Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 27041-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los agravios de la parte actora y, por mayoría, imponerle las costas (art. 68 del Código Procesal). Devolver la causa al Tribunal Fiscal de la Nación a los fines indicados en el Considerando IV del voto del Dr. Treacy.
42274/2012 ANSCO SA (TF 27041-A) c/ DGA s/ Buenos Aires, de mayo de 2014 VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio de fs. 93/95, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar la Resolución nro. 600/06 dictada por el Departamento de Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires y denegar la repetición intentada. Con costas a la recurrente.-
II.-Que a fs. 98 se regularon los honorarios profesionales de la representación fiscal, los que fueron apelados por bajos a fs. 100/101.-
A fs. 108 apeló la actora el decisorio en cuanto al fondo de la cuestión y a fs. 111/115 expresó agravios, los que fueron contestados a fs. 117/126 por su contraria.-
III.-Que dos son las cuestiones tratadas en el decisorio recurrido. La primera de ellas tiene que ver con la mercadería importada al amparo del ítem 2 de la destinación nro. 86096-3/1994, como así también si habiendo invocado la actora para el ítem 1 del despacho los beneficios del PAR-4, puede gozar a su vez de los beneficios establecidos en el ACE 14 relativos a la tasa de estadística.-
IV.-Que respecto del primer punto I (ítem 2), el Tribunal Fiscal de la Nación entendió que la falta de la firma ológrafa en el certificado de origen es una deficiencia de carácter sustancial que implica una inhabilidad manifiesta, por lo que no puede pretender la actora que se le establezca la tasa de estadística del 3% si no que debe tributar la del 10% (tal como lo hizo).- V.-Que sobre el punto, esta Sala ya ha resuelto en numerosos casos; entre ellos, en la causa 27.499/2012, “Dana Argentina S.A. (TF 29.583-A) c/ DGA”, sentencia del 17/10/2012 que: “el defecto señalado por el servicio aduanero carece de entidad para invalidar el certificado en cuestión, máxime cuando el Tribunal Fiscal consideró probada la veracidad de los datos allí consignados en función de los elementos de juicio pertinentes”.-
Allí mismo, se expresó que el criterio del Tribunal Fiscal resulta de un excesivo rigor formal. Por ello, respecto de este punto corresponde revocar lo decidido por el organismo jurisdiccional y hacer lugar a la repetición solicitada en relación al ítem 2 respecto de la tasa de estadística, en la medida de la diferencia entre el 10% abonado y el 3% pretendido conforme lo preceptúa el ACE 14, con más los intereses correspondientes en los términos establecidos por el Código Aduanero.-
VI.-Que respecto del ítem 1, se agravia la actora por entender que, por tratarse de una mercadería importada desde Brasil (país miembro del Mercosur) y con destino final en Argentina, cabe aplicar de oficio el ACE 14 y reducir la tasa de estadística del 10% al 3%.-
VII.-Que como bien lo ha resuelto el organismo jurisdiccional en el decisorio recurrido y lo pone de relieve la demandada al contestar los agravios, la actora se refirió exclusivamente en el caso del ítem 1 a los beneficios previstos en el PAR-4, sin especificar el ACE 14 (conf. actuaciones administrativas); sobre todo cuando no toda la mercadería que se comercializa entre ambos países se encuentra incluida dentro del acuerdo de complementación económica antes indicado.-
De allí que la actora no puede exigir que la mercadería sea considerada como intrazona, desde que la tasa de estadística en modo alguno está modificada por los beneficios del PAR-4.-
Por lo antes expuesto, corresponde en este punto (ítem 1) rechazar el agravio de la actora y confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación.-
VIII.-Que respecto de las costas, en la medida en que ha existido vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del CPCCN), deben ser impuestas por su orden; razón por la cual debe dejarse sin efecto la regulación de honorarios de fs. 98 y vta., sin que sea necesario el tratamiento de la apelación de fs. 100/101.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, dijo:
I. Que en cuanto a los antecedentes de la causa, me remito al voto que antecede.
II. Que la recurrente se agravia por entender que no podía desconocerse que la mercadería importada se encontraba negociada por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, sin perjuicio de su invocación en el despacho de importación o certificado de origen. Asimismo, cuestionó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación en relación con la falta de firma y sello en el certificado mencionado debido a que su autenticidad y validez había sido reconocida por las autoridades emisoras del mismo. A los fines de una mejor claridad en el análisis, conviene abordar en primer lugar la cuestión de la validez del certificado presentado, ya que ello condiciona la necesidad de examinar el otro agravio.
II.1. Al respecto, es menester señalar que en el precedente “Mercedes Benz” del 21/12/99, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró -en lo que aquí interesa- que: a) el Acuerdo de Complementación Económica N° 14 establecía en el anexo V la posibilidad de incluir normas específicas en materia de origen “…a fin de cumplir con el objetivo de promover la complementación económica” de los países signatarios; b) en tal anexo se establecieron las condiciones que debía reunir la mercadería para ser considerada “de origen” de los países firmantes del acuerdo y se dispuso lo relativo a la “declaración, certificación y comprobación” de tal extremo, exigiéndose como medio de prueba el “Certificado de Origen” y c) el art. 16º del anexo V estableció que si el país importador consideraba que los certificados de origen no reunían las condiciones de emisión debía comunicarlo al país exportador a efectos de que éste adoptara las medidas necesarias para solucionar los problemas planteados, y le impedía detener el trámite de la importación de los productos amparados por dicho régimen, dejando a salvo las medidas que aquél considerara necesarias para asegurar su interés fiscal (confr. cons. 5º. (Fallos: 322:3193).
Con posterioridad al precedente mencionado, el Máximo Tribunal, en “Autolatina Argentina S.A. (TF 7879-A) c/D.G.A” (Fallos 326:1090), estableció que los Anexos V y VIII del ACE 14 “deben integrarse con las normas del Protocolo Adicional N° 17, suscripto el 4 de mayo de 1993, (…) que establece un régimen armonizado de procedimientos y sanciones administrativas aplicables a los casos de falsedad en los certificados de origen emitidos en el ámbito del ACE N° 14 o de incumplimiento de los requisitos de origen (conf. arts. 1, 5 y 12)” (Fallos: 326:1090).
Señaló también que tales disposiciones apuntaban a dotar de mayor certeza al proceso de importación de bienes entre los países suscriptores del acuerdo toda vez que aseguraba que las mercaderías embarcadas fueran efectivamente las indicadas en el certificado como de origen del país exportador (confr. cons. 6º).
Por otro lado, remarcó que según los términos del Protocolo Adicional Nº 17 firmado en 1993, la autoridad aduanera argentina ya no estaba obligada a solicitar en todos los casos al país exportador la información adicional necesaria para esclarecer las deficiencias de los certificados de origen, a diferencia de establecido en las normas vigentes con anterioridad. Señaló que tal obligación sólo subsistía para los casos en los cuales se “...tuviera dudas en cuanto a la autenticidad o veracidad de la certificación, o en cuanto al cumplimiento de los requisitos de origen.” (Cons. 8º y 9º).
Aclaró que en tales condiciones “...han quedado limitados los supuestos en que la Aduana debe proceder de ese modo, de manera que si la inhabilidad del certificado de origen resulta manifiesta....el importador no puede exigir que se cumpla con ese procedimiento, dada la completa duda al respecto” (cons. 9º in fine).
Consecuentemente, conforme la interpretación de la Corte, la obligación de la autoridad aduanera de acudir al “mecanismo de consulta” previsto en el artículo 16 del Anexo V del ACE 14 para casos de dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de los certificados de origen sólo resulta aplicable a las importaciones registradas antes del 4 de mayo de 1993, fecha a partir de la cual rige el Protocolo Adicional Nº 17, de cuyos términos se infiere que la aduana ya no está obligada a cumplir tales consultas, ni el importador tiene derecho a reclamarlas. II.2.-En virtud de la reseña efectuada, corresponde destacar que los Despachos de Importación por los cuales se realizaron los reclamos de autos datan del año 1999, razón por la cual rigen en el caso las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Complementación Económica N° 14 y sus anexos V y VIII. Por consiguiente, sus alcances deben ser examinados conforme al criterio expuesto por la Corte Suprema en la causa “Autolatina”.
De acuerdo con ello y según el régimen de origen, cabe destacar que los certificados carecerán de validez en caso de no haberse completado todos sus campos (conf. art. 9º del Protocolo Adicional 17). En este sentido, el formulario preimpreso que consta como Anexo I del Protocolo Adicional nº17 (confr. ACE 14, -Régimen de Origen-Cap. II, art. 12) es claro en el sentido que en el campo 14 -certificación de la entidad habilitada- deben constar: la fecha, la firma del funcionario habilitado y el sello de la entidad.
II.3. Ahora bien, en este caso particular, cabe señalar que el certificado en cuestión fue considerado inválido por la autoridad aduanera porque no se encontraba debidamente intervenido, con firma ológrafa del funcionario habilitante autorizado para su expedición sino que se encontraba preimpresa.
En sentido concordante, el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo: “Que por el art. 4º del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI los certificados de origen deben estar debidamente intervenidos con sello y firma de las reparticiones oficiales o entidades gremiales, y esta circunstancia no se da en la causa en que la firma ha sido sustituida por un sello del funcionario que debía intervenir. Asimismo, expresó que “[l]a falta de firma ológrafa es una deficiencia de carácter sustancial, que implica una inhabilidad manifiesta del certificado de origen” (v. fs. 95). Por ello, determinó que el certificado de origen presentado para las mercaderías importadas no se ajustaba a lo dispuesto por el artículo 4º del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI, según el cual los certificados de origen deben estar debidamente intervenidos con sello y firma de las reparticiones oficiales o entidades gremiales.
De este modo, se observa que el defecto señalado por el servicio aduanero -firmas preimpresas- posee entidad suficiente para invalidar el certificado de origen (v. documentación obrante a fs. 39 de las actuaciones administrativas reservadas en Secretaría bajo el interno Nº C-44). Máxime considerando que la actora no probó la veracidad de los datos allí consignados en función de las medidas probatorias oportunamente ofrecidas respecto de las cuales se declaró su desinterés en la producción (v. fs. 15 y 92). Cabe recordar que de acuerdo con el principio general de la prueba “…quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (Fallos: 331:881; esta Sala in re: “Fernández Meneses Adriana Elizabeth c/ EN-SIDE s/ Empleo Público” sentencia del 05/07/2011). En consecuencia, toda vez que el certificado de origen no se encuentra debidamente intervenido por las autoridades competentes, se rechazan los agravios expuestos por la recurrente sobre este punto.
III. En atención a lo expresado en el considerando II, resulta insustancial referirse a los agravios de la recurrente acerca de la falta de invocación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 14.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la apelación interpuesta y confirmar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación. Las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida en virtud del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).
IV. Que en relación con los honorarios profesionales regulados en la resolución de fojas 98, toda vez que existen discrepancias entre el monto en letras y en números de los emolumentos fijados, corresponde devolver la causa a dicho tribunal a sus efectos.
ASÍ VOTO.-
El señor Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que en cuanto al relato de los hechos, adhiero a lo manifestado por el Dr. Pablo Gallegos Fedriani en los considerandos I a IV de su voto.
II. Que en relación con los agravios tendientes a que se reconozcan las preferencias arancelarias previstas en el Acuerdo de Complementación Económica N° 14 (ACE 14), puntualmente la tasa de estadística especial del 3% en lugar de la tasa de estadística general del 10%, respecto de la mercadería documentada en el ítem 1 del despacho de importación n° 86096-3/1994 y amparada por el certificado de origen del 22 de febrero de 1994, sin perjuicio de que en los mismos se había declarado que aquélla había sido negociada en los términos del Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional n° 4 (PAR 4), adhiero a la solución propiciada por el Dr. Pablo Gallegos Fedriani. Ello, toda vez que no puede válidamente el importador pretender que se le apliquen a las mercaderías que importa un régimen diferente al expresamente declarado y, en el caso más beneficioso, so pretexto de que los beneficios previstos en el ACE n° 14 resultan aplicables por el mero hecho de ser la mercadería originaria de Brasil, miembro de ese Acuerdo y sin respetar asimismo las condiciones de emisión de los certificados que la amparan en los términos del mencionado Acuerdo.
Por ello, y en la medida en que el declarante consignó que la mercadería declarada en el ítem 1 del despacho de importación n° 86096-3/1994 había sido negociada en los términos del PAR 4 corresponde que se le apliquen las preferencias negociadas en el marco de ese Acuerdo, entre las que no se encuentra la tasa de estadística especial del 3% sino la tasa de estadística general del 10% prevista en el Decreto n° 1998/92.
III. Que, en diferente orden de ideas, y con relación a los agravios tendientes a sostener la validez del certificado de origen del 22 de febrero de 1994, respecto de la mercadería documentada en el ítem 2 del despacho de importación n° 86096-3/1994, adhiero a la solución propiciada por el Dr. Guillermo F. Treacy.
Corresponde poner de manifiesto que en el formulario preimpreso que consta como Anexo I del Protocolo Adicional n° 17 (confr. ACE 14, -Régimen de origen-Cap. II, art. 12) es claro en el sentido de que en el campo 14 -certificación de la entidad habilitada- debe constar: la fecha, la firma y el sello de la entidad.
Al respecto cabe señalar que si bien el art. 14 del Anexo V del ACE 14 prevé “...Los países miembros comunicarán al Comité de Representantes la relación de las reparticiones oficiales y entidades gremiales habilitadas para expedir la certificación..., con el registro y facsímil de las firmas autorizadas” , ello se encuentra previsto a los fines del control y conocimiento por parte de los países miembros de las entidades y funcionarios habilitados en cada país, más no puede concluirse que tal previsión habilite a la utilización de la firma facsímil para la certificación en sí misma.
En tales condiciones, para que la firma facsímil resulte válida a los fines de la certificación del origen de la mercadería, debe estar específicamente previsto en el régimen, lo que no ocurre en autos para el supuesto examinado.
Que a diferencia de lo resuelto por este Tribunal en casos similares, en los cuales se admitió la validez del certificado de origen a modo de excepción al criterio expuesto por la Corte Suprema en el caso “Autolatina”, en el presente ni siquiera hay un informe de la Federación de Industrias de San Pablo que acredite, que respecto del certificado involucrado en autos, el funcionario firmante se encontraba habilitado para suscribir el documento cuestionado y que posibilite la rectificación del error imputado a la firma importadora.
Por ello, cabe concluir -tal como lo hiciera la autoridad aduanera -que el certificado de origen presentado a los fines de amparar la mercadería importada en el marco del ACE 14, declarada en el ítem 2 del despacho de importación n° 86096-3/1994, resulta inválido por carecer de firma autógrafa del funcionario habilitado a esos fines.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada. Las costas de esta instancia a la parte actora que resultó vencida (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
IV. Que en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal respecto de la regulación de honorarios de fs. 98, adhiero a lo expuesto por el Dr. Guillermo F. Treacy en el considerando IV.- de su voto. ASÍ VOTO.
En atención a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
rechazar los agravios de la parte actora y, por mayoría, imponerle las costas (art. 68 del Código Procesal). Devolver la causa al Tribunal Fiscal de la Nación a los fines indicados en el Considerando IV del voto del Dr. Treacy.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge Federico Alemany (en disidencia parcial) (por sus fundamentos)
Guillermo F. Treacy (por sus fundamentos)
Fin de la sentencia