Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 43.908-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las Resoluciones Nros. 86/2015, 87/2015, 259/2015, 260/2015 y 257/2015, con costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 258/2015, con costas.
3Regular los honorarios del Dr. Néstor A. González, en su carácter de apoderado de la señora María Mercedes Andreu Aubone, del señor Eduardo Alberto Andreu y de la señora María Laura Aubone, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
A) por su actuación en el Expediente N° 43.908-I:
I) por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal cumplida, en la suma de $67.138, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Ii) por la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal cumplida, en la suma de $153.334 equivalente a 17,04 UMA, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423.
B) por su actuación en el Expediente N° 43.915-I:
I) por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal cumplida, en la suma de $5.939, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Ii) por la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal cumplida, en la suma de $15.192 equivalente a 1,69 UMA, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-53991494-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Mayo de 2022 43.915-I, de igual carátula, Nros. 44.230-I y 44.231-I Andreu, Eduardo Alberto s/ rec. de apelación y 44.233-I y 44.235-I Andreu Aubone, María Laura. Sentencia En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 43.908-I caratulado “Andreu Aubone, María Mercedes s/ recurso de apelación” y sus acumulados Nros. 43.915-I, de igual carátula, 44.230-I y 44.231-I, caratulados “Andreu, Eduardo Alberto s/ recurso de apelación” y 44.233-I y 44.235-I, caratulados “Andreu Aubone, María Laura s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La señora María Mercedes Andreu Aubone interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 87/2015 y 86/2015, dictadas el 26 de junio de 2015 por la Dirección Regional Neuquén de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinan de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales por el período fiscal 2006 y se le intima a pagar $1.307.386,33 y $27.178,41, respectivamente, más intereses resarcitorios. En dichos actos, también se hace reserva de juzgar la conducta infraccional una vez resuelta la causa penal “HSBC Bank S.A. y otros s/ infracción Ley 24.769” (conf. art. 20, ley 24.769).
Tal como surge de sus Considerandos, el ajuste es consecuencia de la aplicación de la presunción prevista en el art. 18 inc. f) de la ley 11.683 y de los arts. 16 y ss. de la ley 23.966 sobre los fondos de una cuenta bancaria en una entidad financiera de la Confederación Suiza, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2006 era de U$S 1.135.299,06.
En sus presentaciones ante este Tribunal, en primer lugar, pone en conocimiento que se iniciaron idénticos procesos determinativos a su hermana, María Laura Andreu Aubone y a su padre, Eduardo Alberto Andreu.
Dice que su padre al contestar la vista del ajuste en sede administrativa, reconoció ser el titular de la cuenta bancaria y manifestó que sus hijas figuraban en ella con la exclusiva finalidad de que a su fallecimiento pudieran disponer de los fondos allí depositados. Destaca que el 29 de abril de 2015, su padre exteriorizó voluntariamente la tenencia en moneda extranjera conforme lo posibilitaba la ley 26.860, por el saldo total de la cuenta afectando dicha suma a la adquisición de Certificados de Depósitos para Inversión (en adelante CEDIN) en dólares estadounidenses. De tal forma, entiende que le corresponden a su padre los beneficios que la norma establece y critica que, a pesar de ello, se hayan dictado las Resoluciones recurridas sobre el total de la cuenta.
Sostiene, por otro lado, que las Resoluciones Nros. 86/2015 y 87/2015 son nulas de nulidad absoluta por falta de motivación y, con relación al ajuste efectuado en el impuesto a las ganancias , no se tuvo en cuenta el saldo existente al 31 de diciembre de 2005 ya que de su comparación con el existente al 31 de diciembre de 2006 surge que no hubo incremento patrimonial alguno. Además, invoca su falta de capacidad económica para haber incrementado su patrimonio en más de U$S 1.000.000 en el período fiscal 2006, ya que desde el año 2004 no desarrolló actividad económica alguna -por ello es que se dio la baja en monotributo-, más allá de algunos contratos temporarios que tuvo como cocinera en una posada en la ciudad de Bariloche. Ofrece prueba y solicita que se deje sin efecto las Resoluciones, con costas.
II. Por su parte, el señor Eduardo Alberto Andreu interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 257/2015 y 258/2015, dictadas el 2 de julio de 2015 por la Dirección Regional Mendoza, en la que se determinan de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales por el período fiscal 2006 y se lo intima a pagar $1.307.386,33 y $25.731,55, respectivamente, más intereses resarcitorios. Allí también se hace reserva de juzgar la conducta infraccional una vez resuelta la causa penal “HSBC Bank S.A. y otros s/ infracción Ley 24.769” (conf. art. 20, ley 24.769).
De sus Considerandos se desprende que el ajuste tiene el mismo origen que el practicado a su hija María Mercedes Andreu Aubone.
En el art. 4° de dichos actos se expresa que para el caso que el señor Andreu acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 26.860 y normas complementarias, se resuelve suspender la intimación de pago de $1.307.386,33 y $25.731,55 más intereses, en razón de la exteriorización de U$S 395.000 invertidos en CEDIN, hasta tanto exista un pronunciamiento judicial en la causa penal antes citada que no sea contrario a los términos del art. 15, inc. d) de la ley 26.860. Y, es por este motivo, que se adjuntan a las Resoluciones dos planillas de liquidación de los impuestos determinados por el periodo fiscal 2006, de acuerdo a que se tenga por válida o no a la exteriorización efectuada (v. 316/317 y 785/786). En sus presentaciones ante este Tribunal el señor Andreu manifiesta que el 10 de marzo de 2015, al contestar la vista del ajuste en sede administrativa declaró que los fondos depositados en la cuenta detectada en la Confederación Suiza eran de su exclusiva propiedad y que registró en la misma a sus hijas para que en caso de su fallecimiento pudieran disponer de los fondos. Asimismo, afirma que no existió durante el periodo fiscal 2006 incremento patrimonial de la cuenta, y critica que se haya omitido considerar el saldo al 31 de diciembre de 2005 sin fundamento alguno.
Dice que el 29 de abril de 2015 informó al Fisco Nacional la exteriorización de la tenencia de la moneda extranjera, ley 26.860, por el monto del saldo total de la cuenta y entiende que a raíz de la conformidad prestada a las impugnaciones y cargos formulados al contestar la vista era innecesario continuar con el procedimiento tal como se llevó a cabo. En tal sentido, afirma que el reconocimiento de la titularidad de la cuenta permite atribuirle la propiedad de la misma sólo a él por lo que resulta improcedente la pretensión fiscal de triplicar las determinaciones de los tributos incluyendo a sus hijas.
Por lo demás, sostiene que el Fisco Nacional no tuvo en cuenta su capacidad económica para generar renta en el período fiscal 2006, ya que desde marzo de ese mismo año es jubilado y no desarrolló actividades económicas, tampoco tiene propiedades porque se las donó a sus hijos y que el saldo de la cuenta es el fruto de una vida de trabajo y no el resultado del primer año en el que se jubiló.
Con respecto a la suspensión de la intimación de pago en base a lo que se resuelva en la causa penal, dice que no surge de las actuaciones que haya sido imputado por el delito de lavado de dinero conforme lo establece el art. 15, inc. d) de la ley 26.860 y que tampoco figura en dicha norma como causal de exclusión de los beneficios el “riesgo latente” de que pueda serlo. Finalmente, cuestiona que se considere que la exteriorización fue parcial al comparar el saldo detectado de U$S 1.135.299 con la suma regularizada de U$S 395.000 sin tener en cuenta la disímil equivalencia en la relación pesos/dólares que existía entre el 31 de diciembre de 2006 (U$S 1 = $ 3,022) y la fecha de exteriorización (U$S 1 = $ 8,686), por lo cual el cálculo correcto en los términos del art. 12 de la ley 26.860 debió haber sido: U$S 1.135.299 * $3,022 = $3.430.874 menos U$S 395.000 * $8,868 = 3.430.970 lo que demuestra que la exteriorización fue total.
Ofrece prueba y solicita se revoquen las Resoluciones, con costas.
III. Por último, la señora María Laura Andreu Aubone interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 259/2015 y 260/2015 dictadas el 2 de julio de 2015 por la Dirección Regional Neuquén de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinan de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales por el período fiscal 2006 y se le intima a pagar $1.187.305,75 y $25.378,88 respectivamente, más intereses resarcitorios. Asimismo, se hace reserva de juzgar la conducta infraccional una vez resuelta la causa penal “HSBC Bank S.A. y otros s/ infracción Ley 24.769” (conf. art. 20, ley 24.769).
En dichos actos, el ajuste tiene el mismo origen que el practicado sobre su hermana y su padre, aunque, en este caso, es consecuencia de la aplicación de la presunción general prevista en el primer párrafo del art. 18 de la ley 11.683 y de los arts. 16 y ss. de la ley 23.966.
La señora María Laura Andreu Aubone se agravia de que no se haya tenido en cuenta que su padre, al momento de contestar la vista del ajuste en sede administrativa, reconoció la propiedad de la cuenta bancaria y que exteriorizó la moneda extranjera el 29 de abril de 2015 conforme lo prevé la ley 26.860. En base a ello, entiende que el Fisco Nacional contaba con elementos para atribuir la totalidad de la cuenta a su padre y que su proceder resultó contrario al procedimiento establecido en el art. 17 in fine de la ley 11.683.
Reitera los agravios en cuanto a la nulidad y arbitrariedad de las Resoluciones expuestos por su hermana y su padre e invoca también su falta de capacidad económica para incrementar su patrimonio en más de U$S 1.000.000 en el período fiscal 2006, teniendo en cuenta que en ese momento tenía 26 años y solamente estudiaba. Expresa que desde 2003 al 2006 su actividad fue exclusivamente estudiar y que vivía con sus padres. Asimismo, señala que las propiedades que posee son las que le donaran y comparte con sus cuatro hermanos, todo lo cual demuestra su incapacidad económica para generar los fondos de la cuenta bancaria, de la cual, reitera, es totalmente ajena.
Se agravia también de que a pesar de todo lo relatado se le hayan determinado los impuestos por el 100% del saldo de la cuenta.
En cuanto a que la omisión de presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias y declarar allí el saldo de la cuenta representaría renta omitida en el tributo por aplicación del primer párrafo del art. 18 de la ley 11.683, califica la afirmación de meramente dogmática y agrega que en las Resoluciones no se describen hechos, circunstancias o indicios que permitan inferir que haya podido generar semejante renta, ni la supuesta cotitularidad es un índice suficiente para atribuirle una cuenta millonaria a una joven estudiante de comunicación social que no trabajaba.
Por otra parte, critica que el Fisco Nacional sostenga que no corresponde deducir el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2005 porque las pruebas aportadas no permiten establecer inequívocamente que la composición e importe de dicho saldo se mantuvo durante el período fiscal 2006 ya que las planillas utilizadas por el propio Organismo para efectuar los ajustes prueban lo contrario y acreditan la evolución de las inversiones. Por lo demás, sostiene que no puede presumirse de la falta de prueba sobre los registros diarios de la cuenta que el incremento patrimonial se produjo íntegramente en el período 2006. Ofrece prueba y solicita que se dejen sin efectos la Resoluciones, con costas.
IV. El Fisco Nacional contesta los recursos a fs. 134/146, 269/275, 434/446, 570/585, 728/740, 861/876 y solicita que se confirmen los actos, también con costas.
Para ello, solicita se rechacen los planteos de nulidad, con costas, porque los actos han sido dictados con la correcta motivación, así como tampoco se han transgredido las reglas de verificación y fiscalización.
Con respecto a la exteriorización efectuada por el Señor Andreu manifiesta que debe supeditarse la aplicación de los beneficios de la ley 26.860 a lo que resulte de la causa penal en atención a que no se tiene certeza de que el contribuyente no se encuentre comprendido en lo dispuesto por el inc. d) del art. 15 de la ley. En relación a que las determinaciones de oficio se hicieron sobre el total de la cuenta a cada uno de los recurrentes a pesar del reconocimiento expreso de la titularidad efectuado por el señor Andreu, remarca que la información sobre la cual se basaron los ajustes no especificaba el grado de participación de cada uno, ni tampoco surge de allí quién aportó los fondos o realizó las operaciones. Así, estando en trámite la causa penal, a fin de resguardar debidamente el crédito fiscal se consideró procedente determinar de oficio el total de la materia imponible a todos los partícipes.
Por último, sobre el cuestionamiento de la inexistencia de incremento patrimonial no justificado en el período fiscal 2006 remite a lo expresado en las Resoluciones, respecto de que no se ha arrimado ningún elemento de prueba que permita aseverar que los fondos que se encontraban al inicio del período estaban contenidos en el saldo de cierre. Es decir, no corresponde deducir el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2005 porque las pruebas no permiten establecer inequívocamente que la composición e importe de dicho saldo se mantuvo durante todo el periodo fiscal 2006.
V. A fs. 746 consta la sentencia de la Sala B por la cual se acumulan los Expedientes Nros. 44.230-I, 44.233-I y 44.235-I al N°43.915-I y a fs. 881 el Tribunal en Pleno resolvió la acumulación de los Expedientes Nros. 43.915-I y 44.231-I al N°43.908-I.
VI. A fs. 1041 en los términos del art. 177 de la ley 11.683, se dispuso librar oficio al Juzgado Penal Económico N° 11 a fin de que informe a este Tribunal si los recurrentes se encontraban imputados en la causa “HSBC Bank S.A. y otros s/ infracción Ley 24.769”, que fue contestado por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 a cargo de la instrucción de la causa en ese momento a fs. 1053. Se informa allí que los recurrentes no figuran entre las personas que fueron llamadas a prestar declaración indagatoria ni estaban imputados por delito alguno en el marco de la causa. Corrido el pertinente traslado sobre dicha información al Fisco Nacional, manifiesta, a fs. 1053, que entonces no existiría objeción alguna para la eventual aplicación de los beneficios de la ley 26.860 con relación a la causal subjetiva prevista en el inc. d) del art. 15 de la ley. No obstante, hace notar que la exteriorización fue parcial.
A fs. 1073 se abre la causa a prueba y se ordena la producción de la prueba informativa dirigida a la ANSES obrando sus resultados a fs. 1086/1095. También, a fs. 1100, se libra un nuevo oficio a la AFIP, el que no fue contestado. Mediante la PV-2021-120800124-APN-VOCXI#TFN se clausuró el período probatorio y se elevó el Expediente a consideración de la Sala. En el RE-2022-27213748-APN-SGAI#TFN se encuentra agregado el alegato del Fisco Nacional, no haciendo uso de su derecho la recurrente. Mediante el IF-2022-47338814-APN-VOCXI#TFN se ponen los autos a sentencia.
VII. Que tal como han quedado planteadas las cuestiones en el Expediente, en primer lugar, corresponde expedirse con relación al reconocimiento de la cuenta de la Confederación Suiza, invocado por el señor Eduardo Alberto Andreu ya que de ello dependerá la procedencia de las determinaciones de oficio efectuadas a sus hijas, las señoras María Mercedes Andreu Aubone y María Laura Andreu Aubone.
Surge de las copias agregadas a fs. 370/374 que el 10 de marzo de 2015 al momento de contestar la vista de los ajustes en sede administrativa, el señor Andreu reconoció ser el único propietario de la cuenta referida y aclaró que todas las comunicaciones bancarias emitidas por la entidad financiera fueron exclusivamente recibidas por él y que sus hijas nunca operaron la cuenta, ni realizaron depósitos o retiros.
Con respecto al impuesto a las ganancias, en dicha oportunidad sostuvo que no existió incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 ya que el saldo de la cuenta a diciembre de 2005 era de U$S 1.253.954,69 y en diciembre de 2006 de U$S 1.135.299. Así se desprende de las planillas agregadas utilizadas por el juez administrativo al calcular la pretensión fiscal notificada a los tres recurrentes -v. fs. 1 y 2 de los act. adm. correspondientes al procedimiento seguido contra María Mercedes Andreu Aubone-.
Luego, el 29 de abril de 2015, informó al Fisco Nacional la exteriorización de la tenencia de la moneda extranjera conforme la ley 26.860 presentada el 27 de marzo de 2015 y señaló que el monto exteriorizado de U$S 395.000 surgió de convertir el ajuste efectuado por el Fisco Nacional al valor de cotización de la moneda extrajera vigente a dicha fecha, es decir, U$S1 = $8.686. Acompañó, entre otra documentación, los CEDINES adquiridos bajo el aludido régimen.
Declaró allí también que no estaba comprendido en ninguna de las causales de exclusión según el art. 15 de la ley 26.860, y considero cumplidas las obligaciones fiscales con relación del impuesto sobre los bienes personales correspondientes a los ejercicios fiscales 2006 y 2014, según lo establece la normativa. (v. fs 375/382)
Por su parte, sobre la exteriorización efectuada el Fisco Nacional expresó en las Resoluciones que en virtud del “…riesgo latente que bien describe el Señor Fiscal en su dictamen, relacionado con la posible existencia, entre otros delitos que se le achacan a los sujetos denunciados en la mencionada causa penal (“HSBC Bank S.A. y otros s/ infracción Ley 24.769”) en la que se encuentra imputada la contribuyente objeto del presente procedimiento determinativo de oficio, de aquel conocido como “Lavado de Activos Financieros de Origen Ilícito” y “…debido a que el Sr. Eduardo Alberto ANDREU por ser titular de la cuenta bancaria en Suiza, se encuentra entre los sujetos denunciados en la referida causa judicial”. Consideró, entonces, que no correspondía expedirse sobre los beneficios otorgados por la ley 26.860 y optó por dejar en suspenso su aplicación. Como ya se dijera, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 a cargo de la causa en ese momento, informó que los recurrentes no figuraban entre las personas que fueron llamadas a prestar declaración indagatoria, ni se encontraban imputadas por delito alguno en el marco de dicha causa. De ello, se le corrió traslado al Fisco Nacional, que a fs. 1065, en base a esa información, manifestó que entonces no existiría objeción alguna para la eventual aplicación de los beneficios de la ley 26.860 con relación a la causal subjetiva prevista en el inc. d) del art. 15 de la ley. De expuesto se concluye que, más allá de si los montos exteriorizados por el señor Andreu alcanzan para cancelar la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones apeladas -hecho también controvertido que se analizará en los apartados siguientes-, lo cierto es que éste reconoció ya en la instancia administrativa la propiedad de la cuenta y de los fondos encontrados. Frente a la exteriorización presentada por dicho contribuyente, la única razón que invocó el Fisco Nacional para postergar su reconocimiento fue la causa penal en la que ni el señor Andreu, ni sus hijas estuvieron ni procesados, ni tampoco imputados, extremo que tampoco se encuentra en discusión; por el contrario, es la representación fiscal la que admite que al señor Andreu no se le aplica la causal de exclusión del art. 15 de la ley 26.860, y solo objeta el alcance de la regularización llevado a cabo bajo el régimen.
Es por dicho motivo que corresponde tener por reconocida la cuenta por el señor Andreu y revocar las Resoluciones Nros. 87/2015 y 86/2015 y 259/2015 y 260/2015 dictadas contra las señoras María Laura y María Mercedes Andreu Aubone, respectivamente, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta irrelevante expedirse sobre los restantes agravios planteados por las recurrentes en sus presentaciones.
VIII. Corresponde entonces expedirse sobre la exteriorización de moneda extranjera efectuada por el Señor Andreu. En primer lugar, corresponde señalar que las planillas utilizadas por el juez administrativo al cuantificar el ajuste en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2006 arrojan que el saldo de la cuenta bancaria del señor Andreu al 12/2005 era de U$S 1.253.954, mientras que al 12/2006 era de U$S1.135.299 de lo que se sigue que no hubo incremento patrimonial no justificado en el ejercicio fiscal cerrado al 12/2006, según el art. 18 inc. f) de la ley 11.683.
En tales condiciones, corresponde revocar la Resolución N° 257/2015 íntegramente, con costas.
Ahora bien, en relación a la Resolución N° 258/2015 en la cual se determina de oficio su obligación en el impuesto sobre los bienes personales del mismo período, el Fisco Nacional partió del saldo de U$S1.135.299 al 31 de diciembre de 2006, que no fue controvertido por el recurrente.
En el caso, el señor Andreu exteriorizó la suma de U$S 395.000 -hecho que tampoco se encuentra controvertido- y entiende que al cotizar los dólares al tipo de cambio vigente a la fecha de la regularización (27/3/15), esto es U$S 1 = $ 8.686, la suma de dólares exteriorizados alcanza para satisfacer la pretensión fiscal. En cambio, el Fisco Nacional entiende que la moneda extranjera exteriorizada debe cotizarse al valor del dólar a la fecha del cierre del ejercicio 31/12/06 y que el reconocimiento de los beneficios previstos por la ley 26.860 debe ser por dicha suma.
Cabe recordar aquí que la ley 26.860 estableció en su Título II un régimen de exteriorización voluntaria de moneda extrajera hasta el momento oculta -en el país o en el exterior-, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados a esos fines en el Título I -CEDINES-, con el objetivo de lograr la introducción de los fondos en al circuito económico formal. Entonces, no se previó en dicha norma un régimen de regularización de obligaciones fiscales adeudadas sino de exteriorización o blanqueo voluntario de dinero hasta ese momento oculto del Fisco Nacional y, por ende, sustraído de la obligación de tributar. Para ello, la ley dispuso beneficios, entre ellos y en lo que aquí interesa, el del art. 9, inc. 3) que otorgó a los contribuyentes que efectuaran la exteriorización la eximición del pago del impuesto sobre los bienes personales sobre las tenencias y bienes que integran el hecho imponible de este gravamen que hubieran omitido declarar por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. En el caso, las tenencias exteriorizadas por U$S395.000 equivalen a una parte del saldo de la cuenta en pesos detectado y por la cual, entonces, resulta aplicable dicho beneficio.
Así, debe concluirse que el señor Andreu no regularizó el total del saldo detectado y no declarado, sino que partió de un razonamiento inverso en el sentido que calculó los dólares que precisaba para cancelar la pretensión fiscal y los convirtió a pesos al valor del dólar a la fecha de la exteriorización. Este proceder, por la diferencia del tipo de cambio entre uno y otro momento, implicó hacer uso de un beneficio que no tiene expreso sustento legal, pues ni en la ley 26.860 ni en ninguna de sus reglamentaciones existe una disposición que así lo establezca. Queda decir que los beneficios en materia tributaria no pueden inferirse, sino que precisamente por tratarse de beneficios deben surgir en forma expresa de la ley, único instrumento que conforme al principio de legalidad que con especial énfasis y por mandato constitucional rige en esta materia. Este es el criterio que desde hace tiempo y en forma reiterada tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decir que en materia de exenciones “…ellas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan, y que fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas (Fallos 277:373; 279:226; 283:61; 284:341; 286:340; 289:508; 292:129; 302:1599), que debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que informan (Fallos 285:322, entre otros), ya que la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador” (Fallos 302:973, entre muchos otros).
Como ya se dijo, contrariamente a lo que sostiene el señor Andreu, no surge del art. 12 de la ley que invoca la conversión que hizo de la moneda extranjera a la nacional. Dicha norma solamente disponía que “…deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización”.
En un sentido similar al que aquí se propicia se pronunció la Cámara al fallar en “Weledniger”, sentencia del 28 de julio de 2020, en la que al interpretar el art. 12 de la ley 26.860 sostuvo, por mayoría, que “…la base del ajuste y el importe correspondiente a la cantidad de moneda extranjera exteriorizada y materia de la exención establecida en aquella deben ser calculadas de acuerdo con un tipo de cambio homogéneo e uniforme” y, en consecuencia, concluyó que la equivalencia efectuada por el contribuyente era inferior a la pretensión fiscal.
Por consiguiente, corresponde confirmar la Resolución N° 258/2015 por la suma que surge de la liquidación practicada por el Fisco Nacional a fs. 786 y confirmar la pretensión fiscal de $8.952,68, con costas.
Por todo lo expuesto corresponde:
1. Revocar las Resoluciones Nros. 86/2015, 87/2015, 259/2015, 260/2015 y 257/2015, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 258/2015, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Revocar las Resoluciones Nros. 86/2015, 87/2015, 259/2015, 260/2015 y 257/2015, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 258/2015, con costas.
3. Regular los honorarios del Dr. Néstor A. González, en su carácter de apoderado de la señora María Mercedes Andreu Aubone, del señor Eduardo Alberto Andreu y de la señora María Laura Aubone, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
a) por su actuación en el Expediente N° 43.908-I:
i) por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal cumplida, en la suma de $67.138, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
ii) por la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal cumplida, en la suma de $153.334 equivalente a 17,04 UMA, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423.
b) por su actuación en el Expediente N° 43.915-I:
i) por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal cumplida, en la suma de $5.939, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
ii) por la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal cumplida, en la suma de $15.192 equivalente a 1,69 UMA, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423.
c) por su actuación en el Expediente N° 44.230-I:
i) por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal cumplida, en la suma de $67.291 de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
ii) por la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal cumplida, en la suma de $153.471 equivalente a 17,05 UMA, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423.
d) por su actuación en el Expediente N° 44.233-I:
i) por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal cumplida, en la suma de $1.307, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
ii) por la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal cumplida, en la suma de $3.860 equivalente a 0,43 UMA, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423.
e) por su actuación en el Expediente N° 44.235 -I:
i) por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal cumplida, en la suma de $61.134, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
ii) por la actividad desarrollada en la segunda etapa procesal cumplida, en la suma de $144.556 equivalente a 16,06 UMA, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423.
4. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en el Expediente N° 44.231-I, los que quedan a cargo del señor Eduardo Alberto Andreu, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
a) por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal cumplida, en la suma de $461 por la representación procesal y $ 1.152 por el patrocinio letrado, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) por la actividad desarrollada en la últimas etapas procesales cumplidas, en la suma de $2.723 equivalente a 0,30 UMA para la representación procesal, y $ 6.807 equivalente a 0,76 UMA por el patrocinio letrado, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.05.30 16:03:03 -03:00 Date: 2022.05.30 16:53:02 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.30 17:33:27 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.30 17:33:28 -03:00
Fin de la sentencia