Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial, Sala II de Mar del Plata.concurso Preventivo y Quiebra
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI.)
Confirmar la sentencia de fs. 3221/3225, en cuanto fuera materia de agravio; II.) Imponer las costas de Alzada a los apelantes debido al resultado de sus recursos (art. 68 del CPCC); III.) Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 decr. ley 8.904/77).
REGISTRO Nro. 262-S FOLIO Nro. 1136/40 Expediente N° 95.311. Juzgado N° 1.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 22 días del mes de octubre de 2013, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ANTONIO D’ANTONIO PESQUERA EN ESTRELLA DE MAR S.A. S/ QUIEBRA S/ EXTENSIÓN DE QUIEBRA", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Alfredo Eduardo Méndez y Rubén Daniel Gérez en atención a la excusación efectuada por el Dr. Roberto J. Loustaunau a fs. 3331 la que se acepta en este acto.-
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S:
A fs. 3221/3225 el Sr. Magistrado de la Instancia de origen dicta sentencia mediante la cual desestima el pedido de liquidación del permiso de pesca correspondiente al buque pesquero “Sebastián M.” formulado por la anterior sindicatura, sin imposición de costas.-
Contra dicho pronunciamiento, la sindicatura interviniente interpone recurso de apelación a fs. 3230, el que se encuentra concedido a fs. 3231, fundado a fs. 3239/3254, y sustanciado a fs. 3269 y 3273/3307.-
Por su lado, el Dr. Víctor Rubén Junco en representación de Estrella de Mar S.A. apela la mencionada sentencia a fs. 3258. Dicho recurso fue concedido a fs. 3264, fundado a fs. 3265/3267, y sustanciado a fs. 3309/3327.-
En base a ello, el Tribunal resolvió plantear y votas las siguientes C U E S T I O N E S :
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 3221/3225?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Méndez dijo:
I. Mediante la sentencia apelada se desestimó el pedido de liquidación del permiso de pesca correspondiente al buque pesquero “Sebastián M.” formulado por la anterior sindicatura. Para así resolver, el a quo tuvo en cuenta que el permiso de pesca no puede ser objeto de liquidación, fundando dicha decisión en lo siguiente: 1) que resulta aplicable al caso el Régimen Federal de Pesca estatuido por Ley 24.922 y su reglamentación mediante Decreto N° 748; 2) que el permiso de pesca es una “habilitación” que otorga el Estado Nacional a efectos de que el buque que goza de ésta pueda ingresar a desarrollar tareas de pesca en el área de Jurisdicción Argentina con las facultades y limitaciones que el acto administrativo le otorga; 3) que los permisos y autorizaciones de pesca otorgados a los buques pertenecientes a empresas o grupos empresarios a quienes se les dicte sentencia de quiebra o hubiesen permanecido sin operar comercialmente durante 180 días consecutivos sin justificativo alguno, de acuerdo con lo que establezca el Consejo Federal Pesquero, caducarán automáticamente;
4. que la política pesquera la establece el Consejo Federal Pesquero y la ejecuta la autoridad de aplicación; 5) que el otorgamiento del permiso de pesca -y en su caso la continuidad de éste- compete exclusivamente a la autoridad administrativa, que cuenta con los medios técnicos idóneos para determinar su procedencia o no, ello sin presumir el incumplimiento de los requisitos reglamentarios por encontrarse fallida la empresa; 6) que en virtud de la especial naturaleza del permiso de pesca, no resulta disponible para su titular y, por ende, se encuentra excluido del comercio.-
El recurrente en su memorial expresa lo siguiente: 1) que es impropia la mención que realiza el a quo en cuanto a algún pedido formulado a fs. 2882 en el sentido de requerir la autorización de la liquidación del permiso de pesca de la embarcación, toda vez que dicho escrito se solicitó la certificación de fotocopias a esos fines. De allí que constituye un fallo extra petita, violatorio del principio de congruencia; 2) que la interlocutoria cuestionada, en tanto dispone denegar la liquidación de un bien de la quiebra, se traduce en una clara violación a las garantías de defensa en juicio y de propiedad de al masa. Menciona que el procedimiento seguido para denegar la venta del activo, dista de ser el que permita resguardar un adecuado derecho de defensa de la masa, proyectándose serias afectaciones patrimoniales.
El juzgador no puede cambiar mediante el auto atacado lo que surge de la totalidad de los actos seguidos en el expediente, porque esa resolución interlocutoria donde se desestima la liquidación de un permiso de pesca no constituye un pronunciamiento jurisdiccional idóneo; 3) que el fallo apelado desconoce el correcto alcance de las medidas de no innovar y de la inaplicabilidad de resoluciones administrativas trabadas en la causa, esto es, la conservación del activo para su liquidación y distribución. Alega que la prohibición de innovar en el caso de sujetos en quiebra, cuya inhibición y demás restricciones den ser anotadas en los registros pertinentes no tiene otro alcance que conservar los derechos patrimoniales tal como se hallaban en cabeza de éstos, a los fines de su realización y distribución del producido entre los acreedores verificados; 4) que el a quo en la sentencia apelada no realiza una recta interpretación de la normativa aplicable.
En relación a este punto manifiesta: a) que lo expuesto por el art. 28 de la ley 24.922 en lo referente a la caducidad automática de los permisos o autorizaciones de pesca otorgados a buques pertenecientes a empresas o grupos empresarios a quienes se les dicte la sentencia de quiebra no resulta aplicable al caso, pues la sentencia decretada en los presentes fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. Expone que aun en el supuesto de que la ley previera en este punto la retroactividad, no podría jamás afectar el derecho ya consolidado al permiso de pesca, por lo que correspondería declarar su inconstitucionalidad; b) que se descarta que el permiso de pesca constituya un permiso precario y disponible absolutamente para la administración.
Manifiesta que la pérdida del permiso de pesca puede tener lugar tanto por cuestiones de mérito o conveniencia o bien por incumplimientos imputables al permisionario, pero mientras los primeros son disponibles para la administración, siempre sobre la base de los informes técnicos específicos, los segundos se encuentran tasados y sólo incumplidos éstos, la condición de precariedad en que se otorga el derecho surte plenos efectos y corresponde su pérdida, independientemente que la empresa esté o no afectada a un proceso universal. Alega que en el primer caso la condición de precariedad aparece como ineludible puesto que la autoridad en materia pesquera debe tener la posibilidad de proteger los recursos marinos con medidas eficaces para permitirles renovarse normalmente, pero los segundos la cuestión no es tan simple, puesto que hay que distinguir en orden a los requisitos de incumplimiento, los de pérdida como sanción de los de pérdida automática, y en el caso de autos debe analizarse la precariedad junto a los recaudos de caducidad automática; c) que el permiso de pesca, en tanto otorgado al fallido por la autoridad concedente y comprensivo de un valor económico, debe ser incluido en el desapoderamiento que es consecuencia de la quiebra y, por ende, liquidados como integrantes del activo falencial, ello sin perjuicio de que la naturaleza específica de ese bien determine que su venta posea algunas particularidades que impidan liquidarlo según el trámite común y corriente, e impone establecer determinadas pautas respecto del procedimiento.
Asimismo, agrega que si los derechos en cuestión acceden a una o más cosas que también sean de propiedad del sujeto fallido, aunque ambos bienes sean escindibles, su venta conjunta posiblemente determine una mejora en el precio, además, el permiso de pesca se integra con el buque en una fusión ideológica y económicamente unitaria, inescindible y en un mismo pie de igualdad que cumplimenta el objetivo funcional como universalidad, realidad que no advierte el a quo en la sentencia apelada; d) que el permiso de pesca del b/p “Sebastián M” se mantiene vigente por orden judicial y la posesión de una cuota de captura asignada viene siendo determinada por distintas disposiciones de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.-
AGRAVIOS DE ESTRELLA DE MAR S.A.
En primer lugar, este recurrente adhiere en todas sus partes a lo expresado por la Sindicatura en la fundamentación de la apelación que se le concediere, cuando trata los antecedentes del proceso falencial.-
Sentado ello, se agravia de la decisión del a quo que tiene por cierto que el b/p Sebastián M no puede ser subastado conjuntamente con su permiso de pesca, habiendo resuelto esta cuestión en el marco de un simple pedido de certificación de fotocopias efectuado por la anterior sindicatura, lo que constituye un exceso en la jurisdicción en tanto no existió en autos un debate relacionado con la posibilidad de subastar un bien inmaterial de alto contenido económico. Asimismo, considera que no pueden existir impedimentos para que un juez en un proceso de quiebra, o en cualquier otro, pueda ordenar la subasta de un permiso de pesca como el de autos.-
Por el tenor de los memoriales presentados por los recurrentes, considero pertinente tratar ambas apelaciones de manera conjunta.-
Como punto de partida, debo señalar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes sino únicamente sobre aquellas que estimen conducentes para fundar su decisión (arg. doctrina CSJN en Fallos 302:235, entre muchísimos otros).-
Sentado ello, debo comenzar diciendo que mediante el escrito presentado por la sindicatura en fecha 04 de agosto de 2009 se solicitó la certificación de copias a fin de promover el incidente de liquidación respectivo (ver fs. 2881). Asimismo, a través del libelo de fecha 02 de septiembre de 2010 la sindicatura solicitó el libramiento de un oficio “en forma previa a la promoción del incidente de liquidación del permiso de pesca correspondiente al b/p de propiedad de la fallida (SEBASTIAN M)” (ver fs. 2893).-
Por su lado, el a quo dicta el proveído de fs. 2882, de fecha 06 de diciembre de 2010, mediante el cual ordena: 1) la certificación de copias solicitada y; 2) previo a la promoción del incidente de liquidación pretendido respecto al permiso de pesca correspondiente al buque pesquero “Sebastián M”, correr traslado por el término de 10 días al Estado Nacional (Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos -Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación-) a los efectos de hacer valer su derecho en las presentes actuaciones.-
A fs. 3145/3160 la Dra. Natalia Pigretti, en representación del Estado Nacional, contesta el traslado referido en el párrafo anterior. Allí manifestó, entre otras cosas, que el pedido de liquidación del mentado permiso de pesca excede las atribuciones que la C.N. le asigna al a quo, invadiendo las potestades que como Autoridad de Aplicación del régimen federal pesquero posee la SAGyP, toda vez que dicha dependencia es la única entidad legalmente facultada para inscribir los permisos de pesca, regular su vigencia y transferir su titularidad. Además, expresó que el permiso está caduco por lo prescripto por el art. 28 de la Ley Federal de Pesca.-
Así las cosas, debo decir en primer lugar que yerra el recurrente cuando expresa que la sentencia incurre en incongruencia por extra petita. En efecto, de los escritos de fs. 2878, 2881 y 2883 surge la clara intención de la sindicatura de promover un incidente de liquidación del permiso de pesca correspondiente al buque pesquero “Sebastián M” de propiedad de la fallida. Ante esta situación, al proveer el escrito de fs. 2881, el a quo decidió ordenar traslado por el término de 10 días al Estado Nacional a fin de que haga valer su derecho en las presentes actuaciones. Sustanciada la cuestión el Sr. Juez de grado dicta la sentencia apelada que desestima la liquidación del permiso de pesca.- En este contexto, lo resuelto por el a quo en la sentencia en crisis no resulta incongruente, pues la sindicatura había realizado presentaciones tendientes a llevar a cabo la liquidación del permiso de pesca en cuestión (art. 34, .-
Descartada la incongruencia alegada por los recurrentes, debe analizarse si el rechazo de la liquidación del permiso de pesca decidido por el a quo se ajusta a derecho.-
La propia ley 24.922 dice en su artículo 28 que los permisos de pesca son habilitaciones otorgadas a los buques solamente para acceder al caladero, siendo necesario para ejercer la pesca contar con una cuota de captura asignada o una autorización de captura en el caso de que la especie no este cuotificada (ver asimismo artículo 17 del decreto reglamentario 748/99). En relación con ello, es dable mencionar que se encuentra especialmente prohibido en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina el ejercicio de actividades pesqueras sin permiso (art. 21, inc. h, de la ley 24.922) pues los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las 12 millas marinas medidas desde las líneas de base que sean reconocidas por la legislación nacional pertinente, son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación (art. 4 de la ley 24.922).-
Ahora bien, dicho permiso de pesca no deja de ser un acto administrativo, pues es el Estado Nacional -a través de la correspondiente autoridad de aplicación- el encargado de su otorgamiento.-
Por otro lado, si bien el ordenamiento jurídico permite la transferencia de dicho permiso, lo deja sujeto a supuestos muy especiales. Señala al respecto el artículo 30 de la ley 24.922 que “el permiso de pesca sólo podrá ser transferido a otra unidad o unidades de capacidad equivalente, que no impliquen un incremento del esfuerzo pesquero, cuando ésta o éstas reemplacen a la primera por siniestro, razones de fuerza mayor o cuando hubiera llegado al límite de su vida útil, previa autorización de la Autoridad de Aplicación” (el subrayado me pertenece). Es decir, tienen que darse alguno de los tres supuestos mencionados (siniestro, fuerza mayor o límite de la vida útil del buque) sumado a la correspondiente autorización del Estado, para que el permiso de pesca pueda ser transferido. A su vez, a los requisitos mencionados en el art. 30 de la ley 24.922 deben sumarse los prescriptos en el art. 23 del decreto 748/99. Dicha normativa reza: “Se autorizará la transferencia de permisos de pesca, sólo cuando concurran las siguientes condiciones:
a) Que el permiso esté vigente y su titular se encontrare inscripto en el Registro de la Pesca.
b) Que se verifique alguno de los supuestos del Artículo 30 de la Ley Nº 24.922. c) Que el buque no hubiere permanecido inactivo durante CIENTO OCHENTA (180) días corridos, o más, en forma injustificada, de acuerdo con lo que establezca el CONSEJO FEDERAL PESQUERO.
d) Que no se hubiera decretado la quiebra del cedente ni del cesionario.
e) Que las partes acrediten el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales a su cargo. f) Que concurran los demás requisitos que establezca la Autoridad de Aplicación”. De lo expuesto en las normas antedichas se desprende que el permiso de pesca de un buque no se encuentra sometido a la libre voluntad del propietario de dicho buque, pues éste no puede transferirlo si no de dan los particulares recaudos prescriptos por la normativa aplicable. Inclusive, se ha dicho que tanto el permiso de pesca como la cuota de captura constituyen actos administrativos que se otorgan a un particular, por lo que esa habilitación que confiere el Estado Nacional no es un bien que integre el activo de la fallida (Kemelmajer de Carlucci, Aída “Cuestiones de Competencia en las Medidas Urgentes en el Concurso”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal Culzoni, 2002-3, Concursos, Tomo I, pág. 48).-
Además, es criterio de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que la decisión de un juez en el marco de un proceso concursal no puede impedirle a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca -lo que en la actualidad sería el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- el ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley 24.922. Y justamente la transferencia del permiso de pesca se encuentra bajo la exclusiva órbita de la autoridad administrativa mencionada (CSJN, causa “Fernández de Balbiano, Esther c/ Costa Brava S.R.L.”, sentencia del 27 de mayo de 2004 -ver dictamen del Procurador-).-
Así las cosas, en base a todo lo antedicho y por las características propias del permiso de pesca, coincido con el criterio del a quo en cuanto entiende que dicho permiso otorgado mediante un acto administrativo se encuentra fuera del comercio y, por lo tanto, no resulta pasible de liquidación judicial.-
Finalmente, considero pertinente mencionar dos cuestiones alegadas en el memorial: 1) sin perjuicio de todo lo expuesto precedentemente, el hecho que en el marco del presente proceso se encuentre vigente una medida cautelar de no innovar sobre el permiso de pesca en cuestión no implica per se que ese permiso pueda ser sometido a una liquidación judicial (como pretenden los recurrentes), pues dicha medida decretada en el año 1997 (ver fs. 1844) sólo tenía por objeto (“cautelar”) no innovar sobre el estado material y jurídico del B/P “SEBASTIAN M” -matrícula n° 5756- (arts. 34, 36, 195, 230, y ccdts. del CPCC; ); y 2) el tratamiento del pedido de inconstitucionalidad del art. 28 de la ley 24.922 deviene estéril, por cuanto su procedencia no modificaría lo sustancial de la decisión debido al contenido de la norma impugnada y a la forma en la que propongo resolver la cuestión.-
Por las razones dadas, considero que los recursos de apelación interpuestos por la sindicatura y por Estrella de Mar S.A. deben ser desestimados y, en consecuencia, corresponde confirmar la sentencia en crisis.-
Por lo expuesto VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
El Sr. Juez Dr. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Méndez dijo:
Corresponde: 1) Confirmar la sentencia de fs. 3221/3225, en cuanto fuera materia de agravio; 2) Imponer las costas de Alzada a los apelantes debido al resultado de sus recursos (art. 68 del CPCC); 3) Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 decr. ley 8.904/77).-
Así lo voto.-
El Sr. Juez Dr. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A :
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I.)
Confirmar la sentencia de fs. 3221/3225, en cuanto fuera materia de agravio; II.) Imponer las costas de Alzada a los apelantes debido al resultado de sus recursos (art. 68 del CPCC); III.) Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 decr. ley 8.904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula. (art. 135 del CPCC)- ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ RUBÉN DANIEL GÉREZ Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia