Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 44217-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la Administración Federal de Ingresos Públicos—Dirección General Impositiva y distribuir las costas en el orden causado.
2Fijar los honorarios con arreglo al considerando IX.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
45765/2019 ANGULO, JOSE PEDRO (TF 44217-I) ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 14 de noviembre de 2024.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. El señor José Pedro Ángulo interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683 contra las resoluciones nºs 205/2015 y 206/2015 (DV RRME), que determinaron de oficio en forma parcial su obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (período fiscal 2006) y en el impuesto sobre los bienes personales (período fiscal 2006), y liquidaron los intereses resarcitorios.
Explicó que era un empresario con una amplia trayectoria en este país, que en el año 1997 decidió vender las acciones que poseía en dos empresas argentinas y que con el producido de esas ventas realizó inversiones en un banco de Suiza.
Manifestó que el examen de las declaraciones juradas como de los papeles de trabajo y la respuesta a la fiscalización electrónica exhibían que declaró la cuenta que poseía en el Banco HSBC (SUISSE) y su respectivo saldo al 31 de diciembre 2006.
Expresó que en esa cuenta "tenía menos dinero en el exterior al 31 de diciembre de 2006 respecto del existente al 31 de diciembre de 2005" y que "[p]or ello mal podría considerarse como lo hace el fisco que existe un incremento patrimonial injustificado".
Señala que el supuesto incremento se genera porque existe una discrepancia con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con relación a la forma de valuar esas inversiones, pues aquélla considera "la información emanada de los staments of assets" mientras que aquél utilizó los "valores de costo".
Sostiene que los resultados de esas inversiones no están gravados en función del artículo 2, apartado 1, de la ley de impuesto a las ganancias, pero que "en última instancia, la diferencia de cotización debería incorporarse como una justificación patrimonial en los términos de la RG (DGI) 2527".
Con relación al ajuste en el impuesto sobre los bienes personales argumenta que el ajuste se generó por "la pretensa diferencia" en la valuación de "títulos que no integran la base imponible del gravamen por encontrarse exentos" en función del Convenio para Evitar la Doble Imposición celebrado entre Argentina y Austria.
Agrega que "la AFIP en ningún momento cuestiona la aplicabilidad del convenio citado [...]. Sólo determina una diferencia por la comparación entre las cifras existentes expuestas en la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales y la que emana de los staments of assets citados".
II. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: "[r]evocar en su totalidad las resoluciones Nros. 205 y 206 apeladas en autos. Con costas al Fisco Nacional" (pronunciamiento del 3 de mayo de 2022). Sostuvo:
(i) Con relación "al segundo y tercer ajuste, [...] el Fisco Nacional sostiene":
-"[L]as cotizaciones declaradas por el Sr. José Pedro Angulo son inexactas, debido a que la cotización del dólar estadounidense promedio para las fechas de adquisición de dichos bonos convertidas al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al día correspondiente a cada adquisición de compra de los bonos, es de $ 2 ,9868".
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45765/2019 ANGULO, JOSE PEDRO (TF 44217-I) ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO -"[E]l Sr. José Pedro ÁNGULO necesitó para comprar los bonos declarados en la cuenta N° 1413031 del HSBC PRIVATE BANK al precio vigente a la fecha de su adquisición la cantidad de ($ 32.965.962,91), según planilla Anexa II".
-"Teniendo en cuenta lo declarado por la recurrente en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2006 en concepto de bonos y las fechas de adquisición de éstos, surgiría un incremento patrimonial no justificado de $ 22.754.022,14, según consta en planilla Anexa II".
-"Asimismo indica que el segundo ajuste detallado de U$S 760 .695,98 queda subsumido por lo expuesto precedente".
(ii) La resolución general 2527 establece en el artículo 15 que "los bienes y deudas en el extranjero, cuya declaración es de carácter obligatorio, deberán ser valuados siguiendo los preceptos básicos establecidos en esta resolución general para sus similares del país, transformando, en su caso, las unidades monetarias extranjeras a pesos argentinos, y observando en lo pertinente las normas particulares que se indican... 2) Los depósitos en instituciones bancarias el exterior, los créditos y las deudas, por su saldo al 31 de diciembre convertido en función del tipo de cambio —comprador o vendedor, respectivamente del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día de origen de los mismos". (iii) La controversia "se plantea porque el Fisco considera que los bonos adquiridos durante el período 2006 en la cuenta objeto de litis, deben valuarse al valor de cotización al momento de la incorporación al patrimonio y no como lo hizo la recurrente, quien señala que se trata de la reinversión del resultado de la venta de bonos adquiridos anteriormente".
(iv) "[E]n el caso particular de la recurrente las inversiones se realizaron con anterioridad al año 2006, no obstante lo cual las eventuales diferencias de valuación de tipo de cambio al cierre de cada ejercicio no impactan en el resultado del impuesto justamente porque no estaban alcanzadas, optando por realizar justificaciones patrimoniales en los casos en los cuales las ventas de títulos se reinvirtieron en activos generadores de renta gravada que se repatriaron".
(v) "[L]a diferencia de cotización debería incorporarse como una justificación patrimonial en los términos de la RG (DGI) 2527. Esto es, la diferencia de cotización no impacta en el resultado gravado por el impuesto, sino que sólo debería reflejarse en una cuenta de justificación patrimonial".
(vi) "Por otro lado corresponde tener en cuenta que del monto de las inversiones existentes al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre 2006, exclusivamente, en el exterior disminuyó en lugar de incrementarse. Dicha circunstancia se evidencia a partir de la pericia contable [...] donde del análisis emerge que en todos los casos se trata de portafolios de inversiones, es decir, que el saldo de cada una de las cuentas está formado por la sumatoria de los valores que conforman la totalidad de las inversiones existentes al 31 de diciembre de cada uno de los años solicitados (dinero en efectivo, inversiones a renta fija, inversiones a renta variable, títulos, obligaciones negociables, acciones, etc.)".
(vii) "Atento lo expuesto corresponde revocar dichos ajustes".
III. La AFIP apeló y expresó agravios que no fueron replicados por el actor.
Preliminarmente sostiene que desiste "de la apelación de la sentencia en cuanto 'resolvió revocar las resoluciones apeladas, con costas...'; con excepción de la revocación del segundo y tercer ajuste, cuya apelación se propone conjuntamente con la condenación en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 45765/2019 ANGULO, JOSE PEDRO (TF 44217-I) ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO costas" (ver el memorial de fs. 923/929, el informe de fs. 929 vta/930 y la resolución de fs. 948).
Sus críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente manera: (i) "Para el TFN [...] las inversiones se realizaron con anterioridad al año 2006", sin embargo "tanto del Anexo II referenciado, como de las respuestas desarrolladas por ambos peritos en los puntos II y V del informe pericial del Expediente 44217-I, se observan como momentos de la compra de bonos fechas que se corresponden con el curso del año 2006, y es en ese ejercicio donde exactamente el fisco practicó el ajuste".
(ii) "[D]el detalle realizado por ambos peritos (cada uno según sus dichos, o sea no en forma conjunta) se advierte que la fecha de compra de todos los bonos fue en el año 2006".
(iii) "[L]a arbitrariedad en la apreciación de la prueba pericial en este sentido es manifiesta, puesto que el sentenciante concluye invocando 'la pericial contable obrante a fs. 802/809' que 'en todos los casos se trata de portfolios de inversiones' pero ello no enerva la tesis fiscal que sostiene [...] que los bonos fueron adquiridos en el año 2006".
(iv) "[D]ado que el Tribunal se excede en la interpretación de la pericia, sacando conclusiones que no surgen del mismo ni fueron propuestas como puntos periciales (sino todo lo contrario, confirman la tesis fiscal) cabe concluir que se configura un supuesto de arbitrariedad en la apreciación de los hechos y la prueba". (v) "[L]os peritos son auxiliares de la justicia y su dictamen no resulta vinculante y obligatorio para el Tribunal Fiscal. En tal entendimiento, el Juzgador puede, basado en las reglas de la sana crítica, apartarse de las reglas de la sana crítica, apartarse de las conclusiones del mismo cuando crea que otro medio de prueba [...] tiene más aptitud probatoria a los fines de imponerse al mentado informe pericial contable".
IV. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación sobre las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso 'b', de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causa “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “ Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “ Ambulancias Privadas Argentinas SA ”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “L Guillon SA”, pronunciamiento del 27 de junio de 2024, y Sala V, causa “Granja La Loma SRL” pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 18 de junio de 2024, respectivamente).
Además, esta sala ha dicho que debe reconocerse la validez de las conclusiones expuestas en los peritajes para decidir sobre aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (artículo 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fallos: 319:469; 320:326 y 332:1688; 340:991; 341:180, entre otros; esta sala, causa nº 41 .036/2023 “Scania Argentina SA-TF 29193-I c/Direccion General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo ”, pronunciamiento del 1 de agosto de 2024, entre otros).
V. Los agravios que la AFIP ofrece para intentar rebatir el pronunciamiento apelado soslayan la ponderación de los medios CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 45765/2019 ANGULO, JOSE PEDRO (TF 44217-I) ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO probatorios que fue realizada por el Tribunal Fiscal de la Nación y proponen diversas interpretaciones que no logran controvertir idoneámente sus conclusiones.
Ciertamente, el pronunciamiento recurrido puntualizó que la controversia giró en torno a una discrepancia en la forma de valuar los bonos que el contribuyente poseía en la cuenta n° 1413031 del HSBC PRIVATE BANK (SUISSE).
La AFIP -como se dijo- estimó que aquéllos debían valuarse "al valor de cotización al momento de la incorporación al patrimonio", que estimó ocurrió en el año 2006, mientras que el actor sostiene que se trató "de la reinversión del resultado de la venta de bonos adquiridos anteriormente".
El Tribunal Fiscal de la Nación juzgó que "en el caso particular de la recurrente las inversiones se realizaron con anterioridad al año 2006" y sostuvo que "las eventuales diferencias de valuación de tipo de cambio al cierre de cada ejercicio no impactan en el resultado del impuesto justamente porque no estaban alcanzadas".
También señaló que "la diferencia de cotización debería incorporarse como una justificación patrimonial en los términos de la RG (DGI) 2527. Esto es, la diferencia de cotización no impacta en el resultado gravado por el impuesto, sino que sólo debería reflejarse en una cuenta de justificación patrimonial".
Y sostuvo que correspondía "tener en cuenta que del monto de las inversiones existentes al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre 2006, exclusivamente, en el exterior disminuyó en lugar de incrementarse. Dicha circunstancia se evidencia a partir de la pericia contable [...] donde del análisis emerge que en todos los casos se trata de portafolios de inversiones, es decir, que el saldo de cada una de las cuentas está formado por la sumatoria de los valores que conforman la totalidad de las inversiones existentes al 31 de diciembre de cada uno de los años solicitados (dinero en efectivo, inversiones a renta fija, inversiones a renta variable, títulos, obligaciones negociables, acciones, etc.)".
VI. Con relación a la supuesta concordancia de los peritos respecto de la fecha de ingreso de los bonos cabe puntualizar que -en sentido contrario al que ofrece la AFIP en el memorial- el perito propuesto por la parte actora sostuvo que "[l]os informes de posición que constan en autos, son en general, informes estáticos al 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectivamente. No dan cuenta de los movimientos de compras y ventas operados entre una posición y otra" (ver fs. 807 vta.).
Ese dato no sólo no fue controvertido por el perito propuesto por la AFIP en el mismo informe, sino que tampoco fue objeto de impugnación por la representación letrada de aquélla.
VII. Por tanto, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado un error que justifique apartarse de la aplicación del principio legal recordado, de modo que cabe tener por válidas sus conclusiones.
VIII. Las costas de esta instancia deben ser distribuidas en el orden causado en atención a la ausencia de réplica del recurso por parte del actor (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
IX. Resta pronunciarse respecto de las apelaciones deducidas por ambas partes por considerar "altos" y "bajos" los honorarios regulados por el Tribunal Fiscal de la Nación en las resoluciones del 10 de agosto y del 13 de septiembre de 2022.
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45765/2019 ANGULO, JOSE PEDRO (TF 44217-I) ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 1. En función de la naturaleza del proceso, su monto, las etapas procesales cumplidas, ponderando el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido, corresponde:
i. FIJAR en la suma de UN MILLON VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.026.246,58), a cada uno, los honorarios a favor del doctor Esteban A. Laspina y de la doctora Analía A. Sanchez por la dirección letrada y representación procesal de la parte actora en la primera etapa de la instancia anterior (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839).
ii. FIJAR los honorarios a cada uno de aquéllos profesionales, en la suma de 29,08 UMA —equivalente a la suma de $ 1.802.814,6 según la resolución SGA nº 2910/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— por la dirección letrada y representación procesal de la parte actora en la segunda y tercera etapa de la instancia anterior (artículos 16, 20, 21 y demás concordantes de la ley 27.423).
iii. Si se tiene en cuenta la calidad y la extensión del peritaje corresponde FIJAR los honorarios a favor del contador público Carlos Alberto Schestakow, en la suma de 25,97 UMA ––equivalentes a la suma de $ 1.610.010,15 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 2910/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación–– (artículo 21, inciso 4°, de la ley 27.423; Fallos 300:70; 320:2349, entre otros).
2. En función de lo decidido en la sentencia de previo y especial pronunciamiento a fs. 596/598, corresponde FIJAR en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE CON TRECE CENTAVOS ($ 443.907,13)
los honorarios a favor de la doctora María Julia Chiesa por la dirección letrada y la representación procesal de la AFIP-DGI (artículo 33 y demás concordantes de la ley 21.839).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de la Administración Federal de Ingresos Públicos—Dirección General Impositiva y distribuir las costas en el orden causado. 2. Fijar los honorarios con arreglo al considerando IX. Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal.
Fin de la sentencia