la actora no ha desconocido su autenticidad una vez agregada la documental por la contraria, por lo que no cabe discutir el punto.” (cfr. foja 1345).- Efectivamente, la consignación judicial efectuada no fue desconocida por los actores.-
En definitiva, puede afirmarse sin lugar a dudas, que la demandada actuó diligentemente a los efectos de cumplir con la manda del artículo 80 de la LCT., tal como se señala en la sentencia atacada.-
Respecto de Hernán Atilio Pérez, se expresa respecto a la intimación realizada por la demandada: “...que glosa a fs. 801 fue contestada de inmediato como consta a fs. 798/799 vta. al domicilio registrado por éste en la empresa (Moyano 421) y el que se inserta en la intimación, por lo que no obstante haber sido devuelta al remitente la notificación allí indicada es válida para él, sin perjuicio de que la empleadora también lo consignara ante la autoridad administrativo-laboral para su efectiva entrega al trabajador (fs. 809/810).” (cfr. foja 1344 vta.).-
Efectivamente, y como se señala ut supra el actuar de la demandada fue equivalente en cuanto a su diligencia al caso del Sr. Carlos Ramiro Pérez, por lo cual nos remitimos a lo dicho en cuanto a su caso.-
Por otro lado, debemos referirnos al Sr. Andrada, del cual se manifiesta en la sentencia “...intima de conformidad con el art. 80 de la LCT el 4/5/12 (fs. 376) la que fue recibida el 8/5/12; la respuesta data [del] 9/5/12 y fue recibida el 14/5/12 personalmente en su domicilio, pero habida cuenta de que no se hizo presente en el lugar indicado para retirar las certificaciones, fueron también consignadas administrativamente como consta a fs. 383.- No dejo de advertir que la respuesta recibida por éste demoró unos pocos días pero tampoco paso por alto la falta de colaboración del trabajador para retirar las certificaciones que sabía, estaban a su disposición.” (cfr. fs. 1344 vta./1345).- Coincidimos con lo resuelto, atento lo expuesto; debiendo señalar nuevamente la diligencia que tuvo la demandada en procurar la entrega de las certicaciones.-
Por último, en cuanto al Sr. Benítez se dice que el mismo “... intimó el 28/4/12 (fs. 610) desde su domicilio de Mosconi 1001 al que se remitieron las respuestas devueltas al remitente por no haber sido reclamadas (fs. 608/609); le cabe a éste las mismas consecuencias que a los demás en cuanto a la validez de la notificación en su domicilio registrado en la empresa, observándose la actividad patronal de consignarlas en la delegación local de la Secretaría de Trabajo como consta a fs. 612.” (cfr. foja 1345). Efectivamente, lo expuesto resulta acorde a la probanzas de autos, remitiéndonos nuevamente a lo expuesto ut supra respecto del actuar diligente de la demandada.- Cabe destacar, que en todos los casos, los domicilios reales de los actores no cambiaron pese a ser devueltas en todos los casos las misivas cursadas. Ello se desprende de la propia demanda iniciada por los mismos, donde fijan como domicilio real los mismos a los cuales la demandada envió los certificados correspondientes: En el caso del Sr. Miguel Angel Andrada: Viamonte 1646; el Sr. Pablo Alberto Benítez: Mosconi 1001; Los Sres. Carlos Ramiro y Hernán Atilio Pérez: Moyano 421. Todos de la localidad de Pico Truncado, Pcia. de Santa Cruz. (conf. foja 25).-
Finalmente, y en cuanto a las alegaciones de los actores respecto del no cumplimiento de las cargas previsionales por parte de la demandada, como así tampoco de su registración en el gremio UOCRA; ello no resulta acorde con el cúmulo de probanzas arrimadas a la causa y consideradas en su conjunto.-
Efectivamente, a fs. 1148/1192, obra documentación acompañada por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Agencia N° 12 - Dirección Regional Sur, en la cual consta la registración en la misma de Miguel Ángel Andrada de fecha 11/2010 hasta el 03/2012 (conf. fs. 1150/1151); Carlos Ramiro Pérez de fecha 12/2010 hasta el 03/2012 (conf. fs. 1155/1161); Hernán Atilio Pérez de fecha 02/2011 hasta el 03/2012 (conf. fs. 1163/1171); Pablo Alberto Benítez de fecha 12/2010 hasta el 03/2012 (conf. fs. 1173/1179). Conforme ello, surge la constancia de los respectivos aportes previsionales de Pablo Alberto Benítez a fs. 1180/1183; Carlos Ramiro Pérez a fs. 1184/1187; Hernán Atilio Pérez a fs. 1188/1190.- Por su parte, a fs. 1199/1200, obra informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), donde se hace constar que Pablo Alberto Benítez se encontraba inscripto como trabajador de la construcción con fecha de inscripción 28/03/2011.
Se agrega, que “La empresa B.T.U. S.A. Nº 52578, declaró la relación laboral, en el marco de la credencial de registro laboral, con fecha de ingreso a la empresa 09/12/2010 y fecha de egreso 08/03/2012.” (cfr. foja 1199). Asimismo, se informa que Hernán Atilio Pérez “Se encuentra inscripto como trabajador de la industria de la construcción con fecha de inscripción 01/03/93. La empresa B.T.U. S.A. Nº 52578, declaró la relación laboral, en el marco de la credencial de registro laboral, con fecha de ingreso a la empresa 04/02/2011 y fecha de egreso 08/03/2012.” (cfr. foja cit.).- De la documentación acompañada por O.S.P.e.C.on. - UOCRA a fs. 1248/1252, surge: “Andrada, Miguel Angel...registra aportes para la Obra Social Ospecon, de la empresa BTU S.A... por los períodos 11/10 al 03/12, registrándose pagos todos los períodos...También registra aportes Sindicales de la empresa BTU S.A.., por los períodos 11/10 al 03/12, registrándose pagos todos los períodos…Benitez, Pablo Alberto...registra aportes para la Obra Social Ospecon, de la empresa BTU S.A...por los períodos 12/10 al 03/12, registrándose pagos todos los períodos...También registra aportes Sindicales de la empresa BTU S.A. por los períodos 12/10 al 03/12, registrándose pagos todos los períodos.” (cfr. foja 1248).- Por último, debemos referirnos al siguiente pretenso agravio de la recurrente que expresa: “…que a fs. 1200, glosa informe IERIC, del cual surge claramente que el titular del CUIL 20-28701475-9, Pérez Carlos Ramiro, (CUIL que surge de instrumentos de Fs. 16/17/18), informa la oficiada, que ‘...no se encuentra ningún trabajador inscripto en esta institución...’, lo que desde ya pone en situación, por lo menos incomoda (sic) a la accionada en autos, conforme instrumental librada por la misma y que glosa en autos, sin dejar de referenciar lo informado por UOCRA, en cuanto, CUIL 20-28701475-9, Pérez Carlos Ramiro, ‘...no registra datos como empleado del gremio de la construcción...no registra aportes de la Empresa BTU SA (cuit: 30-59223889-2)…’, lo que sin lugar a dudas con respecto a este ex dependiente, aquella librada por la accionada, sería apócrifa y/o por lo menos no se condice con la realidad que expresa la accionada...” (cfr. foja 1352 vta.).- En primer lugar, debe expresarse que resulta correcto que por el número de cuil 20-28701475-9 no se halla ningún registro.
Sin embargo, omite el recurrente o al menos existe confusión al respecto, por cuanto el cuil indicado no es el perteneciente a Carlos Ramiro Pérez.-
Efectivamente, y como surge de la documentación referenciada acompañada por la AFIP, el cuil correcto es 23-28701475-9 (conf. foja 1216). Incluso, son los mismos actores, quienes al acompañar documental al inicio de autos, en particular los recibos de sueldo; de los pertenecientes al nombrado encontramos que surge de manera inequívoca que el cuil señalado resulta ser el correcto (conf. fs. 16/18). Este error se inicia en la propia demanda (como puede apreciarse a foja 30 y vta.), continuando a lo largo de todo el expediente. Este resulta ser un error imputable únicamente a los actores, por lo cual no pueden agraviarse. Es por ello, que el agravio deviene inatendible y carente de sustento.- Es por todo lo expuesto, que los agravios deben ser rechazados.-
IV. Que, respecto de la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal, debe manifestarse que: “La ‘Doctrina Legal’ es ‘... aquella que fluye en forma de mandato general abstracto, imperativo, de las normas vigentes y que en definitiva constituyen su ‘texto expreso’. Este se integra con el sentido literal de la Norma con más la adición de su inteligencia, desentrañada racionalmente según las reglas de la ciencia jurídica. Es, en síntesis, la interpretación de la ley. El legislador ha querido comprender: sin duda ‘los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva’ y los principios generales del derecho, que en ausencia de un ‘texto expreso de la Ley’ deben ser aplicados para fundamentar las sentencias.
Pero todos los principios jurídicos del derecho positivo como los principios generales del derecho, constituyen norma vigente y positiva, cuyo sentido debe ser esclarecido por el intérprete para resolver los casos concretos...’” (cfr. Sentencia, Tomo V, Reg. 160, Folio 806/816). Además, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que “…es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)…” (cfr.
Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324 y Reg. 3241, Folio 5370).- Medítese en función de lo expuesto, que no son citados fallos que devenguen en antecedentes aplicables al presente caso no sólo por los acertados argumentos que expone el ad quem en la sentencia en crisis; sino, además, porque para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue no sólo debe tratarse de casos idénticos, sino además la vinculación concreta entre el caso antecedente y el presente, “‘...no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación.
El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...’ (Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, ed. 1984, p. 250).” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 290, Folio 269/270 y IV, Reg. 424, Folio 705/708).- En base a los fundamentos expuestos precedentemente, el reclamo planteado deviene improcedente.-
V. Que, conforme a los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, a fs. 1350/1358 vta., y en consecuencia confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1341/1346 vta., difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores, con costas a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPC y C) y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada a fs.1358.-
Por todo ello, normas legales citadas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 1350/1358 vta., y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1341/1346 vta., con costas a los recurrentes.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008S.171 Tomo: XVIII Interlocutorio: 612.-
3lio N°: 3516/3521.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia