Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Pergamino
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora citada en garantía y acoger el deducido por el actor. En su mérito, confirmar en lo principal que decide el decisorio anterior, modificando únicamente el monto de condena que se fija en pesos ciento cinco mil ($105.000). Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía que reviste la condición de perdidosa -art. 68 C.P.C.-.
Registro N° 159/2013 Fojas 828/32 En la ciudad de Pergamino, el 17 de diciembre de 2013, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en los autos N° 1839-13 caratulados: "ANGEL, PABLO RUBEN C/ GOMEZ, VALENTIN ROBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM.
C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Expte. Nº 46.259 del Juzgado Ciivl y Comercial Nº 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Hugo Alberto LEVATO, Roberto Manuel DEGLEUE, Graciela SCARAFFIA, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la PRIMERA CUESTION el señor Juez Hugo Alberto LEVATO dijo:
El Señor Juez de Primera Instancia falló en las presentes actuaciones, haciendo lugar a la demanda entablada por Pablo Rubén Angel, condenando a Valentín Roberto Gómez y a Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros, a abonar a la actora la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000), con más los intereses que determina, y costas.
Apelaron tanto el accionante como la aseguradora citada en garantía, quienes expresaron sus agravios por medio de los escritos agregados a fs. 214/17, habiendo únicamente el actor replicado el memorial traído por la compañía de seguros.
El demandante se queja de los montos otorgados por los conceptos incapacidad parcial y permanente y daño moral. Señala respecto del primero, que la suma de $ 62.000 es insuficiente y contraría antecedentes del mismo Juzgado y de esta Alzada que cita, concluyendo que debe elevarse el valor por punto de incapacidad y así el monto total que estima entre $ 87.500 y $ 110.000. En punto al daño moral, considera escasa a la suma concedida, sosteniendo que no hay proporcionalidad ni equidad atendiendo a la gravedad de las lesiones, porcentual de incapacidad, juventud de la víctima, la cirugía, los meses de rehabilitación y la limitación laboral y deportiva, persiguiendo se fije mínimamente en el 40 % de lo que corresponda a indemnización por lesiones físicas.
La citada en garantía, a su turno, cuestiona que no se haya determinado que el actor contribuyó al hecho interrumpiendo el nexo causal, indicando que la motocicleta fue el móvil embistente, que no existen en el lugar semáforos ni carteles indicadores de prohibición de doblar; además indica que "No ha tomado en cuenta el a quo que está acreditado en sede penal que el actor "frena y no pudo detener la motocicleta" esto es índice elocuente de pérdida de dominio, todo conductor debe ir atento al tránsito y detener en forma inmediata el mismo ante cualquier contingencia del tránsito urbano"; y que la circunstancia comprobada de haber doblado varios vehículos, demuestra que en ese lugar se permitía doblar.
Finalmente se agravia de los montos otorgados por incapacidad y daño moral que considera excesivos, aduciendo que el juzgador tomó el porcentaje de incapacidad estimado por el perito, sin atender a los sólidos fundamentos de su impugnación a la pericia..
La demandante a fs. 221/2 rebatió los argumentos contrarios, impetrando la desestimación del recurso deducido por la aseguradora. Corresponde comenzar por la consideración del agravio introducido por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada atingente a que se revea la decisión primera y se atribuya responsabilidad en el evento al accionado.
En tarea, tras el análisis de las constancias obrantes en el presente como así las de la causa penal agregada por cuerda a los fines probatorios, entiendo que no lleva razón el quejoso en su postulación revocatoria.
Ello por cuanto, tal como lo expresara el a quo, por una parte existe sentencia, que reviste la condición de ejecutoriada, pronunciada en la esfera penal, que condena al aquí demandado Valentín Roberto Gómez como autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas calificadas por la conducción de vehículo automotor, impuesta en relación al mismo hecho que motivara la promoción de la presente, y así resulta de aplicación el artículo 1102 del Cód. Civil en tanto no cabe revisar la culpa del condenado ni la existencia del hecho principal. Y por la otra, el examen y valoración de los elementos probatorios reunidos en sede penal no conduce a que en esta órbita civil deba achacársele a Angel -víctima del ilícito- haber incurrido en un comportamiento culpable que haya poseído nexo adecuado de causalidad con el resultado dañoso.
Nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad objetiva, en el cual ante la intervención de cosas riesgosas -automotor y motocicletala teoría del riesgo creado constituye el principio rector en el tema, y así, cada dueño o cada guardián debe indemnizar los perjuicios causados al otro interviniente, a menos que logre acreditar que la víctima con su conducta haya contribuido de forma tal de eximir total o parcialmente a la responsabilidad de tipo objetiva que la norma de aplicación le endilga - artículo 1113 2do. apartado "in fine" C.C.-
Y en la especie ello no aconteció, desde que ha quedado claro que el obrar imprudente, negligente y violatorio de las reglamentaciones de tránsito de Gómez en la ocasión, se erigió en la causa adecuada y excluyente de la colisión ocasionante de las lesiones padecidas por el actor. Es que infringió una clara disposición del Código de Tránsito vigente, consistente en una maniobra de por sí peligrosa cual es efectuar una maniobra de giro a la izquierda en una avenida de doble mano de circulación, invadiendo el carril contrario e interponiéndose en el recorrido - en sentido inverso- que llevaba la motocicleta guiada por Angel, quien ante la situación imprevista no pudo evitar el embestimiento. Es decir, efectuó Gómez una maniobra desaprensiva y prohibida por la ley -artículo 44 inciso f) de la ley nacional n° 24.449, a la que adhiriera la provincia mediante la ley 13.927- que fue causa del accidente. No es posible seguir a la quejosa en su razonamiento relativo a que en el lugar no existían señales ni semáforo y que otros rodados también efectuaron la maniobra de giro, por lo que el mismo se hallaba permitido, habida cuenta que la ley de tránsito impone lo contrario, esto es que no se debe girar "salvo señal que lo permita"; además no puede sostenerse el desconocimiento de la prohibición en el lugar y menos revistiendo la calidad de chofer de remis. Debe reiterarse de consuno con el sentenciante anterior, que no se arrimó prueba pertinente de que Angel condujera su motocicleta a una velocidad excesiva que le impidió evitar la colisión, ya que el intento de realizar un cruce prohibido fue el que generó el encontronazo, lo que conlleva a que el rol de embestidor no posea aquí relevancia para eximir parcialmente de responsabilidad al demandado y su aseguradora -artículos 512, 901/6, 1109, 1113 C.C.; 36 y 44 inciso f) ley 13.927; 354 inciso 1), 375, 384, 456, 474, 163 inc. 5) C.P.C.-.
Paso ahora a la evaluación de los agravios dirigidos a las sumas concedidas como reparación por los conceptos incapacidad parcial y permanente y daño moral, que, como se viera en la reseña, fueron impugnadas por ambas partes, persiguiendo el actor su aumento, y la citada en garantía su reducción.
Teniendo en cuenta lo que emerge de las probanzas producidas sobre el aspecto, he formado convicción suficiente para postular el acogimiento de la pretensión actoral y la desestimación de la queja de la aseguradora.
Así, se aprecia que el accidente de marras ocasionó al demandante, que contaba con 21 años de edad, diversas lesiones: "luxación y fractura de cadera derecha, múltiples contusiones y excoriaciones en miembros inferiores, herida en cara anterior de rodilla derecha", habiendo sido menester en virtud de la luxación de cadera, "reducción bajo anestesia general, la fractura inmovilización con calza de yeso, kinesioterapía y fisioterapia (3 meses), antiflamatorios y analgésicos orales", que no dejaron limitaciones para su vida social, y sí en lo deportivo impidiéndole practicar futbol como lo haciá antes del accidente, y una incapacidad laborativa equivalente al 25 % parcial y permanente según lo dictaminara el Médico Forense de la Asesoría Pericial Departamental Daniel Vallejos -ver fs. 103/4 vta.-.
El cuestionamiento ensayado por el apoderado de la aseguradora -fs. 113/vta.-, circunstancia sobre la que insiste en el memorial, no puede ser recibido, dado que en el mismo se menciona que el perito debió solicitar un T.A.C. de cadera actualizado, empero no sólo el experto no lo consideró menester por alcanzarle para su informe los elementos con que contaba, sino que en su caso, debió el impugnante pedir se realice dicha práctica ofreciendo costearla y no lo hizo; tampoco aportó fundamentos científicos que pudieran oponerse al dictamen pericial, en el cual el forense cita en apoyo de su postura, la bibliografía consultada. Por tanto debe estarse a las conclusiones del informe médico en cuanto al porcentual de incapacidad laborativa, sin que sea óbice que los movimientos de caderas, rodilla y tobillos estén conservados y que de la inspección haya observado que la víctima posea una marcha normal.
Tampoco debe atenderse al planteo actoral relativo a que para el cálculo del resarcimiento se tome un valor determinado por punto de incapacidad, desde que en materia civil no se práctica dicha mensuración en este Departamento Judicial, sino que al efecto se atiende a las particularidades del caso.
Entonces, con los mismos parámetros utilizados por el a quo, esto es la edad de 21 años a la fecha del ilícito, las lesiones sufridas, tiempo necesario para el restablecimiento e incapacidad parcial y permanente para el trabajo determinada (25 %), considero más justo y equitativo aumentar la indemnización por el rubro a la suma de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000) -artículos 901/6, 1068, 1069, 1083, 1086 C.C.; 354 inc. 1) 375, 384, 474, 163 inc. 5) y 6), 165 C.P.C.-.
Igualmente interpreto que debe elevarse la suma concedida en el decisorio puesto en crisis por el concepto daño moral ($ 18.000)l, habida cuenta que para el "quantum", es menester evaluar el tipo de lesiones, la cirugía con anestesia, inmovilización con calza de yeso y el tratamiento con kinesio y fisioterapia junto al período recuperatorio, y las secuelas derivadas que afectaron no sólo la faz laboral sino la práctica de deportes en un jóven de 21 años de edad. Consecuentemente, a las angustias y aflicciones propias del tipo y grado de lesiones, se aduna que los padecimientos se han de prolongar en el tiempo, por lo que concluyo que la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) resulta más apropiada para resarcir el agravio de orden moral y se compadece con las peculariedades del supuesto que nos convoca - artículos 901/6, 1068, 1078, 1083 C.C.; 375, 384, 456, 474, 163 inc. 5) y 6), 165 C.P.C.-.
Por ello postulo al Acuerdo fijar como monto de condena el importe de pesos ciento cinco mil ($ 105.000), debiendo agregarse los intereses a calcularse en la forma dispuesta en el pronunciamiento primero. Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Roberto Manuel DEGLEUE y Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votaron en el mismo sentido.-
A la SEGUNDA CUESTION el señor Juez Hugo Alberto LEVATO dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora citada en garantía y acoger el deducido por el actor. En su mérito, confirmar en lo principal que decide el decisorio anterior, modificando únicamente el monto de condena que se fija en pesos ciento cinco mil ($105.000). Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía que reviste la condición de perdidosa -art. 68 C.P.C.-.
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión los Sres. Jueces Roberto Manuel DEGLEUE y Graciela SCARAFFIA por análogos fundamentos votaron en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora citada en garantía y acoger el deducido por el actor. En su mérito, confirmar en lo principal que decide el decisorio anterior, modificando únicamente el monto de condena que se fija en pesos ciento cinco mil ($105.000). Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía que reviste la condición de perdidosa -art. 68 C.P.C.-.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-
Roberto Manuel DEGLEUE Presidente de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Depto. Judicial Pergamino Hugo Alberto LEVATO Graciela Scaraffia Juez Jueza Ana María ALBORNOZ Secretaria
Fin de la sentencia