Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8.273/23
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Rechazar los agravios vertidos por la parte actora en PE 1115825/2023.
2Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios.
3Imponer las costas en el orden causado al no haber sido contestados los agravios. (art. 68 segundo párrafo del CPCC) y regular el honorario del Dr. Gustavo Stobbia letrado apoderado de la parte actora, vencida en la instancia, en la suma de cincuenta y seis mil pesos ($56.000)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8.273/23 Sentencia: Definitiva Actor: Andrade José Reinaldo Demandada: Iberoamericana de Servicios S.A.
Objeto: Cobro de Pesos.
Fecha: 26-04-2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veinticuatro, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “ANDRADE, José Reinaldo c/ IBEROAMERICA DE SERVICIOS S.A. s/ cobro de pesos” Expte. 16.965 del año 2014 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, secretaría Nº1 y que ingresaron en la instancia bajo el Nº8273. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que a fs. 22/31 se presenta José Reinaldo Andrade patrocinado por el Dr. Gustavo Fernando Mazzola promoviendo demanda ordinaria por cobro de pesos por incumplimiento contractual por $ 225.060, más intereses, actualización monetaria desde que las distintas obligaciones fueron exigibles, costas y honorarios, o lo más o menos que surja de la prueba contra Iberoamérica de Servicios S.A.
Relata una relación contractual desde el mes de noviembre de 2010 con la demandada a través de un contrato de locación de un rodado marca Ford cargo 1722 modelo 2007 dominio GDE-912 y que posteriormente en noviembre de 2012 se agregó un camión marca Ford modelo cargo 1730 dominio GKF-295, ambos con caja volcadora. Indica que el último canon facturado era de $ 15.500 por cada rodado más IVA $ 3255 facturándose mensualmente por ambos rodados $ 37.510 y estaba pactado el pago por mes vencido a treinta días. Relata que a partir del pago de la facturación del mes de febrero 2013 facturado el 5/3/13 y hasta la última factura de julio del mismo año la demandada no abonó el canon. Acompañó facturas, correspondencia y certificación contable, pero que sin perjuicio de ello la demandada siguió utilizando ambos rodados. Detalla los reclamos e intimaciones, dice haber abonado sobre dichos servicios todas las obligaciones impositivas sobre esas facturas que fueron aceptadas y no fueron cuestionadas en tiempo y forma. Se refiere a la comunicación de la demandada del 4/9/13 en CD denunciando que desde mayo de 2013 el rodado GED-912 se encuentra en la playa de estacionamiento intimando el pago por utilización del espacio y el retiro de éste. Relata que retiró la unidad GKF-295 el 08/10/13 para el servicio de rutina a la que estaba obligado conforme la relación y que, ante el incumplimiento, retuvo el mismo y que la demandada retiene bajo su esfera el vehículo GDE-912 del que se anotició, está deteriorado. Hace consideraciones sobre las facturas como medio de instrumentación del contrato y la aceptación de estas en forma tácita. Funda en derecho, ofrece prueba, pide embargo preventivo, practica liquidación y peticiona que oportunamente se haga lugar a la demanda, con actualización, intereses y costas.
II. Que la demandada se presenta a fs. 48/56 representada por el Dr. Gabriel Damián Ruiz como apoderado y plantea excepción de incompetencia, que tras la intervención del Sr. Agente Fiscal es admitida. A fs. 99/100 se declara la incompetencia del Juzgado de Pico Truncado y los autos se radican en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería. El Dr. Ruiz en la pieza de fs. 70/86 amplía la excepción, contesta la demanda desconoce la documental, reconoce la autenticidad de los CD agregadas por la actora, formula negativas y da su versión de los hechos que se tienen presente en este acto. Pide el rechazo de la acción con costas.
III. Que a fs. 154 se dicta el auto de apertura a prueba y se ordena la ofrecida por las partes. Producida la obrante en los respectivos cuadernos por PE 255061/2022 se agregan los cuadernos de las partes a los autos principales. Por PE3857454/2022 se clausura el periodo probatorio y se ponen los autos para alegar sobre el mérito de la prueba. Solo alega la parte actora y mediante PE 422984/2022 obra su alegato de la prueba conforme archivo digital ESD00075453pdf. La sentencia dictada el 30 de noviembre de 2022 obra en PE 742495/2022 y resuelve: 1º) admitir parcialmente la demanda articulada por José Reinaldo Andrade en contra de Iberoamericana de Servicios S.A. condenando a la misma a pagar al actor en el término de 10 días de notificada y firma la sentencia la suma de $ 229.285 en concepto de facturas adeudadas por la locación de los rodados GKF-295 y GDE-912 desde el período febrero de 2013 hasta el período proporcional de octubre 2013 y desde febrero 2013 hasta mayo de 2013 respectivamente, debiendo ser cada suma individual debidamente recompuesta conforme a las pautas dadas en el capítulo respectivo. Costas a cargo de la parte demandada en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC). 2º) Rechazar parcialmente la demanda en lo relativo a los períodos pretendidos en relación al rodado GED-912 posteriores al mes de mayo de 2013 por las razones dadas en el capitulo respectivo. En los puntos siguientes regula los honorarios de los profesionales intervinientes, difiere la tasa de justicia hasta que obre en autos liquidación aprobada y ordena registrar, notificar y el oportuno archivo. Solo el Dr. Stobbia, por la participación acordada interpone recurso de apelación en PE749902/2022, recurso que se concede Libremente y con efecto suspensivo y se intima el pago de la tasa. Los autos se elevan con la certificación de estilo en PE 1079993/2923. Recibidos en PE 1080457/2023 se integra cámara con el Dr. Jorge O. Alonso y se ponen los autos en secretaría para expresar agravios.
El Dr. Gustavo Eduardo Stobbia por la participación acordada expresa agravios en PE 1115825/2023 de los que se corre traslado a la contraria en PE 960474/2023. La demandada no lo contestó por lo que en PE 1185493/2023 se le da por perdido el derecho de hacerlo y se llama autos a sentencia y se fija el orden de estudio.
IV. Que el primer agravio se refiere a los intereses de su representado y en el segundo apela por bajos sus honorarios. Sostiene en el primero que el razonamiento y la conclusión es errónea como lo es la interpretación y valorización de la prueba. Expresa que el Juez de grado se limitó a interpretar parcialmente las pruebas producidas que lo llevó a decretar que la unidad dominio GED-912 contaba con verificación técnica o VTV con vencimiento el 12 de mayo de 2013 por lo que solo le era posible a la demandada utilizarla hasta esa fecha. Pero le agravia que no se haya tenido en cuenta que el rodado estuvo en poder de la demandada sin cumplir con el pago del canon locativo y que se desconoce si el mismo fue utilizado por la demandada para algún tipo de tarea interna. Agrega que el actor se encontraba en discusión con la demandada por la falta de pago, por lo que no retiró dicha unidad para realizar una nueva VTV y que al tenerlo él en su poder le resultaba más tedioso el reclamo del pago de los cánones correspondientes. Se refiere a la respuesta a la intimación por carta documento del 12 de agosto de 2013 además de rechazar la carta anterior e impugnar las facturas invita al actor “a mérito de la relación que los une a su oficina a fin de conciliar saldos correspondientes” y a su entender dándole entidad a lo adeudado a mayo de 2013. Se queja por cuanto el magistrado se fija en la fecha de la verificación técnica para dar un límite al reclamo sin tener en cuenta que el vehículo estaba en poder de la demandada más allá de esa fecha. Luego de transcribir un párrafo de la sentencia se queja sosteniendo que la demandada no demostró que el camión dominio GDE-912 no fuera utilizado más allá del vencimiento de la VTV y por ello entiende que corresponde el pago de los cánones siguientes a mayo de 2013. En el segundo agravio el Dr. Stobbia apela sus honorarios por bajos y sostiene que deberán ser estimados en función del capital de condena incluyendo los períodos adeudados posteriores a mayo de 2013 actualizado de la manera estipulada en el apartado correspondiente de la sentencia teniendo en cuenta la pericia contable de autos.
V. Que antes de comenzar quiero lamentar que, un simple juicio ordinario, haya demorado diez años. Lo reseñado en el considerando anterior son las pautas y agravios por analizar para dar respuesta al primer agravio. Y el primer obstáculo que se advierte es que más que ante una crítica concreta y razonada, debemos considerar lo que resulta una simple disconformidad que pasa por alto los principales fundamentos de la sentencia que no reciben ataques. Así se hace hincapié en que el rodado GED-912 continuó en poder de la demandada con posterioridad al vencimiento de la VTV sin pagar el canon locativo. Pero la sentencia es clara y bien fundada en cuanto pone de resalto que ese vehículo se encontró en condiciones de uso y goce hasta el mes de mayo y que los contratos deben ser cumplidos de buena fe y que el objetivo tenido en cuenta al celebrar el contrato fue transmitir el uso y goce de la cosa y que el locador debe entregarla apta para el destino acordado por las partes y permitir su uso y goce, nace el derecho del locatario a exigir el cumplimiento u optar por la resolución. Es decir el magistrado tuvo en mira la obligación del locador de mantener la cosa en condiciones de poder realizar la tarea de transporte a que está destinado un camión, o sea, trasladarse por calles y rutas lo que requiere la VTV. Para reforzar su argumento la demandada argumenta que “en ningún momento la demandada demostró que el camión dominio GDE-912, no fuera utilizado más allá del vencimiento de la verificación técnica”. Olvida que era a su parte quien debía acreditar que se le utilizó más allá del vencimiento de la VTV o para otros fines.
En efecto ello no implicaría la prueba de un hecho negativo, siempre posible pero difícil, que se logra con la prueba de un hecho positivo que lo confirme. Veamos, puedo probar que el día y hora de un hecho no me encontraba en un determinado lugar, acreditando que ese día y hora me encontraba en otro. Lo que se conoce como coartada. Pero no tengo forma de acreditar un hecho negativo indeterminado, por ejemplo, que durante el año pasado nunca estuve en La Rioja, pues para ello debería acreditar minuto a minuto donde estuve durante esos 365 días. Se acreditó que el camión nunca estuvo afectado al contrato de la demandada con YPF S.A.
A la recurrente correspondía acreditar no solo que entregó y mantuvo un camión en condiciones de usarlo legalmente y sin el riesgo de multas o demoras por falta de la VTV. Por ello considero que, en el discurso del recurrente no demuestra el error de la sentencia, con un discurso o exposición jurídica que rebata los fundamentos esenciales de la sentencia. Ello mediante un análisis razonado y crítico del fallo impugnado poniendo de resalto su injusticia. Considero, como adelantara, que el agravio vertido constituye una simple disconformidad que no alcanza a cumplir los recaudos del art. 264 del CPCC y no puede tener favorable acogida. A mi juicio el segundo agravio debe correr igual suerte por considerar que los honorarios regulados resultan justos y equitativos y se encuentran dentro de los porcentajes de ley conforme la labor desarrollada. Pero además se advierte que el agravio estaba ligado al éxito del primero pues se sostiene que “deberá estimarse en función al capital de condena, incluyendo los periodos adeudados posteriores a mayo de 2013 actualizado de la manera estipulada en el apartado correspondiente de la sentencia…”. Por ello voto por el rechazo de ambos agravios. Las costas se deben imponer en el orden causado por resultar vencida la parte actora en esta instancia y no haber sido contestados los agravios (art. 68 segundo párrafo del CPCC).
VI. Que por estas razones respondo en forma afirmativa a la primera cuestión sometida al acuerdo y considero justa la sentencia en crisis. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. Tras estudiar la presente causa y los agravios vertidos llego a la conclusión, como el primer votante, que ellos no conmueven la sentencia. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que en función de las consideraciones vertidas propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora en PE 1115825/2023. 2º) Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios. 3º) Imponer las costas en el orden causado al no haber sido contestados los agravios. (art. 68 segundo párrafo del CPCC) y regular el honorario del Dr. Gustavo Stobbia letrado apoderado de la parte actora, vencida en la instancia, en la suma de cincuenta y seis mil pesos ($56.000) 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Considero justo el pronunciamiento propuesto. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 26 de abril de dos mil veinticuatro
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios vertidos por la parte actora en PE 1115825/2023.
2. Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios.
3. Imponer las costas en el orden causado al no haber sido contestados los agravios. (art. 68 segundo párrafo del CPCC) y regular el honorario del Dr. Gustavo Stobbia letrado apoderado de la parte actora, vencida en la instancia, en la suma de cincuenta y seis mil pesos ($56.000)
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
El Dr. Jorge O. Alonso no firma la presente por no existir disidencias a dirimir. - FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201014S.241 Tomo: C Sentencia: 3054 Folio Nº: 088/091 Secretaria: 1
Fin de la sentencia