Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. No hacer lugar a la medida para mejor proveer solicitada por la parte actora.
Trelew, 17 de noviembre de 2026.
Estos autos caratulados “ Anónima s/ Accidente de trabajo (sistémico)” (710 – 2026 CAT), venidos a despacho a fin de resolver el llamado del día 26/10/2026, y
I. Mediante Sentencia Definitiva N° 133/2026 (24/09/2026), la Jueza de primera instancia rechazó la demanda promovida por contra ., impuso las costas al actor vencido y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
En relación con la pericia médica realizada por el Dr. , ponderó que el experto reconoció la existencia de un cuadro de lumbalgia generado por el esfuerzo súbito denunciado, pero no constató secuelas ni limitaciones funcionales que determinaran una incapacidad laboral permanente. El dictamen fue impugnado por la parte actora y el perito, al brindar las explicaciones requeridas, ratificó sus conclusiones.
II. Mediante ID 2547797 (29/09/2026), la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 30/09/2026 y fundado mediante ID 2558761 (06/10/2026). Del memorial de agravios se corrió traslado el 07/10/2026, contestado por la demandada mediante ID 2566916 (13/10/2026).
En el apartado VII del memorial de agravios, la parte actora solicitó subsidiariamente la realización de una nueva pericia médica como medida para mejor proveer, con fundamento en el art. 61 de la Ley XIV N° 1.
Alegó que la sentencia otorgó un alcance definitivo a las conclusiones del perito médico, quien descartó la existencia de incapacidad laboral permanente a partir de una evaluación puntual, sin considerar la posible evolución posterior del cuadro lumbar. Señaló que el 22/04/2026, con motivo de un examen preocupacional, se realizó una radiografía de columna lumbosacra cuyo informe consignó: “Se observa compromiso del espacio discal L4-L5”. Sostuvo que dicho estudio constituye un nuevo elemento médico objetivo que no pudo ser considerado por el perito al momento de realizar su evaluación y que justificaría una valoración actualizada del estado de salud del trabajador. Cuestionó, asimismo, que el experto no hubiera consignado mediciones goniométricas de la columna lumbar, limitándose a señalar que presentaba «movilidad en rangos fisiológicos», sin precisar los grados de flexión, extensión, inclinación y rotación que permitieran verificar la existencia de limitaciones funcionales conforme al baremo del Decreto N° 659/96. Agregó que esa deficiencia no fue subsanada al contestar la impugnación oportunamente formulada contra el dictamen.
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Sostuvo que una nueva evaluación permitiría determinar la existencia de eventuales secuelas permanentes, su porcentaje de incapacidad y su relación causal o concausal con los accidentes denunciados, considerando los estudios médicos disponibles, la evolución clínica y las exigencias físicas de las tareas laborales desempeñadas.
Mediante ID 2566916 (13/10/2026), la parte demandada contestó el traslado de la expresión de agravios, solicitando que se declare desierto el recurso o, subsidiariamente, que se lo rechace y se confirme la sentencia, con costas. Sostuvo que el memorial no contiene una crítica concreta y razonada de la decisión apelada, sino una discrepancia con la valoración de la prueba pericial efectuada por la sentenciante.
III. Pasando a resolver, cabe señalar que el dictado de las medidas para mejor proveer es una facultad privativa de la magistratura, que no procede a pedido de parte pues de esa manera se estaría beneficiando a la posición de quien lo solicita (Sala A SIL N° 56/2023, con cita CAT Sala “B” SIL N° 4/2022 con cita a Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Familia de Villa Dolores, 23/12/97, “Peano, Nilda D. c/ La Novedad S.A.”, La Ley, 1999-C, 749, LLC, 1999-293 y AR/JUR/5042/1997). Es decir, es el Juez y solo él quien puede y debe apreciar la necesidad y extensión de una medida para mejor proveer en el caso concreto, ya sea para complementar o para integrar el material probatorio incorporado al proceso por las partes; y en tal tarea no tiene otros límites que el respeto de los hechos alegados, controvertidos y conducentes, y la defensa en juicio de las partes (conf. esta Sala, SIL nº 26/2012 y SIL N° 29/2013; López Mesa-Rosales Cuello, "Código procesal civil y comercial de la Nación", La Ley, Buenos Aires, 2012, T. I, p. 281).
Ello así, porque el uso de estas medidas no puede devenir en abusivo, concretándose en suplir o suplantar la inactividad probatoria de una de las partes, infringiendo de este modo el principio de igualdad procesal al favorecer a una parte en desmedro de la otra, que resultó diligente en la producción de los respectivos medios probatorios.
En los presentes, el actor reclama las prestaciones dinerarias previstas en la Ley N° 24.557 por la incapacidad laboral que atribuye a los accidentes de trabajo denunciados. Producida la pericia médica por el Dr. (ID , del 07/05/2025), la parte actora la impugnó (ID 1904614, del 13/05/2025) y el experto brindó las explicaciones requeridas (ID 1907435, del 14/05/2025), de las que se corrió traslado a las partes el 15/05/2025.
Posteriormente, la propia actora solicitó la clausura del período probatorio. La sentencia definitiva rechazó la demanda sobre la base de las conclusiones periciales que descartaron la existencia de incapacidad laboral permanente derivada de los hechos denunciados.
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En esta instancia, el recurrente solicita, como medida para mejor proveer, la realización de una nueva evaluación médica que contemple su estado actual, tomando en consideración una radiografía lumbar de fecha 22/04/2026, acompañada con la expresión de agravios, cuyo informe consigna que “se observa compromiso del espacio discal L4-
L5”.
Cabe señalar que, al elaborar su dictamen, el perito médico contó con estudios de resonancia magnética de la columna lumbosacra, de fechas 27/03/2024, 28/06/2024 y 28/04/2025 (vide págs. 56, 57 y 204, respectivamente, del expediente digital), cuyos resultados fueron expresamente considerados en su informe pericial (ID 1897283). En tales condiciones, no resulta posible hacer lugar al pedido de la recurrente en tanto significaría una afrenta a los principios de defensa en juicio y de igualdad procesal, natural exteriorización en el campo procesal del principio general de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la Constitución nacional. Se lo identifica como "la relativa paridad de condiciones de los justiciables de tal manera que nadie pueda encontrarse en una situación de inferioridad jurídica" (Clemente Díaz, "Instituciones de Derecho Procesal", Parte General, ed. Abeledo Perrot, 1968, t. I, p. 218, cit. por Loutayf Ranea y Solá en "Principio de igualdad procesal", LL supl. del 11-V-2011, p. 1; LL 2011-C, p. 790).
Ahora bien, no requiere una igualdad aritmética sino que lo que exige el principio es que se brinde a las partes una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de su derecho de acción y de defensa, es decir, que garantice a todas, dentro de las respectivas posiciones que ostentan en el proceso y de acuerdo con la organización que a éste haya dado la ley, el equilibrio de sus derechos de defensa. (SCBA, C. 119.598 "Velidur Group S.R.L. contra Valdez, Juan Carlos. Cobro ejecutivo”, 29/04/2015).
Por ello, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:
I. NO HACER lugar a la medida para mejor proveer solicitada por la parte actora.
II. REGÍSTRESE, notifíquese y, oportunamente, pasen las actuaciones a despacho a fin de dictar sentencia.
Suscripta digitalmente por Guillermo Nicolás WALTER, Presidente de la Sala 2 y por Marcelo Fernando PERAL, Juez de Cámara.
REGISTRADA BAJO EL Nº 78 DE 2026 - SIL - CONSTE. Firmado digitalmente por Florencia Césari, Secretaria Subrogante.
Fin de la sentencia