Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2005/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por los actores: Sres. Pablo Alberto Benítez, Carlos Ramiro Pérez y Hernán Atilio Pérez, a fs. 1421/1435 - 2º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2005/15-TSJ Interlocutorio N°: 400.-
Actor: ANDRADA MIGUEL ÁNGEL Y OTROS Demandada: BTU S.A.
Objeto S/ DEMANDA LABORAL Fecha: 27-06-2018 Texto: TOMO VIII – OTROS RECURSOS – T.S.J..-
REGISTRO Nº 400 FOLIO Nº 1518/1522 PROT. ELECT. TSS1 003 O.181
Río Gallegos, 27 de junio de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “ANDRADA MIGUEL ÁNGEL Y OTROS c/ BTU S.A. s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº A-13540/12 (A-2005/15-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de éste Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal articulado por los actores: Sres. Pablo Alberto Benítez, Carlos Ramiro Pérez y Hernán Atilio Pérez, a fs. 1421/1435 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo a fs. 1409/1414 vta., que rechazó el recurso de casación interpuesto y confirmó la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial (conf. foja 1414).-
La parte recurrente manifiesta que se ha configurado en autos un supuesto de cuestión federal por sentencia arbitraria: “…violándose el art. 18 de la C.N. al omitir el Tribunal el tratamiento de cuestiones esenciales, apartándose el fallo recurrido de la norma aplicable al caso de autos y violándose el principio de congruencia, no siendo por ello la sentencia derivación razonada de las constancias de la causa y del derecho vigente…” (cfr. foja 1423). Agrega, asimismo, que de esa manera se ha vulnerado el derecho de peticionar ante las autoridades y de obtener un fallo que de respuesta a lo peticionado: “…y otorgue la tutela judicial efectiva de los derechos de nuestros mandantes (art. 18 CN y art. 8 y 25 de la C.A.D.H.), en clara violación de los derechos laborales (14 bis CN) y de propiedad (art. 17 CN) de los actores de autos” (cfr. foja cit.).- A fs. 1436 se corre traslado a la parte contraria de la presen-tación de la recurrente por el término y bajo apercibimiento de ley.-
A fs. 1441/1444 vta. comparece la demandada -BTU S.A.- por medio de su apoderado respondiendo el planteo de su contraparte. Allí sostiene, en primer lugar, que la actora no introdujo la reserva de la cuestión federal en tiempo oportuno. Así, afirma que la citada reserva: “Por principio, tiene que ser planteada en oportunidad de trabarse la litis, ya sea por vía de acción o de excepción” (cfr. foja 1441 y vta.), y que de la simple lectura del escrito de inicio: “…puede observarse que la actora omitió realizar la reserva del caso federal… correspondiendo en consecuencia el rechazo del recurso planteado” (cfr. foja 1441 vta.). Seguidamente pone de manifiesto la ausencia de cuestión federal, ya que entiende que no existe ninguna controversia de carácter constitucional sino una simple discrepancia del recurrente con lo resuelto, y que esa disconformidad no alcanza para habilitar la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. foja cit.). Alega, además, que el vicio de arbitrariedad denunciado por la actora no exhibe fundamentos suficientes y sólidos que autoricen a descalificar la sentencia recurrida (conf. foja 1442). Por último, esgrime que tampoco se ha configurado en autos la incongruencia denunciada, toda vez que: “…la sentencia en crisis es el resultado de un análisis lógico y razonado de las cuestiones planteadas…” (cfr. foja 1443 vta.).- A foja 1445 vta. se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal quien dictamina foja 1446/1447. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
A foja 1448, pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Analizando la presentación de los recurrentes, y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48, y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 38/2011 y N° 4/2007 (modificada por su similar Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso extraordinario federal articulado (conf. foja 1447).-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa, que la parte recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero y del artículo segundo de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una, y ha sido escrita con letra claramente legible (artículo 1° del Reglamento). En cuanto a los requisitos contemplados en el artículo 2º, se observa que la recurrente acompañó en hoja aparte la carátula exigida, aunque cometió un error al consignar las fojas que corresponden a la sentencia impugnada.-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada N° 4/2007, y en particular por su inciso a), observamos que la resolución recurrida tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, que fue dictada por el más alto Tribunal de la Provincia y se agotaron todas las instancias revisoras locales. Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario federal requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquélla que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos: 303:633, entre otros).
En consecuencia, en el presente, el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el citado artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos de su inciso b). En efecto, la actora realizó un relato de todas las circunstancias relevantes del caso, dividiéndolas en las distintas etapas procesales por las cuales discurrió (conf. foja 1424 vta. y ss.). También indicó el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal -bajo la forma de la sentencia arbitraria-, y explicó cómo introdujo dicho planteo y de qué manera lo mantuvo con posterioridad (conf. foja 1424).
En punto a esto último se impone recordar que el demandado, al momento de contestar el traslado del recurso extraordinario de la actora, alegó que esta última no había introducido la cuestión constitucional en tiempo oportuno, toda vez que tiene que ser planteada en oportunidad de trabarse la litis (conf. foja 1441) y que de una simple lectura del escrito de inicio podía observarse que su contraparte no había dado cumplimiento con ese requisito.- Al respecto debe señalarse que si bien es cierto que la actora al interponer la acción no introdujo el caso federal (conf. fojas 25/31), también lo es que los conceptos que aluden a la introducción tempestiva y al mantenimiento de la cuestión federal están referidos a los términos de los tres incisos del artículo 14 de la Ley N° 48 con la finalidad que todas las instancias jurisdiccionales puedan resolverlas (conf.
Silvia B. Palacio de Caeiro: “Recurso Extraordinario Federal” 2° Edición, La Ley 2012. pág. 155/156); y debe recordarse que, en el particular caso de autos, la recurrente no funda su recurso extraordinario federal en ninguno de los tres incisos que componen el artículo 14 de la Ley N° 48, sino que, por el contrario, lo hace en la llamada doctrina de la arbitrariedad (conf. foja 1422 vta.). Y si bien debemos adelantar que tal supuesto no se ha configurado en estas actuaciones -cues- tión sobre la que volveremos en el considerando siguiente- debemos señalar, en punto a los requerimientos del citado inciso b) y a lo manifestado por el demandado a foja 1441, que no cabe exigir el requisito del planteo oportuno de la cuestión federal que surge con motivo de una sentencia que se tacha de arbitraria (conf.
Jorge A. Rojas: “Tratado de Derecho Procesal Constitucional” de Falcón Enrique M. -Director- 1° Ed., Rubinzal Culzoni, 2010, Tomo I, pág. 706). Es que, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el requisito de la introducción oportuna sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el artículo 14 de la Ley N° 48, las que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la instancia extraordinaria como último intérprete, pero no respecto de la arbitrariedad pues las partes no tienen por qué admitir de antemano, que el juzgador podría incurrir en ese fundamental defecto (conf. Fallos: 329:5323 Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, entre otros).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º inciso c), se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasione un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (conf.
Andrés Gil Domínguez: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja” Ed. Ediar, 2011, pág. 109). Por el contrario, se limitó a sostener que: “La decisión recurrida a través del presente por su manifiesta arbitrariedad, conlleva en sí misma la vulneración expresa de los derechos y garantías constitucionales referidos al debido servicio de justicia, debido proceso e inviolabilidad del derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), lo que en si mismo implica un gravamen concreto, actual y ajeno…” (cfr. foja 1431 vta.). Afirmaciones que no resultan aptas a efectos de satisfacer el requisito en tratamiento.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artí-culo 3º, incisos d) y e) de la Acordada N° 4/2007.
Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (conf. sum. Fallos 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctri-na sentada por el Cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (conf. Otros Recursos, Tomo I, , Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.-
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario federal requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley N° 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Carlos R. Tribiño: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2003, pág. 104). Por oposición a éste ámbito normal o natural del recurso extraordinario federal, se comenzó a desarrollar a partir de la propia doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un nuevo ámbito que Carrió denominó “ámbito excepcional”, dentro del cual la Corte Suprema conoció de otras cuestiones distintas a las tradicionales que eran siempre de derecho, y más específicamente aún de derecho federal (conf. Jorge A. Rojas, ob. cit. Tomo I, pág. 720), ello es lo que la doctrina y la jurisprudencia denomina “doctrina de la arbitrariedad” y es, como ya dijimos, el carril elegido por el recurrente para atacar el pronunciamiento de este Tribunal Superior.- En efecto, si bien la actora funda su recurso extraordinario federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, dicha pieza procesal no contiene la refutación de todos y cada uno de los fundamentos en que se sustenta la sentencia de éste Alto Cuerpo, conforme lo impone el artículo 3° inciso d) de la Acordada N° 4/2007, ni logra demostrar que exista la relación directa e inmediata a que se refiere el inciso e) de dicha Acordada.-
En lo concerniente a éste último requisito, debe señalarse que para que se configure la relación directa e inmediata -en el marco de una sentencia arbitraria- la doctrina ha dicho que no basta con que el recurrente exponga su discrepancia con el criterio del tribunal superior en la valoración de las pruebas o en la interpretación y aplicación del derecho común, tampoco es suficiente que demuestre los errores de hecho o de derecho en que incurre el fallo, ni que invoque genéricamente la arbitrariedad, ni se trata solamente de que controvierta los fundamentos de la sentencia. De allí que sea fundamental que acredite que los errores u omisiones de la sentencia tengan una gravedad y entidad que la descalifique como acto judicial válido.
Las razones en que se basa la sentencia deben ser refutadas una a una, y rebatidos sus argumentos con agravios razonados y sin omitir ningún fundamento de carácter decisivo, no basta con refutar algunos fundamentos si se pasa por alto otro u otros, suficientes para sustentar el fallo. En definitiva, el correcto ensamble o la justa articulación efectuada de los agravios, entre las cuestiones discutidas, los términos de la sentencia definitiva, y las cláusulas constitucionales afectadas, es lo que determina la presencia de la relación directa e inmediata y la correspondiente admisibilidad del recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia (conf. Silvia B. Palacio de Caeiro, ob. cit. pág. 444/445).- A la luz de lo expuesto, se observa que el recurrente denuncia la arbitrariedad de modo genérico, y no logra demostrar -siquiera mínimamente- que la sentencia que ataca no sea un acto jurisdiccional válido.
Es que, bajo el ropaje de una pretendida sentencia arbitraria, la actora simplemente expresa su discrepancia con el criterio sostenido por este Tribunal Superior, puesto que, en rigor, el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo en su sentencia de fs. 1409/1414 vta.. En mérito de ello es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, inciso d) y e) de la Acordada N° 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.- Por último, cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la excepcional arbitrariedad en el caso.
De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).-
III. Sumado a lo expuesto, y respecto del carril por el que el recurrente intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. sum. Fallos 325:3265, entre otros).- Si bien ya lo adelantamos en el considerando anterior, la presentación en estudio denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis y transcripción de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamien-tos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (conf. sum. Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).-
Además, no debe pasarse por alto que este Alto Cuerpo -para confirmar la sentencia de Cámara- señaló que la cuestión a dilucidar consistía en determinar si el empleador había cumplido o no con la obligación derivada del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. foja 1411), y consideró que la Cámara de Apelaciones había realizado un acertado análisis de las pruebas obrantes en autos (conf. foja 1411 vta.), para luego realizar, a lo largo del considerando III, un exhaustivo análisis revalorativo de estas últimas. Es a partir de dicho análisis que este Tribunal Superior concluye que la demandada había actuado diligentemente a efectos de cumplir con la manda que le imponía el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. foja 1412), y que el cúmulo de pruebas tampoco permitía sostener que aquélla no había cumplido con las obligaciones previsionales y con la registración gremial, tal y como alegaba la actora (conf. foja 1412 vta.). Puede apreciarse, a partir de lo expuesto, que las objeciones del recurrente en relación a que este Alto Cuerpo simplemente transcribió y compartió los fundamentos del fallo de la Cámara de Apelaciones (conf. foja 1428) sólo son, en rigor, meras divergencias con el criterio adoptado en la sentencia de fs. 1409/1414 vta. y no son aptas a efectos de demostrar la arbitrariedad que se denuncia.- Por otra parte, la actora esgrime que la sentencia de este Tribunal Superior: “…adolece de arbitrariedad normativa manifiesta, resultando la misma una sentencia incongruente” (cfr. foja 1432) ya que: “…se ha sentenciado en mas (sic) de lo debatido, habiéndose violado el encuadre funcional de los magistrados” (cfr. foja cit.), pero ni siquiera expone en qué consistiría el vicio apuntado, por lo que tal afirmación carece a todas luces de sustento.-
No debemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (conf. sum. Fallos 245:327, entre otros), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (conf. sum. Fallos 237:74, entre otros).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina juris-prudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resul-ta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autó-noma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley N° 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el ape-lante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclu-siones que lo agravian (conf. sum. Fallos 308:761 -disidencia del Dr. Carlos Fayt- y 2421; 310:722 -disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi-; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Finalmente corresponde señalar que el recurrente -para calificar a la sentencia de arbitraria- pone en boca de este Tribunal afirmaciones que en realidad fueron hechas por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
En efecto, luego de sostener que procederá a realizar una “puntualización” de la sentencia dictada por este Alto Cuerpo, y de alegar que esta última violenta normativa vigente y garantías constitucionales, afirma que: “Esta parte se queda absorta por expresiones vertidas por el Tribunal que refiere en relación a los certificados que: '…no revestían en realidad ninguna urgencia ni necesidad para los actores…' agregando además '…por lo que no puede deducirse que hayan sido perjudicados por no tenerlos en su poder en el plazo legal…'” (cfr. foja 1429); y tal aseveración la vuelve a realizar, en similares términos, a foja 1432 vta.. Como lo adelantamos en el párrafo anterior, estas afirmaciones fueron realizadas por la Cámara de Apelaciones (conf. foja 1344 y vta.), y, sobre ellas este Alto Cuerpo sostuvo que: “…la omisión de hacer entrega de los certificados que indica la norma de marras es la que genera la indemnización prevista en la misma y no el actuar de los actores en el momento indicado por la Excma. Cámara” (cfr. foja 1411), y consideró que las argumentación realizadas por la Cámara en ese sentido no tenían mayor asidero “…debiendo analizarse solamente lo realizado por la demandada en concordancia con lo normado en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo” (cfr. foja cit.), para luego ingresar al análisis de las pruebas rendidas en autos. Por otra parte, tampoco este Tribunal afirmó en su sentencia que los actores habrían hecho un uso abusivo del derecho, como manifiestan a foja 1433.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se sosla-yan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por los actores: Sres. Pablo Alberto Benítez, Carlos Ramiro Pérez y Hernán Atilio Pérez, a fs. 1421/1435 - 2º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvase.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1003O.181 Tomo: VIII Interlocutorio: 400.-
Folio N°: 1518/1522.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia