Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Nro. 247/12 (AD PDES), dictada en el Expediente SIGEA N° 12762-385-2007, con costas.
I. Que a fs. 11/13vta. la empresa actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 247/12 (AD PDES), en cuanto pretende el cobro de devoluciones por reintegros indebidamente liquidados, atento la improcedencia del reclamo en sede administrativa.
Solicita se revoque la resolución aduanera recurrida en autos, en razón de la cosa juzgada recaída en los autos caratulados “Antonio Barillari S.A. s/ concurso preventivo – incidente de revisión por AFIP-DGI” (Expte. Nro. 057.575), que tramitaron ante el Juzgado en lo Comercial Nro. 16, Secretaria Nro. 32, de la Ciudad de Buenos Aires.
Señala que en dichas actuaciones, con fecha 13 de mayo de 2012, la Sala “E” de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Comercial rechazó el crédito reclamado por la DGA por las liquidaciones manuales aquí reclamadas, conforme la documentación que al efecto acompaña.
En tal sentido, expresa que la sentencia invocada por su parte se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que el presente trámite y reclamo administrativo carece de viabilidad, ya que no puede intentarse ni continuarse por la vía administrativa un reclamo que fue rechazado en sede judicial.
Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución recurrida por existir a su respecto cosa juzgada, con costas.
II. Que a fs. 41/52 la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Luego de formular una negativa genérica de todos los hechos, afirmaciones, derecho y documentación que no sea de su expreso reconocimiento, contesta el planteo de cosa juzgada articulado por su contraria.
Afirma que al momento de dictarse la sentencia judicial invocada por la firma recurrente (31/5/2012), no había recaído resolución aduanera sobre el particular, por lo que la carga procesal para que la DGA se presente y verifique su crédito en sede concursal recién nace cuando el monto del mismo se encuentre firme y determinado, siendo que la Resolución Nro. 247/12 (AD PDES) apelada en la litis data de fecha 21 de septiembre de 2012. Cita jurisprudencia y en subsidio contesta la cuestión de fondo, señalando que que las Resoluciones 1161/01 y 1342/02 deben ser consideradas defectuosas, ya que omitieron incluir en sus textos algoritmos de cálculo que hubieran permitido la aplicación del tope previsto en el art. 829 inc. c) del C.A. al fijarse el valor para el pago de los estímulos, y que las IG 01/04 y 01/06 advirtieron el error en dichas Resoluciones y lo subsanaron creando los algoritmos precisos, ratificados posteriormente por la Resol. AFIP 1921/05 y otorgando competencia a los fines de la liquidación de los referidos estímulos, a la DGA. Refiere al Decreto 618/97 y sostiene que la revisión sobre la incorrecta aplicación de las normas es una de las facultades que se le otorgó al servicio aduanero. Agrega que mediante el Dictamen n° 36/03, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que los algoritmos que se encontraban ingresados al SIM para determinar la base de cálculo de los estímulos a la exportación eran incorrectos, por cuanto no contemplaban el tope fijado por el inc. c) del art. 829 del C.A. Entiende que conforme el art. 830 del C.A., en materia de estímulos a la exportación debe aplicarse el régimen vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación a consumo y que no fue cuestionado en autos que al momento del registro de las destinaciones se encontraba vigente el tope establecido en el inc. c) del art. 829 del C.A. Cita Jurisprudencia de la Alzada y solicita que se rechace el recurso incoado en autos, con costas.
III. Que corresponde señalar, como consideración preliminar, que existen aspectos particulares del derecho aduanero que hacen que no queden comprendidos en el fuero de atracción ciertos temas como el sometido a estudio, es decir, dotado de un carácter preponderantemente jurisdiccional, y que resulta fruto de un procedimiento aduanero que no se encuentra firme y no de un instrumento emanado de la propia parte actora a fin de determinar el monto de las acreencias a verificar por la Administración.
En efecto, si bien es cierto que la ley 24.522 en su artículo 21 consagra que la apertura del concurso preventivo produce la suspensión de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, debiendo radicarse ante el Juzgado respectivo las causas que tramitan ante la misma jurisdicción judicial, sin embargo no todas ellas lo son, ya que los aspectos de especificidad ya comentados hacen más a mecanismos de conocimiento que a los de ejecución. De modo que tales procedimientos deben realizarse, sea en la vía administrativa como en la jurisdiccional ante este Tribunal Fiscal, ya que tienden a la exteriorización del hecho gravado y a establecer la medida de la obligación a contribuir, y no deben sustanciarse ante el juez del concurso, por estar dirigidos a la constitución del instrumento creditorio de naturaleza tributaria.
IV. Que, en tal sentido, la especificidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó, respecto a la determinación tributaria, que la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30-9-86; “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31-3-87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (“Gregorio C. Cosimatti”, sentencia del 9-4-87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Bajo tales premisas, los procesos impugnatorios aduaneros no quedan afectadas por la fuerza atractiva de los juicios universales que prevé la ley 24.522. Así lo ha entendido este Tribunal, su Alzada y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterada jurisprudencia en materia tributaria (“Ostrimet S.A.”, sentencias del 5 de abril de 1991 y del 20 de diciembre de 1994, y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictados en “Hilanderías Luján S.A.” el 30 de septiembre de 1986, “Casa Marroquín SRL”, del 31 de marzo de 1987 y “Lumicot SAICAFI”, el 10 de marzo de 1987), cuya aplicación en la especie deviene ineludible.
V. Que, por lo demás, y respecto del ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto reclamado por la DGA a una empresa concursada, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho en numerosos precedentes que si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial respectiva (“Supercanal S.A.” de fecha 2/06/03, “Loba Pesquera S.A.” de fecha 11/06/03 y “Enrique Gauchat” de 4/07/03).
Por último, y si bien el artículo 32 de la mentada ley impone la obligación de verificar los créditos, lo hace con referencia a “todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes” y si bien tal pedido de verificación tiene el efecto de interrumpir la prescripción e impedir la caducidad del derecho (art. 33), en el particular caso bajo examen el crédito objeto de autos no puede considerarse como “determinado” -y ejecutablehasta el dictado de la decisión que puso fin al procedimiento iniciado en sede aduanera, esto es, el 21 de septiembre de 2012 (fecha de la Resolución 247/12 de la Aduana de Puerto Deseado), la que resulta posterior a la del dictado (31/5/2012) de la sentencia de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial invocada por la firma recurrente como fundamento esencial de su pretensión revocatoria. Por ende, hasta la fecha del dictado de la Resolución aduanera apelada en autos no podía decirse que el crédito del Fisco hubiera quedado determinado, como así tampoco que durante el concurso podía presentarse a verificarlo, siendo que dicho proceso falencial en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias (o la aplicación de sanciones), por configurar cuestiones que no resultan atraídas por el mismo.
En efecto, la carga procesal de la Aduana de presentarse a verificar su crédito recién nace cuando el monto del mismo se encuentra determinado y firme, ello es, que no haya sido apelado o haya sido confirmado mediante sentencia firme, momento en el cual se abre la etapa de ejecución. En dicho entendimiento, hasta tanto no se encuentre firme la disposición aduanera que determina la entidad del crédito fiscal, y resulte el mismo ejecutable, no parece lógico ni razonable que se aplique el régimen concursal, por lo que la pretensión de la empresa recurrente no puede prosperar.
VI. Que en cuanto al fondo de la cuestión objeto de la litis, y si bien no existe agravio específico de la parte actora sobre el particular, corresponde aplicar al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Basso S.A. (TF 24.888-A) c/ D.G.A.”, del 27/08/13, ello en virtud de que la posición adoptada por el máximo Tribunal a la fecha no ha sido conmovida ni modificada en modo alguno, siendo receptada sistemática y pacíficamente por las distintas Salas de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal, por lo que resulta ajustado a derecho adoptar los lineamientos del referido fallo.
Que en el precedente citado, la C.S.J.N. mediante remisión al dictamen del Procurador Fiscal sostuvo que “...la I.G. 1/04, a los fines de la liquidación de los estímulos a la exportación, vino a advertir y corregir un error que se venía cometiendo sistemáticamente de un tiempo a esa parte, y que resultaba de la fórmula sintética de liquidación de dichos beneficios contenida en la RG 1.161 (y sus modificatorias) que, como lo advirtieron tanto la DGA como las instancias de grado -sin que haya sido controvertido ello por la actora-, devenía de haber reimplantado los derechos de exportación con la puesta en vigencia de la resolución ME 11/02”.
Expresó que en tal sentido, “...ni la R.G. 1.161 (AFIP) ni sus modificatorias son normas de carácter "interpretativo", sino meramente reglamentarias de lo dispuesto en las leyes y demás normas vigentes con relación a los procedimientos por los que se tramitan las destinaciones de exportación que se registran a través del sistema informático empleado por la DGA”, y que en ese orden de ideas, “...no se trata en autos de la modificación de un "criterio interpretativo" sobre la gravabilidad o no de una determinada mercadería, o sobre su clasificación a los fines arancelarios, u otra cualquiera de las posibles hipótesis ocurrentes en que sea preciso "interpretar" la realidad jurídica encerrada en un concepto que ha menester de ella (confr. Fallos: 328:1750), sino de un mero error de liquidación, producido por la aplicación directa de una fórmula que omitía contemplar uno de los conceptos que debían ser tenidos en cuenta.”
Concluyó diciendo que “...la tesitura adoptada por la DGA con el dictado de la I.G. 1/06 es la legalmente debida, en cuanto ordena a sus dependencias que se reclame de aquellos beneficiarios que corresponda la devolución de la suma que fue abonada en demasía, producto, como se dijo, del error sistemáticamente cometido en la liquidación de los reintegros durante el período comprendido entre la sanción de la resolución ME 11/02 y el dictado de la I.G. 1/04 (arg. Fallos: 308:1799; 316:2832, entre otros). Cabe recordar que V.E., en el citado precedente de Fallos: 305:283, con relación a normas similares ya contenidas en la Ley de Aduanas, dijo que si bien los cambios de criterios impositivos en materia aduanera -en principio- rigen para el futuro, ello no obsta a las facultades del organismo de revisar documentos cancelados y formular cargos cuando se den "errores de cálculos o liquidación", supuesto que, como expresé, es el que se ha dado en la especie.”
Por ello, se RESUELVE:
Confirmar la Resolución Nro. 247/12 (AD PDES), dictada en el Expediente SIGEA N° 12762-385-2007, con costas.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), al Dr. Roberto Alfredo Muguillo y a la Dra. María Teresa Muguillo – por Secretaría de Registro – al domicilio constituido en autos sito en la calle Sarmiento 1367, piso 3, depto. E, CABA. Oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2022.08.11 19:02:58 -03:00 Date: 2022.08.12 10:04:54 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.12 10:04:55 -03:00
Fin de la sentencia