Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8995/2025 Sentencia: Definitiva Actor: Antipani Carlos Omar Demandada: Experta ART S.A.
Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 26-03-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 26 del mes de Marzo de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ANTIPANI, CARLOS OMAR C/EXPERTA ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO" Expte. Nº 20.124/2.021 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nro. 2 con asiento en ésta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8995/2025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Mediante PE 189678-2021 se presenta el Sr. Carlos Omar Antipani, con el patrocinio letrado de los Dres. Fernando Hernán Kustich, Julián Michavila y Ramiro Castillo y promueve demanda en contra de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo “EXPERTA A.R.T.” persiguiendo el cobro de la suma de cinco millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 72/100 centavos (5.898.457,72) con más intereses o lo que en más o menos surja de la prueba a rendirse en autos en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales definido en el Art. 1 de la Ley 26.773. Funda la competencia material y territorial.
Relata los hechos que dan origen a la acción y señala que ingreso a prestar servicios bajo la dependencia de SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A. el día 21/9/2.013. Cuantifica luego el importe del ingreso base y detalla la incapacidad laboral que invoca. Expresa que del certificado médico emitido el 30/1/2.020, la que denuncia como primera manifestación invalidante, extendido por el profesional José Daniel Del Colle, se desprende que al examen médico presenta dolor y limitación en la movilidad de la columna lumbar. Lumbalgia moderada bilateral. Ciatalgia leve unilateral. Espondilo artrosis de columna lumbar como consecuencia de la exposición a vibraciones de cuerpo entero, diagnóstico que le provoca una pérdida de la capacidad laboral del 20.32 % de la T.O. como consecuencia de la enfermedad profesional denunciada.
Aclara que si bien no todas la patologías están incluidas en el listado aprobado por Dec. 658/96, la circunstancia de que la ejecución del trabajo haya actuado como factor desencadenante, en función del apartado 2 del art. 6 de la Ley 24.557, texto según art. 2 del Dto. 1278/00 se determina su calificación como enfermedad profesional. Describe las tareas laborales que desarrollaba y manifiesta que conocidas las dolencias que padece de acuerdo con el certificado médico que acompaña, puso a conocimiento a Experta ART S.A. a fin de recibir las prestaciones contempladas en la LRT. Expone los fundamentos jurídicos de la prestación que reclama y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21 y 22 de la LRT, Dec. 717/96 y Dec. 1278/00 que establecen la obligatoriedad del trámite ante la Comisión Médica.
También cuestiona la validez constitucional del Dec. 658/96 y 659/96 que contienen el listado de enfermedades profesionales y la tabla de evaluación de incapacidades y del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2.019 que modifica la fórmula de ajuste prevista en el art. 12 de la ley 24.557 – establecido por el art. 11 de la ley 27.348. Ofrece prueba y hace su petición fina.
II. Por PE 281873-2021 se presenta la Dra. Mariana Clement en representación de la parte demandada Experta ART S.A. y contesta demanda. Formula una negativa particular de hechos y desconoce documental. Bajo el titulo Consideraciones médico legales, cita los antecedentes del siniestro y trata la patología del trabajador que califica de inculpable. En este sentido señala que de los antecedente administrativos acompañados con la demanda surge que en septiembre de 2.019 el actor radicó la primera denuncia de patología lumbar a título de enfermedad profesional en la que refirió que el inicio de la dolencia habría tenido lugar dos años antes, es decir durante el año 2.017. Destaca que en aquel entonces la denuncia del trabajador fue rechazada porque la dolencia que presenta en su columna a nivel lumbar es un lumbago no especificado con contractura a nivel dorsal que no alcanza el diagnóstico de hernia discal lumbosacra, única contemplada en el Dec. 49/14 como enfermedad profesional. Agrega que en el mes de diciembre de 2.019 y frente al rechazo de la ART el actor acudió a la Comisión Médica local que en fecha 3/2/2.020 ratifico el carácter de inculpable de la afección, dictamen que el trabajador dejo consentido y firme. Dice que posteriormente, en el mes de febrero de 2.021 volvió a cursar una nueva denuncia por la misma patología pero esta vez refiriendo como fecha de primera manifestación invalidante el mes de enero de 2.020 en virtud de que obtuvo un informe pericial privado sobre el que quiere sostener su reclamo. Razona luego que la fecha de la primera manifestación invalidante no depende del momento en que el trabajador decide ir a un profesional que lo certifique y de allí que deberá estarse a las primeras declaraciones que formuló, las que ubican el inicio de su dolencia en el año 2.017. Seguidamente remarca que Experta, previa repetición de una resonancia magnética, le notificó al trabajador el rechazo del siniestro por no constituir una contingencia cubierta por la LRT.
Concluye después que las lesiones que padece el trabajador son degenerativas y que de acuerdo a los criterios del Cuerpo Médico Forense de la CSJN solo pueden considerarse profesionales si se descartan procesos degenerativos. Dice también que no hay antecedentes de que el actor haya cumplidos tareas de chofer de máquinas pesadas como lo describe el Dec. 658/96 y 49/14 para tener por configurada exposición a riesgo suficiente para provocar esa dolencia, señalando que aquel acudió ante la Comisión Médica Jurisdiccional para controvertir la decisión y por Dictamen de fecha 5/5/21 la Superintendencia de Riesgo de Trabajo volvió a calificar a la dolencia como enfermedad inculpable, no solo por las características sino además porque no se encontraba declarado como expuesto a riesgos laborales compatibles con el desarrollo de la afección.
Hace consideraciones sobre la afección de columna, remarca que los organismos y tribunales competentes deben ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales previsto como Anexo I del Dec. 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades previsto en el Anexo I, del Dec. 659/96 y sostiene que las afecciones de columnas no están contempladas en el baremo bajo tipificación que resulta del informe pericial médico transcripto en el demanda, expresando que para establecer incapacidades laborales por columna lumbar se deben cumplir los requisitos de los Dec. 49/14 Y 659/96.
Contesta la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, opone actos propios, transcribe el art. 46 de la LRT, describe el régimen vigente para esta provincia – sin el título I de la Ley 27.348, y concluye que el actor ya admitió la intervención de la comisión médica jurisdiccional, por lo cual, opone la doctrina de los actos propios. Contesta también la inconstitucionalidad del art. 6 de la LRT y de los Baremos Legales, y la inconstitucionalidad del DNU 669/19. Hace reserva del caso federal y reserva de recuperar las sumas que eventualmente deba abonar del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (conforme Dec. 590/97 modificado por Dec. 1278/00. Ofrece prueba y hace su petición final.
III. Por PE 266385-2022 se abre la causa a prueba. Producida la misma, a PE 640667-2023 se fija fecha de audiencia para el día 5 de septiembre de 2.023 a los fines previstos por el art. 70 de la Ley N° l444. Solo la parte actora acompaña alegato de bien probado por PE 1063136-2023.
IV. En PE 667509-2023 se hace el llamado de autos para dictar sentencia y por PE 1424500-2024 se dicta sentencia definitiva en fecha 19 de Junio de 2024, Reg. N° 10, T° XX, F° 76/85, mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21 y 22 de la ley 24.557, de los Decretos 717/96 y 1278/00 y 54/2.017 y del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/19. Declara abstracto el tratamiento del art. 6 inc. 2 de la ley 24.557, Decreto 658/96 – Decreto 659/96 y art. 46 de la ley 24557. Asimismo rechaza la demanda incoada por el Sr. Carlos Omar Antipani, Impone las costas por su orden, regula los honorarios profesionales de los Dres. Fernando Kustich, Julian Michavila y Ramiro Castillo en conjunto y proporción de ley en la suma de $ 3.400.000 y a la Dra. Mariana Clement en la suma de $ 4.300.000 por la labor desplegada por los letrados conforme a los arts. 1, 3, 13, 18, 20, 29, 49, 59, 70 y 74 cctes. de la ley 3.330.
V. Por PE 1436866-2024 la parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de grado expresando cuatro agravios. A través del primero señala que el decisorio parte de un error en la fecha de ingreso del trabajador para la empresa San Antonio Internacional S.A. Dice en ese sentido que la sentencia, conforme a la información incorporada, fija el periodo de la relación laboral desde el 9/8/2.018 al 8/10/2021 y de allí es que el magistrado concluye que a la fecha en la que aquel notificó su diagnóstico a Experta A.R.T. (22/3/2.021) pasaron 2 años, 7 meses y 13 días, no alcanzando el periodo mínimo de tres años que exige el Dec. 49/14 para considerar a la tarea expuesta al riesgo. Se queja de ese razonamiento sosteniendo que de la prueba informativa dirigida a la empleadora incorporada por PE 638228-2022, surge la antigüedad reconocida en cada uno de los recibos de haberes, advirtiendo que en el recibo correspondiente al periodo enero 2.019 al actor se le asigna una antigüedad de 5 años y 4 meses y en el del mes de diciembre de 2.019 la antigüedad es de 6 años y dos meses. Afirma por ello que tal como lo sostuvo en la demanda, el actor ingreso a trabajar en el mes de septiembre de 2.013, y por tanto entiende se encuentra acreditada la exposición al riesgo por más de tres años. Agrega que además, ha omitido valorar que en los dictámenes agregados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación constan denuncias de siniestros del actor de fecha 8/5/2.014 Nro. de Accidente 898128201400786600, de fecha 13/6/2.015 Nro. de Accidente 927116201501225900 y de fecha 25/2/2.016 Nro. de Accidente 944616201600298200, en las que el empleador ya era la empresa San Antonio Internacional S.A., lo que acredita que el actor no ingresó en el año 2.018 como el juez de grado interpreta. Resalta luego que la falta de cumplimiento de los años de exposición a los riesgos que exige la norma ha sido el principal y casi el único argumento utilizado en la sentencia y que derivó al rechazo de la acción, interpretando por esto que al quedar evidenciado el error de la sentencia en la antigüedad reconocida al trabajador, lo que impacta en la exposición al riesgo, debe revocarse la sentencia de grado y hacerse lugar a la demanda. En subsidio, advierte que si el juez de grado considera que la enfermedad no es profesional, la inconstitucionalidad del art. 6 de la LRT no puede ser evaluada como abstracta.
En el segundo agravio se queja porque se le da relevancia a la información de la SRT en el sentido de que Experta ART habría cumplido con su deber de prevención reflejado en la reducción del índice de accidentalidad laboral. Enumera los siniestros del año 2020 y sostiene que la supuesta disminución del índice de siniestralidad nada dice de la producción del daño en el caso concreto. Agrega que la demandada no acredito el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo y las exigencias previstas en el art. 4 inc. 2 y art. 31.1 a y c de la LRT. Señala también que las actas que la demandada elaboró y suscribió sin que el actor haya tenido participación ni derecho a rechazar lo expuesto allí, no tienen valor probatorio.
En el tercer agravio critica la eficacia que el juez le otorga a los rechazos que surge de los dictámenes de la Comisión Médica acompañados de fecha 3/2/2020 y 5/5/2021. Expresa que es contradictorio el razonamiento por cuanto al tratar la inconstitucionalidad de las comisiones médicas enfatiza en la desigualdad del trabajador y luego en un giro inesperado echa mano a las conclusiones arribada por la comisión médica donde el trabajador concurrió solo con motivo de sus dolencias.
En el cuarto agravio expresa que el juez de grado al analizar la pericia médica dice que efectivamente el actor posee una incapacidad determinada por un médico legista y que reduce su capacidad en un 11,7% y luego evalúa la contestación del perito a la impugnación planteada en la que ratifica la incapacidad del 11,7 %. Entiende así que del informe oficial surge que la incapacidad que padece el actor guarda relación causal con los antecedentes que origina la causa y que además es causa eficiente para producir la secuela descripta en el dictamen. Razona luego que el magistrado sin solvencia médica, concluye que no está probada la relación directa con las tareas que desarrollaba el actor para su empleador porque no se pudo probar la exposición al riesgo y el plazo para que sea considerada según Dec. 49/2.014. Nuevamente señala que el plazo de exposición al agente de riesgo es un error que expuso en el primer agravio y en cuanto a la causalidad, sostiene que la misma ha sido convalidada por el profesional médico y ratificada por las declaraciones testimoniales. Después dice que resta reforzar el mecanismo de las tareas que desarrollaba el trabajador, lo que se ha incorporado mediante prueba idónea. Concretamente hace hincapié en la prueba testimonial de las que entiende surgen cuestiones esenciales que demuestran la realización de tareas que requieren de movimientos repetitivos, posiciones forzadas y de levantar, trasladar, mover y empujar objetos pesados a los que debe añadirse el tiempo por el que trabajador las desarrolló.
VI. Los agravios de la actora no reciben réplica de la parte demandada.
VII. A PE 191310-2025 los autos se elevan a esta instancia. Por PE 1920873-2025 se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
VIII. Desarrollados los argumentos recursivos de la parte actora, estimo pertinente tratar en primer término el primer y el cuarto agravio, pues, a mi criterio ambos abordan la cuestión medular que está en debate. Tengamos presente que en el primero cuestiona la fecha de ingreso del trabajador y en el cuarto se queja porque el magistrado de grado resolvió que no está probada la relación de causalidad entre la enfermedad y las tareas desarrolladas. Establecido ello e ingresando al análisis de las quejas formuladas, observo que en la primera el recurrente concretamente se agravia porque sostiene que el actor ingreso a trabajar para su empleadora San Antonio Internacional S.A. el día 21/09/2.013 y no el día 9/8/2.018 como lo determinó el juez de grado, lo que derivo luego, según su entendimiento, a que tenga por incumplidos los años de exposición a los riesgos que exige el Dec. 49/2.014 y consecuentemente rechazare la acción.
En este sentido surge de la sentencia atacada que el juez valoro sobre éste aspecto la información brindada por la nombrada empresa que obra a PE 638228-2022. Acompaño la requerida en esa oportunidad 13 recibos de sueldo y comunico mediante nota que el Sr. Carlos Antipani fue empleado desde el 9/8/2.018 al 8/10/2.021 y su categoría fue la Peón Práctico Pullyng FBY Relev Enganch. Los recibos de haberes incorporados corresponden a los periodos que van desde el mes de Enero de 2.019 a Diciembre de igual año. Agregó también el correspondiente al SAC del mes de Diciembre de 2.019. En todos ellos consta como fecha de ingreso el día 9 de agosto de 2.018 y la antigüedad que figura es la de 5 años y 4 meses en el recibo del mes de enero de 2.019 y la de 6 años y 3 meses en el del mes de diciembre de 2.019.
De la informativa producida por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la que mediante PE 439404-2022 acompaña el historial de accidentes y enfermedades laborales asociadas al actor y sendos dictámenes médicos pertenecientes a los expedientes 80028/21 y 422638/19, observo que constan tres accidentes de fecha 8/5/2.014, 13/6/2.015 y 25/2/2.016 los que se corresponden a los números de accidente 898128201400786600, 927116201501225900 y 944616201600298200 respectivamente. En cada uno de ellos, figura como empleador la empresa San Antonio Internacional S.A.. Las constancias probatorias detalladas indican que la relación laboral del actor con la demandada se inició antes de la fecha de ingreso que figura en los recibos de haberes. Pero el motivo de ésta situación, fue explicado por la parte demandada en la oportunidad procesal de contestar demanda y formular las negativas de rigor, pues, reconoció que Antipani registra dos contratos laborales con SAN ANTONIO INTERNACIONAL, el primero desde el 25/9/2.013 hasta el 26/12/2.017 y el segundo desde el 11/8/2.018 hasta la actualidad. Es decir, hubo un intervalo de tres meses durante el que se interrumpió la relación laboral.
Es atinado en este punto recordar la directivas del art. 18 de la LCT, en cuanto señala “Cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubiera celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador.” Traigo a colación este elemental principio del derecho laboral, pues, a los fines de evaluar la exposición a factores de riesgo, interpreto que no hay motivo para no acumular la antigüedad anterior.
Por lo dicho, debe ubicarse entonces el comienzo del vínculo del trabajador con su empleadora en la fecha señalada en agravios (septiembre de 2.013).
Pero no obstante lo expuesto, reparo que el magistrado al rechazar la acción, no limito su labor analítica a tener por incumplido el periodo mínimo de exposición al agente de riesgo previsto en el Anexo I del Dec. 49/2.014 como lo sostiene el apelante, sino que su valoración, fue más allá. Efectivamente, expuso en la resolución puesta en crisis que: “…debo indicar que el actor posee una incapacidad determinada por el perito en esta instancia judicial, no obstante, lo cierto es que en autos no se pudo comprobar que la enfermedad que padece Antipani guarde relación directa con las tareas que desarrollaba para su empleadora, en tanto no se pudo comprobar la exposición a riesgo ni el plazo necesario para que así sea considerada según el Decreto 49/2.014” . Claramente entonces como señale, el plazo en cuestión no fue el único elemento que tomo para decidir de la manera en que lo hizo, pues, avanzo también y fundamentalmente, sobre la causalidad entre la enfermedad denunciada y las tareas desarrolladas por el trabajador. De allí que concluyó que no se pudo comprobar la “exposición a riesgo”.
Es por tales razones que entiendo debe rechazarse este primer agravio y asi lo propongo al acuerdo.-
Que inicio el análisis del cuarto agravio de la parte actora, en el cual como dije antes se queja porque el magistrado de grado resolvió que no está probada la relación de causalidad, destacando que aquel en su tarea valorativa hizo hincapié en los dictámenes emitidos por la Comisión Médica Jurisdiccional en las sendas denuncias que el trabajador formulo ante este organismo administrativo y que fueron emitidos el 3/2/2.020 y 5/5/2.021, y ello en virtud de que las contingencias que les dio lugar tienen que ver con dolencias en la región lumbar del trabajador. Como ya señale estos antecedentes obran a PE 439404-2022 y también a PE 448787-2022.
El primero de tales dictámenes fue emitido en el expediente 422638/19 iniciado el 10/12/2.019. El diagnóstico fue “Lumbago no especificado Contractura dorsal inferior Dolor Lumbar Lumbago SAI – Lumbalgia.”. El dictamen emitido fue que la patología denunciada no se encuentra incluida en el Dec. 658/96 mod. por el Decreto 49/14, debiendo considerarse de carácter inculpable y por ende rechazo la contingencia. El segundo corresponde al expediente 80028/21 iniciado el 16/3/2.021. El diagnóstico fue Lumbago no especificado Contractura dorsal inferior Dolor Lumbar Lumbago SAI – Lumbalgia con discopatía lumbar. La comisión médica dictamino que la enfermedad relacionada con la denuncia es de carácter inculpable en virtud de no cumplir con los requisitos establecidos en el Dec. 658/96 para ser considerada de carácter laboral. La contingencia fue rechazada.
Tengo presente en éste punto que de acuerdo al informe pericial elaborado por el perito forense de éste Poder Judicial, Leonardo Patricio Aybar, el actor Carlos Omar Antipani, presenta patología de columna vertebral lumbar consistente en Lumbociatalgia crónica por patología de columna vertebral lumbar consistente en lesiones de discos intervertebrales, como abombamiento y protusiones de L3-L4, L4-L5 y L5-S1 con leve repercusión clínica y moderada alteración electromiográfica que le provoca disminución en los movimientos e incapacidad de realizar esfuerzos con sobrecarga. Determino así una incapacidad de tipo parcial y permanente del 11,7 % según Baremo y Nuevas Enfermedades del Trabajo Dec. 49/2.014. Concluyo sus consideraciones diciendo: “Esta incapacidad guarda, de modo verosímil, relación causal con los antecedentes que origina los presentes autos, ya que él, en el caso de demostrarse que ha ocurrido tal como lo relata el actor, por su etiología, topografía, mecanismo de producción y cronología, y las tareas realizadas en el tiempo laboral que se evidencian en documental de autos, es causa eficiente como para producir la secuela descripta en este informe pericial”
La pericia médica en cuestión fue impugnada por la parte demandada mediante PE930793-2023, la que expuso en lo pertinente: “ En el actor no se cumplen los criterios para considerar exposición a vibraciones a cuerpo entero, ni a carga, posiciones forzadas y gestos de la columna vertebral lumbosacra…..El informe pericial no aclara a que atribuye la causalidad de la lumbociatalgia con alteraciones clínicas, radiológicas y/o electromiografías 10 %, dado que no hay antecedente alguno de accidente y los hallazgos no son compatibles con enfermedad profesional alguna”.
El perito forense al contestar la impugnación ratifico la incapacidad de tipo parcial y permanente del 11,7% y citando al Dec. 49/2.014 señaló que el mencionado Decreto incorporó al listado de enfermedades profesionales a las Hernias Discales y las Espondiloartrosis (lumbalgias, ciatalgia y lumbociatalgia). Destacó luego que la etiología de las hernias discales es generalmente traumática, por esfuerzos realizados en circunstancias en que la columna se encuentra soportando una tensión que vence la resistencia de los ligamentos que se oponen y que una de las causas más comunes de la rotura y protusión de los discos intervertebrales lumbares es el esfuerzo de elevar objetos pesados en la posición de cuclillas o inclinado hacia adelante. Explico también que la hernia discal debe tratarse o considerarse como enfermedad profesional y que las actividades laborales que pueden generar exposición son tareas que requieren de movimientos repetitivos y/o posiciones forzadas de la columna vertebral lumbosacra que requiere levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados y que el periodo durante el cual las tareas deben ser ejecutadas no debe ser inferior a 3 años.
Fue así que el Juez de grado, señalo en su fallo en cuanto a las impugnaciones, que no existe actividad probatoria realizada por la parte demandada que ponga en duda lo aseverado por el profesional interviniente y del que surja la existencia de una patología o antecedente médico desfavorable distinto del ya considerado y que representa una reducción del 11,7% de la T.O., de allí que determino que el actor posee efectivamente tal incapacidad laboral.
No obstante considero, que lo único que hasta aquí se pudo acreditar fue la enfermedad que padece el actor en tanto surge de la pericia médica realizada, pero no lo están todos los elementos necesarios que exige la norma y que incluyen el agente de riesgo, la exposición, la enfermedad y la correspondiente relación de causalidad entre ellos para ser considerada una enfermedad profesional.
Y es justamente sobre éste aspecto del fallo sobre el que recae el argumento troncal de la cuarta critica, ya que allí se quejó porque interpreta que el magistrado sin solvencia médica, concluyó que no está probada la relación directa con las tareas que desarrollaba el actor para su empleador porque no se pudo probar la exposición al riesgo y el plazo para que sea considerada según Dec. 49/2.014. Señaló el apelante en ese sentido que el plazo de exposición al agente de riesgo es un error que expuso en el primer agravio y en cuanto a la causalidad, sostuvo que la misma ha sido convalidada por el profesional médico y ratificada por las declaraciones testimoniales. Así las cosas, lo primero a tener en cuenta es que al discutirse en el caso una enfermedad profesional, las presunciones que juegan a favor del trabajador funcionan aquí de manera más restrictiva que en los accidentes. Pues, distinta será la carga si se trata de una enfermedad contenida en el listado de enfermedades profesionales o no lo está y sumado a ello los agentes de riesgo también estarán a cargo del actor acreditarlos. Es decir, su actividad no solo se limitará a la enfermedad en sí, sino también a la relación directa que debe haber entre la patología padecida y la tarea desempeñada además del tiempo de exposición.
Dicho ello, parto de la base advirtiendo que ha quedado fuera de controversia la enfermedad del actor y también que en el caso son de aplicación los Decretos 658/96 y 659/96 modificado por el Decreto 49/2.014, pues en el punto 3) del fallo ha sido declarado abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 de la ley 24557, los Decretos 658/96 - 659/96 y art. 46 de la ley 24557. En los considerandos respectivos señalo el magistrado “…la enfermedad profesional denunciada por el actor se basa en el informe elaborado con el listado de enfermedades y sus decretos modificatorios, por lo que el dictado de la inconstitucionalidad de la normativa deberá declararse abstracto.”
Esta decisión no ha sido materia de agravio y por tanto ha quedado consentida.
A partir de allí, habrá que analizarse el caso a la luz de la normativa en cuestión, es decir, el Dec. 49/2.014 que modificó el dec. 659/96. En este camino, debo ab initio señalar, que las dolencias del trabajador en su región lumbar fueron claramente anteriores a la fecha del certificado médico acompañado con la demanda al que se le asignó el carácter de primera manifestación invalidante, pues, ello surge nítido de la documental acompañada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a la que ya hice referencia en el presente.
Concretamente en el dictamen médico emitido en el expediente 80028/21 se ubica la fecha del inicio de las dolencias en el año 2.016, ya que el trabajador al describir su enfermedad relato que “sus dolencias comienzan en el año 2016, que calmaban con analgésicos que se autoadministraba, durante ese año se le realizó una resonancia magnética de columna que no evidenció alteraciones en los discos, en el año 2018 los dolores aumentaron seguía con analgésicos en el año 2019 tuvo un episodio de reagudización de los síntomas, se le colocó analgesia intramuscular por su obra social, en el año 2020 no concurre a su puesto laboral por cuestiones de pandemia, manifestó dolor pero no le impedía sus tareas habituales en su hogar, en el año 2021 se reinserta a su puesto laboral y sufre episodio de dolor agudo, sosteniendo una llave hidráulica con piernas fijas, siente un tirón en la columna y se activa el rol de emergencia, es asistido en el yacimiento”.
A su turno en el dictamen emitido en el expte 422638/19, bajo el título “otras enfermedades profesionales y/o hernias de disco” señalo que los síntomas que manifestó fue dolor en región lumbar con irradiación a pierna izquierda y los síntomas comenzaron en enero de 2.017.
Del expediente SRT 422638/19 agregado en versión digital por PE 448787 se observa en el folio 18 el informe de Resonancia Magnética de Columna Lumbosacra realizado por el Dr. Diego Ceballos de la Clínica Cruz del Sur. Se trata de un estudio de Columna Lumbosacra de fecha 27/09/2.019 en el que se informa: “…Todas la estructuras discales estudiadas muestran signos de degeneración/deshidratación discal expresados por su caída de intensidad de señal en RMN. Cuerpos vertebrales conservan su altura. Comienzan a observarse signos ligeros de espóndilo artrosis…” En el Folio 33 del citado expediente luce un informe de Resonancia Magnetica de Columna Lumbosacra “Campo magnético Alto 1.5T” de la Clinica del Valle de fecha 26/09/2.019. Allí se informa: Hallazgos: Anomalía de la transición lumbosacra. Ausencia de imágenes que ocupen espacio a nivel de canal espinal. Leve protusión discal central de base ancha L3-L4 asociado a degeneración discal grado II según los criterios de Pfirrmmann. Leve hernia discal central de base ancha L4-L5 asociado a degeneración discal grado II según criterios de Pfirrmann y Significativa hernia discal paracentral derecha L5-S1 asociado a degeneración discal grado II según los criterios de Pfirrmann.
Es evidente a mi juicio que la prueba repasada, descarta la relación de causalidad tal como lo determina el juez de la instancia anterior cuyo razonamiento comparto, pues, coloca un obstáculo a la relación directa entre la enfermedad y el agente de riesgo que debe haber a los fines previstos en la norma.
En este sentido fue apropiado citar en el fallo cuestionado lo planteado por la demandada al impugnar la pericia médica cuando expuso: “Cabe acotar que la artrosis es una proceso de envejecimiento biológico, propio de todas las personas en forma independiente al sexo y a las tareas que haya realizado..”. En efecto, es destacar que en los procesos degenerativos la edad y factores tales como cuestiones genéticas, son predominantes y si bien en el caso los testimonios ofrecidos dieron detalles generales de las actividades que llevan a cabo los operarios que se desempeñan en la industria petrolera y en particular las categorías de boca de pozo y enganchador, las que lógicamente por la propia naturaleza de la actividad involucran esfuerzos físicos, lo cierto es que la prueba en cuestión no fue suficiente para acreditar que las tareas desarrolladas por el actor fueron la exclusiva causa de su dolencia, pues, como surge de la informativa resaltada antes, el operario ya en el año 2.016, manifestaba dolencias en su región lumbar, siendo que su vínculo con la empresa se inició en el mes de septiembre de 2.013 como ya se determinó. Tengamos presente que la configuración del supuesto de hecho que da derecho a esta cobertura, aparece definido en el primer párrafo del inciso b, del apartado 2 del artículo 6 de la ley 24557 completado con el segundo párrafo del acápite ii) que dice: “Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo (art. 6, ap. 2, inc. b, primer párrafo)”… .y en el acápite ii, del mismo inciso precisa: “En ningún caso se reconocerá el carácter de enfermedad procesional a la que sea consecuencia inmediata o mediata previsible, de factores ajenos al trabajo o atribuibles al trabajador, tales como la predisposición o labilidad a contraer determinadas dolencias” Que en razón de todo lo antedicho concluyo que en el caso en estudio no quedó probada la relación de causalidad entre la enfermedad del actor y las actividades laborales por él desempeñadas.
Por lo expuesto, opino que debe rechazare este cuarto agravio en tratamiento y así lo propongo al acuerdo.
Que en cuanto al segundo y al tercer agravio considero que en razón a la forma en que se resolvieron los anteriores que se entienden medulares por los argumentos dados y siendo que las cuestiones introducidas a través de tales criticas no alteran el resultado al que se arribo, deben también ser rechazados. Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa y debe confirmarse, con costas en el orden causado en virtud a que el trabajador pudo considerarse con derecho a litigar. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
IX. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
X. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Rechazar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia de grado en todas sus partes en cuanto fuera materia de apelación.
2. Imponer las costas en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC).
3. Regular los honorarios profesionales por la actuación ante ésta instancia del Julian Michavila, apoderado de la parte actora en un 30 % de los regulados en la instancia de grado (arts. 16,30, y cctes. De la ley 3950). 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 26 de Marzo de dos mil veintiseis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia de grado en todas sus partes en cuanto fuera materia de apelacion. 2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). 3º) Regular los honorarios profesionales por la actuación ante ésta instancia del Julian Michavila, apoderado de la parte actora en un 30 % de los regulados en la instancia de grado (arts. 16,30, y cctes. De la ley 3950). 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. La Dra. Griselda I. Bard no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201 017 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3188 Folio Nº: 081/088 Secretaria: 1
Fin de la sentencia