Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 44.218-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar en su totalidad las resoluciones Nros. 205 y 206 apeladas en autos. Con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs.59/90 se presenta Jose Pedro Angulo y deduce recurso de apelación contra la resolución N° 205/2015 (DV RRME), de fecha 29/06/2015, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la A.F.I.P.-D.G.I., mediante la cual se determina de oficio en forma parcial su obligación en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al periodo fiscal 2006 con mas sus intereses resarcitorios. Que a fs. 122 se acumula a estos actuados el Expte. N° 44.218-I, caratulado ANGULO JOSE PEDRO deduciéndose a fs.173/194vta. recurso de apelación contra la resolución N° 206/2015 (DV RRME), de fecha 29/06/2015, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la A.F.I.P.-D.G.I., mediante la cual se determina de oficio en forma parcial la obligación del Sr. Jose Pedro Angulo en el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al periodo fiscal 2006.
Que a fs. 244 se acumula también el Expte.N° 44.376-I caratulado ANGULO ALEJANDRO PEDRO deduciéndose a fs.269/302 recurso de apelación contra la resolución N° 283/2015 (DV RRME), de fecha 06/07/2015, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la A.F.I.P.-D.G.I., mediante la cual se determina de oficio en forma parcial la obligación del contribuyente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al periodo fiscal 2006, con mas sus intereses resarcitorios. Que a fs. 366 se acumula además el Expte. N° 44.378-I, caratulado “INNOCENTI MIGUEL ANGEL”
deduciéndose a fs. 387/420 recurso de apelación contra la resolución N° 284/2015 (DV RRME), de fecha 06/07/2015, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la A.F.I.P.-D.G.I., mediante la cual se determina de oficio en forma parcial la obligación del contribuyente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al periodo fiscal 2006, con mas sus intereses resarcitorios. Que a fs. 478 se acumula a estos actuados el Expte.N° 44.374-I, caratulado ANGULO JUAN CARLOS deduciéndose a fs. 503/536 recurso de apelación contra la resolución N°282/2015 (DV RRME), de fecha 06/07/2015, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la A.F.I.P.-D.G.I., mediante la cual se determina de oficio en forma parcial la obligación del contribuyente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al periodo fiscal 2006, con mas sus intereses resarcitorios. Que a fs. 103/119, fs. 215/231, fs. 326/345, fs. 453/469vta. y fs. 564/581vta. se presenta el Fisco Nacional exponiendo los argumentos de hecho y de derecho por los cuales pide que se confirmen la totalidad de las resoluciones apeladas, con costas.
Que a fs. 659/vta. la representación fiscal formula su allanamiento parcial en relación a las resoluciones apeladas en los Expedientes N° 44.376-I, N° 44.378-I y N° 44.374-I, solicitando, asimismo, se exima a su representada de las costas y que continúe el trámite de la causa por los actos apelados en los Exptes.N° 44.217-I y N° 44.218-I. Que a fs. 660 se corre traslado a la apelante del desistimiento parcial formulado por su contraria, siendo el mismo contestado a fs.661/665 quien manifiesta su conformidad al mismo a excepción de lo que a las costas se refiere, solicitando que las mismas le sean impuestas a su contraria.
II. A fs. 672 vta se resuelve tener por allanado parcialmente al Fisco Nacional en la presente causa solo en cuanto a las resoluciones apeladas en los expedientes N°44.376-I, N°44.378-I y N°44.374-I, debiendo continuarse con el trámite de aquellos individualizados bajo los numeros 44.217-I y N° 44.218-I.
III. Que los agravios de la actora en los Exptes. N.º 44.217-I y 44.218-I pueden sintetizarse en los siguientes términos. En primer lugar afirma que el Sr. José Pedro Angulo es un empresario residente en la Localidad de Guaymallén, Provincia de Mendoza, con una extensa y muy respetada trayectoria. En particular, a partir del año 1997 el Sr. Angulo resolvió vender las acciones de la firma Angulo Hnos. S.A. y luego de la firma VEA S.A. a otros grupos empresarios. Señala que con el producto de dichas ventas realizó nuevas inversiones en el país y, a partir de 1999, parte de los fondos recibidos fueron destinados a inversiones en Bancos de los Estados Unidos y Suiza.
Afirma que todas estas inversiones y fondos se encontraron debidamente declarados, conforme fuera informado al fisco desde el momento en el cual brindó respuesta al requerimiento que el organismo identifica como fiscalización electrónica bajo el Nro. 2299193.
Destaca que en este momento se dejó en claro que la recurrente incluyó en su declaración jurada original correspondiente al período 2006, los importes correspondientes a la cuenta bancaria que posee en el HSBC PRIVATE BANK de la confederación Suiza. En efecto, la realidad es que la totalidad de los fondos correspondientes a la cuenta que el fisco pretende bajo el Nro. 5091413031 fueron correctamente declarados, conforme fuera informado oportunamente al organismo fiscal.
Alega que el fisco cotejó la correspondencia de los importes expuestos en los papeles de trabajo de la declaración jurada de conformidad, en tanto no realizó objeción alguna, pero dado que la recurrente no presentó documentación respaldatoria que cumpliera con las formalidades exigidas por la dirección sobre dichos depósitos, esa dirección procedió a iniciar un procedimiento de determinación de oficio manifestando dogmáticamente que el Sr. José Pedro ANGULO, no habría declarado una supuesta cuenta en Suiza.
Plantea la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2006, en tanto resulta claro que una de las dos normas que el Organismo Fiscal invoca para sostener la suspensión del curso de la prescripción no resulta aplicable al caso de autos, porque así se desprende de la intención del legislador en el caso de la Ley N°26.860. Además se plantea la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago del Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2006, en tanto, además de las pretendidas suspensiones previstas por normas de alcance general, se adicionó al caso la suspensión prevista en el artículo 65.1 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.), pero el plazo de suspensión se cumplió al igual que el término de la prescripción en forma previa al dictado de la determinación apelada.
Sostiene que tanto de las declaraciones juradas como de los papeles de trabajo, de la respuesta a la fiscalización electrónica Nro. 2299193 y de las presentaciones realizadas en estas actuaciones, surge claramente que el Sr. José Pedro ANGULO declaró todas las cuentas de las cuales era titular en el Banco HSBC y sus saldos al 31/12/2006. Es decir que, conforme se reconoce en el propio informe final de inspección, los conceptos por los cuales se corre la presente vista estaban comprendidos en las declaraciones juradas del Sr. Angulo José Pedro.
Indica que se trató en el caso de una mera manifestación dogmática que carecía de sustento, puesto que las planillas que supuestamente provienen del fisco francés que obran a fs. 65/67 del Cuerpo de Impuesto a las ganancias no existían al momento en que se corrió la vista puesto que fueron incorporadas más de dos meses después de que dichos actos fueran notificados a su parte.
Alega que la declaración jurada no fue válidamente impugnada por el organismo, puesto que el fisco no se había referido en modo alguno a la causa por la cual considera que los fondos provenientes de la cuenta HSBC PRIVATE BANK 509 1413031 de propiedad del Sr. José Pedro ANGULO, CUIT N° 20- 03351062-5 no habrían sido declarados correctamente. La determinación de oficio, por su parte, es producto de priorizar el valor de unas planillas, que carecen de valor probatorio, colocándolas por sobre la información brindada por la recurrente, y de errores en la consideración de determinados bonos exentos como gravados conforme -dice- quedará suficientemente demostrado.
Afirma que nos encontramos frente a meras manifestaciones dogmáticas relativas a la entrega de un soporte magnético, sin que existan actuaciones destinadas a demostrar de qué forma fue obtenido, ni dar fe sobre el origen y el contenido de unas planillas. Máxime cuando las planillas no se encuentran suscriptas por ningún funcionario extranjero, ni tienen siquiera apariencia de provenir de un Banco.
En cuanto al ajuste en el Impuesto a las Ganancias manifiesta que se antepone el valor probatorio de unas planillas que supuestamente provendrían del fisco francés, por sobre un extracto bancario certificado, legalizado y apostillado que proviene de la entidad financiera en la cual - supuestamente- la recurrente tendría depositados fondos no declarados.
Señala que el Fisco Nacional no advierte que el Señor José Angulo tenia inversiones en distintas cuentas del exterior. Es decir que toma como si la única cuenta existente es la del HBSC Suiza. Realiza una incorrecta lectura e interpretación de la información que emana de los resúmenes que al fin de cada mes emiten los bancos (statements of assets).
Manifiesta que pretende fundar la existencia de un incremento patrimonial injustificado en una disímil interpretación de las disposiciones de la Resolución General (DGI) 2.527 que la llevan a obviar ajustes en el rubro "justificación de las variaciones patrimoniales" en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del ejercicio 2006 que justifican plenamente los fondos existentes en su totalidad consignados en la declaración jurada. Sostiene que el Señor José Pedro Ángulo tenía "menos dinero en el exterior" al 31 de diciembre de 2006 respecto del existente al 31 de diciembre de 2005. Por ello mal podría considerarse como lo hace el fisco que existe un incremento patrimonial injustificado.
Sostiene que el organismo pretende la existencia de una diferencia de saldos al 31 de diciembre de 2006 que propone tratar como un incremento patrimonial injustificado, y que provienen de una errónea interpretación del reporte enviado por la entidad que fuera acompañado por la recurrente. Afirma que un error ha llevado a que el fisco suponga una inexistente diferencia patrimonial de U$S 752.343,36 dólares que llevados a cotización de cierre implica un incremento patrimonial de $ 2.273.581,62.
Señala que en el caso de autos el problema se plantea porque el Fisco considera que los papeles adquiridos durante el período 2006 en la cuenta objeto de litis, deben valuarse al valor de cotización al momento de la incorporación al patrimonio y no 1 a 1 como lo hizo la recurrente. Esta diferencia de valor al sumarla al valor del patrimonio declarado en la declaración jurada del impuesto a las ganancias 2006 y no efectuar las justificaciones patrimoniales pertinentes, genera una diferencia patrimonial significativa y a la misma el organismo le da el tratamiento de incremento patrimonial injustificado. Afirma que la resolución apelada contradice la Instrucción General (AFIP) 2/15 (DG IMPO).
En cuanto al ajuste relativo al Impuesto sobre los Bienes Personales sostiene que la primer diferencia de U$S 167.820,62 surge de una errónea información con la que cuenta el Fisco y la misma desaparece si se toman los verdaderos datos: los que surgen de la propia información emanada del Banco, la que se encuentra certificada, legalizada y apostillada. Afirma que la segunda diferencia de U$S 609.601,23, es imputable claramente a diferencia de valuación de bienes exentos, por lo que no afecta la base imponible declarada. En función de lo expuesto sostiene que debe dejarse sin efecto la determinación en crisis.
Plantea la nulidad de las resoluciones apeladas, sostiene que no comprende cómo puede sostenerse que no se afectó el derecho de defensa. Manifiesta que su parte fue obligada a defenderse en base a un cargo formulado en base a elementos que no existían en el expediente. Señala que en virtud de todo lo expuesto, no cabe duda de que la determinación apelada también es nula de nulidad absoluta e insanable por falta de causa y motivación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 19.549.
IV. El Fisco Nacional afirma que tal como refieren las resoluciones en crisis, en el marco de la Fiscalización Electrónica N° 2299193 la Administración Federal procedió a verificar el cumplimiento de los deberes tributarios a cargo del accionante, cuya actividad principal declarada es la de servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas, siendo las secundarias las de servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades, excepto las anónimas, y de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.
Con motivo de las tareas referidas, se constató que aquél omitió declarar en el impuesto sobre los bienes personales e Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2006 el saldo de una cuenta bancaria radicada en una entidad financiera de la Confederación Suiza, extremo que configuró la omisión de ingreso de tal tributo en su justa medida.
Alega que insiste la contraparte en la presente instancia en oponer la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar de oficio su obligación relativa al impuesto sobre los bienes personales e Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006, no obstante que dichas excepciones fueron debidamente analizadas y rechazadas por el Fisco Nacional en la resoluciones apeladas. En ese sentido, señaló el juez administrativo que a la fecha del dictado del acto determinativo apelado no se encontraban prescriptas las facultades del Fisco para determinar el correcto saldo de impuesto por los referidos tributos correspondiente al período fiscal bajo análisis. Alega que los actos del 5 de diciembre de 2014 cumplieron con el objeto de poner en conocimiento del apelante del inicio de un proceso de fiscalización. Posteriormente, se le notificó al accionante el inicio del procedimiento de determinación de oficio reglado por el artículo 16 y sgtes. de la ley de rito fiscal, como consecuencia de haberse detectado la omisión de declarar una cuenta bancaria existente en la Confederación Suiza e informada por la Administración Francesa en el marco del Convenio para Evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscripto con la República Francesa, confiriéndole las vistas dispuesta en el artículo 17 de la ley procedimental, todo lo cual pone en evidencia que no ha existido causal de nulidad alguna que invalide el proceso determinativo que culminó con el dictado de las resoluciones apeladas.
Señala que la parte actora no explica de qué forma el inicio de la fiscalización de forma electrónica la ha afectado en sus derechos, restando recordar que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo concreto para el derecho de quien las pide, pues lo contrario sería -como tiene dicho numerosa jurisprudencia- declarar la nulidad por la nulidad misma. Destaca que en autos el apelante aventura un pedido de nulidad olvidando que esta opera como una última ratio de orden jurídico, al que solo cabe acceder en casos muy especiales en los que puede determinarse sin ninguna duda un agravio constitucional. El área interviniente dictó el acto administrativo con la correcta motivación que debe contener un acto y con causa y forma suficiente; es decir, constatando y apreciando los hechos verificados eh el marco de la fiscalización y las defensas opuestas por el contribuyente, evaluando igualmente los antecedentes y subsumiéndolos en una norma jurídica.
Alega que resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado Convenio, requiriera información relativa a los sujetos e impúestos comprendidos en mismo, tendiente a su correcta administración. No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio referido, sino -por el contrario- que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del Acuerdo en trato se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el mismo -cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio Convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
Afirma que el acto administrativo dictado resulta válido, eficaz y ajustado a derecho, reuniendo la totalidad de los requisitos intrínsecos y extrínsecos exigidos por la normativa vigente. Que en consecuencia, no se evidencia en el caso ninguna afectación a las garantías de raigambre constitucional atento a que se ha concedido la posibilidad de ejercer en debida forma el derecho de defensa de la responsable mediante el otorgamiento de los plazos para presentar el descargo, por lo que considera que corresponde el rechazo del planteo de nulidad efectuado respecto de la vista conferida.
Respecto al fondo de la cuestión manifiesta que la información que sirvió de base al ajuste en discusión fue entregada a la autoridad competente argentina por la autoridad competente francesa en el marco de un tratado internacional, el Convenio con la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio,, ley 22.357, que cuenta con un Protocolo modificatorio del Convenio, aprobado por ley 26.276.
Afirma que con relación a los agravios centrados en que la documentación obtenida por el Fisco Nacional no se hallaría convalidada fehacientemente por otros medios probatorios, a la vez que no habría forma de garantizar que la misma no fue adulterada, cuadra una vez más reiterar que la información en cuestión fue obtenida de manera absolutamente legítima por parte de una administración tributaria extranjera sin interés de esta en el caso particular, teniendo la referida documentación un grado de certeza suficiente para dar inicio a un procedimiento de determinación de oficio de deuda. Frente a ello, no se observan elementos que puedan poner en duda el debido resguardo de la información legítimamente obtenida de Francia, máxime teniendo en cuenta lo argumentado respecto de los archivos informáticos por la Cámara de Casación francesa en decisorio que invoca. Y en igual sentido, la verosimilitud de la información colectada queda de manifiesto en el reconocimiento y regularización por parte de los contribuyentes españoles -y en su caso también de argentinos- a partir de los datos que tienen el mismo origen.
V. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
VI. Ello así, corresponde el tratamiento del planteo de prescripción que efectúa el actor respecto de las facultades del Fisco para reclamar el Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2006.
Ahora bien corresponde analizar si resulta de aplicación al caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción en curso.
Que el artículo 44, de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008) dispone: "Suspéndase con carácter general por el término de (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales".
Asimismo, el artículo 86 de la R.G. 2650 (AFIP) aclaró que: "La suspensión del curso de la prescripción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Administración Federal y para aplicar multas relacionadas con los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales, previstas con carácter general en el Artículo 44 de la Ley N° 26.476, alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables, hayan o no adherido a alguno de los regímenes reglamentados por esta resolución generaL.. El término de un año a que se refiere dicho artículo se computará a partir del día 24 de diciembre de 2008, inclusive."
Que en términos similares la Ley N° 26.860 (B.O. 3/6/2013) dispuso en su artículo 17 dispuso: "Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales"; debiendo tenerse presente que de conformidad con el articulo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Que la redacción de ambos textos legales, no arroja dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone "con carácter general", esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re "Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal" de fecha 26/11/91.
Ello así, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2006 operó en el año 2007, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2008, el cual se vio suspendido el 24 de diciembre de 2008, fecha en que se publicó en el Boltín Oficial la ley 26.476 que estableció un régimen de regularización impositiva y de protección de empleo y que en su artículo 44 dispuso la suspensión del curso de la prescripción.
Conforme lo dispuesto en la norma transcripta, el cómputo del curso de la prescripción se reinició el 24 de diciembre de 2009, viéndose nuevamente interrumpido dicho plazo el 3 de junio de 2013, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización y estableció en su artículo 17 la suspensión con carácter general por término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el artículo 44 supra citado. Por lo expuesto, retomándose el 3 de junio de 2014 el cómputo del curso de la prescripción y por la conjunción de las suspensiones dispuestas en las leyes 26.476 y 26.860 referenciadas, el término de la prescripción hubiera operado el 1 de enero de 2015.
No obstante, resta analizar la aplicación de la última parte del artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11683.
Al respecto, el mencionado artículo establece "Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”
Al respecto se ha sostenido que "En este caso debe tratarse de períodos fiscales próximos a prescribir y siempre que esa vista se notifique dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción.. .No aclara la norma cómo deben computarse los 120 días, pero es indudable qué ellos serán los hábiles administrativos, teniendo en cuenta la norma general establecida en el art. 4° de la ley procedimental..." (Horacio Ziccardi, 75 Aniversario de la Ley 11.683, Ed. Edicoal, Pags.543/546). Con lo cual, teniendo en consideración que la vista conferida se notificó el 22 de diciembre de 2014, los poderes y acciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago del tributo de marras no prescribirian sino después de los 120 días hábiles administrativos, sumado el plazo pendiente plazo que no fue superado atento haberse dictado la resolución apelada el 29 de junio de 2015, esto es, dentro del plazo que estipula la norma antes citada; cabe concluir que las facultades del fisco para determinar y exigir el impuesto y aplicar multa por el periodo fiscal citado precedentemente, no se encuentran prescriptas.
No modifica lo expuesto el planteo de la recurrente respecto de la validez de la vista administrativa puesto que la misma fue dictada dentro del marco del procedimiento legalmente previsto para el proceso de determinación de oficio. Además de la lectura de dicho acto se advierte que contiene el cargo que se le efectúa al contribuyente, el origen del mismo, la forma en que había recibido el Fisco la información, por lo cuál y más allá del análisis de los restantes planteos de nulidad que articula la actora que este Tribunal hará a continuación, no se advierten vicios de tal gravedad que permitan tener por inexistente el acto de vista que diera origen al procedimiento determinativo.
En cuanto al planteo que efectúa la actora con relación a las manifestaciones vertidas por algunos legisladores durante el debate en la Cámara de Diputados de la que terminara siendo la Ley 26860, cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado "Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470).”
“Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
Que en función de lo expuesto, procede rechazar la prescripción opuesta por el recurrente.
VII. Que respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente a lo largo de su escrito de inicio donde centra sus agravios en que al momento del dictado de la vista no habría existido constancia alguna en el expediente relativa a la prueba provista por las autoridades francesas, en tanto las hojas impresas de la información aportada por el gobierno francés habrían sido incorporadas en el marco de la medida para mejor proveer dispuesta y, asimismo, solicita la nulidad de la resolución recurrida por vicios en su causa y motivación; corresponde señalar que el apelante siempre tuvo acabado conocimiento de los cargos fiscales, hecho que se encuentra acreditado por el tenor de la contestación del traslado de la vista conferido, mereciendo señalarse que la información obrante a fs. 63/64 y 65/66 de los antecedentes administrativos de la causa contiene exactamente los mismos datos (nombre de la institución bancaria, número de cuenta y saldo al 31 de diciembre de 2006) que el informe y la liquidación efectuada en la fiscalización electrónica y los datos volcados en la referida vista. Ello así, no se advierte que la incorporación de las planillas con la información recibida del Fisco Francés luego de corrida la vista (y antes de que se produjera su contestación), hubiera amenazado de alguna u otra forma el ejercicio del derecho de defensa que asiste al contribuyente, quien -vale reiterar- en todo momento tuvo conocimiento de los cargos que se le efectuaban.
Asimismo corresponde destacar que la recurrente al recurrir ante este Tribunal expresa haber tomado conocimiento de las constancias de la cuenta proporcionadas por la autoridad competente francesa (Dirección General de Finanzas Públicas de Francia) y tuvo entonces la oportunidad de ofrecer prueba en esta instancia, circunstancia ésta que resta sustento a su pretensión nulificante.
Cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que por otra parte, respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “ Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VIII. Que en cuanto al primero de los ajustes, surge que a criterio del Fisco Nacional, de conformidad con la información que surge de las planillas recibidas del Fisco Francés, la disponibilidad en efectivo y cotización de inversiones asciende al 31/12/2006 a U$S 11.207.946,87; en tanto que de los papeles arrimados por la recurrente surge que el saldo al 31 de Diciembre de 2006 asciende a U$S 11.040.126,25, surgiendo una pretensión fiscal de un supuesto incremento patrimonial de U$S 167.820,62 que equivaldría a la suma de pesos $507.153,92. Que en primer lugar, este Tribunal advierte que el Fisco ha procedido a determinar de esa forma tomando el monto total de la cuenta al 31/12/2006, pero se observa en las planillas que dieran origen al ajuste (vide fs. 65/66) que las sumas depositadas provienen de años anteriores. En efecto, se observa la existencia de un saldo final del período fiscal 2005. Ello así, la determinación del incremento patrimonial respecto del período fiscal 2006 debiera ser la diferencia existente entre el saldo al cierre del periodo 2006 (U$S 11.207.946,00) con el saldo al cierre del periodo fiscal 2005 (U$S 6.182.905,00) en la cuenta objeto de autos. Por lo cual se observa en este primer análisis que el Fisco Nacional no cuantificó el ajuste de forma correcta.
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, corresponde señalar que dicho ajuste efectuado por el Fisco Nacional proviene de una determinación de supuestas diferencias entre los montos contenidos en las pretensas planillas obrantes a fs. 65/66 de estos autos y aquellos que surgen de la documentación otorgada por la entidad financiera, la cual fue aportada por el contribuyente en sede administrativa debidamente certificada, legalizada, apostillada y traducida.
Que por lo tanto, las planillas incorporadas por el Fisco como sustento de su pretensión constituyen un indicio que admite prueba en contrario, habiendo sido acreditada la existencia de la cuenta en la entidad bancaria suiza por el contribuyente con la documentación emanada de dicha entidad bancaria, debidamente certificada y legalizada, por lo cual corresponde tener como saldo de la cuenta los que surgen de esta última documentación. En este sentido, es dable señalar que el Fisco Nacional tomó dicha documentación como base para efectuar los restantes ajustes correspondientes al Impuesto a las Ganancias y a Bienes Personales, circunstancia ésta que resta sustento a la pretensión fiscal aquí tratada, ya que no puede el Fisco Nacional tomar dicha documentación únicamente como válida en forma parcial cuando la considera favorable a sus pretensiones.
Atento lo expuesto corresponde hacer lugar al planteo de la actora y revocar este primer ajuste fiscal tanto en el Impuesto a las Ganancias como en Bienes Personales.
En cuanto al segundo y tercer ajuste, corresponde señalar que el Fisco Nacional sostiene que las cotizaciones declaradas por el Sr. José Pedro Angulo son inexactas, debido a que la cotización del dólar estadounidense promedio para las fechas de adquisición de dichos bonos convertidas al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al día correspondiente a cada adquisición de compra de los bonos, es de ($ 2,9868). Destaca que el Sr. José Pedro ANGULO necesitó para comprar los bonos declarados en la cuenta N° 1413031 del HSBC PRIVATE BANK al precio vigente a la fecha de su adquisición la cantidad de ($ 32.965.962,91), según planilla Anexa II.
Teniendo en cuenta lo declarado por la recurrente en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2006 en concepto de bonos y las fechas de adquisición de éstos, surgiría un incremento patrimonial no justificado de ($ 22.754.022,14), según consta en planilla Anexa II. Asimismo indica que el segundo ajuste detallado de (U$S 760.695,98) queda subsumido por lo expuesto precedente.
Corresponde señalar que la Resolución General 2527 establece el criterio de valuación descripto. En lo que a estos actuados interesa, el artículo 15 de la norma expresa que “los bienes y deudas en el extranjero, cuya declaración es de carácter obligatorio, deberán ser valuados siguiendo los preceptos básicos establecidos en esta resolución general para sus similares del paìs, transformando, en su caso, las unidades monetarias extranjeras a pesos argentinos, y observando en lo pertinente las normas particulares que se indican... 2) Los depósitos en instituciones bancarias el exterior, los créditos y las deudas, por su saldo al 31 de diciembre convertido en función del tipo de cambio —comprador o vendedor, respectivamente del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día de origen de los mismos."
En el caso de marras el problema se plantea porque el Fisco considera que los bonos adquiridos durante el período 2006 en la cuenta objeto de litis, deben valuarse al valor de cotización al momento de la incorporación al patrimonio y no como lo hizo la recurrente, quien señala que se trata de la reinversión del resultado de la venta de bonos adquiridos anteriormente.
Corresponde señalar que en el caso particular de la recurrente las inversiones se realizaron con anterioridad al año 2006, no obstante lo cual las eventuales diferencias de valuación de tipo de cambio al cierre de cada ejercicio no impactan en el resultado del impuesto justamente porque no estaban alcanzadas, optando por realizar justificaciones patrimoniales en los casos en los cuales las ventas de títulos se reinvirtieron en activos generadores de renta gravada que se repatriaron.
Es dable señalar que la diferencia de cotización debería incorporarse la como una justificación patrimonial en los términos de la RG (DGI) 2527. Esto es, la diferencia de cotización no impacta en el resultado gravado por el impuesto, sino que sólo debería reflejarse en una cuenta de justificación patrimonial.
Por otro lado corresponde tener en cuenta que del monto de las inversiones existentes al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre 2006, exclusivamente, en el exterior disminuyó en lugar de incrementarse. Dicha circunstancia se evidencia a partir de la pericial contable obrante a fs. 802/809 donde del análisis emerge que en todos los casos se trata de portafolios de inversiones, es decir, que el saldo de cada una de las cuentas está formado por la sumatoria de los valores que conforman la totalidad de las inversiones existentes al 31 de diciembre de cada uno de los años solicitados (dinero en efectivo, inversiones a renta fija, inversiones a renta variable, titulos, obligaciones negociables, acciones, etc.). Atento lo expuesto corresponde revocar dichos ajustes. En cuanto al cuarto ajuste proyectado en la determinación del Impuesto a las Ganancias que efectúa el Fisco Nacional basado en una una diferencia de (U$S 8.352,49), en concepto de dinero en efectivo, debido a que en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2006, el Sr. José Pedro ANGULO declaró el importe de U$S 69.489,50 cuando correspondía el importe de U$S 75.841,99, según la información detallada en la copia certificada, legalizada y apostillada de los extractos bancarios al 31/12/2006 expedidos por el HSBC PRIVATE BANK aportada por el Sr. José Pedro ANGULO; corresponde señalar que conforme surge de los papeles de trabajo obrantes a fs. 29 del Cuerpo de Antecedentes administrativos estas sumas equivalen $ 229.273,39 y están comprendidas dentro de la suma de la suma de $ 2.598.708,30 que identificó el total de los depósitos del Sr. ANGULO en el exterior.
Sentado lo expuesto corresponde señalar que si bien dichos extractos distinguen las tenencias entre dólares y euros, los últimos se transforman a dólares a los efectos de brindar toda la información en una única moneda y permitir obtener un único total. En virtud de lo expuesto corresponde concluir que dichos fondos informados bajo este rubro, al 31 de diciembre de 2006 fueron correctamente declarados en su equivalente en moneda nacional llevando a revocar el ajuste del Fisco Nacional.
Resta por considerar el restante ajuste que efectúa el Fisco Nacional en el Impuesto sobre los Bienes Personales al sostener que comparando lo declarado por el contribuyente en su declaración jurada con el saldo en la cuenta HSBC PRIVATE BANK 509 1413031 -Suiza-, según la documental aportada por él mismo, surge una diferencia en la base imponible a favor del Fisco Nacional. Al respecto, corresponde señalar que muchas de las inversiones efectuadas por la actora a través de la cuenta del HBSC PRIVATE BANK de Suiza eran en títulos de la República de Austria por lo que su exención o no gravabilidad resultan claras a la luz del Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional que tenía suscripto la República Argentina con el país mencionado el 13-09-1979 y que fuera ratificado por la ley 22.589 (BO 20- 05-1982), encontrándose plenamente vigente en el año 2006 Corresponde señalar que Fisco Nacional en ningún momento cuestiona la aplicabilidad del convenio citado, al caso que nos ocupa. Sólo determina una diferencia por la comparación entre las cifras expuestas en la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales y la que emana de la documental aportada por la recurrente en sede administrativa.
Asimismo conforme surge de la pericial contable obrante a fs. 811/813 ambos peritos son contestes en que de las inversiones de la actora surgen bonos provenientes de la República de Austria relacionados con la Cuenta HSBC Private Bank, que atento a lo expuesto anteriormente dichos bonos se encuentran exentos al amparo del citado convenio por lo cual le asiste razón al criterio de la recurrente por cuanto dicha diferencia no incide en la determinación de Bienes Personales 2006, circunstancia esta que lleva a revocar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional.
IX. Atento lo expuesto corresponde revocar en su totalidad las resoluciones Nros. 205 y 206 apeladas en autos. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello; SE RESUELVE:
1. Revocar en su totalidad las resoluciones Nros. 205 y 206 apeladas en autos. Con costas al Fisco Nacional.
2. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.03 14:26:08 ART Date: 2022.05.03 14:44:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.03 14:44:49 -03:00
Fin de la sentencia