Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2013/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 318/337 vta. y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 299/313 en lo que se refiere a daño moral.-
2Componer positivamente la litis, condenando al demandado a abonar a la actora la suma de pesos veintidós mil ($ 22.000) en concepto de daño moral, conforme lo dispuesto en los considerandos.-
3Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2013/15-TSJ Interlocutorio N°: 725 Actor: ANES MARIA EUGENIA Y OTRO Demandada: VERA MARDONES JEREMÍAS SERGIO Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 16-12-2022 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 725 FOLIO Nº 4368/4383 PROT. ELECT. TSS1 026 S.221
Río Gallegos, 16 de diciembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “ANES MARIA EUGENIA Y OTRO c/ VERA MARDONES JEREMÍAS SERGIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº A-12.159/10 (A-2013/15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a estudio de este Excmo. Tri- bunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Alberto José Luciani (cfr. fs. 318/337 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 299/313. Esta última revocó la sentencia de Primera Instancia, declaró la nulidad parcial del pacto de cuota litis de foja 3 en lo que hace a los derechos del menor, y admitió parcialmente la demanda promovida por daños y perjuicios ocasionados a un niño en un accidente de tránsito, con intereses calculados conforme la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. foja 312 vta.).- La recurrente señala que la impugnación de la sentencia emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones se sustenta en el quebrantamiento de formas, violación de la ley y arbitrariedad. Sostiene que: “…la arbitrariedad y procedencia consecuente de la casación impetrada se configura al existir un déficit normativo por falta e insuficiencia de fundamentación normativa, que se vislumbra tanto en la fundamentación (normas de derecho que sirven de base al fallo) como en la motivación (apreciación crítica del material fáctico del pleito), sustentándose en pautas de excesiva latitud y/o amplitud en sustitución de normas positivas directamente aplicables.” (cfr. foja 319 y vta.).-
Afirma que: “La sentencia en crisis vulnera en primer término la debida fundamentación, el debido proceso, el derecho de defensa en juicio…y el derecho de propiedad. Además hay una clara arbitrariedad pues se viola la propia jurisprudencia de la Cámara Apelada en cuanto a los intereses, ya que la sentencia recurrida los determina a tasa pasiva cuando ese Tribunal ha cambiado esa jurisprudencia para aplicar la Tasa Activa, por lo cual es un apartamiento de sus propios precedentes, constituyendo por ende un fallo arbitrario y contrario a la seguridad jurídica. Además nos agraviamos de la declaración de nulidad del pacto de cuota Litis obrante en autos. Y también nos agraviamos de lo exiguo e irrisorio del monto indemnizatorio otorgado. Y nos agraviamos al mismo tiempo de que no hayan prosperado otros rubros reclamados que son claramente procedentes.” (cfr. fs. 321 vta./322).- La actora expresa que la sentencia en crisis: “…resulta arbitra- ria según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, configurán- dose un caso de sentencia arbitraria por fallas en su fundamentación (CSJN, Fallos 297:219 y 298:372), tanto por desconocer los términos en que quedara establecida la relación procesal entre las partes de autos, la integración de la litis como los agravios vertidos por la contraria.” (cfr. foja 322).-
Por otro lado alega que: “…se han quebrantado las formas esta- blecidas por el ritual para el dictado de la sentencia, ante la absurda valoración de las pruebas y la consecuente arbitrariedad del pronunciamiento, entendiendo la Defensa que se ha prescindido de los elementos probatorios, alterado su contenido o significa- ción, concluyendo en un fallo carente de contenido y de fundamentación solo (sic) aparente en orden a la arbitraria interpretación efectuada.” (cfr. foja 323).-
Citando como doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia a los autos caratulados: “De Oliveira, Mario Adolfo - Catrihual Modesto s/ Robo Calificado por el uso de armas”, Expte Nº D-354/01-TSJ, dice que: “…el pronunciamiento objeto de nuestro recurso, exhibe en su motivación vicios de gravedad por apreciación incorrecta o írrita de la prueba, omisión en el análisis de otras pruebas esenciales y relevantes e inteligencia irrazonable de las normas regulatorias. Tales vicios descalifican a la sentencia impugnada como acto jurisdiccional puesto que produce un quiebre de las formas y de las reglas de la sana crítica racional y de la lógica que atenta contra la coherencia sistemática que debe guardar todo juicio, viciando la motivación del decisorio, lo que acarrea su nulidad.” (cfr. foja 324).- Entiende que el criterio de la Excma. Cámara de Apelaciones quebranta la doctrina de este Alto Cuerpo sentada en los autos citados y que el fallo recurrido: “…exhibe en su motivación gravísimos vicios a partir de la apreciación írrita de la prueba, omisión de analizar prueba relevante e inteligencia irrazonable respecto al valor de la prueba testimonial […] hace un análisis superficial, fragmentado, y parcializado de la prueba obrante en autos…” (cfr. fs. 325 vta./327).-
Se agravia también: “…de la falta de admisión de rubros recla- mados y debidamente acreditados en la causa pero que han sido arbitrariamente re- chazados, pues solo (sic) ha progresado y de manera irrisoria el daño moral, por lo cual entendemos una clara y flagrante violación de la víctima menor de edad, considerada integralmente como persona humana, y a la consagración del concepto de ‘indemnización justa’ (entendida como ‘plena o integral’)…” (cfr. foja 327). En este sentido también manifiesta que: “…el haber solamente admitido el daño moral pero no el daño emergente ni la incapacidad sobreviniente es una clara muestra de lo arbitrario del fallo que se recurre y que debe ser enmendado por este Alto Tribunal.” (cfr. foja 327 vta.).- Respecto del pacto de cuota litis declarado nulo parcialmente por la Excma.
Cámara de Apelaciones, refiere que: “Para determinar si el pacto de honorarios concertado por el representante legal del menor con un abogado, y su pa- go, constituye un acto de administración o de disposición, nos basta demostrar que, conforme a la legislación vigente, es acto de administración, excluyendo así la posibi- lidad de que lo sea de disposición. Mediante este procedimiento empírico, resulta innecesaria la clasificación teórica, cuando de las normas positivas surge categórica- mente que determinado acto lo es de administración […] aunque el pago al profesio- nal de una suma de dinero disminuya evidentemente el capital del menor, tal conse- cuencia no es excepcional, sino común a todo pago efectuado por el administrador, ya que cuando el hijo posee un patrimonio…los padres disponen de su usufruc- to…aplicándolos naturalmente al cumplimiento de los propósitos que les impone la patria potestad.
Para ello deben necesariamente adquirir suministros…como también contratar servicios […] De allí que resulte equivocado, a nuestro entender, interpretar que la sola disminución del patrimonio del menor, como consecuencia de un acto, transforme al mismo en acto de disposición.” (cfr. fs. 331 vta./332 vta.).- Por último se agravia de la tasa de interés, afirmando que: “…constituye una injusticia y aun (sic) atentado al derecho de propiedad del menor de autos el establecer la tasa pasiva frente a un contexto de alta inflación y por lo tan- to de alta desvalorización del dinero, por el cual el transcurso del tiempo que requiere la conclusión de todo litigio conculca su derecho a la justa reparación, ya que el tiem- po termina licuando su crédito.- no (sic) en vano también, la Camara (sic) Nacional ci[v]il ha dictado un fallo plenario, para unificar la jurisprudencia en esa jurisdicción y establecer la tasa activa en el famoso caso ‘Samudio’…” (cfr. foja 337).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. fs. 344/345).-
El Sr. Defensor General ante este Alto Cuerpo contesta vista en representación del entonces niño, considerando que: “…debe hacerse lugar al Recurso de Casación interpuesto por el actor, en lo referente a los agravios consistentes en los rubros reclamados de incapacidad sobreviniente; daño moral; gastos médicos; daño psicológico y pérdida de chance todo ello por cuanto la sentencia atacada no logra adecuada fundamentación ajustada en derecho, en tanto debió resolverse conjugando los claros principios contenidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño así como en el ámbito local las leyes de protección integral de la infancia…Solicito asimismo en beneficio del niño…se haga lugar al agravio referido a la tasa activa, por cuanto tal como el recurrente lo expresa, la tasa pasiva resulta contradictorio (sic) a precedentes jurisprudenciales anrtes (sic) casos análogos y fundamentalmente con ello atentatorio del principio de igualdad ante la ley, máxime cuando en el evento estamos ante un caso en el que se encuentra en juego la indemnización a favor de un niño que por su carácter posee naturaleza alimentaria […] Por último y en lo referido al agravio por el pacto de cuota litis…el mismo no puede prosperar, toda vez que nos encontramos frente a un acto de disposición y no de mera administración como se pretende argumentar.
Una cuestión es el pacto de cuota litis y otra el pago de honorarios. El primero significa como su nombre lo indica una cuota parte del litigio o de la litis, es decir el letrado se hace partícipe y toma interés directo en el resultado; mientras que el segundo el pago de un servicio…” (cfr. fs. 363/364 vta).- Atento la posible existencia de conflicto de intereses entre quien fuera en ese entonces el niño representado y su representante, se designó Tutora ad-litem a la Defensora Pública de Niñas, Niños y Adolescentes, Dra. Claudia M. Tejedor, asumiendo el cargo a fs. 368/372, y manifiestó que: “…los Jueces de Cámara efectúan un análisis sobre los rubros reclamados, el cual…no se ajustan (sic) a las reglas de la sana crítica y, en consecuencia, arroja un monto ínfimo, deviene -tal como lo expresa sentada jurisprudencia- revisable por vía de absurdo, más aún cuando la Cámara no expresa ni da razón del método empleado para su cuantificación, incurriendo en una conclusión dogmática que no condice con el análisis de la prueba que dice haber efectuado…” (cfr. foja 370).
Seguidamente realiza una serie de consideraciones respecto de los rubros indemnizatorios reclamados, solicitando se revean los montos otorgados por considerarlos exiguos e insuficientes. Respecto del pacto de cuota litis celebrado por la progenitora de su pupilo “…sin intervención del Asesor de Menores y sin autorización judicial a mi criterio -sostiene- resulta nulo y por consiguiente dicho TSJ debe proceder a su rechazo, toda vez que si bien el progenitor, tutor o curador es quien en su representación debe intentar la acción legal pertinente, la condena que puede obtenerse en las presentes actuaciones es en favor de Santiago y por ello integra el patrimonio de éste; pudiendo dicha gestión vulnerar el derecho de propiedad de Santiago, quien verá disminuido el monto indemnizatorio.” (cfr. foja 372).
Aludiendo a la tasa de interés otorgada, indica que: “…corresponde que se haga lugar a lo solicitado por la parte actora y se disponga que los intereses deben calcularse con la Tasa Activa promedio mensual según lo utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones…” (cfr. foja 372 vta.). Y concluye solicitando que se “…haga lugar de manera parcial al recurso interpuesto por la actora, debiendo evaluar los montos indemnizatorios fijados y los rubros reclamados, disponiendo la aplicación de la tasa de interés activa; confirmando la nulidad parcial decretada en el pacto de cuota litis en lo que hace a los derechos del menor.” (cfr. foja cit.).- A foja 374 y vta., este Tribunal Superior de Justicia declara bien concedido el recurso de casación y, en consecuencia, ordena poner los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de ellas hiciera uso de ese derecho (cfr. foja 379).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina: “Otro de los agravios esgrimidos por la actora tiene que ver, con el exiguo monto de los rubros reclamados, lo que hace que la sentencia deba revisarse, mas (sic) aún cuando no se sabe como (sic) la Cámara llego (sic) a la cuantificación de los mismos teniendo esto relación directa con el análisis que haya hecho de la prueba obrante en autos, y en este punto adelanto que coincido con los fundamentos del recurso por lo que este agravio debe prosperar […] Comparto con la quejosa, que resulta exiguo e irrisorio el monto de $ 3000, que fijo (sic) la Cámara en concepto de incapacidad sobreviniente, teniendo en consideración que se debe indemnizar una incapacidad temporal del 45% pues la fijación de dicho monto como bien dice la jurisprudencia queda librado al arbitrio judicial…y a criterio del suscripto deben evaluarse las cuantificaciones efectuados (sic) por la Cámara, mas (sic) teniendo en cuenta que estamos frente a un menor de edad, lo que no permite saber cuales (sic) son las secuelas y los perjuicios que sufrirá en el futuro, por lo que se solicita se otorgue el monto reclamado por la progenitora del menor […] El daño psíquico tiene en común con el daño moral la circunstancia de que ambos se configuran en la psique.
Por ello entiendo que deben considerarse las sumas determinadas en cuanto al rubro de daño moral […] Por gastos médicos la Cámara fija el monto en $1000 pesos (sic), lo cual a criterio del suscripto es irrisorio porque por mas (sic) que haya sido atendido en un hospital público y toda la gratuidad que se le quiera imprimir a la cuestión sabemos, que siempre y mas (sic) en un menor estas situaciones requieren de dinero, como los gastos de farmacia, placas, vendas, por lo que se debe condenar a los demandados por el monto que la actora y madre del niño reclama…Respecto a la pérdida de chance, la Cámara no le hace lugar a este rubro, porque el Magistrado entiende que de las pericias no surge que quedaron secuelas, lo cual esta (sic) muy discutido y además hay discrepancias en los informes de las pericias, por lo cual considero que debe reeverse (sic) tambien (sic) este punto y otorgarsele (sic) un monto justo en función de las probanzas de autos […] También la actora se agravia de la sentencia de Cámara en cuanto fija para el pago de las indemnizaciones la tasa pasiva promedio mensual (BCRA), como si estuviéramos en plena época de converti- bilidad y sin la inflación que envilece diariamente nuestro signo monetario.
En ese sentido compartimos el criterio de análisis propugnado por la actora y que se revoque el fallo en ese sentido…Por todo lo expuesto, esta Fiscalía considera que debe hacer- se lugar en forma parcial al recurso de casación interpuesto por la parte actora.” (cfr. fs. 380/385).- Se llaman autos para dictar sentencia a foja 390 y pasan los presentes a estudio (cfr. foja 391).-
II. En primer lugar, encontrándose vigente el Código Civil y Comercial de la Nación -Ley Nº 26.994-, es necesario determinar si el mismo resulta de aplicación a los presentes autos.-
A tal fin, debe recordarse que el artículo 7º de la citada norma establece: “Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contra- rio. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los con- tratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumi- dor en las relaciones de consumo”.-
En el particular caso de autos, el hecho señalado como genera- dor de responsabilidad ha acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. En este sentido puede afirmarse que: “…hay acuerdo en que los elementos constitutivos de la relación jurídica de la que nace la obligación de indemnizar se rigen por la ley vigente al momento del nacimiento de la obligación; el daño no es una consecuencia, sino un presupuesto de esa relación.” (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída: “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes - Segunda Parte”, 1ra. edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, pág. 228). Así como también: “Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso…” (cfr. aut. cit.: “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes”, 1ra. edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, pág. 100). Es decir que la aplicación del Código Civil y Comercial a la presente causa, de conformidad con el artículo 7º antes mencionado, resultaría en una aplicación retroactiva de la ley, supuesto prohibido por dicho artículo.- En igual sentido se ha expresado este Tribunal Superior de Jus- ticia: “En atención al texto trascripto se sigue que las leyes, en principio, sólo rigen para el futuro y que no tienen efecto retroactivo (conf. art. 7 CCyC) (conf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Título Preliminar y Libro Primero, Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián (Directores), Infojus, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, pág. 25/27).” (cfr. Sentencia Tomo XVIII, Reg. 601, Folio 3444/3452).-
III. Que, realizada la descripción de agravios expuestos por la parte actora, es menester precisar que ella hace mención al carril impugnativo establecido en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y arbitrariedad, por estar vinculada a un defecto de interpretación y apreciación legal con relación a hechos, pruebas y constancias de la causa por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, pruebas que se han omitido considerar en sus aspectos decisivos.-
Delineado el alcance impugnativo del recurso y, por una cuestión de orden metodológico, corresponde abordar su estudio desde el prisma del artículo 2º de la citada norma, ya que de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios planteados. En efecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas por la casacionista.-
IV. Adentrándonos en el tratamiento del agravio referido al quebrantamiento de la forma sentencial, es preciso recordar que dicha causal se debe demostrar y probar exhaustivamente, siendo insuficiente la sola alegación ya que es imprescindible un despliegue argumental que indique la ausencia de la estructura jurídica motivante y lógica que debe presidir todo pronunciamiento de esta naturaleza definitiva; o que se muestren omisiones de evaluaciones indispensables que revelen trascendentes vacíos de juzgamiento, no subsanables en el ejercicio jurisdiccional y se quebrante de tal modo el derecho de defensa (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Registro 425, Folio 2322/2327).-
En este caso, la recurrente considera que la sentencia atacada prescinde de las normas positivas aplicables al caso; sin embargo, no se observa -en el recurso en estudio- un despliegue argumental que sustente -aunque sea mínimamente- su embate.-
Es sabido que esta causal casatoria se configura cuando el fundamento legal de la sentencia no cuenta con el mínimo de razonabilidad que se exige a las fundamentaciones judiciales y causa una verdadera indefensión o impotencia de las partes de no poder revisar lo que es obvio, evidente, ostensible o absurdo (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de Casación. Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ra. edición, Ed. Advocatus, Córdoba, 2016, pág. 82).-
La justificación (externa) de una decisión judicial requiere no sólo de que el razonamiento judicial haya sido bien realizado sino especialmente que haya sido debidamente exteriorizado. Requiere de la necesidad de transcribir la totalidad del itinerario racional requerible para arribar a una conclusión determinada y que la premisa mayor (que es, en algún punto, la norma en la que se sustenta el razonamiento silogístico judicial) sea debidamente explicada y brinde razones suficientes que justifiquen dicha decisión, más allá de la certeza o no que puedan tener los fundamentos (cfr. aut. y ob. cit., pág. 78/79).-
En autos, surge evidente que la Excma. Cámara de Apelaciones no sólo ha hecho referencia de manera expresa a las disposiciones legales en que ha basado su sentencia, sino que además de citar doctrina y jurisprudencia, explica y brinda las razones por las que arribó a su decisorio, en virtud de lo cual no puede imputarse como infundado el fallo atacado, más allá de las consideraciones que se realizarán más adelante.-
No se puede predicar que el resolutorio en crisis no haya brindado los elementos necesarios para resolver la litis o que no se hayan expuesto los fundamentos esenciales al punto de impedir el conocimiento íntegro de su juridicidad por la vía extraordinaria provincial. Más allá de los defectos que pudiese poseer, la sentencia está suficientemente fundada, lo que permite calificarla como una unidad lógico jurídica, cuya parte dispositiva es una derivación de los presupuestos de hecho y derecho expuestos en los considerandos (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 664, Folio 3834/3842).-
En definitiva, no alcanzan a vislumbrarse carencias, vicios o anormalidades que permitan alcanzar los extremos pretendidos en el recurso impetrado; razón por la cual el planteo de quebrantamiento de forma adolece de autosuficiencia recursiva, tornándose de tal manera inaudible.-
V. Asimismo, la parte actora funda su impugnación en la causal prevista en el artículo 3° inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, alegando que la anterior instancia ha aplicado erróneamente el derecho vigente respecto de los hechos probados en la causa y ha extraído de los mismos conclusiones ilógicas y contrarias al contenido del mencionado plexo probatorio (cfr. foja 322 vta.).-
Cabe recordar que para la procedencia del recurso extraordinario provincial de casación por la causal alegada, la impugnación debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate de la recurrente se dirige a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2663, Folio 4034/4039), situación que no se vislumbra en los presentes.-
De la atenta lectura del recurso en estudio, surge que la principal embestida a la construcción lógica de la sentencia en crisis gira en torno a un cuestionamiento pertinaz por parte de la actora de la valoración de hechos y pruebas de la causa (violación de las reglas relativas a la apreciación de las pruebas, omisión de analizar prueba e inteligencia irrazonable respecto del valor de la prueba testimonial, conforme foja 325 vta.), materia, en principio, improcedente en esta instancia extraordinaria.-
La parte recurrente alega que la Excma. Cámara de Apela- ciones ha efectuado una arbitraria valoración de la prueba ya que -a su entender- habiéndose demostrado la culpabilidad del demandado Vera Mardones debieron prosperar no sólo los rubros reclamados en nombre de Santiago Anes, sino también los peticionados por la madre (cfr. foja 327).-
Así entonces, y establecido el material litigioso, encuentra este Alto Cuerpo que se está en definitiva ante un débil planteo no sólo de revalorización de la prueba sino de cuestiones de hecho, reservadas a los jueces de grado y revisables sólo en esta instancia si media quebrantamiento de las normas legales que regulan su producción, o que la apreciación se haya efectuado en forma absurda; acontecimiento procedimental que no ha sido argumentado adecuadamente ni demostrado, en tanto y en cuanto para el avance sistemático de los recursos planteados, es menester la cabal demostración de la valoración absurda de la prueba -dónde reside el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio-, que llevara a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifique su revisión por la última instancia provincial (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos II, Reg. 191, Folio 317/319 y IV, Reg. 427, Folio 714/715; ídem, Sentencia, Tomo VII, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).- Desde esta óptica, el remedio articulado no cumple con el requisito de adecuada fundamentación ni refuta todas y cada una de las razones desplegadas en la sentencia impugnada (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XI, Reg. 390, Folio 2111/2118 y XVI, Reg. 544, Folio 3070/3078; Interlocutorio, Tomos IV, Reg. 427, Folio 714/715 y V, Reg. 850, Folio 956/958). De tal suerte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Esta función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae -en todo o en parte- la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene, constituyendo las expresiones del recurrente una mera reiteración de los argumentos oportunamente expuestos y tratados en las instancias ordinarias, fundamentalmente porque sólo remite a la consideración de circunstancias de hecho que resultan manifiestamente ajenas al recurso de casación intentado, sin demostrar arbitrariedad o absurdo en su apreciación (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos I, Reg. 86, Folio 143/145 y Reg. 95, Folio 156/157; y II, Reg. 179, Folio 293/295).- No obstante que las consideraciones vertidas precedentemente sirven de suficiente y eficiente andamiaje jurídico para rechazar el agravio expuesto, determinadas coordenadas jurídicas deberán ser expuestas para un mayor entendimiento y fijación jurisprudencial de este Alto Cuerpo al posible “caso” particular.-
VI. La recurrente sostiene que el fallo en crisis exhibe en su motivación vicios de gravedad por apreciación incorrecta o írrita de la prueba, omisión en el análisis de otras pruebas esenciales y relevantes e inteligencia irrazonable de las normas regulatorias, solicitando que se aplique la doctrina legal sentada por este Tribunal en los autos “De Oliveira Mario Adolfo - Catrihual Modesto s/ Robo Calificado por el uso de armas”, Expte Nº D- 354/01-TSJ, la cual -a su entender-, ha sido quebrantada por la anterior instancia (cfr. fs. 324/326 vta.).-
Ante este planteo, se debe rememorar que este Tribunal Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que la Doctrina Legal es: “...‘…aquella que fluye en forma de mandato general abstracto, imperativo, de las normas vigentes y que en definitiva constituyen su ‘texto expreso’. Este se integra con el sentido literal de la norma con más la adición de su inteligencia, desentrañada racionalmente según las reglas de la ciencia jurídica. Es, en síntesis, la interpretación de la ley. El legislador ha querido comprender: sin duda ‘los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva’ y los principios generales del derecho, que en ausencia de un ‘texto expreso de la Ley’ deben ser aplicados para fundamentar las sentencias.
Pero todos los principios jurídicos del derecho positivo como los principios generales del derecho, constituyen norma vigente y positiva, cuyo sentido debe ser esclarecido por el intérprete para resolver los casos concretos...’...’ (confr. Tomo V, Sentencia, Reg. 160, Folio 806/816; ídem, Tomo XIII, Sentencia, Reg. 478, Folio 2592/2595)…” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 538, Folio 3030/3035).- “Entonces, para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue no sólo debe tratarse de casos idénticos, sino además la vinculación concreta entre el caso antecedente y el presente, ‘...no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación.
El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...’ (confr. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, ed. 1984, p. 250; TSJ Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 290, Folio 469/70; ídem, Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 424, Folio 705/708), esto es, ‘... ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer...’ (Confr. STJ Chubut, 28-5-90, ‘Delgado Uribe, Florentino c.
Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido’, Causa A-58), y en su caso, ‘...la demostración de su vinculación con el problema a resolver...’ (Confr. CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981-A 564).” (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- En definitiva, no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (cfr. SCBA, “Valdez Blanca Edith c/ I.P.S. s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal”, causa LP A 73133 S, del 08/11/2017).-
En el recurso en estudio, si bien la casacionista alega violación de la doctrina legal, al esgrimir los argumentos sobre los que edifica la estructura del agravio que invoca, omite toda relación de la doctrina citada con las constancias de autos. Es decir, a lo largo de su recurso, no desarrolla de qué manera ha sido transgredida por la anterior instancia esa doctrina y cómo la misma se relaciona con la supuesta decisión errónea de la sentencia en crisis, limitándose a transcribir fragmentos del fallo cuya aplicación pretende desvinculada de todo dato objetivo de la causa; razón por la cual el planteo, en dichos términos, resulta insuficiente.-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que el impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre antecedentes y el caso cuando los fallos citados constituyen mayormente referencias de apoyo en punto a criterios generales sobre la materia debatida y también que el planteo luce insuficiente cuando el recurrente omite explicar de qué manera concreta los precedentes que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la supuesta actuación indebida de la Cámara interviniente (cfr. SCBA, fallo cit.).-
No obstante ello y siendo los motivos expuestos razón suficiente para la improcedencia del agravio en estudio, es preciso destacar que las situaciones de hecho que rodean la presente causa son completamente diferentes a las acaecidas en los autos “De Oliveira, Mario Adolfo - Catrihual, Modesto s/ Robo Calificado por el uso de armas”, Expte Nº D-354/01-TSJ, donde, además, se inmiscuyen normas del Derecho Penal al tratarse de un hecho delictivo: robo en poblado y en banda.-
En estas situaciones deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (cfr. SCBA, “Blanco Osvaldo Jesús y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, causa LP A 75730 RSD-119-20 S, del 23/09/2020). Es en virtud de ello que el antecedente citado no es de aplicación a esta causa, por lo que el presente agravio debe ser rechazado.-
VII. La recurrente expresa reiteradamente que la valoración de la prueba efectuada por la Excma. Cámara de Apelaciones ha sido arbitraria. Aduce, además, que ha prescindido de los elementos probatorios en su pronunciamiento alterando su contenido y concluyendo en un fallo de fundamentación aparente en orden a la arbitraria interpretación efectuada (cfr. foja 323), pero en ningún momento hace alusión a los medios de prueba que han sido omitidos o apreciados en forma arbitraria y tampoco indica cuáles son los elementos probatorios cuyo contenido considera alterado.-
Por otro lado, se refiere a la falta de admisión de los rubros demandados (cfr. foja 327).-
Conforme se expuso precedentemente, las críticas sólo traducen diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Los motivos impugnativos están directamente referidos a un defecto de apreciación legal en relación a los hechos, pruebas y constancias de la causa por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, o error de subsunción; esto es, se ataca la actividad de juzgamiento del ad quem referenciándose cuestiones de hecho y prueba que resultan ajenas a esta instancia casatoria (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos II, Reg. 207, Folio 347/349 y VII, Reg. 991, Folio 1206/1208, entre otros).- Desde este cuadrante particular, el recurso en cuestión no cumple con el requisito de adecuada fundamentación, toda vez que la misma se desentiende de las razones esenciales dadas en el decisorio.-
Es que la simple enunciación de la existencia de arbitra-riedad en el fallo atacado no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria si no se demuestra que la operación intelectual desarrollada en la formación del resolutorio carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la consideración de los elementos de convicción (cfr. sum. SCBA, “Gutierrez Víctor José María c/ Scarpino Salvador y otro-a s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 123056 S, del 24/06/2020, y “Piacquadio Roberto Julián c/ Larripa Jorge Abel y otros s/ Escrituración”, causa LP C 120798 S, del 06/11/2019, entre otros).-
Así las cosas, se observa que para determinar la responsabilidad de cada parte en la producción del accidente, los sentenciantes analizaron los elementos de prueba obrante en autos con las circunstancias de hecho oportunamente planteadas. En particular, hicieron referencia a los elementos probatorios que surgen de la causa penal, analizando de manera integral la inspección ocular, los croquis, las fotografías del lugar, las actas labradas, la indagatoria y la resolución que determina la falta de mérito (cfr. fs. 305 vta./306, y fs. 308 y vta.).-
Por su parte, para hacer lugar a la indemnización por incapacidad sobreviniente se ponderó la historia clínica y las pericias médicas practicadas tanto en sede penal como en sede civil, refiriéndose a ellas de la siguiente manera: “Veamos las dos pericias referidas: en sede penal donde tiene importancia a los fines de la calificación del delito se aclaró por la Dra. Gil que el tiempo de curación y de inhabilitación era de 45 días. En estos autos la Dra. Gil asigna un porcentaje de incapacidad del 45 % y lo reitera al final de la pericia, pero sin asignarle el carácter de permanente, es decir que se trata de una incapacidad sólo temporal durante su curación, lo que se encuentra corroborado por las respuestas a los siguientes puntos de pericia donde se aclara que: ‘En el momento del examen, el niño no presenta alteraciones en la marcha ni en la movilidad de su miembro izquierdo.’ Y reitera: ‘No presenta ninguna secuela’…‘no presentó complicaciones’…‘no presenta cicatrices’.
De los elementos de juicio expuestos se desprende que se debe indemnizar solamente la incapacidad temporal del 45% durante el período de curación de 45 días; porcentaje de incapacidad que entiendo razonable, toda vez que con el yeso la capacidad de movilización (no podemos hablar de incapacidad laboral por la edad del menor) y limitación de su vida social propia de su edad, privándolo del goce de un cuerpo intacto...” (cfr. fs. 309 vta./310).- Con relación a este tipo de pericias se ha sostenido que: “…las reglas de la sana crítica indican que para el desplazamiento de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22-7-2008; 115.940, sent. del 30-VI-2015, RSD 83/2015; 118.339, sent. del 2-VII-2015, RSD 88/2015, entre muchas otras).
Por ello, no es de recibo el argumento del agraviado en cuanto que el a quo basó su decisorio en apreciaciones personales sin sustento técnico, toda vez que luce de la sentencia atacada que ésta se apoya en los dictámenes técnicos producidos.” (cfr. SCBA, “C. N. E. c/ Hospital H. Cestino de Ensenada y Otros s/ Daños y Perj. Deriv. Resp. por Ejerc. Prof. (sin Resp. Estado)”, causa CC0202 LP 126310 29/20 S, del 03/03/2020).- En el particular caso de autos y en relación a los aspectos en análisis en el presente punto, no se avizora ni se comprueba que la valoración de la prueba efectuada en forma integral y omnicomprensiva por la Alzada incurra en el alegado agravio de arbitrariedad.-
En el fallo en crisis no se advierten fisuras en orden al absurdo o a la arbitrariedad, desde el momento en que la Excma. Cámara de Apelaciones derivó y encuadró positivamente la normativa impuesta a un caso como el presente, sin apartarse de la correcta interpretación que debía esgrimirse para tal situación fáctica, no exteriorizando en la sentencia de marras un error grave y ostensible en la conceptualización, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar la prueba o los hechos; no se han soslayado o tergiversado las reglas de la sana crítica, no encontrándonos en consecuencia ante un resolutorio contradictorio o incoherente en el orden lógico formal, que ostente una falsa aprehensión fáctica y una insostenible discriminación axiológica (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489).- Por otra parte, y analizando la indemnización otorgada en concepto de gastos médicos, se adelanta que el agravio invocado tampoco puede recibir favorable acogida.-
Ello es así, toda vez que la Alzada ha entendido razonable otorgar por este rubro -sin comprobantes- la suma de pesos un mil ($ 1000), toda vez que el menor ha sido tratado en hospital público con convalecencia en su domicilio (cfr. foja 310 vta.), monto que resulta ajustado a derecho y a las constancias que surgen de autos.-
Debe recordarse que por este ítem, la accionante reclamaba el pago de la suma de pesos dos mil ($ 2000), sin indicar, en su presentación de inicio, cuáles fueron los erogaciones a las cuales debió hacer frente ni los montos de las mismas (cfr. foja 22 vta.); por lo tanto, no puede considerarse arbitrario el monto otorgado por la Alzada en atención al porcentaje de culpa de cada parte en la producción del accidente.-
Con relación a ello, se debe tener presente que la anterior instancia consideró justo y equitativo distribuir la culpa en la producción del accidente objeto de autos en un setenta y cinco por ciento (75 %) para el demandado y en un veinticinco por ciento (25 %) para la actora, fundada en la culpa materna (cfr. fs. 308 vta./309), porcentajes que no han sido materia de agravio.-
En numerosa jurisprudencia se ha considerado que probado el daño físico, se presume que el actor realizó erogaciones en gastos médicos para el tratamiento de las dolencias, siempre que revistan el carácter de prudentes, en tanto que las sumas mayores deben ser debidamente alegadas y acreditadas. Abonando este criterio se ha resuelto que: “…No resulta óbice que la víctima del siniestro haya sido tratada por profesionales y centros asistenciales públicos toda vez que los gastos efectuados no se limitan a esas atenciones puntuales, sino a los gastos producidos a partir de las dolencias padecidas. En este punto, un antiguo antecedente de la SCBA en aplicación de la ley antes vigente pero que resulta procedente, ha dicho que ‘aun cuando la víctima de un accidente de tránsito haya sido atendida en un establecimiento asistencial público debe incluirse en la indemnización una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventados (sic) por el paciente: el resarcimiento debe guardar concordancia con la lesión, sin que resulte indispensable que su importe se encuentre documentado’ (SCBA S. 18/12/1979 ‘Petruzzi de Rogero, Rosa M. c/ Martins Mogo, Carlos’). Ahora bien, de conformidad con los antecedentes referenciados, considero que -ante falta de prueba fehaciente- la indemnización por gastos médicos y de traslado ha de proceder en tanto revista el carácter de prudente, toda vez que las sumas mayores deben ser debidamente alegadas y acreditadas. En autos, la actora no evidencia las erogaciones realizadas ni los montos por los cuales debió hacer frente a esos gastos. Tampoco desarrolla en su presentación de inicio cuáles fueron, al menos aproximadamente, los emolumentos realizados ni en que (sic) concepto. Se limita a reclamar una suma fija sin fundamentación ni sustento probatorio alguno (fs. 14/30). Por ello insisto en la necesidad de una (sic) practicar una prudente cuantificación.” (cfr. SCBA, fallo cit).- En lo tocante a la pérdida de chance y daño psicológico, la casacionista tampoco logra poner de manifiesto la arbitrariedad invocada. Ello es así, toda vez que la sentencia recurrida rechaza las indemnizaciones demandadas respecto de estos rubros por considerar que no se encuentran probados los extremos para su procedencia, lo que no fue desvirtuado de manera idónea por la aquí recurrente.-
En suma, la parte actora no alegó ni demostró que el tribunal anterior haya dejado de lado pruebas relevantes o que la apreciación se haya efectuado en forma absurda, ni tampoco demostró que la operación intelectual desarrollada por la Excma. Cámara de Apelaciones carezca de bases aceptables, lo que también torna improcedente el presente agravio. Todas éstas son circunstancias fácticas que incumbía rebatir a la recurrente y que se encuentran ausentes en los elementos probatorios adjuntados a la causa.-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que: “En relación a las críticas orientadas hacia la apreciación y determinación de los respectivos capítulos resarcitorios (fs. 1.141/1.149 vta.), cabe de inicio remarcar que la estimación, tanto de la existencia (cfr. doctr. Ac. 53.173, sent. de 7-3-1995; Ac. 86.380, sent. de 4-8-2004; Ac. 91.793, sent. de 9-8-2006) como de la cuantía (cfr. doctr. C. 104.720, sent. de 14-9-2011; C. 115.630, sent. de 6-11-2012; C. 112.393, sent. de 2-5-2013) de los rubros indemnizatorios, constituyen típicas cuestiones de hecho que, por tanto, sólo pueden ser revisadas en esta instancia extraordinaria en el caso de que se alegue y demuestre acabadamente que las conclusiones de los sentenciantes son el producto de un razonamiento viciado por el absurdo (C. 117.573, sent. de 5-3-2014).” (cfr. “La Chara S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 118443 S, del 12/07/2017). El Máximo Tribunal Bonaerense también ha expresado que para revisar las cuestiones de hecho -como la presente- no basta con denunciar absurdo y exponer su propia versión de los hechos e interpretación de los mismos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que pueda ser la opinión del recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que este Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación y esto es así aún cuando este ultimo pueda aparecer como discutible, objetable o poco convincente (cfr. “Martínez Juan Arturo c/ Beron Florencio Higinio y otros s/ Daños y perjuicios”, causa LP Rc 112073 I, del 11/07/2017); y “Franco Oscar Rubén c/ Segovia, Armando s/ Daños y perjuicios”, causa LP Rc 116499 I, del 21/03/2012).- Más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica. La conclusión arribada por la Alzada, en relación al agravio en tratamiento, evidencia una derivación razonada del derecho vigente sin que se advierta una ruptura con las leyes del razonamiento (causal de arbitrariedad lato sensu), de conformidad con las circunstancias comprobadas de la causa.-
VIII. Ahora bien, distinta es la situación referida al daño moral. Abordando su tratamiento, se observa que la recurrente se agravia de lo exiguo e irrisorio del monto indemnizatorio otorgado por la anterior instancia (cfr. foja 330 y vta.).-
Con relación a dicho agravio, es oportuno recordar que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “?la revisión de la cuantificación de la indemnización del daño moral, en principio, queda fuera del ámbito del recurso de casación. No obstante, y puesto que pesa sobre todo juzgador la obligación de motivar lógica y legalmente sus decisiones, la casación por las causales formales será procedente en tanto se advierta que la cuantificación se presente notoriamente injustificada o arbitraria. Un criterio razonable y adecuado para la cuantificación del daño moral está dado por las reglas de la experiencia y por los criterios de consenso que se presenten a partir de la ponderación de indemnizaciones fijadas para casos similares, lo cual brindará además cierto grado de previsibilidad a la decisión.
Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano, lo cual no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente; de modo que, para cuantificar la reparación es preciso tener en cuenta la lesión a los sentimientos, afección y tranquilidad anímica que afectó a la actora?” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 466, Folio 2532/2538).- La Excma. Cámara de Apelaciones para concluir en la decisión de la procedencia y quantum del daño moral realizó una ponderación parcial de las consecuencias extrapatrimoniales del hecho dañoso, expresando: “?tenemos un menor que ha sufrido un accidente de tránsito injusto, que pudo tener peores consecuencias y que sólo le provocó un hematoma frontal y fractura diafisiaria (en zona de crecimiento del hueso) en fémur izquierdo, que implicó 45 días de yeso y probable rehabilitación, que no dejó secuelas ni alteración de la marcha ni en la movilidad ni cicatrices.
Ello implica una situación estresante para un niño el afrontar esas experiencias: la embestida de la que fue objeto, su internación hospitalaria, y las molestias posteriores que no dejaron mella en su psiquis… el daño moral se ha limitado a las incomodidades y molestias, angustias y dolor que debió soportar por el accidente, sin secuelas ni daño estético que entiendo justo indemnizar, en la proporción de culpa asignada al demandado en la suma de seis mil pesos a la fecha del accidente.” (cfr. fs. 310 y vta.).- Sin embargo, no tuvo en cuenta que quien fuera un niño, en ese entonces, fue derivado a otra localidad por falta de profesionales en la ciudad de residencia (cfr. fs. 153/155 y 160), que fue sometido a diferentes estudios médicos (cfr. fs. 160/161), que tuvo que soportar una operación quirúrgica (reducción del miembro afectado) con inducción anestésica general (cfr. fs. 158, 160, 162 y 199), que estuvo internado dos días, siendo asistido solamente por su abuela (cfr. foja 17 de los autos: “Vera Mardones Jeremías Sergio s/ lesiones en accidente de tránsito”, Expte.
Nº V-30.355/09) y que posteriormente fue dado de alta previa colocación de un yeso pelvicopedio (cfr. fs. 200/201) que lo dejó inmovilizado durante 45 días (cfr. fs. 9, 174, 199 de los presentes y foja 27 del expediente penal citado).- Nótese que estos padecimientos en quien fuera un niño de cinco (5) años que en ese momento era sano (cfr. foja 161) y activo (debido a que se encontraba jugando en la calle al momento del siniestro) fueron de tal magnitud que le cambiaron, en su totalidad, el ritmo de vida durante el tiempo que llevó su recuperación.-
En efecto, ha sostenido la recurrente que: “…no ha podido salir a jugar con sus amigos, hermanos, habiendo padecido en esa (sic) condiciones toda la época de vacaciones, no pudo ir a comprarse golosinas, el aburrimiento lo atormentaba, los días de calor tornaban intolerable la permanencia en ese estado, debía hacer sus necesidades (defecar y orinar) en una ‘pelela’, ya que no podía movilizarse al baño, las fiestas de fin de año, navidad, y año nuevo, pasó en cama, a los reyes los espero (sic) también paciente en su domicilio totalmente inmovilizado…” (cfr. foja 20).-
Es sabido que el daño moral importa una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. De las constancias de autos se infiere un menoscabo al cuerpo y a la salud, todo lo cual gravita disvaliosamente sobre el sujeto. Dicho reclamo no necesita de una prueba directa de su existencia y extensión ya que en ciertos supuestos su padecimiento se tiene por acreditado por el solo hecho de las lesiones. Está en el orden normal de las cosas que quien sufre una lesión en el cuerpo, necesariamente ha padecido dolores, angustias e incertidumbre, todo lo cual, hace procedente una indemnización sobre la base de una adecuada relación de causalidad y probabilidad entre los daños efectivamente sufridos y las consecuencias disvaliosas, no debiendo perderse de vista a tales fines, la entidad de las lesiones, los tratamientos sufridos y las secuelas (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 557, Folio 3151/3159).- En situaciones similares se ha resuelto que: “…No abrigo dudas en orden a considerar que a una niña de nueve años, haber sido víctima de un accidente de tránsito como el probado, sumado a las lesiones detectadas, sus curaciones y dolores consecuentes, no le resultaron indiferentes a su espíritu, y no puede considerarse como meras molestias que deben ser soportadas sin indemnización … Por el contrario, entiendo cumplida la carga de acreditación del daño moral invocado, porque el mismo es una consecuencia inmediata del impacto emocional que de un modo notorio le causa a una niña de esa edad un accidente por el cual transitó la vivencia de haber sido embestida por un vehículo, caer de la bicicleta al asfalto, sufrir politraumatismo y los dolores consecuentes, ser trasladada al Hospital, recibir medicación, ser inyectada, permanecer un día internada y recibir el alta, sin que por ello mengüen sus padecimientos de un modo instantáneo, como tampoco la angustia sufrida por el temor que de un modo patente le causó dicho siniestro…‘La procedencia del daño moral no está ligada necesariamente a la existencia de lesiones físicas, aunque éstas, cuando las hay, constituyen un fundamento mayor para concederlo" (CNCiv, Sala M, 16.02.94, Rep JA, 1995-429, n° 142)’ […] ‘La determinación de la cuantía del daño moral se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, no dependiendo de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales, pues no media interdependencia entre tales rubros en tanto cada uno tiene su propia configuración, y su procedencia no requiere más prueba que la del hecho principal habida cuenta que se trata de un daño ‘in re ipsa’’…” (cfr.
C.Civ. y Com. Santa Fe, sala I, “B. B. M. y T. N. C. por sí y en representación de su hija menor J. J. B. y E. A. B. c/ C. G. J. y/u otros s/ indemnización de daños y perjuicios”, del 05/07/2016, www.microjuris.com. Cita Online: MJ-JU-M-100115-AR/MJJ100115/MJJ100115).- Si bien la esencia del daño moral o extrapatrimonial se demuestra a través de la estimación objetiva que hará el juez de las presuntas modificaciones o alteraciones espirituales que afecten el equilibrio emocional de la víctima. La entidad o magnitud del daño moral resultará de la extensión e intensidad con que aquellas se manifiesten en los sentimientos de esta última. Por lo demás, si es cierto que el daño moral es una alteración emocional profundamente subjetiva e inescrutable, la apreciación por el juez debe ser necesariamente objetiva y abstracta, por lo cual debe tomarse en consideración cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se halló la víctima del acto lesivo (cfr.
SCBA, Sum., “A. M. I. y ot. c/ F. S. s/ Daños y Perjuicios”, causa CC0203 LP 112171 RSD-125-10 S, del 31/08/2010, “S. G. A. E. c/ G. de B. G. s/ Daños y Perjuicios”, causa CC0203 LP 103196 RSD-129-6 S, del 16/08/2006).- Las circunstancias descriptas, a la luz de los antecedentes citados, permiten concluir que las sumas fijadas por la Excma. Cámara de Apelaciones en concepto de daño moral resultan a todas luces exiguas con relación a los padecimientos sufridos y la situación personal del menor de autos.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “…corresponde admitir el agravio referente al daño moral, ya que la suma fijada por tal concepto no cubre mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del perjuicio causado en punto a lo que dispone el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues a pesar de reconocer el sufrimiento por las lesiones de la víctima el tribunal ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de reparación integral propio de la materia en examen (Fallos: 313:944).” (cfr. Fallos: 319:1085).-
Es así que teniendo en cuenta los padecimientos físicos que debió soportar Santiago Anes, los días de internación, los estudios e intervención a los que fue sometido, la alteración en el desarrollo de su vida normal durante el tiempo en que estuvo inmovilizado, las penurias ocasionadas por los tratamientos médicos impuestos para su recuperación, sumado al impacto emocional que le causa a una persona, en ese entonces un niño de cinco (5) años, el haber sido embestido por un vehículo y el porcentaje de culpa que se atribuyó a cada parte en la producción del accidente, resulta justo, razonable y de acuerdo a las circunstancias que emergen de la causa hacer lugar al agravio en tratamiento y conceder por el rubro daño moral la suma de pesos veintidós mil ($ 22.000).-
IX. La parte actora también sostiene que el decisorio de segunda instancia vulnera: “… el debido proceso, el derecho de defensa en juicio…y el derecho de propiedad…” (cfr. foja 321 vta.).-
Es decir, la recurrente sólo se ha limitado a enumerar los derechos constitucionales que considera violados sin explicar, mínimamente, de qué manera el fallo de la Alzada produjo esa violación.-
Esta ausencia de argumentos lejos está de constituir una crítica profunda, visceral, concreta y eficaz del fallo de Cámara, pues, como más de una vez ha dicho este Tribunal Superior de Justicia, si se les exige a los jueces que se esmeren para apontocar sus fallos también debe exigirse la debida fundamentación del recurso para sostener el embate (cfr. Sentencia, Tomos XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273, y XIX, Reg. 642, Folio 3705/3711, entre otros).-
Es que la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156; XXVII, Reg. 3200, Folio 5271/5274, y XXXI, Reg. 3571, Folio 6176/6178), por lo que el agravio, en base a estos argumentos, no puede ser atendible.-
X. Cabe referirse a la declaración de nulidad del pacto de cuota litis.-
Es necesario señalar que resulta aplicable al presente tópico el Código Civil derogado ya que como afirma la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci: “La nulidad de los actos jurídicos se rige por la ley vigente al momento de la apari- ción del vicio que invalida…” (cfr. aut. cit.: “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes - Segunda Parte”, 1ra. edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, pág. 87).-
La Excma. Cámara de Apelaciones afirma que: “…prima facie se advierte que se refiere a lo que le pudiera corresponder (sic) la Sra. María Eugenia Anes en su calidad de actora en su favor. Y del examen de la causa se desprende que la Sra. María Eugenia Anes reclama sólo como daños por ella afrontados o a afrontar la (sic) correspondiente a daños médicos y tratamiento psicológico, toda vez que los demás rubros corresponden a daños que se sostiene sufrió el menor. Por ello, en esa parte, el mencionado pacto es nulo por violación del art. 59 del Código Civil que exige la representación promiscua del Ministerio de Menores…Este pacto es nulo en todo lo que afecte los intereses del menor que se reclaman en juicio y podrá subsistir únicamente en los rubros que la Sra.
Anes reclama para sí…” (cfr. fs. 304 y vta.).- La recurrente entiende que el pacto de honorarios concertado por el representante legal de un niño con un abogado constituye un acto de adminis- tración y no de disposición. Así expresa: “Existe una objetable interpretación de la voluntad de las partes, ya que ni el poderdante ha entendido verosímilmente ceder parte de su crédito indemnizatorio, ni parte de los bienes muebles, inmuebles o dine- rarios que puedan conformar la indemnización; ni el profesional pretendido trans- formarse en acreedor personal de una cuota parte del derecho a la indemnización, y menos aún, en copropietario de los bienes que, como producto de un litigio exitoso, ingresarán al patrimonio de su cliente, trátese éste de un mayor o de un menor de edad.
Ahora bien, aunque el pago al profesional de una suma de dinero disminuya evidentemente el capital del menor, tal consecuencia no es excepcional, sino común a todo pago efectuado por el administrador… […] De todo ello resulta como conclusión, que tales pagos constituyen actos de administración, autorizados por la ley, por más que se traduzcan, necesariamente, en un desembolso de dinero que se sustrae del patrimonio del menor, menguándolo, por ser indudable que sin el pago de suministros y servicios de terceros, el ejercicio de la administración resultaría imposible…” (cfr. fs. 332/333 vta.).- Resulta importante recordar que las circunstancias esenciales están directamente referidas a la naturaleza del proceso y la presencia de la víctima de un accidente, que en ese entonces era un niño.
Estos acontecimientos merecen ser ponderados toda vez que la indemnización fijada está dirigida a reparar los daños que sufriera Santiago Gabriel Anes.-
El pacto de cuota litis -como bien observara el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones- no dio cumplimiento al artículo 59 del Código Civil, omitiéndose la representación dual y conjunta que estatuye la ley de fondo al momento de celebración del mismo. Falta de participación que es sancionada por la ley con la nulidad de lo concertado y, si bien puede ser confirmado con la partici- pación posterior del Defensor de Menores, la tutora ad litem manifiesta que: “…el pacto de cuota litis celebrado por la progenitora de mi pupilo sin intervención del Asesor de Menores y sin autorización judicial a mi criterio resulta nulo y por consiguiente dicho TSJ debe proceder a su rechazo…” (cfr. foja 372), por lo que no puede ser entendida su intervención posterior con carácter saneatorio.
Cabe señalar que el Defensor General ante este Tribunal Superior de Justicia se refiere al pacto en similares términos. Entonces, de acuerdo a lo establecido en los artículos 494 y 59 del Código Civil, hoy artículo 130 del CCyCN, se está en presencia de actos nulos por defectos sustanciales que hacen al derecho de defensa de una persona perjudicando sus intereses. Asimismo, nuestro ordenamiento ha reforzado la protección legal al incorporar a la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 75, inciso 22, privilegiándose el interés superior, según los artículos 3º y 41, inciso 1º, de la Convención. Afirma Bidart Campos al respecto que: “…‘…el interés superior del niño es el techo que guía a toda la normativa de la Convención…’, ya que con el calificativo ‘superior’ se ha ‘…querido poner de manifiesto que al niño le asiste un verdadero y auténtico poder para reclamar la satisfacción de sus necesidades esenciales, simboliza la idea de que ocupa un lugar importante en la familia y en la sociedad y que ese lugar debe ser respetado…cuando se defiende el interés del niño implica la protección y defensa de un interés privado, al mismo tiempo, el amparo de un interés social…’.
Alentándose la idea que (sic) ‘…frente a un conflicto de intereses se consideren de mayor jerarquía aquéllos que permiten la realización plena de los derechos del niño…’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo IX, Reg. 328, Folio 1780/1785). Por el pacto “…se altera[n] o modifica[n] sustancialmente los elementos que forman el capital (confr. Belluscio, Augusto César, “Manual del Derecho de Familia”, Tomo II, p. 292 y sgtes.)…” (cfr. Sentencia, Tomo X, Reg. 345, Folio 1867/1871), enajenándose una parte sustancial de la indemnización a que tiene derecho el niño. Es decir que implicó un acto de disposición -como se señalara- afectando los derechos del menor ya que, como acto complejo, debió requerirse además la autorización judicial (cfr. aut. y ob. cit.; arts. 297, 413 y cctes. del Código Civil; Highton, Elena I.: “El Pacto de Cuota Litis y los Incapaces”, La Ley, 1979, Tomo C, págs. 1123/1128).- Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ex- presado que “…no cabe hacer lugar al pedido de homologación del pacto de cuota li- tis que obra a fs. 23/23 vta., en virtud de que dicho convenio hubiera requerido para su validez la intervención del ministerio pupilar en virtud de lo dispuesto por el art. 59 del Código Civil.
A ello cabe agregar que la celebración del contrato de que se tra- ta importa un acto de disposición que no le está permitido a quien administra los bie- nes de sus hijos…” (cfr. Fallos 327:3973).-
Este Tribunal Superior de Justicia se ha expedido al respecto, afirmando que la omisión de la representación dual y conjunta es sancionada por la ley con la nulidad de lo concertado, como así también que el pacto de cuota litis implica un acto de disposición que afecta los derechos del menor (cfr. fallo cit.).-
Todas estas circunstancias legales de autos deben ser anali- zadas en su conjunto, y conllevan la confirmación de la nulidad del pacto de cuota li- tis, siendo relevante su declaración no sólo por la falta de intervención oportuna del Ministerio Pupilar, y por la falta de autorización judicial, sino porque esencialmente se ha obligado a disponer de los derechos de carácter alimentario de quien fuera menor en oportunidad del hecho dañoso en contradicción con lo establecido en los artículos 3º, 12 inciso 2), 26 inciso 1), 41 inciso 1) de la Convención de los Derechos del Niño; y 75 inciso 22) de la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).-
No resulta ocioso por otra parte destacar que la confirmación de la nulidad decretada no significa que el letrado no tenga derecho a percibir los honorarios que se le regulen, encontrándose condenadas en costas en la especie la demandada (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).-
XI. Por último, cabe referirse a la tasa de interés aplicable. La recurrente solicita la aplicación de la tasa activa y no la tasa pasiva dispuesta por la Excma. Cámara de Apelaciones en la sentencia en crisis.-
En primer lugar, debemos realizar una aclaración respecto de la ley aplicable en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Si bien se determinó precedentemente que para resolver la cuestión litigiosa suscitada en los presentes autos se debían aplicar las normas vigentes al momento del hecho generador de responsabilidad, es necesario señalar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha derogado el artículo 622 del Código de Vélez, el cual disponía que a falta de interés convencional o legal: “…los jueces determinarán el interés que debe abonar.”. El artículo 768 que lo reemplaza, determina que ante la ausencia de interés legal o convencional, la tasa de interés se determinará: “…c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.” Como se mencionó oportunamente, el Código Civil y Comer- cial en su artículo 7º dispone una solución general para la aplicación de la nueva ley en el tiempo, determinando la aplicación inmediata de la misma a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes.
Por lo que los intereses moratorios devengados con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma (Código Civil y Comercial), constituyen un efecto no consumado derivado de una relación o situación jurídica existente, resultando aplicable el principio del efecto inmediato. En consecuencia, los intereses moratorios devengados con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (01/08/2015) deben determinarse de conformidad al artículo 768 de éste. La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci expresa: “Los intereses de las sumas adeudadas son consecuencias. Por lo tanto, la nueva regulación es aplicable a los intereses que devenguen las obligaciones de origen legal, a partir del 1º de agosto de 2015, aun cuando las obligaciones hayan nacido con anterioridad, por ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica.” (cfr. aut. cit.: “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes - Segunda Parte”, 1ra edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, pág. 205).
En el mismo sentido ha sentenciado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (cfr. doctrina de “Cabrera Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 119176 S, del 15/06/2016; y “Troncoso Hugo y otros c/ Parra Antonio y otros s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 110709 S, del 15/11/2017); así como también se encuentran numerosos antecedentes jurisprudenciales: CNCiv., sala B: “Maciel Walter Antonio y otro c/ Aguilar María Paula y otros s/ Daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)”, del 30/06/2017, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/42523/2017; CNCiv., sala A: “D. V. A. C. c/ A. Á. M. J. A. y otros s/ Daños y perjuicios”, del 14/06/2017, wwww.informacionlegal.com.ar.
Cita Online: AR/JUR/38915/2017; y CNCiv., sala H: “M. M. I. c/ O.S.D.E. y otros s/ Daños y perjuicios. resp. prof. médicos y aux. - ordinario”, del 15/03/2017, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/ 22569/2017).- En el caso de autos, no existe una tasa acordada por las partes ni una dispuesta por ley especial. De esta manera, la cuestión debe decidirse de acuerdo con lo previsto en el último inciso del artículo 768 del CCyC, es decir: “...por tasas que se fijen según reglamentaciones del Banco Central”. Así como también, por lo que disponía el artículo 622 del Código Civil derogado, el cual establecía: “El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella.
Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.”.- Resulta necesario señalar que la expresión que contiene el mencionado artículo 768, inciso c), en cuanto remite, en ausencia de previsión convencional o legal, a las “…tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”, no se refiere a una alícuota específicamente determinada por dicha entidad monetaria, sino a aquellas tasas que se utilizan en el sistema financiero conforme lo dispone el Banco Central de la República Argentina.-
También debe decirse que resulta innegable la tarea de los jueces en la determinación de la tasa de interés, y que la derivación que el inciso c) del artículo 768 del CCyC formula a las tasas del Banco Central es sólo a los fines de que los magistrados en ejercicio de tal facultad, seleccionen la tasa entre cualquiera de las fijadas por las reglamentaciones de la autoridad monetaria, teniendo en cuenta las particularidades de la causa, fundando la decisión adoptada con una motivación razonable (art. 3º del CCyC).-
Se ha dicho que el sentido de la norma fue, lejos de querer so- meter la determinación de la tasa a una reglamentación administrativa, dotar al juez de elementos de los que pueda disponer con mayor flexibilidad a fin de adoptar la so- lución más justa para el caso (cfr. Méndez Sierra, Eduardo C.: “Obligaciones Dinerarias. Colección Código Civil y Comercial”, Directores: Limodio Gabriel F. y Peyrano Guillermo, Ed. El Derecho 2016, pág. 232). Será el juez quien, si no hay pacto de las partes, ni ley al respecto, deberá inexorablemente determinar la tasa aplicable; mientras que las tasas provistas por el Banco Central serán solo una referencia a tal efecto. Además, resultaría incoherente la ley si en materia de intereses moratorios sustrajera del arbitrio judicial la determinación del interés en ausencia de acuerdo de partes o de disposiciones legales, mientras que en el artículo anterior -para los intereses compensatorios- expresamente ha deferido su fijación al juez en análogas circunstancias (cfr. aut., ob. y pág. cit.).- La jurisprudencia también coincide con el criterio expuesto.
El Dr. Oscar J. Ameal al momento de emitir su voto en la causa: “J. A. A. y otro c/ BBVU Banco Francés s/ Daños y Perjuicios”, sostuvo en torno al mencionado artículo 768 que: “No coincido con quienes plantean que se trata de un intento para que sea la autoridad monetaria la que fije una tasa específica para dirimir la especie, sino que por el contrario, considero que esa tarea deberá ponerse en manos del órgano judicial competente, más allá de seguir los lineamientos que al respecto pudiera proveer el Banco Central.” (cfr. CNCiv., sala J, causa citada, del 22/02/2018, www.informacionlegal. com.ar. Cita Online: AR/JUR/76/2018). También así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en el plenario “Lencinas”.
Allí, el Juez Julio R. Gómez señaló que lo establecido en el inciso c) del artículo 768 no podía entenderse como una delegación de facultades judiciales en favor de una autoridad administrativa autárquica como lo es el Banco Central de la República Argentina; en tanto que su colega el Dr. José V. Valerio sostuvo que la fijación de la tasa de interés moratorio era una tarea propia de los jueces y no podía ser delegada en un órgano administrativo como sería el Banco Central (cfr. SCJ Mendoza, en pleno: “Lencinas Mariano c/ Citibank NA s/ Despido”, del 30/10/2017, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/ 77894/2017. Ver el voto del Dr. Gómez y el voto del Dr. Valerio, al que adhirieron sus colegas Jorge H.
Nanclares y Pedro J. Llorente). A igual conclusión arribó el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, al sostener que: “…es tarea de los jueces la determinación de la tasa de interés, y la derivación que el inc. c) del art. 768 CCCN formula a las tasas del Banco Central es sólo a los fines de que los magistrados en ejercicio de tal facultad, seleccionen la tasa entre cualquiera de las fijadas por las reglamentaciones de la autoridad monetaria…” (cfr. TSJ Córdoba, Sala Civil y Comercial: “Nasi Alberto Hugo Saúl c/ Rosli Never Alberto y otros - Ordinario - Daños y perjuicios -Otras formas de responsabilidad extracontractual - Recurso de casación”, Sentencia Nº 112, del 01/11/2016, www.actualidadjurídica.com.ar).
Finalmente, ésta fue la conclusión a la que se llegó en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2015, en las cuales el voto mayoritario de la Comisión Nº 2 -que se encargó de estudiar las obligaciones de dar dinero- concluyó que: “20.1. La previsión del artículo 768, inciso c), no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. Las tasas fijadas por las reglamenta- ciones del Banco Central servirán como pauta que podrá ser utilizada por el juez en esta tarea (Mayoría: Urruti, Bonino, González Zavala, Churruarin, Moia, Scotto Lavina, Rey, Márquez, Borda, Compiani, Azar, Bliss, Viale).” (cfr. “Conclusiones de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil”, del 16/12/2015, www.informacionlegal.com.ar.
Cita Online: AR/DOC/5611/2015).- En definitiva, más allá del cambio normativo referido, la solu- ción que se alcance resultará aplicable tanto al período anterior a la sanción del Códi- go Civil y Comercial como al posterior, ya que se considera que se encuentra vigen- te la facultad del juzgador de determinar la tasa a aplicar.-
Despejado el tema relativo a la vigencia de las facultades judi- ciales de determinar la tasa de interés, corresponde ahora sí dar tratamiento al agra- vio relativo a la aplicación de aquélla.-
La recurrente solicita la aplicación de la tasa activa. En su sentencia, la Excma. Cámara de Apelaciones resolvió aplicar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina, utilizando como fundamento la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia.-
Debe recordarse que los fallos dictados por este Alto Cuerpo, constituyen doctrina legal en los términos del artículo 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a la cual los jueces deben conformar sus decisiones (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677 y XV, Reg. 529, Folio 2969/2974). La finalidad de la doctrina legal no es sólo uniformar la jurisprudencia, sino también contribuir a la previsibilidad que las sentencias deben brindar a los litigantes y, en definitiva, procura afianzar la seguridad jurídica que la sociedad toda demanda (cfr. SCBA, “Ferreyra de Zeppa Petrona y otro c/ Hospital Lucio Melendez y otro s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 100228 S, del 16/12/2009, entre otros).- Corresponde señalar que este Alto Cuerpo ha concluido, antes de ahora y en otras causas por daños y perjuicios, que se debía aplicar a los intereses moratorios la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645 y XV, Reg. 531, Folio 2979/2985, entre otros). Es la aplicación de esta doctrina del Tribunal Superior de Justicia la que utiliza como fundamento la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Si bien lo dicho en el párrafo precedente es suficiente a efectos de rechazar el recurso de casación en lo que respecta a la tasa de interés, se adelanta, de conformidad con lo expuesto en los precedentes de este Alto Cuerpo “Avilez” y “Santana” (cfr. Sentencia, Tomos XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767 y XX, Reg. 667, Folio 3859/3864), que no se observan razones válidas para el apartamiento de la tradicional doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que aplica a los intereses moratorios la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
En efecto, es necesario precisar que cuando se habla de intere- ses no se hace referencia a un rubro resarcitorio proveniente del daño. Una cosa es el daño que el ilícito provoca -cuya valoración y cuantificación deben efectuar los jue- ces de grado-, y otra es el menoscabo que el acreedor experimenta a raíz del retardo imputable al deudor en repararlo. Es que los intereses moratorios tienen una fuente distinta del resto de la reparación, ya que mientras los rubros indemnizatorios se integran por causa del daño derivado del hecho, la obligación de pago de los intereses responde a otro hecho perjudicial: la no asunción en tiempo y forma de las conse- cuencias jurídicas de la responsabilidad. Por lo tanto, los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado (cfr.
SCBA, “Ponce Manuel Lorenzo y otra c/ Sangalli Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 101774 S, del 21/10/2009).- Si el interés previsto en el antiguo artículo 622 del Código Civil y actual artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, necesariamente habrá que tenerse en cuenta cuál podría haber sido la in- versión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus suce- sivas renovaciones.
La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin pro- puesto (cfr. SCBA, “Ginossi Juan Carlos c/ Asociación Mutual U.T.A. s/ Despido”, causa LP L 94446 S, del 21/10/2009; y “Organtini Liliana y otro c/ Hilal Diego y otros s/ Daños y perjuicios”, causa LP C 105756 S, del 29/06/2011 -opinión del Juez Eduardo J. Pettigiani-, entre otras). Esto último ocurriría, a entender de este Alto Cuerpo, de resultar aplicable la tasa activa determinada en las instancias de grado.- En tal sentido no debe perderse de vista que al contrario de lo que ocurre con las tasas pasivas, las activas -que son aquellas que las entidades finan- cieras cobran por los préstamos que otorgan-, tienen incorporado, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro de la deudora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. SCBA, “Cardo- zo Félix María y otra c/ Crudo Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, causa LP Ac 49439 S, del 31/08/1993; y “Jotafi Computación Interactiva S.A. c/ Munici- palidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa”, causa LP B 58903 S, del 18/06/2014 -opinión del Juez Eduardo J. Pettigiani-). La activa, al no ser una tasa pura, lleva incluida en su monto una serie de “escorias” (cfr. Molinario, Alberto D.: “Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas”, Ed. El Derecho, Tomo 43, pág. 1155), como ser: el costo de captación o fondeo; el costo operativo y administrativo; el costo técnico (encaje); costo sistémico (expectativas del mercado); costo de morosidad (previsiones); costo impositivo; margen de beneficio (cfr.
Kabas de Martorell, María E. -Directora-: “Tratado de Derecho Bancario”, Tomo II, Rubinzal - Culzoni Editores, 2011, pág. 53), todo esto es lo que tiene el banco en cuenta para obtener la tasa activa. Es por ello que para rechazar su aplicación la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que esos componentes en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso (cfr. SCBA, “Ginossi Juan Carlos c/ Asociación Mutual U.T.A. s/ Despido”, causa LP L 94446 S, del 21/10/2009).- Debe puntualizarse que el Alto Tribunal de la Nación, en la causa “Bedino”, se pronunció por la aplicación de la citada tasa pasiva (Fallos 340:141). Para así decidir, remitió a los fundamentos que en su momento había vertido en la causa “Gargano” (cfr.
CSJN, causa: S.G.C. 196, LXLVI. REX, del 26/04/11), en donde, a su vez, había remitido al dictamen de la Procuradora Fiscal de la Nación, quien había sostenido que: “…el interés moratorio encuentra justificación en la mora del deudor, que retiene en forma indebida una suma de dinero que corresponde al acreedor. Es decir, no tiene como función compensar la depreciación económica, la inflación ni la devaluación de la moneda…sino fundamentalmente sancionar la actitud del deudor, funcionando como indemnización en favor del acreedor a causa de tal comportamiento. Con tal comprensión, considero que la tasa pasiva resulta suficiente para cumplir tal recaudo respecto de los intereses de ese tipo aplicables a deudas de honorarios en mora.”; y recordó, a renglón seguido, que actualmente se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa.
En la citada causa “Bedino”, la Dra. Elena I. Highton de Nolasco sostuvo en su voto que no podía perderse de vista que la tasa pasiva era la que había adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación “…para las causas que tramitan en su instancia originaria (cf. CSJ 457/1998 (34-S) / CS1 ‘Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios’, del 19 de agosto de 2004), a la que se consideró adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por el acreedor de créditos previsionales de naturaleza alimentaria (Fallos 327:3721; 328:2824, 3041, 4044, 329:6064, 6076; 330:4862 y 331:1329, 2538), habiéndose aplicado también para las deudas en concepto de retención de cuota sindical (Fallos 329:5157).” (cfr.
Fallos cit.).- Los precedentes jurisprudenciales ut supra citados, resultan una referencia sólida que persuade a este Tribunal Superior de Justicia a no abandonar la tradicional doctrina legal.-
En definitiva, resulta ajustado a derecho confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en este punto, la cual fija la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, ya que es la que más se ajusta a las pautas señaladas precedentemente, desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo pago.-
XII. Que, de conformidad con todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 318/337 vta. y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 299/313 en lo que se refiere a daño moral. Consecuentemente, componer positivamente la litis, condenando al demandado a abonar a la actora la suma de pesos veintidós mil ($ 22.000) en concepto de daño moral, conforme lo dispuesto en los considerandos. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios; imponiendo las costas de esta instancia por su orden en atención a la manera como se decide, dado que el recurso ha prosperado en parte (cfr. art. 68 del CPCyC); difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por todo ello, y oídos que fueron el Defensor General ante este Alto Cuerpo y el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 318/337 vta. y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 299/313 en lo que se refiere a daño moral.-
2. Componer positivamente la litis, condenando al demandado a abonar a la actora la suma de pesos veintidós mil ($ 22.000) en concepto de daño moral, conforme lo dispuesto en los considerandos.-
3. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
5. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1026S.221 Tomo: XXII Interlocutorio: 725 Folio N°: 4368/4383 Secretaría: 1
Fin de la sentencia